Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) manifestó la necesidad de realizar una auditoría a una serie de documentos que estarían relacionados con irregularidades en las contrataciones de varias entidades del Estado en el 2021 y 2022, en donde las nóminas paralelas por la contratación de personal ascenderían a 4.5 billones de pesos.
La Fiscalía remitió a laContraloríaa información otorgada por el funcionario, para que sea desde allí que establezca si se realiza o no dicha auditoría y, de encontrarse algún hallazgo, se adelanten las acciones investigativas de carácter penal que procedan.
Según Lizcano, se constató que algunas personas son beneficiadas por varios contratos en distintas entidades estatales por medio de contratos de prestación de servicios, algunas personas son contratadas para cumplir con algunas tareas propias de los funcionarios de planta, lo que indicaría una falta en la supervisión de estos contratos.
Cabe aclarar que Lizcano en su declaración recalcó que la información todavía no es precisa ni veraz, ya que fue brindada por algunas personas que manifestaron dichas irregularidades, pero no se refirieron a tiempo, modo y lugar exacto. “En todo caso, se entrarán a realizar las verificaciones de rigor en el futuro”, agregó.
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