La Defensoría del Pueblo advirtió que la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad política “no constituyen, por sí mismas, razones que justifiquen el ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios”.
El pronunciamiento se dio luego de que el Gobierno nacional anunciara la creación de un protocolo para regular la actuación de las autoridades en las universidades.
Según la entidad, ese protocolo debe garantizar al mismo tiempo la autonomía universitaria, el derecho a la protesta y la protección de los derechos de todas las personas. Frente a la intención del Gobierno de diferenciar las manifestaciones legítimas de situaciones como violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, la Defensoría señaló que esa distinción es fundamental y debe orientar cualquier intervención.
El organismo recordó que la autonomía universitaria, establecida en el artículo 69 de la Constitución, “no significa extraterritorialidad”. Es decir, las universidades no están por fuera de la Constitución o la ley ni de las actuaciones legítimas de las autoridades. Sin embargo, esta autonomía protege la capacidad de las instituciones para autorregularse, garantizar la libertad académica y evitar interferencias indebidas, por lo que cualquier intervención estatal debe estar debidamente justificada.
La Defensoría explicó que existen circunstancias excepcionales en las que la Fuerza Pública puede ingresar a una universidad, como los casos de flagrancia, en los que, como regla general, no se requiere autorización previa de las autoridades universitarias. Aun así, aclaró que ninguna de estas situaciones permite actuaciones ilimitadas, pues toda intervención debe tener un fundamento jurídico y cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La entidad también pidió evitar que la protesta o la inconformidad sean equiparadas con hechos violentos o delictivos. Si algunas personas incurren en conductas de este tipo, la respuesta de las autoridades debe dirigirse específicamente a quienes las cometen y no convertirse en una intervención indiscriminada contra estudiantes, docentes, trabajadores u otros integrantes de la comunidad universitaria.
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En estos escenarios, la Defensoría considera que el diálogo, la mediación y la persuasión deben tener un papel central, mientras que el uso de la fuerza debe ser excepcional y diferenciado según el riesgo.
Finalmente, la Defensoría pidió que el protocolo sea construido mediante un proceso participativo, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641 de 2020. El documento, según la entidad, debe definir con claridad cuándo pueden intervenir las autoridades, cuáles son sus responsabilidades, cómo deben coordinarse con las universidades y qué garantías existen para prevenir abusos.
La entidad reiteró que proteger la autonomía universitaria no significa tolerar delitos, pero garantizar el orden público tampoco puede implicar restricciones indebidas a la protesta pacífica.