La Sección Tercera del Consejo de Estado, en manos del magistrado Ramiro Pazos, inició el estudio de la demanda que pretende anular la resolución del Gobierno Nacional expedida en 2014 por medio de la cual se dan pautas para la actividad del denominado fracking en el país.
De acuerdo con el alto tribunal, luego de algunas correcciones fue admitida la demanda y se conoció que reúne los requisitos legales para desarrollar el estudio de si debe o no anularse dicha resolución, promovida por los ministerios de Minas y Energía y el de Medio Ambiente.
La demanda expone varios argumentos, entre los cuales se encuentran estudios que certifican los daños irreparables al medioambiente de llevarse a cabo esta práctica de explotación no convencional de hidrocarburos.
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Para el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que la demanda esté en manos del Consejo de Estado otorga garantías para que se preserve el medioambiente en zonas que son patrimonio de la Nación.
“Esperamos pronto que ojalá unas medidas cautelares que permita que se suspenda esta posibilidad en Colombia y que bajo el principio de precaución podamos tener un apoyo de las autoridades judiciales para la preservación de la vida y del planeta”, señaló el gobernador.
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Actualmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene en sus manos una Acción Popular que pretende que se tumbe la resolución por medio de la cual “se establecen los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía”.
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