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El ELN le pone peros a un eventual desarme de cara a un proceso de paz

En un comunicado de cuatro puntos enviado a la Conferencia Episcopal Colombiana, la guerrilla del ELN escribe que el desarme no puede ser una acción única,...

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sino que debe complementarse con acciones del Estado.

 

La semana pasada, la Conferencia Episcopal había pedido a esa guerrilla un desarme y la liberación de todos los secuestrados para comenzar un proceso de paz con el Gobierno.

 

Copia textual del comunicado enviado por el Ejército de Liberación Nacional:

 

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Señores obispos reunidos en la Conferencia Episcopal.

 

Un cordial saludo de parte del Ejército de Liberación Nacional y les deseamos éxitos en sus actividades.

 

Esta carta abierta la motiva valoraciones recientes hechas por su representante a los medios de comunicación haciendo un llamado al desarme de la guerrilla como elemento condicionante para lograr la paz de nuestra patria.

 

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Abrimos esta misiva afirmando que consideramos desafortunado dicho comentario, al que se sumó otro, igualmente desafortunado, planteándole a la insurgencia que desistiera de propuestas de reforma al sistema de tenencia de la tierra, al modelo democrático y de una reforma a las fuerzas armadas.

 

Dichos comentarios evidencian que la jerarquía católica desasocia la paz con la lucha por la justicia social, dónde éste último queda nuevamente postergado.

 

La postura de la jerarquía eclesiástica demuestra su total sintonía con el discurso de la clase dominante, al reproducir una mirada carente de visión histórica o crítica de la realidad nacional.

 

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El llamado al desarme de la guerrilla desconoce cuatro factores decisivos en el conflicto armado que vive Colombia, que son determinantes para alcanzar una paz duradera.

 

1- Plantear que  el desarme de la guerrilla logra la paz desconoce que en Colombia se vive una guerra en la cual hay al menos dos contendientes: la insurgencia y el Estado. Hay armas y ejércitos de lado y lado. Si los llamados que hace la iglesia católica por la terminación del conflicto armado son auténticos, hay que partir del hecho que a ambos contendientes de la guerra les corresponde ceder y hacer concesiones y de esa manera llegar a acuerdos. El futuro de las gigantescas fuerzas armadas construidas por el Estado, con medio millón de efectivos, bajo el pretexto del combate a las guerrillas, requiere mucha reflexión y debate de la sociedad colombiana en su conjunto. Hay grandes interrogantes al respecto. Ante una eventual firma de la paz entre el gobierno y la guerrilla ¿Se mantendrán intactas las fuerzas armadas, como lo han afirmado los voceros oficiales del gobierno? ¿Se mantendrá intacta la doctrina militar del “enemigo interno”?

 

2- El planteamiento del desarme de las guerrillas desconoce que la guerra tiene hondas raíces históricas y estructurales que se reflejan, entre otras cosas, en la inmensa desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana. Camilo Torres, hace cinco décadas, planteó, como resultado de sus investigaciones sociológicas, que la violencia en Colombia era resultado de una lógica institucional, perpetuadora de la concentración de poder y la exclusión política.  Es nuestra convicción, al igual que de muchos analistas y científicos sociales, que con el paso de los años esta situación se ha agudizado. El binomio entre las instituciones del Estado y el narco-paramilitarismo es una muestra fehaciente de ello.

 

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3 - Los amigos del desarme de las guerrillas desconocen que la paz es un asunto que le compete, de manera protagónica, al conjunto de la sociedad colombiana, en particular a aquellos sectores sociales que han sido sistemáticamente excluidos del poder y de la toma de decisiones. Es decir, si bien la guerra tiene dos contendientes en la confrontación bélica, la construcción de la paz implica la participación decisoria de muchos otros sujetos sociales y políticos, quienes comprenden además, que la paz no es sinónimo del silenciamiento de los fusiles, sino resultado de grandes reformas que han sido negadas durante más de medio siglo.

 

4- La posibilidad de hacer política sin armas implica, necesariamente, un sistema de garantías políticas donde la oposición no sea estigmatizada, criminalizada, judicializada, perseguida y sujeta a la represión violenta del Estado. Dicho en otros términos, no se le puede continuar dando un tratamiento de guerra a la movilización ni a la oposición política.
El paro campesino del Catatumbo es una contundente prueba de las posibilidades reales que existen para hacer oposición política legal y pacífica en Colombia.
El alzamiento en armas, señores obispos, es consecuencia, según importantes investigaciones sociológicas, y no causa del conflicto social y armado que hemos tenido que soportar hace más de 50 años.

 

La invitación del ELN y las FARC es a un gran diálogo nacional que permita darle solución a esas causas estructurales, a construir colectiva y democráticamente las propuestas de las grandes reformas que necesita nuestra patria para poder vivir y prosperar sin la guerra.

 

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En ese sentido, creemos que las posturas y pronunciamientos hechos por los representantes de la Conferencia Episcopal, antes ampliar los caminos hacia la paz, reproducen los planteamientos que históricamente la han imposibilitado.

 

Quien se proponga aportar de manera sensata a la paz de Colombia, no puede soslayar ni desconocer las causas que originaron el terrible conflicto social y armado que estamos padeciendo.

 

El presidente Santos anunció el 3 de julio un eventual inicio de proceso de paz con ELN. Explicó que ese proceso puede ser factible siempre y cuando esa guerrilla libere al ciudadano canadiense Jernoc Wobert, de 47 años, el cual está secuestrado desde el 18 de enero, apresado en Norosí, Bolívar junto a dos peruanos y tres colombianos, ya liberados.

 

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El 5 de julio, luego de la liberación del cabo Fabián Huertas, la guerrilla del ELN hizo un llamado para iniciar conversaciones "sin condiciones" con el Gobierno por lo que el presidente Juan Manuel Santos respondió que el grupo guerrillero debe dejar los ataques al pueblo, liberar lo secuestrados y renunciar a las armas para llegar a un acuerdo de la terminación del conflicto. En caso de darse el proceso debe ser en mesa separada de las Farc, señaló.

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