Gobierno insiste en formalización de mineros: aclara que seguirá combatiendo la extracción ilegal
Entre 2023 y 2024 se identificaron 3.182 personas interesadas en formalizar su actividad minera en el bajo Cauca antioqueño, según este comunicado.
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El Gobierno Nacional reiteró su respaldo a los procesos de formalización de los mineros de pequeña escala, tradicionales y de subsistencia, especialmente en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, donde esta actividad representa una fuente de sustento para miles de familias.
A través de un comunicado conjunto, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio del Interior de Colombia y el Ministerio de Defensa de Colombia señalaron que el país actualmente enfrenta el reto de avanzar en la legalización de la minería artesanal, mientras se mantiene la lucha contra la extracción ilegal de minerales.
Según las cifras entregadas por el Gobierno, entre 2023 y 2024 se identificaron 3.182 personas interesadas en formalizar su actividad minera en esta subregión. De ese total, 2.242 mineros ya han sido formalizados mediante 32 instrumentos creados para facilitar este proceso.
Sin embargo, las autoridades indicaron que 567 de estas personas desarrollaban actividades en zonas ambientalmente restringidas, excluibles o en áreas tituladas, por lo que se el gobierno les ofreció la posibilidad de acceder a programas de reconversión productiva.
En el comunicado, también destacaron las acciones contra la minería ilegal. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en lo corrido de 2026 se han adelantado siete operativos que permitieron inhabilitar 22 dragas utilizadas en la extracción ilegal de minerales, una actividad que, según las autoridades, también puede estar asociada a otros delitos y hechos de violencia en las regiones.
Finalmente, las entidades reiteraron su disposición al diálogo con las comunidades mineras, alcaldías y gobernaciones, siempre y cuando las protestas se desarrollen de manera pacífica. Además, señalaron que continuarán avanzando en la construcción de un distrito minero y en planes de gestión territorial que permitan fortalecer una minería legal que contribuya al desarrollo de las regiones y a la protección del medio ambiente.