El Consejo de Estado respaldó el proceso legal de elección del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, después de negar varias demandas que señalaban que no cumplía los requisitos de experiencia como abogado y como defensor de derechos humanos, los cuales se requieren para el cargo.El fallo, que aún se encuentra en proceso de recolección de las firmas de los magistrados, descartó que se hayan presentado irregularidades que invaliden la labor de Camargo para el periodo para el cual fue elegido por Cámara de Representantes.La demanda señalaba que Camargo no tenía los 15 años de experiencia en el ejercicio del derecho y también que en el proceso de elección no hubo una convocatoria pública, a la que tuvieran acceso los demás ciudadanos con iguales o mejores calidades profesionales.La Procuraduría conceptuó que Camargo sí cumple con los requisitos que contempla la Constitución para ser defensor: ser abogado, no haber sido condenado, haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente; esta posición fue acogida por el Consejo de Estado.Le puede interesar: escuche y siga La Intérprete, en Spotify
El Consejo de Estado fallo este jueves una tutela interpuesta por Carlos Román Ochoa y le dio la razón tras argumentar que no incurrió en doble militancia.“Confirmase la sentencia del 28 de agosto 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander”, dice el fallo del Consejo de Estado que confirma dicha sentencia en la cual se aseguraba que Carlos Román no actuó en doble militancia.Ante la noticia, el ahora alcalde de Girón reaccionó.“Con humildad recibimos hoy el fallo del Consejo de Estado. Nuestro compromiso y lucha por un mejor bienestar para todos los gironeses no va a parar. Restan aún dos años y dos meses y medio de mucho trabajo”, escribió en su cuenta de Twitter.En desarrollo…
El Consejo de Estado falló a favor del senador Gustavo Bolívar y decidió mantener su investidura como congresista, luego de considerar que no incurrió en alguna falta a la Ley al financiar a los manifestantes de la Primera Línea.El Consejo de Estado acogió el concepto de la Procuraduría en el que señalaba que la Primera Línea no es un movimiento político y por eso no se le podía atribuir la violación constitucional que expresamente señala que “Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de investidura”.La demanda la había interpuesto el abogado Joan Sebastián Moreno, quién consideró que el senador Bolívar incurrió en la causal establecida en el artículo 110 de la Constitución por la contribución hecha a la financiación del denominado movimiento de la Primera Línea en las manifestaciones llevadas a cabo desde el 28 de abril de este año.La providencia aún no se ha notificado a las partes y se encuentra en la recolección de firmas de los magistrados, pero la decisión ya fue tomada, según fuentes del alto tribunal.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Esta semana el Consejo de Estado puso un tatequieto a las entidades públicas que contratan ilimitadamente a trabajadores bajo la modalidad de prestación de servicios.Según el alto tribunal, se estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, lo que significa que a un trabajador no le podrán renovar seguidamente el contrato.Así las cosas, si el nuevo contrato se firma antes de 30 días, se entiende que hay una relación laboral. Esta decisión del Consejo se dio tras resolver una demanda de una abogada contra la Personería de Medellín.Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, consultó a Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para saber cuál es el escenario jurídico que se viene para el Estado tras este fallo.En primer lugar, Gómez habló sobre las demandas de contratistas por casos similiares. “Tenemos una cifra de 7.736 procesos en contra del Estado vigentes, los cuales tienen pretensiones de un billón de pesos, aproximadamente. La tasa de éxito del Estado está en cerca del 54 %", dijoLuego, añadió: “Esto es un fenómeno a nivel regional, municipal y nacional, pero contratos por prestación de servicios se hacen en casos especiales, es distinto sí se contrata para otras labores”.En ese sentido, señaló que “lo malo no es el contrato de prestación de servicios, lo malo es el uso inadecuado de ese tipo de contratación”.Por otra parte, Gómez hizo un llamado a las personas que está contratadas bajo esta modalidad. “Cuando a una persona que tiene contrato de prestación de servicios le cobran parte de su salario, si le cobran, es corrupción. Tiene que denunciar, nadie tiene porque dar tajadas”, agregó.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Luego de corregir las fallas jurídicas, el Consejo de Estado decidió admitir la demanda que solicita declarar la nulidad del nombramiento de Alberto Carrasquilla como integrante de la junta directiva del Banco de la República, y en la que se pide como medida provisional la suspensión en el cargo de manera inmediata.El Consejo de Estado trasladó la demanda a Carrasquilla, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda para que se defiendan y argumenten lo que consideren, esto para evitar que el alto tribunal acceda a la solicitud de suspensión provisional, mientras emite un fallo de fondo.Después del próximo 5 de octubre, el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez entrará a decidir sobre esa medida cautelar.A través de la demanda de nulidad electoral se asegura que, supuestamente, con la llegada de Carrasquilla al Banco de la República, se estaría violando la ley de cuotas de género.Para el demandante, se habría configurado la violación teniendo en cuenta que el 27 de agosto de 2021, renunció a la junta directiva Carolina Soto, quedando obligado el Gobierno a reemplazar ese cupo por otra mujer y no por un hombre, tal como lo hizo con Carrasquilla.Escuche las Noticias del Día en Spotify:
El Consejo de Estado reguló los contratos de prestación de servicios, pero lejos de ser una noticia positiva, en la CUT creen que es un retroceso frente a pronunciamientos previos de la justicia y que se abrirá la puerta a que se embolaten las renovaciones de los contratos por prestación de servicios.“Esta sentencia que saca el Consejo de Estado ahora lo que pretende es negar los derechos de las personas y decir que si hay más de un mes de interrupción ya no se considera que haya una vinculación que da para que puedan ser reivindicados los derechos. Lo que debió hacer es decir que todos los que cumplen funciones permanentes en las entidades deben ser de planta”, advirtió Francisco Maltés, presidente de la CUT.Actualmente muchos contratistas cumplen funciones permanentes, tienen horarios y tienen jefes, pero las entidades no les pagan las prestaciones de ley como vacaciones, cesantías, primas o salud y pensión. Por esta razón quienes estaban demandando al Estado estaban ganando.El problema, dice la CUT, es que ahora las entidades podrían aplicar una ‘jugadita’ para ganarles: Demorar la renovación por más de un mes.Promesas incumplidasLos sindicatos calculan que las entidades públicas del gobierno nacional, alcaldías y gobernaciones tienen al menos 800.000 personas empleadas como contratistas. Para la CUT entre las entidades que más usan la figura están el Sena y la Alcaldía de Bogotá e incluso trabajadores que cumplen turnos estrictos (como las enfermeras) están siendo enganchados de esta manera.Casi cada año este tema aparece en los pliegos de negociación entre sindicatos y gobierno y en 2019 el gobierno firmó un decreto en el que se comprometía a reducir la cantidad de órdenes de prestación de servicios y ampliar las plantas de personal.“Sin embargo, hoy, transcurridos dos años podríamos decir que ese decreto no ha cumplido su objetivo”, señaló Percy Oyola presidente de la CGT.Oyola resalta que el Estado es el principal usuario de esta figura de ‘precarización laboral’, muy por encima de las empresas.Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Gloria Luz Manco, quien interpuso una demanda por su contrato de prestación de servicios, habló en Mañanas BLU sobre las condiciones que tuvo de pasar como empleada y la decisión del Consejo de Estado que puso en cintura a las entidades públicas que contratan ilimitadamente a trabajadores bajo esta modalidad.“El origen se da en unas contrataciones de prestación de servicios con la Personería de Medellín desde el 29 de diciembre de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2011, así está determinado, pero en realidad, trabajé hasta el 2 de enero de 2012”, contó.“A mí me negaban absolutamente todos los derechos como empleada, me hacían pagar la seguridad social por cuenta mía, que era elevada. No tenía derecho a ninguna prestación social, todos salían a vacaciones, yo no. No tenía prima, no tenía ninguna garantía laboral”, agregó.Sobre los contratos, dijo que “no tenía ninguna garantía (…) Uno sigue trabajando porque necesita que le vuelvan a firmar el contrato”.El tribunal estableció este martes un periodo de 30 días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, lo que significa que a un trabajador no le podrán renovar seguidamente el contrato.“Para cualquier persona que quiera trabajar, esto es muy preocupante, no tienen garantía de que los vuelvan a llamar (…) Hay que pensar en los derechos fundamentales de las personas, de los trabajadores”, señaló Manco.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Carlos Román, quien fue destituido en diciembre de 2020 como alcalde del municipio de Girón, Santander, podría llegar nuevamente a la administración, luego de un fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado que dejó sin efectos la sentencia que declaró nula su elección por doble militancia por apoyar a la candidata Ángela Hernández quien aspiraba a la Gobernación de Santander y no al candidato de su partido.Sin embargo, según el fallo, la sentencia del 3 de diciembre de 2020 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado realizó una indebida valoración de las pruebas porque no tuvo en cuenta que Román Ochoa había presentado su renuncia al partido verde y su aspiración a la alcaldía fue a través de una coalición.“En el expediente de nulidad electoral se encuentra demostrado que el actor presentó renuncia como militante e integrante del partido Verde, el 20 de junio de 2018, y fue aceptada por el referido partido en esa misma fecha”, explica la sección Quinta del Consejo de Estado en el fallo.Y agrega, “en la inscripción de la candidatura del accionante se generó como miembro de una coalición de partidos, sin que el aval concedido implicara su pertenencia a ninguno de ellos. Pero, en el formato de inscripción como candidato se debía indicar su filiación política”.En la decisión la Sección Tercera del Consejo de Estado le ordena a la Sección Quinta de esta alta corte que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación, profiera una nueva decisión, en la cual, atienda a lo expresado en el fallo.Igualmente, resolvió revocar el fallo de tutela de primera instancia del 20 de mayo de 2021, en el cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó amparar el derecho al debido proceso solicitado por el exalcalde Carlos Alberto Román Ochoa.Este es el fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado:Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo:
Luego de que la sección quinta del Consejo de Estado anulara la elección del gobernador Nemesio Roys Garzón, por incurrir en doble militancia, otra sección de ese alto tribunal le devolvió el cargo, esto al fallar una tutela en la que determinó que al gobernador se le violaron sus derechos fundamentales por aplicarse una jurisprudencia de manera retroactiva al analizar su caso.Nemesio Roys fue acusado de haber sido elegido por una coalición política diferente a la de dos candidatos que apoyó, por lo que habría incurrido en doble militancia.Para la Sala, la tesis jurisprudencial que establece como doble militancia que un candidato de coalición reciba u otorgue el apoyo de alguien ajeno a su grupo político y se asumió luego de la elección del ahora exgobernador, por lo que este debe permanecer en su cargo. No obstante, quienes incurran en la prohibición en esas mismas condiciones en el futuro, incurrirán en la causal.La sección segunda concluyó que, al proferir la sentencia del 1 de julio de 2021, la Sección Quinta le aplicó al accionante un criterio jurisprudencial establecido en el año 2020, es decir, tiempo después de que ocurrieran los hechos e incluso de que se adelantaran los comicios en los que el accionante resultó elegido como gobernador de La Guajira, por eso la sección quinta deberá volver a proferir un nuevo fallo en el que lo devuelva a su cargo.
El Consejo de Estado trasladó a la Procuraduría la demanda que interpuso el senador Iván Cepeda en contra del representante por Bogotá, Edward Rodríguez por supuestamente incurrir en un conflicto de intereses al llamar a declarar al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, quien investigaba al expresidente Álvaro Uribe.El alto tribunal, después de evaluar la demanda de pérdida de investidura, consideró que el hecho no se enmarca dentro de las causales para decretar la pérdida de su investidura. Sin embargo, eso podría considerarse una falta disciplinaria que le podría acarrear sanciones de otro tipo, que no necesariamente tenga que ser la muerte política.Para el senador Iván Cepeda, el representante de la Comisión de Acusaciones Edward Rodríguez incurrió en conflicto de intereses al no declararse impedido cuando llamó a declarar al exmagistrado de la Sala Penal José Luis Barceló, a quien había criticado anteriormente por investigar al expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, al que pertenece Rodríguez.Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento:
Rodrigo Granda, exnegociador de paz de las Farc, regresó a Colombia tras ser detenido en México por la Interpol ante pedido de Paraguay, que lo solicita por secuestro y homicidio."Estamos todavía aquí en Migración en diligencias, pero todo está bien. Permiten mi ingreso sin ninguna cortapisa a Ciudad de México, pero yo he decidido más bien devolverme a Colombia", declaró el exjefe guerrillero. Más temprano, excomandantes del otrora grupo guerrillero culparon al presidente Iván Duque de solicitar la captura de Rodrigo Granda, lo que calificaron como una violación del acuerdo de paz de 2016.A través del ministro de Defensa, Diego Molano, el Gobierno desmintió esa versión de los dirigentes del partido Comunes, surgido del histórico pacto."La detención del señor Rodrigo Granda se produjo por circular roja de Paraguay por secuestro, asociación criminal y homicidio doloso", escribió Molano en Twitter.De 72 años y conocido como el "canciller" de las FARC durante la época del conflicto, Granda fue detenido al llegar a Ciudad de México en un avión.El dirigente de Comunes Carlos Lozada presentó el hecho como "una clara violación" al acuerdo negociado en Cuba y que terminó con más de medio de siglo de lucha rebelde.Según el parlamentario, Granda viajó con autorización del tribunal especial de paz que investiga los peores delitos cometidos en el marco del conflicto con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).Rodrigo Londoño, presidente de Comunes, relató en un video que él y Granda viajaron a la capital mexicana para participar en un convención de partidos de izquierda."Llamo a la comunidad internacional a que por favor estén pendientes de la seguridad y del estado de Rodrigo Granda", agregó el excomandante de la guerrilla, aunque evitó "especular" con lo sucedido con su excompañero de armas.En 2008, un juez paraguayo había pedido su captura por presuntamente tener responsabilidad en el secuestro y posterior asesinato de la hija del expresidente Raúl Cubas, ocurrido en 2005.El gobierno colombiano no especificó si el nuevo episodio tiene relación con ese crimen.Los otrora rebeldes están respondiendo ante la Justicia Especial de Paz (JEP) por delitos como secuestro y reclutamiento de menores, sin que todavía hayan sido condenados.
La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se refirió a la posibilidad de un encuentro del presidente Joe Biden con el mandatario colombiano Iván Duque. las declaraciones se dieron en el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al país. La canciller dijo que las relaciones bilaterales han mejorado tanto, que el próximo paso sería una cumbre de presidentes.En ese mismo sentido, Ramírez afirmó que los dos países se verían beneficiados si se fortalecen los lazos, por eso una reunión entre presidentes sería positiva.Este miércoles, en el marco de la visita al país del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se llevará a cabo la Conferencia Ministerial sobre Migración, en la que también participarán el presidente Iván Duque, la vicepresidenta y canciller, y varios ministros de Relaciones Exteriores de países de la zona, con el objetivo de tratar diversos temas, entre ellos la migración irregular.El encuentro será en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, donde se abordarán temas como la crisis de migración irregular que afecta la región e implementación de las políticas migratorias seguras y ordenadas, bajo los principios de solidaridad y humanidad.
El Congreso de la República aprobó la ley de presupuesto para 2022 con un artículo que suspende los límites para la contratación con recursos públicos durante las próximas elecciones.La Ley de Garantías prohibía que se celebren convenios interadministrativos, pero con esta modificación ahora podrán realizarse incluso hasta el último día de elecciones, sin embargo, habrá una revisión especial por parte de la Contraloría General de la República.La decisión se tomó a pesar de las protestas del sector privado y de varios congresistas que se oponen al cambio de reglas. El senador Rodrigo Lara anunció que va a demandar el artículo ante la Corte Constitucional, mientras que el representante Germán Navas advirtió que se puede hablar de un prevaricato con la aprobación del artículo.Durante la discusión en plenarias se eliminó también el artículo que permitía el traslado express desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones y un artículo que permitía vender los bienes incautados a los narcotraficantes por debajo de su valor comercial.El presupuesto general de la nación para 2022 asciende a 350.4 billones de pesos en total de los cuales 69.6 billones de pesos corresponden a inversión pública. Los sectores con más presupuesto son educación con 49,4 billones de pesos, defensa con 41,9 billones de pesos y salud con 42,6 billones de pesos.
El Congreso de la República hundió en el último debate la posibilidad de que los colombianos que estén a menos de 10 años de pensionarse puedan trasladarse desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.El Gobierno le dio su respaldo a los sectores del Congreso que buscaban eliminar el artículo aun cuando inicialmente estuvo de acuerdo con incluirlo dentro del texto que llegó para el segundo debate.“Fueron 20 años queridos colegas donde la gente no recibió la doble asesoría, yo por eso me alegré cuando el Gobierno Nacional aceptó este artículo en el presupuesto de la nación porque estábamos de verdad legislando de justicia. Más de 466.000 personas han sido víctimas de los fondos privados, queridos colegas, víctimas porque no recibieron esa doble asesoría personas de verdad no sabían dónde deberían estar sus intereses personales”, dijo el representante Juan Carlos Wills, defensor de la iniciativa.El artículo fue blanco de críticas por parte de las AFP, quienes argumentaban que aumentaría los gastos del Gobierno con destino a las pensiones solo para beneficiar a una pequeña población de “privilegiados”.De acuerdo con la representante Juanita Goebertus, el artículo servía “para favorecer a las 19.000 personas de más altos ingresos en el país a costa de personas de muchos menos ingresos que necesitan pensiones subsidiadas”.Escuche más noticias de Colombia y el mundo:
El ataque se produjo en zona urbana de este municipio del suroriente antioqueño en donde operan varios grupos armados ilegales como AGC, de la Oficina del Valle de Aburra y de Los Mesa. Los cuatro jóvenes eran artistas urbanos, cantantes de rap, y tres de ellos murieron en el lugar y uno más falleció cuando era traslado a un centro hospitalario, de acuerdo con versiones recogidas por BLU Radio.Ente los fallecidos hay un menor de 16 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este nuevo hecho de violencia.Con esta masacre ya serían 12 las que han sido cometidas en lo que va del año en Antioquia que, precisamente, se prepara para conmemorar los 24 de la masacre del corregimiento del Aro en Ituango, ocurrida en octubre de 1997, en la que al menos 20 personas murieron a manos de grupos paramilitares.
