El Consejo de Estado admitió una demanda contra el Gobierno con la que se busca anular las sanciones establecidas para los conductores de plataformas de transporte como Uber, DiDi y Cabify, entre otras.Luego de examinar el cumplimiento de los requisitos, el Consejo de Estado le asignó el conocimiento de la demanda a la consejera Nubia Margoth Peña, quien deberá establecer si el Gobierno, en cabeza de la Superintendencia de Transporte, desbordó sus facultades al expedir la Circular Externa núm. 015 de 2020, por medio de la cual se imparten instrucciones a las “Autoridades de Tránsito, Organismos de Tránsito, Entidades del Sistema Nacional de Transporte” encargadas de la “vigilancia y control del cumplimiento de las normas de transporte y tránsito”, y en la que se contemplan sanciones a los conductores de plataformas o aplicaciones digitales.El Consejo de Estado le dio un plazo de 30 días a la Superintendencia de Transporte, a la Procuraduría y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien sobre los cuestionamientos que hace el gremio de aplicaciones e innovación (ALIANZA IN) a la circular expedida por el Gobierno.La demanda fue presentada el pasado mes de agosto y hasta ahora el Consejo de Estado se pronunció sobre el cumplimiento de los requisitos legales.“Estas actuaciones buscan proteger el interés particular del gremio de taxistas, desconociendo el derecho de los usuarios pasajeros a elegir libremente cómo movilizarse, el derecho al trabajo de los conductores, la libre competencia, la innovación tecnológica y la inversión nacional y extranjera”, manifestó Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, quien representa al gremio demandante.Escuche el podcast El Camerino con Tito Puccetti:
El Consejo de Estado condenó al Municipio de Medellín a indemnizar a la familia de una niña que sufrió la amputación de parte de un pie tras caerle un bloque de cemento en una cancha polideportivo que estaba en construcción hace doce años.Este trágico suceso ocurrió en el barrio Las Margaritas el 19 de enero de 2010, cuando la menor intentó escalar una pared en este espacio de recreación donde jugaba.Según el fallo del Consejo de Estado, el sector no estaba señalizado con obra en construcción en el polideportivo y la niña ingresó sin dificultad hasta que se desprendió de una parte de la estructura, un bloque de cemento que le cayó en la pierna izquierda.La menor fue llevada de inmediato hasta el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde se realizaron procedimientos y se tuvo que amputar el primer y segundo artejo del pie izquierdo.La familia demandó al Municipio de Medellín, dueña de la obra, por más de 700 millones de pesos pero después de apelaciones y fallos del Tribunal Administrativo de Antioquia durante casi doce años, el Consejo de Estado resolvió responsabilizar a la administración municipal pero también en parte a los familiares que no velaron por su cuidado.Así que la alta corte disminuyó la reparación y determinó de manera definitiva que el Municipio de Medellín deberá indemnizar a la familia de la niña con 35 salarios mínimos mensuales vigentes a 2015, cuando se conoció la primera sentencia.Escuche más noticias
El Consejo de Estado ratificó, en segunda instancia, la pérdida de investidura a Bernardo Guerra Hoyos, exconcejal de Medellín. El alto tribunal consideró que el funcionario incurrió en conflicto de intereses y, por esa razón, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.La Sala concluyó que “incurrió en los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, razón por la cual procederá a confirmar el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 21 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia”.El Consejo de Estado acogió los argumentos avalados en primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia en los que había determinado que el exconcejal incurrió en conflicto de intereses.La Sala consideró "que la conducta del concejal fue gravemente culposa y, en consecuencia, se configura el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura".En el documento también informa que no incurrió en violación de los topes máximos de financiación en su campaña electoral al Concejo Municipal de Medellín para el periodo 2016-2019.Escuche más noticias
El Consejo de Estado determinó que el nombramiento del gerente de EPM, Jorge Andrés Carillo, sí cumplió los requisitos legales, esto tras revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que lo había declarado nulo porque no podía ocupar ese cargo por haber sido miembro de junta.Según el Consejo, la prohibición presentada en la demanda solo “se configura siempre y cuando quien fue miembro de junta directiva celebrara contrato de prestación de servicios, con la misma entidad, pero no en los casos en que el acceso al cargo se realiza mediante vinculación legal y reglamentaria, como sucedió con el gerente demandado”.Hernán Cadavid, abogado que demandó el nombramiento del gerente de EPM, había asegurado días atrás que "la tesis del Consejo de Estado no hace una distinción entre el contrato de prestación de servicios o el que es vía régimen laboral”, señalando además al alcalde de desconocer el código de gobierno corporativo de EPM.Así, ante el fallo del Consejo de Estado, el alcalde Daniel Quintero Calle celebró la decisión en derecho de la instancia nacional e instó a todos los actores de la sociedad a rodear EPM y permitir que siga avanzando de buena forma como hasta ahora."Jorge Andrés Carillo se queda, otro triunfo más ante todos los ataques que hemos tenido que enfrentar y que vamos a afrontar con entereza. Cada vez que hay un ataque respondemos con los abogados, afortunadamente el Consejo de Estado nos da la razón", manifestó Quintero.Escuche más noticias
El Consejo de Estado se pronunció acerca de la sentencia del 9 de septiembre de este año que puso en cintura a las entidades públicas que contratan ilimitadamente a trabajadores bajo la modalidad de prestación de servicios. En el fallo, se estableció un periodo de 30 días hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, lo que significa que a un trabajador no le podrán renovar seguidamente el contrato.De acuerdo con el fallo del Consejo de Estado, si el nuevo contrato se firma antes de 30 días, se entiende que hay una relación laboral. La determinación fue tomada al resolver una demanda de una abogada contra le Personería de Medellín. La abogada sostenía que hubo continuidad laboral entre el 29 de enero de 2005 y el 30 de diciembre de 2011, pues trabajó, continuamente, bajo esta modalidad de contratación.»» Vea el análisis de la periodita Rocío Franco en Noticias Caracol ««El Consejo de Estado, rechazó la solicitud de aclaración del ciudadano Luis Carlos Fernández de Castro y dejó en claro que la celebración de contratos de prestación de servicios "en ningún momento ha sido proscrita por el ordenamiento jurídico". "Lo que se busca es neutralizar la práctica extendida al interior de algunas entidades de utilizar, indebidamente, este tipo de contratos para burlar los derechos salariales y prestacionales de quienes, en realidad, más que contratistas autónomos e independientes, son verdaderos servidores del Estado, sometidos a un régimen de subordinación y dependencia que es de suyo contrario a los propósitos que tuvo el legislador al consagrar este tipo de contratos como estatales, de los cuales, en estricto rigor y cuando son celebrados conforme a la ley, no surge ninguna relación de naturaleza laboral", dice la nueva sentencia. "La sentencia aborda la temática de la celebración de contratos de prestación de servicios en forma genérica y abstracta, sin referirse a ningún sector o actividad de carácter estatal", añadió el Consejo de Estado. Según el Consejo de Estado, la sentencia sobre los contratos de prestación de servicios busca evitar que dicha modalidad contractual "sea empleada para disimular verdaderas relaciones laborales, caracterizadas por la subordinación y dependencia de los contratistas frente al Estado". Pero hay que tener presente, que el más reciente fallo del Consejo de Estado, especifica que los contratos celebrados en las entidades públicas, no tienen impuesto un límite temporal.Cuando un contrato se establece como prestación de servicios, es necesario que se cumpla un plazo de 30 días hábiles, una vez su terminación, para así dar paso a la firma del contrato de continuidad. Sin embargo, no es un plazo aplicable si se requiere volver a vincular el convenio por medio de esta modalidad.Le puede interesar: escuche el podcast El Camerino con Tito Puccetti:
La sala plena del Consejo de Estado, en lo Contencioso Administrativo ratificó la sentencia de primera instancia, proferida por la sala especial del 8 de septiembre del 2021, que denegó la solicitud de pérdida de investidura presentada contra los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, quienes fueron elegidos por el Partido de la U para el periodo 2018-2022.En el documento de 18 páginas que conoció BLU Radio señala lo siguiente: “Confirmar la sentencia del 8 de septiembre de 2021, proferida por la sala especial 26, que denegó la solicitud de pérdida de investidura de los congresistas Armando Alberto Benedetti Villaneda y Roy Leonardo Barreras Montealegre, por las razones expuestas anteriormente”.Los congresistas fueron expulsados de la colectividad luego de expresar críticas y serias diferencias con los lineamientos definidos por esta colectividad.La demanda fue presentada por Pedro Alexander Rodríguez Matallana argumentando que habían incurrido en conflicto de intereses de índole moral, por supuestamente, haber desconocido las normas disciplinarias del partido, el régimen de bancadas y la prohibición de incurrir en doble militancia.Es de recordar que los congresistas salieron del Partido de la U y salieron a las toldas de la colectividad de la Colombia Humana, donde apoyan al líder de esta colectividad Gustavo Petro.
En la comisión primera del Senado de la República se hundió este lunes otra iniciativa que pretendía reformar la justicia colombiana, específicamente los procedimientos de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, entre otros altos dignatarios.Por falta de quórum, el proyecto de acto legislativo, que cursaba su tercer debate, terminó archivado.La propuesta era que se estableciera un proceso de concurso abierto y público, y que ya no quedara en manos del Consejo Superior de la Judicatura, sino de las propias cortes, las cuales seleccionarían a sus propios magistrados con criterio de calificación.Entre los opositores de este proyecto estaba la senadora Paloma Valencia, quien indicó que, con ese cambio, se convertiría en “un tema de roscas y amiguismos”.“Esto es la legalización de la rosca, es decir, la rosca está bien, pero es legal y yo creo que es muy grave para Colombia que no le podamos dar unos criterios claros de selección a los magistrados y simplemente sea de acuerdo con el criterio de quienes integran una corte la selección de sus integrantes”, precisó.Ese argumento fue respaldado por otros sectores como el senador Roosvelt Rodríguez, del Partido de La U.“No es una reforma a la justicia lo que se plantea en el articulado; es sólo un cambio de procedimiento, pero por supuesto ese sólo cambio es de unas consecuencias tales que no se explica ni respalda en datos ciertos”, manifestó Rodríguez.Durante el debate también se presentó una recusación contra todos los integrantes de esa célula legislativa por supuesto conflicto de interés, sin embargo, ésta fue rechazada por el presidente de la comisión, Germán Varón.Dentro de las modificaciones de requisitos también estaba la exigencia de título de abogado y experiencia profesional mínima de 15 años, sumado a experiencia profesional simultánea o complementaria en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas o como docente universitario por el mismo tiempo.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día:
Rummenige Monsalve, alcalde de Malambo, tendrá 20 minutos este jueves 2 de diciembre para explicar al Consejo de Estado por qué sí ha cumplido con el plan de gobierno prometido en su municipio, a poco de cumplirse dos años de su mandato.Esto se da a dos meses de la inscripción de un comité de ciudadanos ante la Registraduría, identificado como El Pueblo Corrige, que está solicitando la revocatoria del burgomaestre porque consideran que no se han dado avances en materia de acueducto, alcantarillado y calidad de vida, pese a lo prometido durante la campaña.“Él nos prometió gestionar agua 24 horas al día y ya llevamos dos años del mandato y el problema aumentó. Hay nuevos barrios que tienen el mismo sistema de acueducto, la red es la misma, los tanques de almacenamientos son los mismos y eso quita presión a las plantas de bombeo, y el agua ha bajado la frecuencia con la que llega a las casas”, dijo Iván Miranda, promotor del comité.El líder comunal, que también contará con 20 minutos para exponer las razones de su demanda, alegará también omisión de Monsalve para combatir la inseguridad y la extorsión del municipio.
Una tormenta política se vive en Barrancabermeja, Santander, luego de que Henry Correa convocara y participara en un sesión del Concejo, el 24 de noviembre, cuando el Consejo de Estad le había notificado que ya no era concejal del Puerto Petrolero.La Procuraduría General de la Nación destituyó como concejal a Henry Correa por irregularidades en la elección del contralor en el 2016. "Junto con el concejal Jhon Jairo García, presentamos un derecho de petición para saber porque el concejal Correa está en el Concejo, no entendemos el tema", aseguró en la sesión del 24 de noviembre la concejal Chiqui Santiago Opsino. En remplazo de Henry Corre llega al Concejo de Barrancabermeja por el partido Cambio Radical Jorge Escalante Viana. Ante la Procuraduría también fueron denunciados los concejales Morgan Egea y Wilmar Vergara por haber aprobado el orden del día en la sesión de la Comisión del Plan del Concejo de Barrancabermeja cuando asistió el exconcejal Henry Correa.Fallo del Consejo de Estado:
El Consejo de Estado negó una demanda de nulidad del acto de elección del alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, tras considerar que fue legalmente avalado por su partido Alianza Verde en 2019.La demanda pedía la nulidad amparada en que la postulación de Ospina fue otorgada por una comisión del Partido Verde y no por su representante legal.En el fallo de segunda instancia la sección quinta de la corporación recordó que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica gozan de la atribución constitucional de otorgar avales a través de sus representantes legales o las personas que estos deleguen, previa selección del aspirante por mecanismos de democracia interna y atendiendo a los procedimientos previstos en los estatutos.En este caso el Consejo de Estado aseguró que el partido Alianza Verde respetó sus normas estatutarias y el reglamento expedido especialmente para los comicios territoriales del 27 de octubre de 2019.En tal sentido, se verificó que, de acuerdo con los estatutos, tanto la función de aprobación, como la de expedición de avales, podían ser delegadas en las direcciones subnacionales o en otras instancias.En consecuencia, la corporación concluyó que dicha comisión contaba con plenas facultades para ser delegataria de la función de autorizar el aval a Ospina Gómez, el cual fue posteriormente expedido de forma directa por los representantes legales.Le puede interesar: escuche y siga La Intérprete, en Spotify
Desde la clandestinidad, la exsenadora Aida Merlano, condenada por delitos electorales y prófuga de la justicia, envió una escueta comunicación a la Corte Suprema de Justicia en la que ofrece entregar su testimonio dentro de una investigación que adelanta ese alto tribunal en contra el expresidente del Senado, Arturo Char, relacionada con delitos electorales.En la carta enviada al despacho del magistrado Francisco Farfán, quien adelanta la investigación contra el senador barranquillero, Aida Merlano solicita que le permitan entregar su testimonio como prueba dentro de las averiguaciones“Solicito a su despacho ser escuchada en ampliación de mi testimonio en el proceso de la referencia, con la finalidad de colaborar eficazmente con la administración de justicia y aclarar los hechos del proceso que se sigue en contra del senador Arturo Char Chaljub por el delito de corrupción al sufragante y otro”, señala la carta.La investigación contra el senador Arturo Char se abrió tras una entrevista que Merlano otorgó a la revista Semana en la que señaló a la familia Char de participar en su fuga y estar involucrados en un entramado de corrupción y compra de votos de Barranquilla.En esa entrevista, Merlano nombró a Julio Gerlein, a los hermanos Arturo, Fuad y Alejandro Char, además de otros políticos, empresarios, y excongresistas.El abogado Darío Bazzani, quien defiende a Arturo Char, reveló que no hay pruebas suficientes que permitan relacionar a su cliente con las acusaciones.Aida Merlano fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 11 años y 4 meses de prisión por corrupción y compra de votos para llegar al Senado en el 2018 y el 2 de octubre de 2019 protagonizó una fuga de película al caer desde un tercer piso y subirse en una moto. Por estos hechos fue condenado en noviembre del año pasado el capitán del Inpec, David Alexander Álvarez Cárdenas.Escuche más noticias
El Ministerio de Salud confirmó este miércoles, 19 de enero, 27.603 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 5.624.520 en total. Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 131.437 tras el fallecimiento de 169 personas más.Lista de nuevos casos de Coronavirus en ColombiaBogotá, Valle y Antioquia son las regiones con más casos reportados.DEPARTAMENTOCANTIDADBOGOTÁ 7.077VALLE 2.774ANTIOQUIA2.628BARRANQUILLA 1.819CUNDINAMARCA 1.795SANTANDER1.337TOLIMA1.096CARTAGENA1.059CÓRDOBA 679RISARALDA 654CAUCA 586CESAR575BOYACÁ574ATLÁNTICO567META536NARIÑO 486QUINDÍO 482NORTE DE SANTANDER 456SANTA MARTA447CALDAS 418GUAJIRA365HUILA 277SUCRE224CASANARE158BOLÍVAR134PUTUMAYO117MAGDALENA 89CHOCÓ 35SAN ANDRÉS33CAQUETÁ 31AMAZONASVICHADAARAUCAGUAÍNÍAGUAVIAREVAUPÉS26201913134De igual forma, confirmaron que 5.322.450 personas se han recuperado del virus en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 151.355.Este es el reporte del COVID-19 entregado por el Ministerio de Salud a través de su cuenta de Twitter.Mapa mundial del coronavirus COVID-19
En su informe diario, este miércoles el Ministerio de Salud reportó 169 nuevos fallecimientos por COVID-19 en el país.De acuerdo con el reporte, los fallecidos son: En total, 131.437 personas han muerto por coronavirus en el país.De otro lado, el Ministerio informó que son 27.603 casos nuevos en el país llegando así a los 5.624.520.Según el informe, 5.322.450 personas se han recuperado.
En el Partido Comunes aseguran que durante el conflicto hubo ministros, alcaldes y otros funcionarios que en ejercicio de sus funciones públicas cometieron crímenes ya sea como autores materiales o intelectuales.El senador del partido Comunes Carlos Antonio Lozada manifestó: “Lo que estamos conociendo por las declaraciones confirmadas hoy por Salvatore Mancuso es que en el desarrollo de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez se cometieron crímenes de Estado y por eso decimos que es urgente que la JEP abra el macro caso de crímenes de Estado para que finalmente podamos cerrar este conflicto. Es que no nos podemos pasar la vida acusándonos unos a otros”.Es importante resaltar que esta semana se conoció una audiencia del exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba Benito Osorio ante la JEP, donde nombra a exmilitares, políticos y empresarios que, según él, tendrían vínculos con el paramilitarismo.Esas declaraciones fueron ratificadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien aseguró, entre otras cosas, que se reunió con el presidente de Fedegan, Jose Felix Lafaurie.Escuche y siga el podcast de El Consultorio:
Luego de la convención que hizo el Centro Democrático en el que señalaron que se debía reevaluar la decisión de no aliarse con el Equipo por Colombia, desde muy temprano y desde esa coalición iniciaron los coqueteos para que el partido de Óscar Iván Zuluaga reconsidere su determinación.“No es el momento de egos y mezquindades, es el momento de pensar en uno u otro partido en particular. Es el momento de pensar en Colombia y ese es el llamado que le estoy haciendo a diferentes sectores. Pero también a Colombia entera. Miremos que modelo económico quieren para el futuro”, señaló el precandidato Federico Gutiérrez.Lo propio dijo el precandidato David Barguil, “puede haber diferencias, este camino de la política puede tener dificultades, pero hay que interponer las diferencias y que tenemos que sacar lo mejor de cada uno de nosotros y le invitamos hacer parte del Equipo por Colombia”.Por el momento Óscar Iván Zuluaga no se ha pronunciado sobre el nuevo llamado a la unidad con el Equipo por Colombia.Sin embargo, al interior del partido existen muchas voces que están pidiendo una entrada al Equipo por Colombia como lo hicieron Edward Rodríguez y Gabriel Velasco.“Le pido que reconsidere su postura y dialogue sobre el futuro del país con el Equipo Colombia”, señaló Rodríguez.“La verdad que nos demuestran es que la prioridad no son las intenciones particulares, sino los propósitos colectivos donde prime la democracia y la patria”, manifestó Gabriel Velasco.Incluso el expresidente Álvaro Uribe señaló desde su cuenta de Twitter que, “una coalición debería ser sobre puntos fundamentales para la libertad y la democracia. El unanimismo es imposible. Las diferencias no deberían ser objeto de estigmatizaciones”También se conoció que el Equipo por Colombia hizo una invitación a los partidos Colombia Justa Libre y Salvación Nacional.“Hemos recibido la invitación del Equipo por Colombia, el consejo directivo nacional del partido está estudiando esa invitación, la apertura mía al diálogo siempre ha estado, está la línea que es la primera vuelta de mayo 29. Pero el diálogo siempre tiene que estar abierto”, señaló el senador John Milton Rodríguez.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
