Gustavo Petro y Claudia López volvieron a aparecer juntos en una fotografía, en un encuentro que sorprendió por el historial de enfrentamientos que ambos protagonizaron durante los últimos meses. La imagen fue publicada por el expresidente en medio del relanzamiento de la Alianza por la Vida, una coalición que buscaría disputar las elecciones regionales de 2027 y proyectarse hacia las presidenciales de 2030.Como era de esperarse, la fotografía abrió interrogantes sobre el papel que podría tener la exmandataria en la estrategia política que el petrismo pretende desplegar desde las próximas elecciones regionales.¿Por qué sorprende la foto entre Claudia y Petro?El acercamiento resulta llamativo por las diferencias que marcaron la relación entre ambos, particularmente durante la administración de López en Bogotá.Uno de los principales choques estuvo relacionado con el metro de Bogotá. Mientras Petro defendió durante años la construcción de una primera línea subterránea, López impulsó el proyecto de metro elevado que finalmente avanzó durante su administración.Las diferencias llegaron a convertirse en fuertes enfrentamientos políticos. López incluso cuestionó públicamente al entonces presidente Petro después de dejar la Alcaldía y lo señaló hace no mucho por una supuesta participación indebida en política.En ese momento afirmó: “El mayor causante de faltas de garantías en la democracia colombiana es el señor presidente de la República”.Petro, por su parte, también lanzó críticas contra la exalcaldesa. En junio de 2025, después de que López oficializara su aspiración presidencial, escribió en X: “Claudia no sabe sino de traiciones. La última, a los trabajadores de Colombia”.Ahora, ambos aparecen nuevamente compartiendo espacio político.¿Qué busca Petro con la Alianza por la Vida?La fotografía fue acompañada por un mensaje en el que Petro planteó una hoja de ruta para su sector político de cara a las elecciones de 2027.El expresidente pidió alcanzar el mayor número posible de curules, alcaldías y gobernaciones, mientras planteó que la coalición debe convertirse en una estructura con presencia en diferentes regiones del país.“Estar listos a reemplazar un Gobierno extranjero e incapaz”, escribió Petro al referirse al actual Gobierno.El acercamiento también tiene un antecedente reciente. López, quien se había mantenido distante del petrismo durante buena parte de los últimos años, anunció su adhesión a la candidatura de Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial.Su reaparición junto a Petro vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que sectores que estuvieron enfrentados puedan terminar compartiendo escenarios electorales en las próximas contiendas. La exsenadora María José Pizarro celebró el encuentro y defendió la construcción de una unidad amplia.“En los tiempos del autoritarismo, la censura, la manipulación y la sinrazón, hay que construir la máxima unidad. Es momento de tomar posiciones. ¡Seguimos dialogando!”, escribió.
El Consejo Nacional Electoral reconoció cerca de $5.000 millones por reposición de votos a la campaña de la excandidata presidencial Claudia López, correspondientes a su participación en la Consulta de las Soluciones, realizada el pasado 8 de marzo de 2026.De acuerdo con el documento del CNE, López obtuvo 573.104 votos en esa consulta. Para esa jornada electoral, el organismo había establecido un valor de $8.710 por cada voto válido, lo que llevó a una liquidación de $4.991.735.840 por concepto de reposición.Aunque la campaña reportó gastos netos por más de $5.758 millones, la normativa establece que la reposición no puede superar el valor que corresponda por los votos obtenidos. Por esta razón, el CNE reconoció cerca de $4.992 millones derivados de la votación alcanzada por la entonces precandidata presidencial.A ese monto se le descontará el 1 % destinado a la contratación de la auditoría externa, equivalente a $49.917.358.Durante la revisión de las cuentas de campaña, el Fondo Nacional de Financiación Política identificó, además, $304.200 en gastos que, según la certificación contable, no tenían relación de causalidad con la campaña, por lo que no fueron tenidos en cuenta para efectos de la reposición.
En diálogo con Mañanas Blu, la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, Claudia López, aclaró su postura frente a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo este domingo. Tras obtener 225,000 votos en la primera vuelta, López anunció que su apoyo será para el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aunque enfatizó que no se trata de una adhesión política a ese movimiento, sino de un "voto independiente" motivado por la defensa de la democracia. Voto independiente, no adhesiónLópez fue enfática al señalar que su decisión no implica integrarse a las filas del petrismo. “Yo no estoy adhiriendo, estoy decidiendo cómo voy a votar el domingo y contándoselo al país y contando mis razones de por qué voy a dar un voto independiente”.Según la exalcaldesa, la decisión se reduce a una elección entre dos opciones que no la representan totalmente, pero donde considera que Iván Cepeda es una opción "decente" frente a lo que ella denomina la "derecha mafiosa" de Abelardo De La Espriella.Para López, su voto por Cepeda es una cuestión de talante personal y coherencia: “Iván es un hombre decente al que yo conozco desde hace más de 30 años... Abelardo De La Espriella es un tipo corrupto, un defensor de la mafia, un tipo de intereses oscuros”.El riesgo de los sectores radicalesUno de los puntos más críticos fue la advertencia de López sobre el daño que los sectores más extremistas del Pacto Histórico le están haciendo a la campaña de Cepeda. Al ser consultada sobre las declaraciones de líderes como Gustavo Bolívar o Carlos Carrillo, quienes sugirieron posibles disturbios si ganaba la oposición, López calificó dichas palabras como una “insensatez absoluta”.“Es precisamente por esos sectores petristas radicales, incendiarios, sectarios, que el petrismo puede perder las elecciones este domingo”, afirmó. Según su análisis, este tipo de amenazas alejan al electorado y no corresponden al comportamiento de un demócrata, quien debe respetar los resultados electorales sin importar el desenlace.Compromisos programáticos y moderaciónLa exalcaldesa reveló que su apoyo estuvo condicionado a una serie de ajustes en el programa de Iván Cepeda para mitigar riesgos que ella identifica en el actual gobierno de Gustavo Petro. Entre estos acuerdos se destaca la renuncia a una Asamblea Constituyente, un tema que López considera fundamental para proteger la estabilidad del país.“Muchos se lo pedimos... sin la Constitución del 91, Iván... no podría ser presidente. Más o menos no sean desagradecidos con la Constitución del 91 que los ha traído hasta aquí”.Otros puntos clave negociados incluyen un "pacto fiscal" para estabilizar las finanzas públicas, el reconocimiento del papel del sector privado en la generación de empleo y la defensa de un sistema de salud mixto y no estatalizado.“Me parecía que eran cambios necesarios que nos tomó semanas discutir, pero sin los cuales yo no iba a tomar una decisión”.Seguridad y la defensa de las institucionesLópez también criticó duramente la gestión de seguridad del actual gobierno, señalando que ha sido un error mezclar la política de paz con la de seguridad. “Haber sometido... toda la política de seguridad en la política de paz total fue un gran error de este gobierno que estamos pagando caro los colombianos”.En sus conversaciones con Cepeda, se habría acordado que "seguridad es enfrentar al crimen sin titubear" y que la paz debe ser entendida como el cumplimiento de compromisos y desarrollo regional sin corrupción.Finalmente, López reiteró que su liderazgo público le exige tomar una posición clara en momentos difíciles, buscando "mitigar los riesgos" que representa el avance de una derecha que, según ella, viene a "quitar libertades y garantías".Escuche aquí la entrevista:
A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López hizo público su respaldo al candidato Iván Cepeda, quien disputará la Presidencia de la República este domingo frente a Abelardo De La Espriella.El anuncio se produjo durante un encuentro en el que ambos dirigentes compartieron escenario y enviaron un mensaje dirigido a los sectores independientes del país. López explicó que su decisión no corresponde a una adhesión política tradicional ni a un acuerdo burocrático, sino a una apuesta por el perfil personal y político del senador del Pacto Histórico.Durante su intervención, la exmandataria capitalina destacó que Cepeda representa una visión de liderazgo basada en la conciliación y el diálogo, características que, según afirmó, son necesarias para afrontar los desafíos que enfrenta Colombia en la actualidad.“Es la fuerza serena con ese corazón conciliador, el que hoy me permite sentarme aquí con la tranquilidad y la confianza de decirle a Colombia que nuestro voto independiente puede elegir un gobierno progresista que está dispuesto a enmendar los errores, que está dispuesto a defender los logros y agregar lo necesario para que Colombia pueda vivir con seguridad, con paz, con justicia social y con productividad”, manifestó López.La dirigente también señaló que su respaldo se fundamenta en la trayectoria democrática del candidato. En ese sentido, resaltó que Cepeda ha desarrollado su carrera política a través de las instituciones y los mecanismos democráticos, alejándose de cualquier forma de violencia.“Iván nunca en su vida ha empuñado un arma; ha empuñado la ley, la democracia y el voto limpio. Esa fuerza serena y ese corazón conciliador son los que creo que necesita Colombia”, aseguró.
Tras su fuerte derrota en estas elecciones del 31 de mayo, la exalcaldesa Claudia López se pronunció por el resultado que la dejó en la quinta posición de todos los votos, detrás de Abelardo De La Aspriella, Iván Cepeda, Paloma Valencia y Sergio Fajardo con tan solo 223.456 votos de más de 20 millones en todo el país."Colombia ha quedado hoy en un abismo difícil, en el abismo no de perder una elección, sino en el abismo de perder su democracia. Hoy ha ganado la mayoría de los votos una propuesta de extrema derecha, una propuesta antiderechos, una propuesta machista, una propuesta homofóbica, una propuesta intolerante, una propuesta que no acepta la común existencia de visiones distintas a la suya, a la extrema, a la exclusión, a destripar al contrario", indicó.PLópez apuntaba a la Casa de Nariño al lado de Leonardo Huerta como su formula vicepresidencial, sin embargo, la intención de voto no estuvo de su lado y aseguró que este resultado muestra que "existe un peligro en la democracia colombiana"."Ese es el peligro que hoy enfrenta la democracia. Colombia tendrá un gobierno en segunda vuelta. Las elecciones se harán, los colombianos iremos a decidir porque yo voy a estar ahí, queridos. El liderazgo se mide en los momentos difíciles, en las horas amargas", fueron las palabras de la exalcaldesa de Bogotá.Claudia López estuvo muy lejos, incluso, de los votos que obtuvo cuando llegó a la Alcaldía de Bogotá en 2019 con 1.108.541, dejando atrás a Carlos Fernando Galán, Hollman Morris y Miguel Uribe, mientras que en estas elecciones presidenciales tuvo 102.341 de la mitad, es decir, la mitad de su resultado final."Voy a tomar una decisión. Tengo claro que aquí hay una opción peligrosa para Colombia. Lo he dicho durante toda la campaña. No he cambiado y no voy a cambiar de opinión. No hay razones para cambiar de opinión. Pero no quiere decir que automáticamente la otra opción sea una buena alternativa. si siguen en ese clientelismo, en ese sectarismo, en ese sicariato político contra el centro, contra los sectores independientes del petrismo. Si no, hay una enmienda de fondo", añadió.Pero en sus palabras no le cerró la puerta a su apoyo a Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial, a quien le envió el mensaje que "demuestre si está dispuesto a liderar un proceso que arregle los daños del Gobierno"."Y si Iván Cepeda, de quien he dicho toda la campaña y lo quiero reiterar hoy, sé que es un hombre decente, yo sé que Iván es un hombre decente, pero Iván querido, no te pueden hacer la campaña eternamente. llegó la hora de asumir el liderazgo de tu propia campaña de poner la cara de debatir de defender tus tesis de demostrar si está o no dispuesto a liderar un proceso que enmiende los errores del petrismo y los errores de su Gobierno", dijo.
El comportamiento electoral en la más reciente jornada de elecciones presidenciales en Colombia dejó un dato estadístico contundente: el voto en blanco superó individualmente el respaldo obtenido por siete de las fórmulas presidenciales que compitieron en estas votaciones.De acuerdo con los datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con más del 99 % de las mesas informadas, la participación de los ciudadanos en las urnas superó el 57 %, lo que representa más de 23 millones de votantes de un censo electoral de 41.421.973 personas.Dentro del desglose de los votos válidos, la opción del voto en blanco capitalizó más de 405.000 sufragios, equivalente al 1,72 % de la votación total.El voto en blanco superó a varios candidatosEsta cifra situó al voto en blanco por encima de una amplia lista de aspirantes que no lograron convencer al electorado y se quedaron en la parte baja de la tabla de resultados. Las siete candidaturas superadas por el voto de disconformidad fueron:Claudia López (y Leonardo Humberto Huerta): 224.7630 votos (0,95 %). Santiago Botero Jaramillo (y Carlos Fernando Cuevas): 205.627 votos (0,87 %).Mauricio Lizcano Arango (y Pedro Luis de la Torre): 53.701 votos (0,22 %).Miguel Uribe Londoño (y Luisa Fernanda Villegas): 28.550 votos (0,12 %).Sondra Macollins Garvin (y Leonardo Karam): 19.815 votos (0,08 %).Roy Barreras Montealegre (y Martha Lucía Zamora): 14.081 votos (0,05 %).Gustavo Matamoros (y Mila María Paz): 5.607 votos (0.02 %)Vale enfatizar que antes de las elecciones de este domingo, Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo dieron un paso al costado en su aspiración electoral para apoyar a Iván Cepeda.Por encima de esta opción política se mantuvieron únicamente las cuatro fuerzas principales de la contienda: Abelardo De La Espriella, Iván Cepeda , Paloma Valencia y Sergio Fajardo.La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia será el domingo 21 de junio.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) se comprometió a hacer seguimiento a las denuncias sobre presunta participación en política del mandatario colombiano, Gustavo Petro, en la campaña para las elecciones presidenciales de este domingo.Así lo manifestó este sábado la candidata presidencial Claudia López luego de reunirse con el jefe de la MOE/OEA, el expresidente de República Dominicana Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012).La campaña de López indicó en un comunicado que la MAP/OEA "escuchó y se comprometió a hacer seguimiento a las denuncias presentadas" por la candidata, que también las ha elevado ante distintos organismos nacionales e internacionales y reiteró su compromiso de vigilar el desarrollo de las elecciones presidenciales para garantizar que la voluntad de los ciudadanos sea respetada."Hemos acudido a los escenarios internacionales y a las misiones técnicas para alertar que la democracia colombiana no puede quedar al arbitrio del miedo ni de las presiones indebidas", señaló López, exalcaldesa de Bogotá.La Misión de la OEA desplegó esta semana 96 observadores y especialistas políticos, encabezados por Fernández, para dar seguimiento a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.Esta semana la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar contra Petro por presunta intervención en política, tras varias declaraciones y publicaciones en redes sociales relacionadas con el actual proceso electoral.Durante la campaña, distintos sectores de la oposición han acusado al mandatario de favorecer públicamente al candidato oficialista, Iván Cepeda, mientras que el presidente ha rechazado esas críticas y ha defendido su derecho a pronunciarse sobre asuntos públicos.La campaña de López señaló además que la candidata también sostuvo encuentros con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) para exponer sus preocupaciones sobre las garantías electorales y la transparencia del proceso.La exalcaldesa de Bogotá ocupa actualmente el quinto lugar en las encuestas de intención de voto, por detrás de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, por lo que no figura entre los favoritos para avanzar a una eventual segunda vuelta.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó un análisis sobre las propuestas de seguridad y paz de los candidatos presidenciales Ivan Cepeda, Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo Y Claudia Lopez, en el que advierte que el próximo gobierno enfrentará un escenario marcado por una transformación más compleja de la violencia organizada en Colombia.Según el documento, el país no solo enfrenta el fortalecimiento de grupos armados y el crecimiento de economías ilícitas, sino “una recomposición más profunda de la violencia organizada”, caracterizada por estructuras criminales “más flexibles”, redes urbanas y rurales cada vez más conectadas, mayor capacidad de coerción territorial y “una relación más sofisticada” con corrupción y circuitos transnacionales.“Estamos ante un escenario de violencia organizada que ha cambiado enormemente. Hoy no estamos en el mismo debate ni coyuntura o contexto de hace 20 años, y eso tienen que entenderlo los candidatos presidenciales y el próximo presidente que se siente el 7 de agosto en en la casa de Nariño. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos unas organizaciones mucho más fragmentadas, con una gran capacidad de adaptación, de flexibilidad, y que en una lógica de seguridad híbrida están tratando de o ya han logrado diversificar sus economías criminales y están buscando fortalecer sus economías ilícitas y el poder local criminal a partir de una lógica de una violencia más domesticada y de una violencia que busca fundamentalmente favorecer esos criterios y esa lógica interna”, señaló Javier Florez, director de seguridad y conflicto de la FIP.La FIP señala además que una parte de las propuestas presidenciales continúan priorizando medidas tradicionales de seguridad como “más pie de fuerza, más cárceles, más operaciones, más tecnología, más presencia estatal, más justicia y más programas sociales”, pero advierte que “todas esas acciones, aunque pueden ser necesarias en alguna medida, tienen un problema de fondo: no constituyen, por sí mismas, una estrategia”.“El próximo gobierno no recibirá una chequera en blanco para financiar su estrategia de seguridad”, señala el documento, al explicar que el país enfrentará presiones para reducir el déficit, mejorar ejecución y recuperar confianza ciudadana.Otro de los puntos centrales del informe es el debate alrededor de la política de Paz Total. La FIP sostiene que, salvo Iván Cepeda, las demás candidaturas plantean “su cierre o una ruptura profunda con ese enfoque”. Sin embargo, advierte que desmontarla sin una transición clara podría generar nuevos riesgos en los territorios. “Si el próximo gobierno decide desmontar la Paz Total, tendrá que hacerlo con responsabilidad, evitando que procesos incompletos, ceses frágiles o vacíos de interlocución terminen acelerando disputas armadas y expansión de violencias”.La FIP también considera que una eventual continuidad de esa política requeriría “ajustes profundos, reglas claras, metodologías diferenciadas según actor armado y una definición mucho más precisa de líneas rojas, incentivos y capacidades de verificación. La discusión ya no es simplemente si se negocia o no, sino cómo construir unas políticas de paz y seguridad que sean armónicas, viables, coherentes y compatbles con la realidad actual de la violencia organizada en Colombia”.Iván CepedaSobre las propuestas de Iván Cepeda, la FIP señala que el candidato del Pacto Histórico plantea una visión centrada en la “seguridad humana”, la transformación territorial y la implementación del Acuerdo de Paz, más que en una expansión coercitiva del Estado.“Su apuesta no está centrada en recuperar el orden a través de una expansión de la fuerza, sino en reducir las condiciones que han permitido que la guerra y las economías ilícitas se reproduzcan durante décadas en buena parte del territorio. Hay una idea transversal en el programa: la seguridad no puede sostenerse únicamente desde la coerción, porque el conflicto colombiano ha estado ligado históricamente al abandono estatal, la exclusión y la falta de oportunidades en las regiones más afectadas por la violencia”.El análisis destaca como fortaleza que el plan reconoce la relación entre violencia, exclusión y debilidad institucional, además de introducir discusiones sobre “macrocorrupción, captura institucional y lavado de activos como dimensiones estructurales del poder criminal”.No obstante, la FIP advierte que el principal punto crítico está en “la continuidad de la política de Paz Total sin una revisión profunda de sus resultados, incentivos y límites operativos”.La organización concluye que el plan “representa una apuesta por un continuismo frente a la actual política de paz y seguridad del gobierno Petro, sin mayores giros o críticas de fondo”."En el fondo la gran pregunta es si se considera que continuar con las políticas, por ejemplo, de paz total o con la políticas de seguridad sin modificaciones profundas, pues nos va a llevar a un resultado distinto al que tenemos hoy, que es un fortalecimiento estas organizaciones, no solamente en su capacidad armada, sino en su capacidad de innovación y en el crecimiento de sus economías criminales, de ese ecosistema, economías criminales que existe hoy en Colombia”, aseguró el director de seguridad.Abelardo De la EspriellaEn el caso de Abelardo De la Espriella, la FIP asegura que su propuesta es “probablemente la más explícita en su intención de ruptura”, al plantear “cero negociación”, ofensiva total contra el narcotráfico, fumigación de cultivos ilícitos y fortalecimiento carcelario. “El problema que identifica la FIP no es la ambición del programa, sino, probablemente, la falta de desarrollo sobre mecanismos de control institucional, gradualidad y salvaguardas democráticas”.El análisis señala que el plan parte de la necesidad de “recuperar autoridad estatal” y aumentar la capacidad de coerción frente a organizaciones criminales. Sin embargo, advierte una tensión entre la ambición del programa y las capacidades reales del Estado colombiano para sostener esas intervenciones.La FIP expresa preocupación por “el tono de excepcionalidad” que atraviesa varias de las propuestas y señala que experiencias en América Latina han mostrado que estrategias altamente punitivas pueden generar reducción de la violencia, pero tambien “riesgos institucionales y humanitarios relevantes”.Además, sostiene que una política de seguridad que ignore el enfoque de derechos “puede terminar debilitando la legitimidad estatal y reduciendo la cooperación ciudadana”, asegurando que “la seguridad no depende del miedo que pueda generar el Estado, sino de la confianza que logre construir”.“Vemos un discurso de excepcionalidad donde es difícil entender hasta dónde van a poder actuar respetando los estándares democráticos y, digamos, los derechos ciudadanos. Entonces, ahí hay también como una dificultad en ese entendimiento. (…) Ante propuestas tan maximalistas y teniendo en cuenta una restricción fiscal gigantesca que vamos a tener, no se sabe dónde van a salir los recursos para poderla materializar, a pesar de que en el programa se insiste en que van a salir de los ahorros o de la recuperación de recursos de corrupción, pero eso, pues, se queda muy gaseoso y no entendemos cómo se pueden materializar”, agregó Florez.Paloma ValenciaSobre Paloma Valencia, la FIP indica que su propuesta parte de la idea de que el Estado perdió capacidad de control territorial y que la ciudadanía percibe un retroceso de la autoridad frente al crimen.“Ese deterioro es interpretado como una consecuencia directa de la pérdida de capacidad coercitiva y de una política de seguridad que, según el diagnóstico del plan, dejó de ejercer suficiente presión sobre las estructuras ilegales, y de una política de paz que contribuyó a este propósito. Desde esa lógica, la propuesta busca reconstruir autoridad mediante fortalecimiento de la fuerza pública, endurecimiento penal, mejoramiento del sistema de justicia y recuperación territorial”.Aunque el informe reconoce que el plan entiende que el crimen organizado controla economías ilegales y regula la vida cotidiana en muchos territorios, advierte que “termina interpretando un desafío de debilidad estatal compleja como si fuera principalmente un problema de falta de firmeza”.En el caso de la candidata, el director de seguridad y conflicto señaló que es “un programa de gobierno que también tiene muchas virtudes, sobre todo en temas de justicia, por ejemplo, pero que lo hemos denominado seguridad democrática, porque fundamentalmente tiene un entendimiento del problema y de la solución muy cercano a lo de hace 20 años. Entonces, son herramientas del pasado para atender problemas del presente que son muy distintos”.La FIP también plantea dudas sobre la sostenibilidad fiscal y operativa de ampliar simultáneamente el aparato de seguridad y reducir el tamaño del Estado.“Sin duda, Colombia necesita fortalecer capacidades, especialmente en inteligencia, movilidad y control territorial. Pero el programa no responde con suficiente claridad cómo sostener fiscal y operativamente esa expansión en un Estado que ya enfrenta enormes restricciones presupuestales y profundas limitaciones de ejecución. La seguridad es una política costosa y permanente”.Sergio FajardoFrente al “Plan Guardián” de Sergio Fajardo, la FIP señala que se trata de una de las propuestas “con mayor desarrollo programático y articulación conceptual” en materia de seguridad.“No está construido únicamente sobre consignas de autoridad ni sobre promesas de expansión indiscriminada de la fuerza. Hay un intento serio por organizar una estrategia de intervención estatal que combine control territorial, fortalecimiento institucional y lucha contra las economías ilícitas. El programa parte de una lectura relativamente moderna del fenómeno criminal y entiende que la violencia actual no puede analizarse únicamente desde la lógica insurgente”.También resalta el enfoque sobre la extorsión como una forma de “gobierno criminal” en regiones y ciudades. “Ahí aparece uno de los puntos más sólidos de la propuesta: la intención de recuperar control sobre las cárceles y fortalecer capacidades de investigación responde a una realidad que durante años fue subestimada”.Sin embargo, la organización advierte que el plan todavía deja dudas sobre cómo financiar simultáneamente expansión penitenciaria, modernización de inteligencia y fortalecimiento policial en medio de restricciones fiscales.Claudia LópezEn el análisis sobre Claudia López, la FIP señala que su propuesta se centra en la pérdida de capacidad del Estado para actuar de manera coherente en los territorios y plantea reformas profundas al sistema de seguridad y justicia.“Mientras otras propuestas giran alrededor de la expansión del pie de fuerza o el endurecimiento penal, el programa de Claudia López insiste en que la crisis actual también es consecuencia de un aparato estatal fragmentado y lento. Hay una apuesta por transformar todo el sector de Seguridad, Defensa y Justicia. En términos conceptuales, muchas de esas discusiones son necesarias y el país lleva años aplazándolas”.El documento reconoce que la candidata evita “soluciones simplistas” y comprende mejor que otros programas las debilidades estructurales del Estado colombiano.No obstante, advierte que las transformaciones institucionales profundas requieren tiempo, consensos políticos y recursos, mientras el país enfrenta un deterioro acelerado de seguridad. Por eso, la principal limitación identificada por la FIP es “la velocidad de respuesta” frente a las crisis inmediatas en los territorios. “El programa deja abiertos interrogantes sobre su capacidad de respuesta frente al deterioro inmediato de seguridad en varios territorios”.Finalmente, la organización concluye que, aunque las cinco candidaturas reconocen que la seguridad será uno de los principales desafíos del próximo gobierno, “las propuestas revelan difrencias profundas sobre cómo entender y enfrentar ese problema. Mientras algunos programas privilegian enfoques de autoridad y expansión coercitiva, otros apuestan por transformaciones territoriales, reformas institucionales o esquemas de seguridad humana. Aun así, el análisis comparado deja ver vacíos transversales en casi todas las propuestas”.En ese sentido, Javier Flórez aseguró que buena parte de los programas dejan abiertas tres preguntas esenciales frente al país que recibirá el próximo presidente el 7 de agosto.La primera, explicó, es cuál será realmente el cambio en las estrategias de seguridad. La segunda inquietud tiene que ver con las prioridades del próximo gobierno. Y la tercera pregunta, añadió, es cómo se financiarán todas las propuestas anunciadas por los candidatos presidenciales.“El desafío no es hacer más ni empezar desde cero, sino hacer mejor, de manera articulada y con un uso más estratégico de las capacidades disponibles. En otras palabras, es ordenar la casa”, concluye el informe.
La candidata presidencial Claudia López aseguró que la elección presidencial se definirá en segunda vuelta y advirtió que la contienda será “voto a voto”. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la exalcaldesa de Bogotá cuestionó la cancelación de debates electorales, denunció participación en política del Gobierno y lanzó críticas contra el nombramiento de Juliana Guerrero, al que señaló como ejemplo de prácticas que contradicen la promesa de cambio político.Claudia López cuestiona cancelación de debates: “Si hay que poner cinco sillas vacías, pues se ponen”La aspirante presidencial calificó como una “mala decisión” la cancelación de los debates electorales tras la ausencia de varios candidatos y consideró que los medios de comunicación debieron mantener los espacios abiertos para garantizar el derecho ciudadano a escuchar propuestas.“Si hay que poner cinco sillas vacías, pues se ponen”, afirmó López al referirse a la cancelación del debate previsto entre Caracol Televisión y Blu Radio.La candidata sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer las posiciones de quienes aspiran a la Presidencia y lamentó que las campañas prioricen estrategias políticas sobre el debate democrático.López denuncia intervención del Gobierno en campaña presidencialDurante la entrevista, López también aseguró que existe una participación “descarada” del Gobierno Nacional en la campaña electoral y afirmó haber presentado ante la Comisión de Garantías Electorales más de 20 publicaciones del presidente en redes sociales.“Le entregué una lista de más de 20 trinos del presidente a lo largo de la campaña difamándome”, señaló. La candidata defendió además su independencia política frente al petrismo y respondió a declaraciones del mandatario sobre su paso por la Alcaldía de Bogotá.Claudia López critica nombramiento de Juliana GuerreroEn medio de una reflexión sobre representación política y corrupción, López mencionó el caso de Juliana Guerrero como ejemplo de prácticas que, según dijo, contradicen la idea de renovación política.“No para nombrar a las Julianas Guerrero de este mundo que compran títulos”, afirmó la candidata.López aseguró que los recursos públicos no pueden terminar beneficiando redes de clientelismo ni favoreciendo intereses particulares.“¿De qué le sirve a un pelao quemarse las pestañas si lo que vamos es a terminar nombrando, como lo hace el presidente Petro, a las Julianas Guerrero porque son sus amigas?”, cuestionó.La aspirante agregó que los casos de corrupción golpean especialmente a las poblaciones más vulnerables y mencionó los recursos destinados a La Guajira: “No se robaron los recursos públicos de un caca en Bogotá, se robaron los recursos públicos de gente humilde en La Guajira”, afirmó.“Nadie va a ganar en primera vuelta”: la apuesta electoral de Claudia LópezSobre el panorama electoral, López insistió en que la elección presidencial se definirá en segunda vuelta y pidió a los ciudadanos votar por la candidatura que mejor los represente desde la primera ronda.La candidata comparó la elección presidencial con un campeonato de fútbol y llamó a los votantes a respaldar desde ya a su “equipo”: “Usted va por su equipo, por el que lo convence, lo representa, lo enamora, lo inspira”, expresó.Las tres primeras decisiones que tomaría Claudia López como presidentaFinalmente, López detalló cuáles serían sus prioridades en caso de llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. La candidata propuso crear un fondo de rescate para el sistema de salud, impulsar una reforma judicial contra la impunidad y reducir las tarifas de energía en la región Caribe mediante regalías.“Voy a llegar con un fondo de rescate que desde el día uno empiece a entregar los medicamentos”, explicó sobre su propuesta para el sector salud. También anunció una reforma orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y combatir estructuras criminales.En materia energética, propuso utilizar regalías regionales para disminuir el costo de las tarifas en la Costa Caribe.“Le bajaría un 30% la tarifa a la gente del Caribe”, aseguró López.
En la última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, antes de la primera vuelta presidencial, realizada este lunes en el Centro de Convenciones Las Américas de Cartagena, la candidata presidencial Claudia López anunció acciones legales contra el presidente Gustavo Petro, a quien señaló de intervenir en el proceso electoral y afectar las garantías democráticas de su campaña.Durante su intervención, López aseguró que presentó una denuncia formal penal y disciplinaria por presunto abuso de poder, indebida participación en política y violencia política desde el Gobierno nacional contra su candidatura. Además, informó que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que calificó como una “intervención sistemática” contra su aspiración presidencial.“El proceso electoral del domingo no fracasará por los grupos armados ni por la Registraduría. Los votos se van a contar sin fraude, gracias a la Registraduría. La mayoría de los colombianos podrá votar sin constreñimiento armado. El mayor causante de falta de garantías en la democracia colombiana es el señor presidente de la República. Él es el mayor factor perturbador de este proceso”, afirmó.Respuesta del Gobierno a LópezFrente a estas acusaciones, el ministro del Interior, Armando Benedetti, negó que exista participación en política por parte del presidente Petro y aseguró que las declaraciones del mandatario corresponden a opiniones políticas.“Es la primera vez que la comisión recibe esta denuncia, por eso no sé si se pueda hablar de sistemática. Lo que usted encuentra ahí es que no hay constreñimiento al voto al insinuar que haya plata o por autoridad o mando; lo que hay son análisis políticos del presidente”, dijo.A esta Comisión Nacional de Seguimiento Electoral asisten representantes de partidos políticos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría, así como delegados de los ministerios del Interior y Defensa, entre otras entidades encargadas de vigilar las garantías del proceso electoral.
La ex primera dama Verónica Alcocer celebró la decisión de la Fiscalía de citar a declarar a Eva Ferrer, luego de la revelación de Blu Radio sobre esta actuación dentro de la indagación por los señalamientos de un supuesto transporte de drogas, armas y dinero durante un viaje oficial a Venezuela.Tras conocerse la citación, la defensa de Alcocer solicitó formalmente acceso a la investigación y garantías para ejercer sus derechos. Los abogados también confirmaron que ya radicaron el poder y un memorial ante el ente investigador para ponerse a disposición de las autoridades y aportar la información que han recopilado sobre las acusaciones.En un comunicado divulgado este 11 de noviembre, la defensa aseguró que desde el momento en que se conocieron públicamente los señalamientos de Eva Ferrer, su representada manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos.La defensa de la exesposa de Gustavo Petro además dijo que tuvieron dificultades para conocer qué dependencia de la Fiscalía estaba a cargo de la indagación.De acuerdo con el comunicado, el pasado 13 de octubre solicitaron información a la fiscal general y al vicefiscal general sobre el despacho que investigaba los hechos. Sin embargo, aseguran que, después de vencerse el término para recibir una respuesta, tuvieron que insistir y las comunicaciones recibidas los remitieron a otras dependencias sin identificar la actuación.La defensa sostuvo que solo este miércoles, gracias a la información divulgada por Ricardo Ospina y BLU Radio, logró conocer cuál despacho adelanta la investigación.Los abogados señalaron que, aunque consideran que las acusaciones son de oídas y que han sido controvertidas por su supuesta fuente, deben ser investigadas debido a la gravedad de lo denunciado y a las implicaciones que tendría para la imagen del país.Los representantes de Alcocer afirmaron que su propósito durante esta etapa de indagación es demostrar que los hechos atribuidos a su defendida nunca ocurrieron.Además, anticiparon que, una vez se esclarezca la falsedad de las imputaciones, ejercerán acciones penales y civiles para solicitar sanciones y la reparación de los daños contra quienes hayan formulado y difundido los señalamientos.Por su parte, Verónica Alcocer se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde compartió el comunicado y aseguró que desde el primer momento ha manifestado su disposición a comparecer y esclarecer los hechos.“Mi abogado ya radicó el poder y solicitó las garantías para ejercer mi defensa. Pido respeto por el debido proceso y mi presunción de inocencia”, escribió.
Un aparatoso accidente de tránsito quedó registrado en video luego de que un camión que transitaba por una carretera aparentemente mojada invadiera el carril contrario y chocara de frente contra un vehículo particular. El accidente ocurrió en Rumania, país del continente europeo. En la grabación, captada por una cámara ubicada en el sector, se observa cómo el vehículo de carga avanza por la vía hasta que, en cuestión de segundos, pierde el control y termina atravesándose en el sentido contrario de circulación.En ese momento, un automóvil que se desplazaba por su respectivo carril queda directamente en la trayectoria del camión. El conductor del vehículo particular aparentemente no tuvo suficiente margen de maniobra para evitar la colisión, por lo que ambos automotores terminaron impactándose de frente.La situación se complicó todavía más cuando un segundo camión también terminó involucrado en el siniestro. Este vehículo chocó contra el primero, lo que provocó una especie de carambola y aumentó la magnitud del accidente.¿Qué habría provocado el accidente?Aunque todavía no existe una explicación oficial sobre las causas del choque, entre las primeras hipótesis se encuentra la posibilidad de que el conductor del camión hubiera perdido el control debido a las condiciones de la carretera.En las imágenes se aprecia que el asfalto estaba mojado, una circunstancia que puede reducir la adherencia de los neumáticos y dificultar las maniobras de frenado, especialmente cuando se trata de vehículos de carga. Esta condición, sumada a una eventual falla mecánica, podría haber contribuido a que el conductor terminara invadiendo el carril contrario.Sin embargo, por ahora no se ha confirmado si el accidente estuvo relacionado con un problema técnico del camión, las condiciones climáticas o algún otro factor. Las circunstancias exactas deberán ser establecidas por las autoridades competentes.Otro de los aspectos que permanece sin esclarecer es la condición de las personas que viajaban en los vehículos involucrados. Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre posibles personas lesionadas o víctimas mortales como consecuencia del fuerte impacto.
Más de 10.000 habitantes del municipio de Peque, en el Occidente antioqueño, enfrentan una compleja situación de conectividad y abastecimiento tras el colapso del puente ubicado en la vereda Guayabal, en el corredor que conecta a esta localidad con Uramita.La caída de la estructura ha encendido las alarmas en el sector agropecuario y comercial, debido a la interrupción en el tránsito de los camiones de carga pesada que ingresan víveres y transportan los productos agrícolas de la región.De acuerdo con el balance entregado por el alcalde de Peque, Ermilson de Jesús Hernández, semanalmente por este tramo circulan entre 7 y 8 camiones con capacidades de 16 a 20 toneladas de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria del municipio.Asimismo, la interrupción del paso detuvo la salida de cosechas clave para la economía local, principalmente de café y plátano, las cuales son comercializadas desde el sector rural hacia otras zonas del departamento."Cada días entran de siete a ocho camiones por ahí de 16 a 20 toneladas de alimentos para la población. Y también sacan el producto principal que es el café. Los camiones entran con víveres y salen con productos que cultivan los campesinos, como es el café, como es el plátano", sostuvo el funcionario.Ante la situación, una delegación de la Gobernación de Antioquia en cabeza del secretario de Infraestructura, Sebastián Castaño, visitó la zona para analizar la las afectaciones y definir las medidas que en los próximos días se implementarán para garantizar el tránsito de pasajeros y carga por la zona, así como las obras que se requieren para reconstruir el puente colapsado.
El Metro de Medellín habilitó una nueva alternativa de ingreso al sistema mediante pagos abiertos, una tecnología que permitirá a los usuarios acceder directamente con tarjetas débito y crédito.La nueva modalidad comenzó a operar en las líneas A y B, donde las personas pueden acercar sus tarjetas bancarias Visa o Mastercard a los validadores habilitados para pagar el viaje, sin necesidad de realizar pasos adicionales antes de ingresar. También es posible utilizar tarjetas digitales registradas en tiendas de aplicaciones, desde teléfonos celulares y relojes inteligentes.La nueva modalidad está especialmente dirigida a visitantes, usuarios eventuales y personas que no cuentan con una tarjeta Cívica. Sin embargo, según detalló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la alternativa también beneficiará a la compañía."Esa innovación tecnológica va a ser muy benéfica para todos los usuarios del sistema. Va a significar ahorro en tiempo, va a significar ahorro en costos operativos también para la misma empresa", afirmó el mandatario regional.La implementación inicial contempló un validador habilitado por acceso en las líneas A y B. Posteriormente, la alternativa se extenderá progresivamente a los demás modos de transporte, incluidos Metrocables, tranvía y buses, como parte de la modernización del sistema de recaudo Cívica.De acuerdo con el gobernador Rendón, la implementación de esta modalidad de pago ya ha dado frutos en otros países que esperan también se presenten en el sistema que conecta de norte a sur el Valle de Aburrá, con la atracción de más usuarios."En otros países, cuando se ha implementado la metodología de pagos abiertos, ha crecido la demanda. Así que nosotros vemos con mucha ilusión esto, no solo por la innovación que representa, sino también porque le vamos a quitar a otros medios de transporte usuarios que vamos a ganar acá", añadió el gobernador Rendón.Por otra parte, Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, señaló que la nueva modalidad "hace que el acceso sea sin barreras, un acceso que no requiere hacer filas para la recarga, que puede generar una mayor fluidez y convertir al sistema de transporte en una solución todavía más atractiva para poderse movilizar ahorrando tiempo en los desplazamientos".El proyecto contempla la instalación de más de 3.000 validadores y permitirá ampliar las posibilidades de ingreso a la red de transporte. En las siguientes fases también se habilitarán los pagos abiertos en las demás líneas, así como en rutas integradas e intermunicipales que utilizan el sistema de recaudo Cívica.
A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, su implementación y los resultados en los territorios fueron el centro de un debate de control político en las comisiones de Paz y Posconflicto. Durante la discusión de este miércoles 11 de noviembre se escucharon cuestionamientos sobre la inversión en las regiones más afectadas por el conflicto, las garantías para los firmantes y el impacto de lo pactado con las antiguas FARC.La intervención por parte del gobierno fue hecha por la alta comisionada de Paz, Viviane Morales, quien planteó lo que denominó la “paradoja de los PDET”. Según explicó, aunque la pobreza ha disminuido a un ritmo mayor en estos territorios que en otras regiones del país, ese avance no se ha traducido en mejores condiciones de seguridad ni en una garantía efectiva de los derechos de las comunidades.Morales señaló que, de los cuatro criterios que justificaron la intervención estatal en los territorios PDET, que son la reducción de la pobreza, la afectación por el conflicto, la debilidad institucional y la presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilegales, el único que muestra resultados es el primero, pese a una inversión de 170 billones de pesos.La funcionaria advirtió que tras diez años de la firma del acuerdo, todavía persisten la violencia, la expansión de los cultivos ilícitos y la presencia de organizaciones armadas, que someten a las comunidades a situaciones de confinamiento, desplazamiento y reclutamiento de menores.“Si estamos para cumplir lo que nos corresponde constitucionalmente cumplir. ¿Pero qué implica el principio de progresividad? El principio de progresividad significa avanzar en el cumplimiento y el de no regresividad, no retroceder en los avances. ¿Me pregunto en dónde estamos en el acuerdo? Como usted podrá ver, de las muchas respuestas que dieron las instituciones, hay mucha incongruencia e incoherencia en los indicadores del cumplimiento del acuerdo”, dijo la comisionada.Frente a esto, el representante Daniel Monroy, del Pacto Histórico, cuestionó la política del Gobierno de Abelardo De La Espriella frente a la implementación del Acuerdo. Aseguró que no existe una hoja de ruta clara y alertó sobre el impacto de los recortes presupuestales en los procesos de reincorporación.“Se han generado resultados exitosos en materia de sustitución de cultivos y eso tampoco está acá. Yo sí quisiera que por parte del Gobierno nacional le dijeran al país cuál va a ser la hoja de ruta y cómo recortando el presupuesto del proceso de paz le van a cumplir a los firmantes, a las víctimas y a la sociedad en general”, señaló.Monroy aseguró que hay un bloqueo de 53.000 millones de pesos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, destinados a proyectos productivos de quienes dejaron las armas. También advirtió que estas decisiones pueden afectar a cerca de 11.000 firmantes que, según indicó, continúan comprometidos con el proceso.El congresista criticó, además, la posibilidad de recurrir a las fumigaciones para enfrentar los cultivos ilícitos, en lugar de fortalecer los programas de sustitución.En una posición contraria, se encuentra el representante Enrique Gómez de Salvación Nacional, quien calificó de “farsa” el debate sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz y sostuvo que las antiguas FARC sí habrían conseguido varios de sus objetivos con lo pactado en La Habana.“Es una farsa. Porque los objetivos de la paz de La Habana, de los acuerdos, claro que se han cumplido. Si las FARC quería expandir la frontera de la coca, lo ha logrado con 320 mil hectáreas. Si las Farc quería impunidad para sus crímenes de guerra horrendos, claro que la ha tenido a través de la JEP. Si las Farc quería con los Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación crear corredores para alimentar enclaves cocaleros, claro que lo ha logrado”, dijo.Gómez cuestionó los resultados de la JEP, el crecimiento de los cultivos de coca y la expansión de los grupos armados. También aseguró que estas estructuras tienen presencia en 480 municipios y que, desde 2016, se han registrado 2,7 millones de nuevas víctimas en el país.Debido a la falta de tiempo para el desarrollo del debate, la sesión se levantó y fue citada nuevamente para el próximo 25 de noviembre, en donde se esperan las intervenciones de los otros representantes del gobierno citados al encuentro.