Gobierno pide a Fiscalía tramitar extradición de jefes del ELN en Cuba

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, pidió a la Fiscalía que inicie el trámite para conseguir la extradición de parte de la cúpula de la guerrilla del ELN que está en Cuba para que responda por el ataque terrorista contra la escuela de Policía en Bogotá que dejó 22 cadetes muertos.

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En una carta dirigida al fiscal general encargado, Fabio Espitia, Ceballos pide ese procedimiento en contra de cuatro miembros del ELN, entre ellos su jefe máximo, Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’, y el líder del equipo negociador de paz de esa guerrilla, Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’.

Los otros dos incluidos en la solicitud de extradición son Luz Amanda Pallares, alias ‘Silvana’ o ‘Ana María’, quien también hizo parte de las frustradas negociaciones de paz, y Juan de Dios Lizarazo, alias ‘David Piñata’.

Según la carta, éstos "se encuentran actualmente en la República de Cuba", sede de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y ELN, congelados desde agosto pasado, cuando asumió el presidente Iván Duque.

Ceballos recuerda que contra los cuatro "cursan órdenes de captura" por varios delitos relacionados con el atentado del pasado 17 de enero contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, que dejó 22 muertos, entre ellos una ecuatoriana que se formaba en ese centro, y 66 heridos.

Por ello, el comisionado de Paz pide al fiscal encargado "que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, se activen los mecanismos pertinentes para tramitar la extradición" de los cuatro señalados integrantes del ELN.

El anterior Gobierno y el ELN iniciaron en febrero de 2017 en Quito unas negociaciones de paz que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana, donde la última ronda de diálogos concluyó sin avances a principios de agosto.

Las conversaciones quedaron en suspenso desde entonces por la exigencia del Gobierno de Duque al ELN de que libere a todos los secuestrados que tiene en su poder y renuncie a esa y todas sus actividades criminales.

Tras el atentado, el Gobierno pidió a Cuba la entrega de los negociadores que están en La Habana, pero la isla invocó protocolos diplomáticos para no acatar esa solicitud.