El reciente fallo del Tribunal de Cundinamarca, que ordenó la suspensión provisional de los convenios interadministrativos suscritos entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la fabricación de pasaportes, ha generado incertidumbre sobre el futuro de este trámite esencial para los ciudadanos. Nicolás Dupont, el abogado que lideró la acción judicial, explicó que el objetivo central de su demanda es corregir un esquema que, a su juicio, carecía de garantías técnicas, financieras y de transparencia.
Ante la pregunta sobre si esta medida afectará la expedición de documentos, Dupont enfatizó que la administración pública tiene la responsabilidad y los instrumentos jurídicos necesarios para mantener el servicio sin contratiempos. El deber del Ejecutivo es materializar la tranquilidad en sus declaraciones y en sus actuaciones, afirmó el jurista. Según su análisis, el Estado cuenta con diversas herramientas legales para asegurar la continuidad de la prestación del servicio de manera expedita, independientemente de la suspensión del esquema actual.
El proceso legal y las dudas sobre la continuidad
El tribunal ha otorgado un plazo de 20 días a la Cancillería para que informe detalladamente sobre el funcionamiento del esquema actual y presente un plan de transición. El abogado subrayó que la medida cautelar busca poner fin a una incertidumbre sobre cómo se están manejando aspectos clave de la producción.
Nos parecía muy claro que no se contaba con las condiciones técnicas o financieras para que el Estado asumiera la responsabilidad de imprimir los pasaportes. Saltaron las normas de contratación para contratar a dedo una empresa extranjera para imprimir los pasaportes, puntualizó el demandante.
Sobre la preocupación de los ciudadanos respecto a si sus documentos actuales perderán vigencia, el abogado fue tajante al descartar cualquier afectación. Toda la decisión no toca en absolutamente nada la validez de absolutamente ningún documento. Cualquier colombiano, tenga el pasaporte impreso hace dos años o el que imprimieron el día de ayer, puede estar seguro de que esos pasaportes mantienen su validez, aclaró.
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Calidad inferior en el nuevo modelo
Uno de los puntos más críticos expuestos por el demandante durante el proceso judicial se refiere a la calidad técnica de las libretas que se están entregando actualmente. Dupont reveló que, en el marco de la acción de tutela, aportaron al tribunal un estudio realizado por una firma especializada en documentos de seguridad, el cual concluyó que los estándares actuales son inferiores a los que se manejaban anteriormente.
La conclusión de ese dictamen es que la calidad del pasaporte que se está imprimiendo hoy es inferior a la del pasaporte que se estaba expidiendo antes. Las condiciones de seguridad del anterior eran mayores, señaló. Aunque aclaró que esto no significa que el documento no sea válido legalmente, calificó como indignante que, bajo los actuales costos de contratación, se esté entregando un producto con características de seguridad disminuidas.
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Lo que viene para la Cancillería
El fallo no pretende direccionar la contratación hacia una empresa privada en específico, sino que el Estado realice un proceso transparente que garantice la seguridad y sostenibilidad del servicio, ya sea bajo un modelo público o privado.
La administración se encuentra ahora ante el reto de informar al tribunal sobre su capacidad operativa y definir la hoja de ruta para un esquema que sí cumpla con los principios de contratación pública. Por lo pronto, el llamado del abogado es a que la Cancillería asuma la responsabilidad de ofrecer garantías óptimas, evitando que la falta de planeación afecte el derecho de los ciudadanos a obtener su pasaporte sin contratiempos.
El proceso judicial continuará su curso, a la espera de que el Gobierno nacional presente las explicaciones técnicas requeridas por el magistrado Rodrigo Mazabel, lo que determinará si la suspensión se mantiene de forma definitiva o si se habilitan nuevos mecanismos de contratación para el futuro.