Luego de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogara por unanimidad el mandato de la Misión de Verificación, la Defensoría acompañó la decisión. Sin embargo, destacó que la exclusión de la Reforma Rural Integral de las funciones de verificación de la Misión, correspondiente al punto uno del Acuerdo Final de Paz, obliga a la institucionalidad colombiana a redoblar esfuerzos para supervisar su cumplimiento.
Por esa razón, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las instituciones refuercen sus capacidades de seguimiento mediante mecanismos públicos e independientes, garanticen el cumplimiento de estos compromisos y aseguren la participación efectiva de las comunidades rurales en las decisiones que afectan sus territorios.
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La Defensoría recordó que la Reforma Rural Integral es uno de los componentes fundamentales del Acuerdo de Paz y está relacionada con el acceso a la tierra, la garantía de los derechos de las comunidades campesinas y étnicas y la reducción de las desigualdades entre los territorios.
Además, señaló que avanzar en estos compromisos es necesario para garantizar condiciones de seguridad y construir una paz sostenible en las regiones afectadas por la violencia.
Por eso, insistió en que las transformaciones sociales y económicas previstas en el acuerdo deben avanzar junto con las garantías de seguridad en los territorios.
La entidad también recordó que los cambios en el mandato de la Misión de Verificación no modifican las obligaciones constitucionales del Estado colombiano frente a la implementación integral del Acuerdo de Paz. Y señaló que estos compromisos deben mantenerse como una prioridad para todas las instituciones, independientemente de los cambios de Gobierno.