Las altas cortes de Colombia develaron una escultura en homenaje a los funcionarios judiciales que ejercen su labor en los territorios del país, en reconocimiento a quienes, incluso en medio de condiciones difíciles y riesgos para su seguridad, contribuyen a garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos.El monumento, denominado 'La columna trunca', fue presentado durante los actos conmemorativos de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. La obra que está ubicada en la plaza del Palacio de Justicia, busca mantener viva la memoria de quienes han sido víctimas de la violencia por el ejercicio de sus funciones y destacar el trabajo cotidiano de los servidores judiciales.Durante la ceremonia, los representantes de la Rama Judicial insistieron en que la administración de justicia no depende únicamente de las decisiones de las altas cortes, sino también de la labor que desarrollan jueces, magistrados y funcionarios en distintas regiones de Colombia.La escultura está compuesta por seis paneles que representan la diversidad natural y cultural de las regiones de Colombia. El Caribe aparece con elementos como el sombrero vueltiao, el acordeón y la iguana; la región Insular, con caracoles, conchas y palmeras; y la Andina, con sus montañas, frailejones y vegetación. La Orinoquía por su parte, está representada por las palmas de moriche y un chigüiro, mientras que el panel del Pacífico incluye una marimba del Chocó, raíces de manglar y referencias al mar. Finalmente, la Amazonía reúne elementos de su fauna y flora, como las guacamayas y la victoria regia.Según el escultor, Marlio Ninco Medina, a través de estos símbolos, la obra destaca que la justicia se ejerce en territorios diversos y que la labor de los servidores judiciales tiene un impacto directo en las comunidades de todo el país.Durante el evento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, resaltó la importancia del trabajo que realizan los funcionarios judiciales en las regiones y la dimensión humana de su labor.El magistrado explicó que administrar justicia no consiste únicamente en resolver controversias jurídicas, sino también en escuchar a las personas, comprender sus circunstancias y tomar decisiones que inciden directamente en sus vidas.“Juzgar implica, sobre todo, intervenir con la autoridad y los límites del derecho en el curso de una historia humana”, señaló.En su discurso, insistió en que las decisiones judiciales permiten que los principios constitucionales y los derechos dejen de ser conceptos abstractos y se conviertan en garantías concretas para los ciudadanos.También llamó la atención sobre las condiciones que enfrentan los funcionarios en algunas zonas del país, donde las distancias geográficas, las desigualdades y las dificultades de presencia institucional representan desafíos para el acceso a la justicia.Pese a esas circunstancias, afirmó, los servidores judiciales cumplen una función que va más allá de resolver litigios: contribuyen a construir ciudadanía, fortalecer la convivencia y mantener los vínculos sociales.“A ustedes, servidores judiciales de los territorios de Colombia, nuestro reconocimiento y gratitud”, dijo.Con este monumento, las altas cortes buscan recordar que la justicia no se construye exclusivamente desde los grandes tribunales, sino también desde los despachos y juzgados de las regiones, donde miles de funcionarios trabajan para que los derechos de los colombianos tengan una aplicación efectiva.
Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, asesinado en la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, presentó dos peticiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): la primera, retirar las condecoraciones militares al general en retiro Iván Ramírez Quintero, condenado por desaparición forzada agravada; y la segunda, ordenar a los exintegrantes vivos de mayor rango del M-19 realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.En el primer caso, Urán busca que el Estado retire los honores militares concedidos a al general (r) Iván Ramírez Quintero, quien fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de junio de 2024 y excluido de la JEP en 2022 por no contribuir al esclarecimiento de la verdad.Para sustentar sus peticiones, Helena Urán recordó que en enero de 2024 el Ministerio de Defensa retiró los honores militares al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales.La segunda solicitud busca que los antiguos integrantes del M-19 reconozcan públicamente su responsabilidad y pidan perdón por lo ocurrido durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Urán sostiene que quienes recibieron amnistías o indultos también deben cumplir medidas de reparación simbólica, que permitan reconocer el daño causado a las víctimas y preservar la memoria histórica.Helena Urán, explicó en diálogo con Blu Radio que su solicitud ante la JEP busca que el M-19 y la Fuerza Pública reconozcan su responsabilidad en lo ocurrido hace 41 años y advirtió que las víctimas, incluidos los sobrevivientes que fueron torturados, siguen sin recibir el reconocimiento que merecen.“Consiste básicamente en intentar que los dos actores armados que llevaron a la masacre del Palacio de Justicia, con todas las víctimas que conocemos, y sobrevivientes de los que poco se hablan, pero que fueron torturados, y que poco se les reconoce su dolor, al menos después de 41 años, entiendan que no pueden seguir sumiendo al país en una confrontación en la que obligan al ciudadano a tomar partido, cuando los dos actores armados son corresponsables. Yo a través de esta solicitud, pretendo que tengan un gesto, no sé, bondadoso y de grandeza, y que, por favor, dejen de utilizar el caso del Palacio de Justicia con fines políticos”, señaló Helena Uran.Además, cuestionó que las víctimas no fueran consultadas sobre los acuerdos de amnistía al M-19 y pidió que sus antiguos integrantes de mayor rango reconozcan colectivamente su responsabilidad y pidan perdón. También señaló que integrantes de la Fuerza Pública han negado a las víctimas, a los desaparecidos y a los sobrevivientes de tortura, por lo que considera necesario un reconocimiento de ambas partes.“Que ese fue el acuerdo que se hizo en ese momento, eso lo pactaron los políticos, a nosotros, a las víctimas, nunca nos consultaron porque les aseguro que si nos hubieran consultado no hubiera llegado a ese grado de encubrimiento, porque la amnistía es encubrir unos hechos y por eso años después se replantea, hoy en día eso sería impensable, pero esos eran los estándares del 90" agregó Uran.De esta forma, solicitó retirar las condecoraciones y medallas militares otorgadas al general retirado Iván Ramírez Quintero. Según explicó a Blu Radio, el exoficial fue jefe de inteligencia y contrainteligencia y, a su juicio, no debería conservar estas distinciones debido a las responsabilidades judiciales que se le atribuyen por crímenes relacionados con el Palacio de Justicia."Hoy en día tenemos otros estándares de justicia transicional que las personas que pertenecieron al M-19 bien conocen y que podrían, haber tenido un gesto de grandeza y reconocer de manera colectiva, porque lo han hecho como independientemente, reconocer somos corresponsables de lo que sucedió y lo mismo la Fuerza Pública, porque es la que representa al Estado y tiene una responsabilidad mucho mayor que unos guerrilleros terroristas, por eso no se puede equiparar, pero también han sido unos negacionistas constantemente, no solamente negacionistas, sino que han estigmatizado", argumentó.Sin embargo, las dependencias de la JEP que recibieron el documento aún no han tomado una decisión definitiva. Con estas solicitudes, busca que se reconozca la dignidad de las víctimas, se contribuya a esclarecer la verdad y se evite que se distorsione la historia de lo ocurrido en el Palacio de Justicia.
La Corte Constitucional ordenó que Tomás Corredor Pulido y la empresa Burning S.A.S. publiquen disculpas públicas a la familia del exmagistrado Manuel Gaona Cruz por promocionar la película Noviembre como una obra que mostraba la ‘verdad’ de lo ocurrido durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.La tutela fue presentada por la familia Gaona Bejarano, que cuestionó la manera en que la película representaba al exmagistrado. Según los familiares, la producción lo mostraba como un hombre cobarde y aliado del M-19, una imagen que consideraron contraria a los hechos históricos.Al estudiar el caso, la Sala Plena concluyó que la película, por sí misma, no vulneró los derechos de la familia, porque se trata de una obra de ficción inspirada en hechos reales. También determinó que el diálogo cuestionado no afirmaba como un hecho comprobado que Gaona tuviera una relación cercana con esa guerrilla.Sin embargo, la Corte encontró que promocionar la producción como si mostrara la ‘verdad’ de lo ocurrido podía confundir al público y hacerle creer que las escenas ficticias correspondían a hechos históricos. Por esta razón, amparó los derechos a la dignidad humana, la honra, el buen nombre y la verdad, en su dimensión individual, del exmagistrado y sus familiares.Por esta razón, ordenó que se publiquen disculpas públicas en medios equivalentes a los utilizados para promocionar la película, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la decisión. También dispuso que se incluya un aviso aclaratorio que precise que Noviembre es una obra de ficción inspirada en hechos reales y que sus diálogos no constituyen afirmaciones históricas sobre personas reales.Finalmente, la Corte no ordenó retirar la película ni eliminar obligatoriamente la escena cuestionada. También revocó la orden de suprimir la frase, por lo que los responsables podrán conservar la versión modificada del diálogo si así lo deciden. La decisión fue adoptada por seis votos contra tres.
El 6 y 7 de noviembre de 1985 son dos fechas que, lamentablemente, quedaron para la historia de Colombia. Fechas en las cuales un comando de 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) se tomaron a la fuerza el Palacio de Justicia en Bogotá.El Ejército y la Policía Nacional respondieron con un operativo desproporcionado de reconquista que duró 28 horas, el cual incluyó el uso de tanques de guerra y desencadenó un devastador incendio en el edificio, pero, hasta la fecha, muchas de las víctimas y personas que se encontraban en el edificio ese día no se sabe de la ubicación.Ante esto y en honor a todas las víctimas de este hecho, Netflix estrenará una serie basada en una investigación extensa, construida a lo largo de más de 7 años a partir de documentos, testimonios y entrevistas, considerando múltiples ángulos y conectando eventos de este trágico hecho para el país, la cual llegará a la plataforma el próximo 6 de noviembre.Este es el elenco de la serie del Palacio de JusticiaNatalia Reyes (Pilar Navarrete), Luna Baxter (Olga Behar), Mariana Gómez (La Mona), Carlos Manuel Vesga (Coronel (r) Alfonso Plazas Vega), Robinson Díaz (Belisario Betancur), Santiago Alarcón (Alfonso Reyes Echandía), Nicole Santamaría (Angela María Buitrago), Andrés Castañeda (Eduardo Umaña), Camilo Amores (Jimmy Beltrán), Jacobo Millán (Santiago Álvarez), Santiago Londoño (Elvencio Ruíz), José Restrepo (Yesid Reyes), Nicolás Montero (Jaime Castro), Rafael Zea (General (r) Víctor Delgado Mallarino), Fernando Lara (General (r) Vega Uribe), Valentina Acosta (Noemí Sanín), Julián Zuluaga (Checho), Nelson Camayo (Luis Otero) Jaisson Jeack (Alfonso Jacquin), Irina Loaiza (Irma Franco), Rodrigo Rodríguez (Almarales), Jorge Andrés Ruiz (General (r) Arias Cabrales), Carlos Vergara (Enrique Parejo), entre otros.Este es el tráiler de la serie
Un tribunal federal de Miami dio inició este martes al juicio civil contra el teniente coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega por la muerte del juez Carlos Horacio Urán Rojas en los sucesos del Palacio de Justicia de Bogotá, que en 1985 fue tomado por la guerrilla M-19 y recuperado por el Ejército.La primera audiencia tuvo lugar este martes con la presentación del caso por parte de la acusación, compuesta por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas y el bufete Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, según un comunicado de la organización.Plazas Vega está acusado de ejecución extrajudicial y tortura contra el magistrado Urán Rojas a raíz de la toma del Palacio de Justicia de Colombia por guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1985 y la consiguiente operación militar para recuperarlo, en la que participó el teniente coronel.Las demandantes son las dos hijas del juez, que alegan que durante la toma del Palacio de Justicia "el Ejército colombiano ejecutó un plan encubierto para detener, torturar, asesinar y hacer desaparecer a personas clasificadas como especiales por sospecha de estar afiliadas a un grupo guerrillero".El CJA presentó la demanda bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura, un estatuto federal que permite demandas civiles en tribunales de EE.UU. por denuncias de tortura y ejecución extrajudicial cometidas bajo apariencia de ley.Según la demanda, Urán fue una de las víctimas de un sistema ilegal diseñado para identificar, interrogar, desaparecer por la fuerza, torturar y, a menudo, matar extrajudicialmente a cualquier presunto guerrillero o simpatizante de la guerrilla entre los rehenes.Ese sistema, documentado en las bitácoras militares y policiales y en las comunicaciones internas de radio, incluía segregar a personas denominadas "especiales", quienes luego eran interrogadas de forma violenta antes de ser llevadas a una instalación militar, incluida una encabezada por Plazas Vega, según la demanda.El inicio del juicio pone fin a una espera de más de dos años desde que el tribunal de Miami aceptara la demanda contra Plazas Vega.
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, adelantó este martes una agenda institucional en el Palacio de Justicia, en la que sostuvo reuniones con representantes de las altas cortes y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en un recorrido enfocado en fortalecer la cooperación frente a los desafíos del actual Gobierno que involucran a la justicia colombiana.Durante la jornada, el mandatario se reunió con el Consejo de Estado, en cabeza de su presidente, magistrado Alberto Montaña; con la Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente es el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez; y con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se trató de una visita institucional a la Rama Judicial, en la que se destacó la importancia de mantener la independencia judicial y el respeto por las competencias de cada una de las instituciones.En el caso de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez recibió al presidente de la República en su primera visita a la corporación desde su posesión. En el encuentro también participaron el vicepresidente de la Corte, Hugo Quintero Bernate; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; el presidente de la Sala de Casación Laboral, Víctor Julio Usme Perea; y la vicepresidenta de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, Adriana Consuelo López Martínez.A la reunión también asistió el ministro de Justicia, Iván Cancino González, quien acompañó al presidente durante la agenda institucional. La jornada del mandatario con la Rama Judicial se produjo después de que, en horas de la mañana, iniciara su agenda junto al ministro de Justicia en el búnker de la Fiscalía General de la Nación.De acuerdo con lo señalado sobre el encuentro en la Corte Suprema, la reunión permitió reafirmar la voluntad de mantener un diálogo institucional respetuoso y trabajar de manera armónica, con independencia y dentro de las competencias establecidas por la Constitución y la ley.La agenda con la Rama Judicial continuará la próxima semana con una reunión con la Corte Constitucional, corporación que tendrá entre sus asuntos el estudio del decreto de emergencia económica anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella tras el terremoto.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas de conservación, protección y resignificación sobre las instalaciones de la actual Escuela de Logística del Ejército Nacional, en Bogotá, lugar donde funcionó el antiguo Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano, mencionado en múltiples investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.La decisión fue emitida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, tras una solicitud presentada por Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, víctima de los hechos del Palacio de Justicia de 1985.Según el documento, la petición buscaba ampliar las medidas cautelares ya existentes para incluir las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, ubicadas en el sur de Bogotá, debido a su presunta relación con hechos asociados a desapariciones, torturas y operaciones de inteligencia militar ilegales.La JEP explicó que el lugar tiene relevancia no solo para esclarecer lo ocurrido durante la retoma del Palacio de Justicia, sino también para investigaciones relacionadas con otros casos de graves violaciones a los derechos humanos que son analizados por la jurisdicción transicional.En el documento, los magistrados señalan que existen elementos de información que vinculan al antiguo Batallón Charry Solano con posibles patrones criminales investigados dentro de los macrocasos 06 y 08 de la JEP, relacionados con crímenes contra integrantes de la Unión Patriótica y acciones cometidas por miembros de la fuerza pública en conjunto con estructuras paramilitares.La decisión también toma en cuenta versiones entregadas ante la JEP por exintegrantes de organismos de inteligencia militar, entre ellos José Leonairo Dorado Gaviria, quien habló sobre presuntas prácticas desarrolladas dentro de esas instalaciones.En esas declaraciones se mencionan entrenamientos de inteligencia militar, seguimientos a objetivos considerados enemigos internos y presuntas detenciones e interrogatorios realizados dentro del batallón. Sin embargo, la JEP aclaró que gran parte de esa información aún se encuentra en proceso de verificación y contrastación.Además de los testimonios, la magistratura recopiló documentos históricos y judiciales, incluyendo archivos de la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio de Defensa. Entre ellos aparece información sobre la creación y funcionamiento del Batallón Charry Solano desde la década de 1960 y su posterior transformación en estructuras de inteligencia militar adscritas al Ejército Nacional.Uno de los puntos clave del auto es el reconocimiento de la importancia de preservar el lugar como espacio de memoria histórica. La JEP sostuvo que el derecho a la verdad no solo corresponde a las víctimas directas, sino también a toda la sociedad colombiana, especialmente en contextos de graves violaciones a los derechos humanos.En ese sentido, el tribunal enfatizó que la protección de estos espacios busca garantizar la conservación de posibles elementos probatorios, evitar alteraciones o destrucciones y avanzar en procesos de resignificación simbólica orientados a la reparación y la no repetición.La magistratura también indicó que las medidas cautelares no interfieren con las labores de búsqueda forense que puedan adelantarse en el lugar por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y otros organismos técnicos.El auto recuerda que sobre estos predios ya existían medidas cautelares decretadas desde septiembre de 2024, inicialmente relacionadas con la búsqueda de Pedro Julio Movilla Galarcio, dirigente político desaparecido en 1993.La Escuela de Logística, donde antes funcionó el Batallón Charry Solano, también estaría involucrado como posible lugar de inhumación clandestina de Irma Franco, exintegrante del M-19 desaparecida tras el Holocausto del Palacio de Justicia en 1985. Así lo reveló el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, y Mateo Piñeros, quienes fueron reconocidos con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Noticia en Audio, por esa investigación.
La memoria del Palacio de Justicia vuelve a ponerse sobre la mesa, esta vez desde la literatura, específicamente debido a la Ferida del Libro. En entrevista en Mañanas Blu, Ricardo Silva presentó su nuevo libro Mural, una obra que reconstruye, desde lo humano, lo que ocurrió durante la toma de noviembre de 1985.Más allá de los datos históricos, el autor fue directo al corazón del drama con una frase que resume el tono del libro: “Un montón de padres de familia sintiendo que iban a dejar huérfanos a sus hijos”. Esa imagen, dice, fue clave para narrar lo que se vivió dentro del edificio en medio del caos.Una narración sin pausa sobre el horror del Palacio de JusticiaSilva explicó que Mural no es un relato tradicional. Está construido como un recorrido continuo, sin cortes, que va personaje por personaje desde el inicio de la toma hasta la destrucción del Palacio.“Es el vértigo… la idea era recrearlo para que uno sienta lo agobiante y lo desolador que era eso”, aseguró. La apuesta es clara: que el lector no tenga respiro, tal como ocurrió en esas horas.El libro recoge hechos documentados en informes oficiales, como los de la Comisión de la Verdad y expedientes judiciales, pero los transforma en una experiencia narrativa. “La mirada es literaria”, dijo, dejando claro que no busca reemplazar la historia, sino complementarla desde lo emocional.Memoria personal y una generación marcada por la violenciaEl relato también tiene un componente íntimo. Silva recordó su cercanía con el magistrado Enrique Low Murtra, a quien conoció desde niño cuando acompañaba a su madre al Palacio.“Era mi compañero de juegos muchas veces”, contó. Años después, Low Murtra sobrevivió a la toma, pero fue asesinado por el narcotráfico, en una historia que el autor describe como parte de “esa espiral de la violencia”.Para Silva, su generación creció marcada por estos hechos. “Ha sido una generación muy consciente de que esto es una violencia que se va transformando y no para”, afirmó.Con Mural, el escritor propone una forma distinta de recordar: no solo desde los hechos, sino desde las emociones de quienes estuvieron allí. Una reconstrucción que, más que explicar, busca que el lector sienta lo que pasó.
Este viernes, 28 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Alcaldía de Bogotá se dieron cita para develar una placa conmemorativa en el Palacio Liévano, en el marco de la conmemoración de los 40 años del holocausto del Palacio de Justicia. La nueva placa fue elaborada tras una orden de la JEP para reemplazar una antigua; sin embargo, la jornada estuvo marcada por diferencias e inconformidades. Los cuestionamientos, esta vez, vinieron por parte de Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado que murió durante los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.Urán Bidegain fue una de las asistentes al acto de conmemoración y allí pronunció un duro discurso sobre lo que las investigaciones, a lo largo de los años, han revelado en cuanto a las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.“En instancias militares no solo se violentó la ley y la verdad: allí se torturó, se cometió violencia sexual y se humilló de manera sistemática a seres humanos. Las voces de aquellos sobrevivientes a ese infierno han sido silenciadas durante décadas, y ellos más que nadie deberían estar hoy aquí presentes con nosotros”, dijo Helena Urán.La hija del magistrado Urán, quien ha sido durante años una abanderada de que se conozcan detalles aún inéditos de lo que sucedió en el corazón de la justicia en aquella fatídica jornada del 85, afirmó que “el negacionismo en torno al Palacio de Justicia ha sido una constante”, y que hoy ha evolucionado en discursos que no cuentan la totalidad de la verdad.En diálogo con Blu Radio, Helena Urán aseguró que el malestar está relacionado con que el Estado aún no ha reconocido a todas las víctimas del holocausto, y que cambiar una placa es un acto simbólico necesario, pero no suficiente.La crítica de Helena Urán se centra en una de las frases inscritas en la placa develada tras la orden de la JEP. Para ella, “aceptar una frase que celebra esa decisión (la de la CIDH de condenar al Estado colombiano) como si fuera el cierre definitivo de todas las heridas es desconocer a quienes aún no han sido reconocidas como víctimas por el Estado”.Si bien destaca que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un avance, considera que no se puede “celebrar” una placa.
El abogado Eduardo Matson, sobreviviente de la toma y retoma del Palacio de Justicia, calificó como “simbólica” la resolución de acusación proferida por la Fiscalía contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional, procesados por presuntos actos de tortura cometidos contra civiles detenidos irregularmente durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien consideró que existían elementos contra los entonces miembros de unidades de inteligencia militar que participaron en las operaciones posteriores a la incursión del M-19.Matson, una de las víctimas del caso, señaló en diálogo con Blu Radio que la decisión llega demasiado tarde y que, aunque representa un avance formal, carece de verdadero peso para efectos de justicia. Recordó que pasaron treinta años antes de que se produjera un llamado a indagatoria y que solo ahora, cuarenta años después de los hechos, se expide una acusación. Para él, esto demuestra la falta de diligencia del Estado: “Esto es simbólico, porque ahora viene el recurso de apelación, reposición, que es lo que seguramente viene. Y si para una acusación se demoraron diez años, para la apelación, mínimo, vendrán cinco o diez años más. Los implicados seguirán muriendo y envejeciendo, y para llegar después al juicio y a la sentencia, yo creo que pasarán, unos veinticinco años, y ya todo esto quedará en nada” agregó.El sobreviviente también cuestionó lo que considera una ausencia sostenida de voluntad institucional. “Ha habido un silencio cómplice de las autoridades para impulsar todo lo referente al Palacio de Justicia”, dijo. Aunque reconoce que la acusación es importante para mantener vivo el expediente, insiste en que no tiene efectos prácticos. Incluso planteó, desde una perspectiva crítica, la posibilidad de un eventual indulto, tal como se otorgó al M-19, aun cuando advierte que sería ilegal por tratarse de delitos de lesa humanidad.La postura del indulto lo considera al explicar que uno de los principios del derecho es la celeridad y la eficacia “es importante que se haya emitido la resolución de acusación, es importante que el proceso siga adelante, pero en última no tiene una trascendencia judicial, jurídica, que diga uno, bueno, van a meterlos presos”.Los militares retirados llamados a juicio como presuntos coautores impropios del delito de tortura agravada son: el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero; los coroneles (r) Edilberto Sánchez Rubiano y Fernando Blanco Gómez; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez; y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón.
El chance Dorado Tarde se mantiene entre los juegos de azar más consultados en Colombia. Su amplia cobertura en el territorio nacional y la posibilidad de conocer los resultados oficiales después de cada jornada lo convierten en una alternativa popular entre los apostadores.Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 9 de noviembreEl resultado del sorteo de Dorado Tarde de este lunes 9 de noviembre de 2026 permitirá a los participantes comprobar si sus apuestas coinciden con las cifras ganadoras.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.La quinta balota: resultado en breve.Los jugadores deben comparar las cifras de sus tiquetes con el resultado oficial y acudir a un punto autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.¿A qué hora juega Dorado Tarde?El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.Los domingos y días festivos no se realiza este sorteo.¿Cuál es el plan de premios de Dorado Tarde?Una de las características de este juego es que permite obtener premios mediante diferentes modalidades de acierto. El valor que recibe cada ganador depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada.Por cada peso apostado, el plan de premios funciona de la siguiente manera:Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.Una cifra (uña): paga cinco veces lo apostado.Estas modalidades ofrecen distintas posibilidades de obtener ganancias, según los aciertos registrados en cada jugada.¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Dorado Tarde?Para cobrar un premio de Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000, los ganadores deben cumplir con las condiciones establecidas por Paga Todo.Los requisitos indicados son:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el proceso.Es importante conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni inconsistencias, debido a que cualquier alteración puede afectar la validación de la apuesta y el pago del premio.Antes de realizar el trámite, se recomienda consultar las condiciones vigentes en los puntos de atención autorizados.
En medio de pronósticos sobre un fenómeno de El niño con impactos sin precedentes en las últimas décadas, en Hidroituango siguen avanzando a buen ritmo las labores a poner a punto la central antes de los meses donde se espera el recrudecimiento del evento con menos lluvias y temperaturas más altas.Así lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez durante su más reciente visita al complejo de generación de energía en el Norte de Antioquia en compañía de funcionarios del Gobierno nacional como los ministro de Ambiente y Minas.El mandatario precisó que las unidades de generación de energía 5 y 6 ya superan el 70% de labores de instalación y estarían listas para entrar en operación antes de finalizar 2026. Por su parte, las turbinas 7 y 8 podrían entrar a operar durante el primer trimestre del próximo año, justo en el momento en que los modelos de predicción indican la etapa más compleja de El Niño."Así el proyecto estaría generando el 17% de la energía del país. Para nosotros es muy importante decir que el proyecto de Hidroituango no es un proyecto solo para Medellín o para Antioquia, sino que es un proyecto de país", sostuvo.Sobre los detalles de la obras, EPM señaló que las obras civiles se concentran en la zona sur de la caverna de la casa de máquinas y en la almenara 2, mientras continúan el traslado y montaje en sitio de los equipos electromecánicos.En las unidades 5, 6 y 7 ya se encuentran instalados los anillos estacionarios y las cámaras espirales, equipos que, según la empresa encargada de operar la central, han tenido pruebas con resultados satisfactorios.Además, comenzó el blindaje de los pozos verticales y, próximamente, se iniciará el montaje de los rotores y estatores de las unidades 5 y 6. Se estima que una vez Hidroituango entre en operación con sus ocho turbinas pueda generar hasta 2.400 megavatios de energía.
Entre el 18 de enero y el 24 de octubre, nueve personas resultaron lesionadas por pólvora en Medellín. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, dos de las víctimas son menores de edad y siete adultos. Además, ocho de los afectados eran manipuladores de estos elementos y uno se encontraba como observador.Los casos se registraron en las comunas Popular, con dos; Belén, con dos; Manrique, Buenos Aires y Laureles, con uno cada una. También se reportaron lesiones en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado.Ante las estadísticas incluso antes del periodo de vigilancia intensificada, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, reiteró las recomendaciones para evitar que aumenten las emergencias durante las celebraciones de fin de año."Queremos que las celebraciones de Navidad y fin de año de 2026 sean espacios de encuentro familiar, alegría y tranquilidad, sin poner en riesgo la vida ni la salud de las personas. El uso de pólvora puede ocasionar daños graves e irreversibles. Entre las consecuencias más graves se encuentran amputaciones de dedos, pérdida de la audición por lesiones en el tímpano y quemaduras en la piel que implican procesos de recuperación largos y dolorosos, además de posibles secuelas permanentes. Por eso, el llamado es a celebrar sin pólvora y proteger la vida y la salud de todos", señaló López Delgado.La Secretaría de Salud Distrital recordó que durante la temporada de vigilancia intensificada anterior se reportaron 82 personas quemadas en la ciudad, de las cuales 29 eran menores de edad. Una de las cifras que más preocupa a las autoridades es que el 43,9 % de los lesionados no estaba manipulando pólvora, sino que resultó afectado mientras observaba su uso.Como parte de las medidas de prevención, la Secretaría de Seguridad y Convivencia dispondrá de más de 270 gestores para adelantar controles operativos y jornadas pedagógicas en eventos navideños de alta afluencia.Finalmente, la Administración Distrital señaló que, según sondeos digitales, nueve de cada diez ciudadanos prefieren celebrar sin pólvora e invitó a participar en las actividades del Festival de Navidad sin poner en riesgo la vida.
Una persecución policial terminó convirtiéndose en una de las escenas más curiosas de los últimos días en Estados Unidos. Dos cerditos que se habían escapado de sus dueños pusieron a correr a varios uniformados por las calles de Beaufort, en Carolina del Sur, mientras una ciudadana grababa los intentos de los agentes por atraparlos.El curioso episodio ocurrió a comienzos de noviembre y fue compartido en las redes sociales del Departamento de Policía de Beaufort, que decidió tomarse la situación con humor y presentar a los animales como dos pequeños fugitivos.En las imágenes se observa cómo los cerditos corren por las calles y cambian de dirección constantemente, mientras los policías intentan cerrarles el paso y evitar que continúen escapando.Así fue la persecución policial de los dos cerdosSegún informarn los medios estadounidenses, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de los animales sueltos y acudieron al lugar para intentar recuperarlos.Sin embargo, la tarea resultó más complicada de lo esperado, pues los cerditos demostraron ser bastante rápidos y consiguieron esquivar a los agentes en repetidas ocasiones, provocando una persecución que se extendió durante varios minutos.En uno de los momentos más llamativos del video, un policía intenta interceptar a uno de los animales, pero este cambia repentinamente de dirección y obliga al uniformado a reaccionar para continuar siguiéndolo.La Policía bromeó con los supuestos delitos de los cerdosDespués de recuperar a los animales, el Departamento de Policía publicó un mensaje en tono humorístico en el que identificó a los pequeños fugitivos como 'Bacon Bits', expresión en inglés que hace referencia a pequeños trozos de tocineta.La institución incluso elaboró una descripción ficticia de los hechos, señalando que los cerditos eran sospechosos de huir y chillar, en referencia a los sonidos que emitían mientras escapaban de los policías.En su publicación, las autoridades también agradecieron a los agentes Poulin y Barbery por participar en la particular persecución, así como a la ciudadana que consiguió grabar el momento.Finalmente, los dos cerditos fueron capturados sin sufrir lesiones y entregados nuevamente a su propietario. Tampoco se reportaron personas heridas durante el procedimiento.La Policía aprovechó el desenlace para hacer otro juego de palabras en inglés, asegurando "no ham (jamón) was done", una expresión que imita la frase 'no harm was done', utilizada para indicar que nadie había resultado lastimado.Así terminó una de las intervenciones policiales más particulares de la semana, que dejó a los dos animales de regreso en casa y a los uniformados como protagonistas de un inesperado video.
Un nuevo hecho de inseguridad causa conmoción en el departamento de Bolívar. El subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos, adscrito a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía en el municipio de El Carmen de Bolívar, fue asesinado cuando sujetos armados intentaban despojarlo de sus pertenencias.De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado, que se encontraba en su día de descanso, viajaba a la altura del puente de Gambote, en jurisdicción del municipio de Arjona, cuando tuvo que descender de su vehículo por una falla mecánica. Fue allí cuando los sujetos se le acercaron para ofrecerle ayuda; sin embargo, minutos después habrían mostrado sus verdaderas intenciones: robarle.En el lugar se habría presentado un intercambio de disparos entre el subintendente y los delincuentes, que lamentablemente terminó con la vida del uniformado."Gracias a la reacción de las unidades policiales, varias personas fueron interceptadas cuando presuntamente intentaban huir del lugar. Entre ellas se encontrarían dos presuntos delincuentes señalados de participar directamente en estos hechos, cuya presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes", detalló la Policía de Bolívar en un comunicado.El subintendente Castillo, de 37 años y con 18 años de servicio en la Policía, deja cuatro hijos menores de edad."La Policía Nacional expresa su solidaridad y sus más sentidas condolencias a sus seres queridos, a quienes acompaña en este momento de profundo dolor. Ningún acto de violencia puede arrebatar el valor de una vida ni borrar la memoria de quienes han dedicado parte de su existencia al servicio de los colombianos", señaló la institución policial.
