El alto tribunal consideró que este es un tema que le corresponde al Congreso de la República y que por lo tanto no podía violar esa competencia.
En mayo del 2017 fue la misma Corte Constitucional la que ordenó realizar la consulta antitaurina que en el 2015 se le negó al entonces alcalde Gustavo Petro por decisión del Consejo de Estado.
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Luego, se definió que la consulta debía realizarse el 13 de agosto pasado, pero fue aplazada porque la administración Distrital manifestó que no se habían conseguido los recursos para llevarla a cabo.
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El monto requerido, según el Distrito era de 44.000 millones de pesos para contratar a los jurados y toda la infraestructura que requería la votación.
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Así, se deberá esperar a que el Congreso, en menos de dos años, legislar sobre el tema. De no hacerlo, la fiesta brava quedara prohibida definitivamente en todo el país. El congreso puede penalizarlas o incluso permitir que se continúe con esta práctica, pero sin que se maltrate al animal.
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