A 12 días de la primera vuelta presidencial, la fundación Paz y Reconciliación denunció la existencia de una supuesta red mafiosa al interior de la Registraduría, la cual se encargaría de vender paquetes electorales para empujar candidatos.
Según los investigadores, la estructura ilegal habría quedado en evidencia en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo.
Empresas ficticias que ponen hasta 60 jurados de votación, actas generales de los escrutinios en las que no se justifica la aparición de votos y la existencia de una red al interior de la Registraduría que presuntamente se encarga de vender los millonarios paquetes para favorecer a determinados candidatos, son parte de las denuncias que hizo públicas la Fundación, tras una investigación realizada con la ONG Fescol.
El subdirector de Pares, Ariel Ávila, entregó detalles sobre cómo opera esta presunta estructura mafiosa. Dijo que ese colchón electoral, como lo llaman los políticos, puede valer entre 1.600 hasta 2.500 millones de pesos y “lo que hace es garantizarle un número mínimo de votos en caso que le haga falta para entrar a acceder a una curul”.
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Ávila explicó que las alertas están encendidas en varias regiones del país, principalmente la Costa Atlántica, Cúcuta y el Área Metropolitana de Cali.
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Por su parte, León Valencia, director de la Fundación, dio algunas pistas sobre quiénes integran esta red. “Hay indicios claros de fraude organizado por funcionarios, ex funcionarios, abogados que tienen este oficio y obtienen ganancias enormes con este tráfico al interior de la Registraduría”, afirmó.
En el informe titulado “Cómo opera la corrupción electoral en Colombia”, Ávila y Valencia revelan varios casos que dejarían en evidencia que en los comicios del 11 de marzo hubo un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10% y 20% del Congreso de la República.
Dentro de las graves denuncias aparece una según la cual jurados no acreditados llegan con antelación a las mesas de votación, los legitiman en ese momento y terminan ocupando el espacio de los designados oficialmente, sin que aparentemente haya consecuencia alguna.
Los investigadores pidieron a la Registraduría pronunciarse sobre el tema y revelar la carta de renuncia de Asdrubal Zapata, jefe de Gestión Electoral, tras la polémica con el logo de la campaña de Gustavo Petro.
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Fuentes de la Registraduría señalaron que la entidad pondrá en conocimiento de las autoridades estos hechos para que se investiguen.
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