Así quedará la Ley Estatutaria de la JEP tras evaluación de la Corte Constitucional

Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional, este jueves, votarán la aplicabilidad del contenido de la ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, aprobada por el Congreso de la República.Dentro de los puntos más importantes, y sobre los cuales los magistrados fijaron posiciones, se encuentran que, en el tema de extradición, esa figura se mantendrá para quienes cometan delitos después de la firma de los acuerdos de paz.De igual forma, la Corte considera que el Congreso no tiene competencia para modificar sanciones contra quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de edad y por eso se establecerá la importancia del tratamiento que le debe dar la JEP en ese sentido para conocer la verdad sobre estas acciones bajo la protección de las identidades de las víctimas como está contemplado en los acuerdos.En el caso de la selección de delitos, la Corte tiene definida su punto de vista y advierte que para su tratamiento no se pueden dejar de seleccionar los delitos no amnistiables cometidos por los máximos responsables y que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.También hay consenso entre los magistrados para votar de forma negativa las Inhabilidades que se establecieron en la Ley Estatutaria, señalan que va en contravía de la Constitución imponer nuevos requisitos para los magistrados que integran la JEP.En relación con las funciones de la Fiscalía, la Corte Constitucional tiene claro que el ente acusador tiene la obligación de priorizar, en la justicia ordinaria, las investigaciones contra terceros y agentes del Estado no combatientes que no se hayan sometido voluntariamente a la JEP, esto con el fin de brindar garantías al cumplimiento de los acuerdos en favor de las víctimas.Por último, los magistrados de la Corte tienen una posición definida sobre la mayoría absoluta en el Congreso cuando se desarrollen los debates, señalan en que para el cálculo de la mayoría absoluta, hay que descontar del número de integrantes las sillas vacías, más los impedimentos aceptados con el objetivo de que no haya riesgos de participación democrática.