El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) busca modificar las condiciones bajo las cuales se celebrarán los nuevos contratos de aporte con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La entidad sostiene que los acuerdos deben ajustarse al marco jurídico de la contratación estatal y no pueden conservar condiciones anteriores si estas no cumplen con la normativa vigente.
La controversia se presenta ante el vencimiento, el próximo 31 de octubre, de los contratos actuales. Según el ICBF, el CRIC exige que los nuevos acuerdos mantengan las mismas condiciones que han regido hasta esa fecha para continuar con la prestación de los servicios. Sin embargo, la entidad señala que los nuevos contratos deben celebrarse bajo el estricto cumplimiento de la ley.
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En medio de esta discusión, el Instituto advirtió que más de 9.600 niños y adolescentes podrían quedar sin atención. Además denunció presuntas amenazas, presiones e intimidaciones por parte de la organización indígena para obtener la continuidad de los contratos en las condiciones solicitadas.
El cambio que plantea la actual administración del ICBF consiste en que los nuevos acuerdos contractuales se rijan por las normas de contratación estatal, sin mantener automáticamente las condiciones anteriores ni aceptar excepciones que, según la entidad, desconozcan las disposiciones legales. El Instituto sostiene que las decisiones sobre los recursos públicos deben responder a criterios de legalidad, transparencia y responsabilidad.
La entidad también afirmó que la atención de la niñez no puede convertirse en un mecanismo de presión durante las negociaciones contractuales y reiteró que mantendrá abiertos los espacios de diálogo y concertación con el CRIC. No obstante, aseguró que las decisiones se tomarán con base en la ley y en el interés superior de los niños y adolescentes.