La Federación Nacional de Departamentos (FND) propuso abrir un diálogo técnico e institucional con el Gobierno nacional, el Congreso de la República y los gobiernos territoriales para revisar y actualizar el sistema con el que se establecen las categorías presupuestales de departamentos y municipios.
La FND señala que la metodología vigente, basada principalmente en la población y los ingresos corrientes, no refleja de manera suficiente las capacidades, necesidades y características de los territorios. Esta misma situación había sido advertida por la Misión de Descentralización.
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La federación también planteó modificar el modelo en el proyecto de ley de competencias y en su libro blanco. Su propuesta consiste en incorporar las capacidades y particularidades de cada territorio para mejorar la prestación de servicios sociales y contribuir a su competitividad y desarrollo.
“Después de más de 25 años, consideramos oportuno evaluar, mediante un diálogo constructivo, si su metodología sigue siendo la más adecuada para medir las capacidades fiscales de departamentos con realidades muy diferentes. El propósito es preservar la disciplina fiscal y lograr que la medición refleje con mayor precisión el desempeño de cada territorio”, señaló el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, quien resalta que, a pesar de su observación, la Ley 617 ha cumplido una función importante en la consolidación de la responsabilidad fiscal territorial.
El salario mínimo cambia los umbrales en pesos
La discusión cobra especial importancia por el efecto que tendrá el aumento del salario mínimo en la clasificación de los departamentos. Los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) recaudados durante 2026 serán utilizados para determinar la categoría que regirá posteriormente, de acuerdo con la metodología vigente, explica la FND.
Aunque la Ley 617 de 2000 mantiene los mismos rangos expresados en salarios mínimos, el aumento del SMLMV modifica automáticamente su equivalencia en pesos. Recordemos que en 2026, el salario mínimo pasó de 1.423.500 pesos a $1.750.905, un incremento del 23 %.
Por ejemplo, para permanecer en primera categoría por el criterio de ingresos, la referencia legal es de 170.001 salarios mínimos. Con el salario de 2025, ese umbral equivalía aproximadamente a $241.996 millones. En 2026, pasó a cerca de $297.656 millones, una diferencia de alrededor de $55.659 millones.
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El efecto también se presenta en las demás categorías. El límite de referencia para la categoría especial supera ahora $1,05 billones; el de segunda categoría se acerca a $213.612 millones y el de tercera supera los $105.056 millones.
Mayor recaudo no necesariamente conserva la categoría
La FND advierte que un departamento puede aumentar sus ingresos en pesos y, aun así, reducir su equivalencia en salarios mínimos si el crecimiento de sus ICLD es inferior al aumento del SMLMV.
Con un incremento del recaudo del 10 %, frente a un aumento del salario mínimo del 23 %, la equivalencia de los ingresos en salarios mínimos disminuiría aproximadamente 10,57 %. Si los ingresos corrientes de libre destinación crecieran 15 %, la reducción sería cercana al 6,50 %. Incluso con un aumento del 20 %, la equivalencia bajaría alrededor de 2,44 %, detalla el análisis de la FND.
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Según la Federación, esto significa que un territorio podría cambiar de categoría pese a incrementar su recaudo, cumplir los límites de funcionamiento y mantener una gestión fiscal responsable.
Tavera agregó que el objetivo de la revisión es mantener la disciplina fiscal y, al mismo tiempo, lograr que la medición refleje de manera más precisa el desempeño y las condiciones de cada territorio.