Hasta con drones y analítica de datos se va a hacer la actualización del catastro en Colombia para sacar adelante la reforma agraria, incluso en terrenos donde hay minas antipersona y actores armados, según explicó el director del Instituto Geográfico Agustin Codazzi a Blu Radio.
La reforma agraria es uno de los programas bandera del gobierno de Gustavo Petro. De hecho, la gran polémica del Gobierno esta semana fue un discurso del presidente durante una entrega de tierras a campesinos en la que el primer mandatario acusó al Grupo Argos de haberse beneficado de las masacres en los Montes de María comprando tierra barata.
Aunque actualizar el catastro en todo el país fue uno de los puntos del acuerdo de paz con las Farc, hoy apenas el 9.4 % está actualizado. Esto quiere decir que en la mayor parte del país, especialmente en las zonas rurales, se está pagando mucho menos impuesto predial del que se debería.
El Igac está listo para arrancar este mismo año con la actualización masiva del catastro en 128 municipios priorizados. Allí estarán incluidos los ‘núcleos de la reforma agraria’, pero también se incluirán zonas en el ‘arco’ de deforestación y algunas zonas urbanas que necesitan actualización.
“Hay zonas en donde no vamos a poder entrar, pero estamos haciendo uso de la tecnología satelital, de drones, de nuestro avión o de otras flotillas de aviones que nos permitan conocer el territorio desde arriba. Estamos haciendo un uso intensivo, a través de un proceso de gestión del conocimiento e información aplicada desde el instituto, de información de fuentes secundarias haciendo analítica de datos. Cuando vamos a un territorio sabemos a qué nos vamos a enfrentar, sabemos dónde ha habido temas de desaparecidos, dónde hay minas antipersonales, dónde hay conflictividades en el territorio”, explicó Marulanda.
Este uso de métodos indirectos es una de las herramientas incluidas en la nueva reglamentación del catastro multipropósito. El Gobierno también podrá apoyarse en las comunidades (especialmente indígenas y afro) para la actualización. La regulación apunta a que el nuevo catastro no solo va a decir cuánto vale la tierra, sino para qué sirve, si está produciendo o no, si está ocupada, si tiene problemas jurídicos y si hay ‘interesados’ en ella. Esto último constituiría una ‘revolución’ a la hora de comprar tierra en el país.
“La información catastral empieza a dar información vital para poder saber qué tierra se compra, dónde se compra, cuál es el valor que se debe pagar por esa tierra para poder hacer estos procesos de reforma agraria”, agregó Marulanda.
El Igac tiene ya varios procesos de licitación en marcha para ponerle el acelerador al catastro, pero en muchos casos hará la actualización directamente ejecutando los recursos del presupuesto nacional y de la cooperación internacional.
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