El abogado Jaime Granados, en representación de la familia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, radicó un escrito de impugnación contra el fallo que negó una tutela presentada por los hijos del coronel, en relación con la serie Palacio, estrenada por Netflix el 6 de noviembre de 2026.
La acción busca que los espectadores conozcan la verdad judicial sobre el oficial y que se protejan los derechos fundamentales de su familia.
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La producción, compuesta por ocho episodios, aborda la toma del Palacio de Justicia por parte de integrantes de la guerrilla del M-19. Antes de su estreno, Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega interpusieron una tutela contra Dynamo Producciones y Netflix.
El caso fue estudiado por el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá, que el 4 de noviembre declaró improcedente la acción. Los demandantes solicitaban que la plataforma incluyera advertencias para aclarar que se trataba de una obra de ficción y que se mencionara la absolución de su padre por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2015.
En su decisión, el juez consideró que los reclamos se fundamentaban en conjeturas y especulaciones, debido a que la serie todavía no se había estrenado en su totalidad cuando se presentó la tutela.
Ahora, con la serie disponible en Netflix, Granados afirma que las circunstancias que llevaron al juez a negar la tutela cambiaron, porque el contenido ya puede ser examinado directamente.
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En el escrito señala que uno de los principales argumentos del fallo impugnado fue que la producción no había sido exhibida y que, por tanto, las posibles afectaciones permanecían en el terreno de la conjetura.
Sin embargo, afirma que el estreno convirtió esas preocupaciones en hechos verificables. Por esa razón, solicita al juez de segunda instancia examinar lo que la serie presenta sobre el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.
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Granados sostiene que la producción muestra al oficial como una persona que dispara contra el Palacio de Justicia, avala torturas y es condenada por desaparición forzada, pese a que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.
En la impugnación, el abogado expone cinco derechos fundamentales que considera afectados por la manera en que se representa al coronel retirado y por las consecuencias que esa narración tendría sobre sus familiares.
Sobre el derecho a la honra, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política, Granados argumenta que presentar al padre de sus representados ante millones de espectadores como responsable de disparar contra el Palacio, avalar torturas y participar en desapariciones afecta la estimación social de sus hijos, quienes llevan su apellido y son identificados públicamente con él.
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En cuanto al buen nombre, invocando el artículo 15 de la Constitución, sostiene que la reputación de los hijos de Plazas Vega queda comprometida al asociar a su familia con crímenes que, según argumenta, la justicia no atribuyó a su padre. También cuestiona que la serie involucre en la trama a la madre y al suegro de sus representados, identificados con sus nombres reales.
Frente al derecho a la presunción de inocencia, el abogado recuerda que el artículo 29 constitucional establece que toda persona debe presumirse inocente mientras no exista una declaración judicial de culpabilidad. En este caso, afirma que no se trata únicamente de una presunción, sino de una absolución en firme. Por ello, considera que atribuirle al coronel retirado desapariciones por las cuales fue absuelto desconoce esa garantía y afecta su reputación ante la opinión pública.
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También le suma el derecho a la dignidad humana, porque, con base en el artículo 1 de la Constitución, explica que sus representados han tenido que afrontar nuevamente el señalamiento público contra su padre, después de acompañarlo durante más de ocho años de privación de la libertad y de conocer posteriormente su absolución.
A todas esas claridades les añade la verdad y la memoria histórica en su dimensión individual. La impugnación también cita la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional. Según la interpretación expuesta por el abogado, presentar una obra de ficción sobre los hechos del Palacio de Justicia como si fuera la verdad de lo ocurrido puede vulnerar el derecho individual a la verdad y a la memoria histórica, tanto de la persona representada como de sus familiares.
En este punto, cuestiona que la absolución de Plazas Vega aparezca únicamente en una nota final de pocos segundos, después de ocho capítulos que, a su juicio, ponen en entredicho la decisión judicial.
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El argumento central es la absolución. Uno de los ejes del recurso es la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contenida en la sentencia SP17466-2015, mediante la cual se examinó la prueba relacionada con la presunta participación del coronel retirado en las desapariciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Granados cita el numeral 17.16 de esa providencia para señalar que la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por esos hechos.
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Asimismo, hace referencia al numeral, en el que, según expone, el alto tribunal determinó que el coronel no tenía bajo su responsabilidad a las personas que eran trasladadas a la Casa del Florero ni decidía sobre su suerte, pues esa función correspondía al B-2 de la Brigada XIII.
El abogado también destaca que en ese mismo apartado la Corte señaló que no existían pruebas de que Plazas Vega hubiera ordenado el traslado o la tortura de las dos personas por las que había sido condenado.
Con estos argumentos, la defensa busca que el juez de segunda instancia reevalúe la decisión que negó la tutela y examine las posibles afectaciones derivadas del contenido ya estrenado de Palacio.