Un tribunal federal de Miami dio inició este martes al juicio civil contra el teniente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte del juez Carlos Horacio Urán Rojas en los sucesos del Palacio de Justicia de Bogotá, que en 1985 fue tomado por la guerrilla M-19 y recuperado por el Ejército.La primera audiencia tuvo lugar este martes con la presentación del caso por parte de la acusación, compuesta por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas y el bufete Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, según un comunicado de la organización.Plazas Vega está acusado de ejecución extrajudicial y tortura contra el magistrado Urán Rojas a raíz de la toma del Palacio de Justicia de Colombia por guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1985 y la consiguiente operación militar para recuperarlo, en la que participó el teniente coronel.Las demandantes son las dos hijas del juez, que alegan que durante la toma del Palacio de Justicia "el Ejército colombiano ejecutó un plan encubierto para detener, torturar, asesinar y hacer desaparecer a personas clasificadas como especiales por sospecha de estar afiliadas a un grupo guerrillero".El CJA presentó la demanda bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, un estatuto federal que permite demandas civiles en tribunales de EE.UU. por denuncias de tortura y ejecución extrajudicial cometidas bajo apariencia de ley.Según la demanda, Urán fue una de las víctimas de un sistema ilegal diseñado para identificar, interrogar, desaparecer por la fuerza, torturar y, a menudo, matar extrajudicialmente a cualquier presunto guerrillero o simpatizante de la guerrilla entre los rehenes.Ese sistema, documentado en las bitácoras militares y policiales y en las comunicaciones internas de radio, incluía segregar a personas denominadas "especiales", quienes luego eran interrogadas de forma violenta antes de ser llevadas a una instalación militar, incluida una encabezada por Plazas Vega, según la demanda.El inicio del juicio pone fin a una espera de más de dos años desde que el tribunal de Miami aceptara la demanda contra Plazas Vega.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, adelantó este martes una agenda institucional en el Palacio de Justicia, en la que sostuvo reuniones con representantes de las altas cortes y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en un recorrido enfocado en fortalecer la cooperación frente a los desafíos del actual Gobierno que involucran a la justicia colombiana.Durante la jornada, el mandatario se reunió con el Consejo de Estado, en cabeza de su presidente, magistrado Alberto Montaña; con la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente es el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez; y con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se trató de una visita institucional a la Rama Judicial, en la que se destacó la importancia de mantener la independencia judicial y el respeto por las competencias de cada una de las instituciones.En el caso de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez recibió al presidente de la República en su primera visita a la corporación desde su posesión. En el encuentro también participaron el vicepresidente de la Corte, Hugo Quintero Bernate; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea; y la vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Adriana Consuelo López Martínez.A la reunión también asistió el ministro de Justicia, Iván Cancino González, quien acompañó al presidente durante la agenda institucional. La jornada del mandatario con la Rama Judicial se produjo después de que, en horas de la mañana, iniciara su agenda junto al ministro de Justicia en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.De acuerdo con lo señalado sobre el encuentro en la Corte Suprema, la reunión permitió reafirmar la voluntad de mantener un diálogo institucional respetuoso y trabajar de manera armónica, con independencia y dentro de las competencias establecidas por la Constitución y la ley.La agenda con la Rama Judicial continuará la próxima semana con una reunión con la Corte Constitucional, corporación que tendrá entre sus asuntos el estudio del decreto de emergencia económica anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella tras el terremoto.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas de conservación, protección y resignificación sobre las instalaciones de la actual Escuela de Logística del Ejército Nacional, en Bogotá, lugar donde funcionó el antiguo Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano, mencionado en múltiples investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.La decisión fue emitida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, tras una solicitud presentada por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, víctima de los hechos del Palacio de Justicia de 1985.Según el documento, la petición buscaba ampliar las medidas cautelares ya existentes para incluir las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, ubicadas en el sur de Bogotá, debido a su presunta relación con hechos asociados a desapariciones, torturas y operaciones de inteligencia militar ilegales.La JEP explicó que el lugar tiene relevancia no solo para esclarecer lo ocurrido durante la retoma del Palacio de Justicia, sino también para investigaciones relacionadas con otros casos de graves violaciones a los derechos humanos que son analizados por la jurisdicción transicional.En el documento, los magistrados señalan que existen elementos de información que vinculan al antiguo Batallón Charry Solano con posibles patrones criminales investigados dentro de los macrocasos 06 y 08 de la JEP, relacionados con crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica y acciones cometidas por miembros de la fuerza pública en conjunto con estructuras paramilitares.La decisión también toma en cuenta versiones entregadas ante la JEP por exintegrantes de organismos de inteligencia militar, entre ellos José Leonairo Dorado Gaviria, quien habló sobre presuntas prácticas desarrolladas dentro de esas instalaciones.En esas declaraciones se mencionan entrenamientos de inteligencia militar, seguimientos a objetivos considerados enemigos internos y presuntas detenciones e interrogatorios realizados dentro del batallón. Sin embargo, la JEP aclaró que gran parte de esa información aún se encuentra en proceso de verificación y contrastación.Además de los testimonios, la magistratura recopiló documentos históricos y judiciales, incluyendo archivos de la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa. Entre ellos aparece información sobre la creación y funcionamiento del Batallón Charry Solano desde la década de 1960 y su posterior transformación en estructuras de inteligencia militar adscritas al Ejército Nacional.Uno de los puntos clave del auto es el reconocimiento de la importancia de preservar el lugar como espacio de memoria histórica. La JEP sostuvo que el derecho a la verdad no solo corresponde a las víctimas directas, sino también a toda la sociedad colombiana, especialmente en contextos de graves violaciones a los derechos humanos.En ese sentido, el tribunal enfatizó que la protección de estos espacios busca garantizar la conservación de posibles elementos probatorios, evitar alteraciones o destrucciones y avanzar en procesos de resignificación simbólica orientados a la reparación y la no repetición.La magistratura también indicó que las medidas cautelares no interfieren con las labores de búsqueda forense que puedan adelantarse en el lugar por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y otros organismos técnicos.El auto recuerda que sobre estos predios ya existían medidas cautelares decretadas desde septiembre de 2024, inicialmente relacionadas con la búsqueda de Pedro Julio Movilla Galarcio, dirigente político desaparecido en 1993.La Escuela de Logística, donde antes funcionó el Batallón Charry Solano, también estaría involucrado como posible lugar de inhumación clandestina de Irma Franco, exintegrante del M-19 desaparecida tras el Holocausto del Palacio de Justicia en 1985. Así lo reveló el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, y Mateo Piñeros, quienes fueron reconocidos con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Noticia en Audio, por esa investigación.
La memoria del Palacio de Justicia vuelve a ponerse sobre la mesa, esta vez desde la literatura, específicamente debido a la Ferida del Libro. En entrevista en Mañanas Blu, Ricardo Silva presentó su nuevo libro Mural, una obra que reconstruye, desde lo humano, lo que ocurrió durante la toma de noviembre de 1985.Más allá de los datos históricos, el autor fue directo al corazón del drama con una frase que resume el tono del libro: “Un montón de padres de familia sintiendo que iban a dejar huérfanos a sus hijos”. Esa imagen, dice, fue clave para narrar lo que se vivió dentro del edificio en medio del caos.Una narración sin pausa sobre el horror del Palacio de JusticiaSilva explicó que Mural no es un relato tradicional. Está construido como un recorrido continuo, sin cortes, que va personaje por personaje desde el inicio de la toma hasta la destrucción del Palacio.“Es el vértigo… la idea era recrearlo para que uno sienta lo agobiante y lo desolador que era eso”, aseguró. La apuesta es clara: que el lector no tenga respiro, tal como ocurrió en esas horas.El libro recoge hechos documentados en informes oficiales, como los de la Comisión de la Verdad y expedientes judiciales, pero los transforma en una experiencia narrativa. “La mirada es literaria”, dijo, dejando claro que no busca reemplazar la historia, sino complementarla desde lo emocional.Memoria personal y una generación marcada por la violenciaEl relato también tiene un componente íntimo. Silva recordó su cercanía con el magistrado Enrique Low Murtra, a quien conoció desde niño cuando acompañaba a su madre al Palacio.“Era mi compañero de juegos muchas veces”, contó. Años después, Low Murtra sobrevivió a la toma, pero fue asesinado por el narcotráfico, en una historia que el autor describe como parte de “esa espiral de la violencia”.Para Silva, su generación creció marcada por estos hechos. “Ha sido una generación muy consciente de que esto es una violencia que se va transformando y no para”, afirmó.Con Mural, el escritor propone una forma distinta de recordar: no solo desde los hechos, sino desde las emociones de quienes estuvieron allí. Una reconstrucción que, más que explicar, busca que el lector sienta lo que pasó.
Este viernes, 28 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Alcaldía de Bogotá se dieron cita para develar una placa conmemorativa en el Palacio Liévano, en el marco de la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia. La nueva placa fue elaborada tras una orden de la JEP para reemplazar una antigua; sin embargo, la jornada estuvo marcada por diferencias e inconformidades. Los cuestionamientos, esta vez, vinieron por parte de Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado que murió durante los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.Urán Bidegain fue una de las asistentes al acto de conmemoración y allí pronunció un duro discurso sobre lo que las investigaciones, a lo largo de los años, han revelado en cuanto a las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.“En instancias militares no solo se violentó la ley y la verdad: allí se torturó, se cometió violencia sexual y se humilló de manera sistemática a seres humanos. Las voces de aquellos sobrevivientes a ese infierno han sido silenciadas durante décadas, y ellos más que nadie deberían estar hoy aquí presentes con nosotros”, dijo Helena Urán.La hija del magistrado Urán, quien ha sido durante años una abanderada de que se conozcan detalles aún inéditos de lo que sucedió en el corazón de la justicia en aquella fatídica jornada del 85, afirmó que “el negacionismo en torno al Palacio de Justicia ha sido una constante”, y que hoy ha evolucionado en discursos que no cuentan la totalidad de la verdad.En diálogo con Blu Radio, Helena Urán aseguró que el malestar está relacionado con que el Estado aún no ha reconocido a todas las víctimas del holocausto, y que cambiar una placa es un acto simbólico necesario, pero no suficiente.La crítica de Helena Urán se centra en una de las frases inscritas en la placa develada tras la orden de la JEP. Para ella, “aceptar una frase que celebra esa decisión (la de la CIDH de condenar al Estado colombiano) como si fuera el cierre definitivo de todas las heridas es desconocer a quienes aún no han sido reconocidas como víctimas por el Estado”.Si bien destaca que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un avance, considera que no se puede “celebrar” una placa.
El abogado Eduardo Matson, sobreviviente de la toma y retoma del Palacio de Justicia, calificó como “simbólica” la resolución de acusación proferida por la Fiscalía contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional, procesados por presuntos actos de tortura cometidos contra civiles detenidos irregularmente durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien consideró que existían elementos contra los entonces miembros de unidades de inteligencia militar que participaron en las operaciones posteriores a la incursión del M-19.Matson, una de las víctimas del caso, señaló en diálogo con Blu Radio que la decisión llega demasiado tarde y que, aunque representa un avance formal, carece de verdadero peso para efectos de justicia. Recordó que pasaron treinta años antes de que se produjera un llamado a indagatoria y que solo ahora, cuarenta años después de los hechos, se expide una acusación. Para él, esto demuestra la falta de diligencia del Estado: “Esto es simbólico, porque ahora viene el recurso de apelación, reposición, que es lo que seguramente viene. Y si para una acusación se demoraron diez años, para la apelación, mínimo, vendrán cinco o diez años más. Los implicados seguirán muriendo y envejeciendo, y para llegar después al juicio y a la sentencia, yo creo que pasarán, unos veinticinco años, y ya todo esto quedará en nada” agregó.El sobreviviente también cuestionó lo que considera una ausencia sostenida de voluntad institucional. “Ha habido un silencio cómplice de las autoridades para impulsar todo lo referente al Palacio de Justicia”, dijo. Aunque reconoce que la acusación es importante para mantener vivo el expediente, insiste en que no tiene efectos prácticos. Incluso planteó, desde una perspectiva crítica, la posibilidad de un eventual indulto, tal como se otorgó al M-19, aun cuando advierte que sería ilegal por tratarse de delitos de lesa humanidad.La postura del indulto lo considera al explicar que uno de los principios del derecho es la celeridad y la eficacia “es importante que se haya emitido la resolución de acusación, es importante que el proceso siga adelante, pero en última no tiene una trascendencia judicial, jurídica, que diga uno, bueno, van a meterlos presos”.Los militares retirados llamados a juicio como presuntos coautores impropios del delito de tortura agravada son: el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero; los coroneles (r) Edilberto Sánchez Rubiano y Fernando Blanco Gómez; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez; y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.
Han pasado 4 décadas desde que el M-19 se tomó en Palacio de Justicia en noviembre de 1985.Recientemente, la justicia tomó decisiones concretamente al llamar a juicio a 9 exmilitares por las torturas durante la retoma del Palacio.La decisión de proferir resolución de acusación contra los 9 militares en retiro la tomó una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Allí, se les señala de haber participado en actos de tortura agravada contra civiles durante los hechos ocurridos en el Holocausto del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.Según la investigación llevada a cabo por el ente acusador, las víctimas que salieron con vida del Palacio de Justicia, en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y el grupo guerrillero M-19 y, posteriormente, trasladadas a la Casa del Florero, instalaciones militares y sedes de la Policía, donde habrían sido sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, bajo la errónea sospecha de colaborar con la toma armada en aquella trágica jornada de 1985.En el documento de 127 páginas, se detalla cómo habrían sido estas torturas y cuáles fueron los testimonios de varias personas.“En estricto sentido encontramos que el actuar de los aquí procesados sobre Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci, José Vicente Rubiano Galvis, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saul Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucia Limas Montaña, Héctor Darío Correa Tamayo y Magalys Arevalo Mejia, trasgrede no solo la normativa penal del delito de tortura, sino que atenta contra los derechos fundamentales”, se lee en el escrito.De acuerdo con las pruebas, 11 personas fueron víctimas de interrogatorios abusivos, golpes, humillaciones y detenciones ilegales, pese a no tener vínculos con el M-19.Entre ellos, se encuentran dos estudiantes de Derecho de una universidad privada que se encontraban visitando el Palacio de Justicia el día de la toma y que, tras ser rescatados, fueron conducidos a distintas dependencias oficiales antes de ser puestos en libertad.Esta importante decisión de la fiscalía se da en el Marco de los 40 años del holocausto al palacio de justicia, en donde varios de los familiares de las víctimas siguen pidiendo explicaciones por las personas desaparecidas hace cuatro décadas.Entre los exmilitares llamados a juicio están el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, entonces coronel y director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, los coroneles (r) Edilberto Sánchez Rubiano y Fernando Blanco Gómez, entre otros.
La revelación de que Medicina Legal confirmó la presencia de restos humanos —un fragmento de costilla— hallados en el batallón Charry Solano, en el sur de Bogotá, reabrió una de las heridas más profundas del país: los desaparecidos del Palacio de Justicia. En entrevista con El Radar de Blu Radio, René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, señaló que lo descubierto no solo coincide con denuncias históricas, sino que pone al Gobierno del Cambio en el centro de una controversia mayúscula.Guarín cuestionó que, en una reunión con la Jurisdicción Especial para la Paz, el ministro de Defensa Pedro Sánchez afirmara que sí creía posible que militares hubieran abierto un hueco en un lugar con medida cautelar para supuestamente desechar residuos hospitalarios. Para los familiares, esa sola afirmación es alarmante y exige una posición pública inmediata.Familiares del Palacio de Justicia piden al ministro desmarcarse de versiones militaresGuarín calificó como “inconcebible” que la versión conocida por Blu Radio —según la cual el ministro considera verosímil la excavación— provenga de un integrante del gabinete del Gobierno del Cambio. “El ministro debe desmarcarse de esa postura, porque su superior es el presidente de la República y este no es un gobierno que avale violaciones de derechos humanos”, afirmó.El hallazgo de restos humanos en un área señalada por testigos desde hace décadas, dijo Guarín, no es aislado. Lo conecta con múltiples relatos que ubican el batallón Charry Solano como escenario de torturas, ejecuciones y desapariciones posteriores a la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Mencionó los casos de Irma Franco, Eduardo Matson y Yolanda Santo Domingo, entre otros.“Todo apunta a que sí hubo traslado de personas al Charry Solano y que fueron asesinadas allí”, resaltó.Para los familiares, la confirmación científica de restos en ese sitio es “un golpe fuerte” y confirma versiones que hace 40 años parecían inverosímiles. Por eso exigen al ministro de Defensa un comunicado público que fije una posición clara y sin ambigüedades.Sargento Dorado respalda las denuncias y señala a altos mandos militaresEn el mismo especial, El Radar presentó apartes de la entrevista al sargento retirado José Leonairo Dorado, testigo clave ante la justicia. Aunque el foco principal del reportaje es Guarín, la voz de Dorado refuerza el contexto: aseguró que el general (r) Iván Ramírez Quintero ordenó directamente el asesinato de Irma Franco y que en el Charry Solano operó un patrón sistemático de torturas y desapariciones.Dorado también afirmó que la excavación denunciada no habría sido la única y que la intención de manipular escenas sería clara: “Si un hombre de inteligencia toca un sitio con medida cautelar, es porque quiere desenterrar”.
El general (r) Luis Alberto Moore Perea, en diálogo con Mañanas Blu, revivió los episodios que marcaron la historia de Colombia hace 40 años: la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. En 1985, Moore Perea era un oficial de 26 años, formando parte del primer curso de pilotos de helicópteros de la Policía. Este año difícil lo encontró participando en ambas tragedias. El militar calificó los hechos, en retrospectiva, como "una locura" y actuaciones "demenciales", lamentando que la guerra solo deje "muerte, destrucción, sufrimiento".La operación aerotransportada en el Palacio de JusticiaEl 6 de noviembre de 1985, se produjo la situación en el Palacio de Justicia. Inicialmente, había pilotos civiles contratados por la Policía, pero estos se negaron a participar por su condición. Fue entonces cuando el general Víctor Alberto Delgado Mayarino ordenó el ingreso de los pilotos policiales a la azotea, transportando a un grupo de comandos especiales (COPES). El desembarco comenzó alrededor de la 1:30 o 2:00 de la tarde. El general Moore Perea estuvo en la actividad casi hasta las 7 de la noche, no solo dejando comandos, sino también evacuando personal herido que había quedado afectado por balas, esquirlas y granadas.El ambiente era de gran tensión y temor. El general, quien en ese momento no usaba chalecos blindados ni su helicóptero tenía protección especial, relató que solo recuerda claramente el grito de "fuego, fuego, fuego". Además, reveló que, en ese momento, desconocía el dramático audio en el que el presidente de la Corte Suprema, Reyes Echandía, solicitaba un cese al fuego, suceso del cual se enteró "posterior a lo que se hizo".Respecto a la verdad de los hechos, Moore Perea considera que 40 años después, aún no se conoce la realidad exacta de lo sucedido ni el destino de tantas vidas que se perdieron. Aunque reconoce la existencia de muchos testimonios y diferentes intereses, asegura que, por parte de quienes actuaron en lo aéreo, no hubo "ningún pacto de silencio".Del Palacio al lodo de ArmeroApenas un día después de los sucesos del Palacio, el 7 de noviembre, el general Moore Perea y un grupo de helicópteros partieron hacia el Caquetá para una operación contra las Farc. El 14 de noviembre se enteró de la tragedia de Armero. Se le ordenó desplazarse desde el Caquetá al Tolima, y fue un momento de reconocimiento profesional ya que le dieron autonomía para pilotar un Bell 212, un helicóptero de mucha mayor capacidad, lo cual fue "muy gratificante".La tragedia de Armero, donde trabajó cerca de dos semanas a partir del 15 de noviembre en labores humanitarias, fue "tal vez lo más impactante" que ha vivido. Al llegar, la "ciudad blanca", conocida por su pujanza y producción de algodón, estaba cubierta totalmente por lodo. La imagen era desoladora: solo lodo, cuerpos de gente y animales muertos, y nubes con azufre. En el rescate, coordinado con la Fuerza Aérea, su equipo trabajaba para sacar a las personas que pedían auxilio del lodo, a veces aterrizando únicamente en los patines del helicóptero. En medio del caos, recordó el caso de una mujer que se negaba a subir al helicóptero sin una toalla o sábana para cubrirse, debido al pudor tras haber quedado sin ropa por la avalancha.Carga emocional y la sanación personalLa carga emocional de ese noviembre fue "muy fuerte". Tras 14 o 15 días en Armero, al llegar a casa, su esposa (embarazada de seis meses) no le permitió entrar de inmediato, preocupada porque no se había vacunado contra la gangrena gaseosa, un riesgo latente por el gran número de cuerpos en Armero. El general, aunque al principio sintió un "golpe durísimo", entendió que su esposa estaba protegiendo la vida de su hija.El proceso de sanación del trauma no incluyó, según el general, asesoría psicológica, pues en esa época la recurrencia de acciones y muertes lo hizo percibirse como una situación "casi normal". Sin embargo, la mayor satisfacción y liberación emocional viene de ver a sus hijos crecer y del agradecimiento de personas que le recuerdan que él salvó sus vidas o las de sus familiares. Escuche aquí la entrevista:
Durante la conferencia “¿Memorias divididas, futuro compartido? La cultura de la memoria como oportunidad para el diálogo y la democracia en tiempos de polarización”, la exmilitante del M-19 y exnegociadora de paz Vera Grabe hizo un llamado a mirar los hechos del pasado con comprensión, pero sin caer en justificaciones.“Colombia tiene que comprenderlo, no justificarlo. Pero la historia se mejora, la memoria se mejora si comprendemos, si nos salimos de esa idea de quién tiene la culpa y quién es el malo y quién es el bueno, y tratamos de entender el contexto en que se dan los hechos. Eso no quiere decir que no haya responsabilidad”, señaló.Grabe, quien participó en los diálogos de paz del Gobierno Nacional con el ELN hasta comienzos de este año, cuestionó que, cuatro décadas después de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, el país siga instrumentalizando esa tragedia.“En este momento es clarísimo el uso electoral, ni siquiera político, el uso electoral de ese hecho. Con mentiras además. Mentiras como decir que el M-19 estaba financiado por el narcotráfico para hacer esa toma. Entonces, lo grave de eso, uno, la polarización, el buscar votos con algo tan trágico que me parece bastante perverso, porque todos sabemos, y Elena lo vivió, lo trágico que fue para todos, no solamente para quienes estuvieron, las víctimas, sino también quienes participaron en ese evento. Entonces ese uso político muy notorio, es clarísimo y hoy lo estamos viendo”, dijo.La exnegociadora insistió en que el verdadero desafío es aprender a asumir el pasado sin usarlo como arma política.“Lo que estamos viendo en tiempos recientes es la utilización de la memoria para crear odio. Y eso sí es muy complejo, muy grave. Utilizar la memoria para destruir tejido social es algo que deberíamos todos llamar la atención. Nos están haciendo un tremendo daño con esa utilización instrumental, tan vil, de la memoria para mantenernos enfrentados y en un estado de guerra de odio”, concluyó.
El pasado lunes 14 de septiembre, Bogotá colpasó luego de que varios jóvenes se tomaran la avenida Calle 80 con carrera 77 para manifestarse por la desaparición de Josephe Santiago Santamaría, un estudiante de 15 años que había sido reportado como desaparecido en Engativá.La manifestación generó afectaciones en la movilidad de TransMilenio y de cientos de personas que se desplazaban hacia el occidente de la capital. El menor había sido visto por última vez el jueves 10 de septiembre, después de salir del colegio La Palestina, en Engativá, según habían señalado sus compañeros y la concejal Rocío Dussán Pérez.¿Dónde apareció Josephe Santiago Santamaría?La situación tuvo un nuevo desarrollo este martes, cuando la Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que el joven fue hallado por el CTI de la Fiscalía en la zona centro de la ciudad.De acuerdo con la entidad, en este momento se adelantan las verificaciones correspondientes para conocer el estado de salud del menor y establecer las condiciones en las que fue encontrado.Al tratarse de un adolescente de 15 años, las autoridades también activaron el protocolo relacionado con el restablecimiento de sus derechos.La desaparición de Josephe había generado preocupación entre estudiantes y personas cercanas al joven, al punto de que sus compañeros salieron a las calles para pedir que se avanzara en su búsqueda.Por ahora, las autoridades confirman que Josephe Santiago Santamaría fue encontrado y que las autoridades continúan con los procedimientos correspondientes.No se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que el menor desapareció ni sobre su ubicación durante los días en los que no se tuvo información de su paradero.
Estos fueron los temas tratados este 15 de septiembre, en Recap Blu:Dijín inspeccionó sede del Polo Democrático Alternativo por investigación sobre financiación de consulta presidencial.El senador Rafael Nieto opinó sobre las declaraciones del senador Enrique Gómez sobre el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, pues los calificó de socialistas.El abogado Juan Pablo Guanipa analizó la decisión de Alex Saab de declararse culpable y sus implicaciones.Estados Unidos destina 52 millones de dólares a Colombia y otros tres países para combatir el narcotráfico.Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía pidió condena de 37 años para acusados por muerte del joven estudiante.Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana al perder en Brasil 2-0.
Con balones de playa y flotadores, representantes del Pacto Histórico protagonizaron una particular protesta en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de que el Senado negara la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Los congresistas utilizaron estos elementos para hacer referencia al viaje que realizó el funcionario a Santa Marta pocos días después del terremoto del 10 de agosto, hecho que motivó el llamado a rendir cuentas ante el Congreso.La moción de censura fue sometida a votación en el Senado y terminó siendo negada por amplia mayoría. El resultado fue de 61 votos por el no y 27 por el sí, por lo que la iniciativa no logró avanzar a la Cámara. Durante la sesión, senadores del Pacto Histórico y algunos integrantes de la Alianza Verde utilizaron un balón de playa para simular una escena relacionada con la permanencia del ministro en Santa Marta mientras el país afrontaba la emergencia ocasionada por el terremoto.El resultado en el Senado también impidió que la Cámara de Representantes continuara con el trámite de la moción. Aunque el debate estaba programado desde el 4 de septiembre, el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, explicó que el artículo 135 de la Constitución establece que, una vez una de las cámaras niega una moción de censura, la otra ya no puede continuar con el procedimiento.La reacción de minviviendaTras conocerse la decisión, el ministro Jaime Andrés Beltrán aseguró que el resultado no representaba únicamente una victoria para el Gobierno, sino también para el país. El funcionario sostuvo que ahora podrá continuar con la ruta planteada para atender la reconstrucción tras el terremoto y avanzar en asuntos relacionados con vivienda y agua potable. "Yo creo que gana el país porque hay un plan, hay un trabajo, hay una ruta", manifestó Beltrán.La jornada dejó así un nuevo episodio de tensión política en el Congreso, con una moción de censura que no consiguió los votos necesarios en el Senado y una protesta simbólica en la Cámara mediante elementos alusivos a una playa.
El senador del Centro Democrático Rafael Nieto calificó de "falsa y desleal" la afirmación de su colega Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quien sostuvo que el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático son socialistas.En entrevista con Recap Blu, Nieto aseguró que esa declaración no corresponde con los hechos y consideró que tendría un propósito electoral. "El senador Enrique Gómez de Salvación Nacional dio una entrevista primero y después puso un trino, un post en su cuenta de X, donde sostenía que el presidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático eran socialistas", explicó.Nieto cuestionó además que Gómez haya cambiado su postura frente al Centro Democrático, al recordar que, según dijo, meses atrás habría buscado ser incluido en las listas de esa colectividad. "A mí lo que me molesta es la deslealtad, lo que me molesta es la mentira", afirmó el senador, quien también señaló que Gómez ocupa la Presidencia de la Comisión Primera gracias a un acuerdo que, según su versión, permitió que el Centro Democrático le cediera ese espacio. Para Nieto, las diferencias políticas son legítimas, pero deben mantenerse dentro de ciertos límites: "En la política no todo vale", agregó.Partido de GobiernoNieto también se refirió a la decisión del Centro Democrático de declararse partido de Gobierno y explicó que, desde su perspectiva personal, el respaldo a Abelardo De La Espriella obedeció a coincidencias programáticas y a la intención de evitar la continuidad del gobierno de Gustavo Petro.Sin embargo, aclaró que su colectividad continuará respaldando las iniciativas del Ejecutivo que considere favorables para la democracia, la institucionalidad, la seguridad y otros asuntos que considera prioritarios, mientras que aquellas propuestas con las que discrepe serán objeto de críticas.Finalmente, el senador sostuvo que las declaraciones que ubican al uribismo y al Centro Democrático en la izquierda hacen parte de una estrategia para disputarles electores de cara a las próximas elecciones. Según Nieto, expresiones como "petrouribismo", "izquierdistas camuflados" o "zurdos" buscan modificar la percepción que los ciudadanos tienen de esa colectividad. "Todas van dirigidas a lo mismo, a convencer al electorado, a nuestro electorado, que la opción son ellos y no nosotros", concluyó.
El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, quien estuvo detenido por motivos políticos, se refirió al proceso judicial contra Alex Saab en Estados Unidos y cuestionó el posible alcance de la pena que podría recibir el empresario colombiano, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro de Nicolás Maduro.Durante Recap Blu, Guanipa habló sobre el proceso de Saab y sostuvo que, más allá de la condena que determine la justicia estadounidense, debería existir una sanción relacionada con los bienes que, según las investigaciones, podrían estar vinculados con actos de corrupción. “Creo que debe establecerse una pena proporcional al daño ocasionado, eso sí es justicia”, afirmó.¿Qué dijo Juan Pablo Guanipa sobre el proceso contra Alex Saab?Para Guanipa, la posibilidad de que Saab obtenga una reducción de su condena mediante cooperación con las autoridades estadounidenses no debería dejar de lado la magnitud de los hechos investigados.“Creo que debe establecerse una pena proporcional al daño ocasionado”, insistió el dirigente, quien también planteó la necesidad de que se revisen los bienes del empresario.“Creo que deben ser confiscados sus bienes porque si sus bienes son producto de un acto de corrupción de la magnitud que se ha demostrado, indudablemente que la Constitución venezolana establece que una de las formas de confiscación de bienes es cuando esos bienes son producto de corrupción”, señaló.El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó posteriormente que Saab se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y aceptó entregar 195 millones de dólares, además de cooperar con las autoridades. El acuerdo contempla una pena máxima de 20 años, aunque la sentencia será determinada por un juez.¿Qué espera la oposición venezolana frente al futuro del país?Durante la entrevista, Guanipa también habló sobre el escenario político venezolano y sostuvo que la oposición busca avanzar hacia un proceso electoral.El dirigente afirmó que María Corina Machado debería participar en ese proceso y aseguró que mantiene comunicación con ella. “Ella debe venir en los próximos días. Yo creo que es cuestión de días que ella regrese”, manifestó.Guanipa también aseguró que, pese a continuar bajo vigilancia, considera que existe un proceso encaminado hacia la democratización de Venezuela.“Yo tengo la convicción de que Venezuela cambió completamente a partir del 3 de enero y que vamos encaminados hacia un proceso de democratización”, dijo.El opositor agregó que su expectativa es que el país pueda avanzar hacia elecciones y recuperar las condiciones institucionales que, según su posición, permitan una transición política.Además habló de su experiencia como preso político. Guanipa aseguró que todavía existe vigilancia sobre varios dirigentes de la oposición, pero sostuvo que continuará recorriendo el país y participando en la actividad política.