El senador Juan Espinal, junto a más de 20 congresistas de diferentes partidos, radicó un proyecto de ley que busca reglamentar la Consulta Previa, fortalecer las garantías para las comunidades y establecer reglas más claras y transparentes para el desarrollo de estos procesos.
La iniciativa pretende garantizar el derecho a la Consulta Previa y, al mismo tiempo, reducir la incertidumbre que actualmente enfrentan las comunidades y los proyectos que requieren este mecanismo de participación. Para ello, propone que el Estado tenga un papel más activo como garante, facilitador y articulador, sin reemplazar la autonomía de las comunidades ni el carácter concertado de las consultas.
Según cifras citadas por el informe del senador, basada en datos del Ministerio del Interior, entre 2011 y 2026 se registraron 12.588 procesos de Consulta Previa. De los procesos registrados entre 2022 y 2026, 3.311 permanecen activos y solo 692 han llegado a la etapa de protocolización. Esto significa que cerca del 16 % ha culminado esa fase, mientras aproximadamente el 77 % continúa activo.
El proyecto también señala que la Corte Constitucional ha identificado un “desorden administrativo” en la gestión de estos procesos, lo que, según sus promotores, evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación y las capacidades institucionales del Estado.
Entre los puntos centrales de la iniciativa están el fortalecimiento de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior como entidad rectora y la creación del Sistema de Información de Consulta Previa (SICOP).
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También se plantean plazos claros para las actuaciones administrativas. Estos tiempos, según el proyecto, no limitarían los procesos de diálogo, deliberación y concertación de las comunidades, sino que permitirían ordenar las actuaciones que corresponden al Estado y a los ejecutores de los proyectos.
Además, se propone crear una Mesa Técnica para atender posibles bloqueos, con participación del Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, la entidad competente del sector y, cuando corresponda, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), junto con un representante de las comunidades.
La iniciativa contempla igualmente la participación de facilitadores independientes y la posibilidad de brindar asesoría técnica a las comunidades.
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Espinal sostiene que el reto no consiste en reducir los derechos de las comunidades, sino en fortalecer las capacidades del Estado para garantizarlos de manera efectiva, evitar intermediarios y aumentar la transparencia en los procesos.