El director científico de Profamilia, Juan Carlos Vargas, manifestó su preocupación por la posible limitación al plazo para que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos en los tres casos autorizados por la Corte Constitucional. El funcionario, además, reveló graves cifras sobre estos procedimientos que se adelantan de manera ilegal en el país.
"Lo que nos preocupa realmente es que nosotros en la prestación del servicio vemos cómo las mujeres llegan en etapas tardías o en edades gestacionales avanzadas a solicitar el aborto, o a materializar el ejercicio de su derecho después de pasar una gran cantidad de barreras", indicó.
"Cifras reales de aborto, en el Ministerio de Salud se manejan alrededor de 50.000 casos. Hay modelos matemáticos que calculan que en el país se deberían interrumpir entre 350.000 y 400.000 embarazos al año", declaró Vargas.
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Aún hay muchas barreras: Women's Link
Según con la vocera de Women's Link WorldWide, cualquier limitación al plazo para la práctica del procedimiento afectaría a las mujeres más vulnerables. La representante de la ONG Women’s link worldwide, Cristina Rosero, dijo en Mañanas BLU que en Colombia siguen existiendo grandes barreras que dificultan que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos en los tres casos autorizados por la Corte Constitucional hace 12 años.
De acuerdo con Rosero, la ponencia de la magistrada Cristina Pardo podría afectar a las mujeres más vulnerables.
“El problema de establecer cualquier limitación a como se encuentra la sentencia actualmente, crearía muchas dificultades para las mujeres más vulnerables, de manera que sería para ellas prácticamente inaccesible la interrupción del embarazo”, indicó.
Vea también: Ponencia de magistrada propone limitar aborto legal a las 24 semanas
“Desde hace años tenemos un derecho a realizar la interrupción del embarazo en las tres circunstancias, pero tristemente el Estado colombiano continúan fallando en cumplir este derecho. Las mujeres todavía continúan encontrando múltiples obstáculos, como la imposición de requisitos adicionales, la imposibilidad de acceder al servicio por dilaciones injustificadas, las objeciones de consciencia en las cuales no se remita a la mujer a un profesional que pueda realizar el procedimiento”, aseguró.
“Esto hace que muchas mujeres, en especial aquellas que son pobres, que están en zonas rurales, las que tienen mayores dificultades para encontrar información, sean las más afectadas”, afirmó.
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