La Corte Constitucional realizó su sala plena el pasado miércoles 19 de junio de manera presencial. Los nueve magistrados del alto tribunal llegaron al Palacio de Justicia ese día; sin embargo, al lugar también llegó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, después de que algunos magistrados manifestaran su intención de poner en conocimiento de Camargo una información de seguridad importante.En ese momento, desde la Corte Constitucional le habrían pedido a la fiscal general investigar unas posibles interceptaciones ilegales que se estarían presentando contra algunos magistrados."La Sala Plena invitó, el miércoles pasado, a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón para poner de presente tal situación. Teniendo en cuenta esta denuncia, será la Fiscalía General de la Nación la institución encargada de la investigación y el esclarecimiento de estos hechos", señalaron desde la Corte Constitucional.Justamente, esta semana se realizó un debate de control político en el Senado contra Carlos Ramón González, director de DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), para hablar sobre las estrategias de seguridad de inteligencia en el país.El senador citante, David Luna, planteó un cuestionario de 20 preguntas a González, asegurando que era necesario conocer las respuestas sobre si la Dirección Nacional de Inteligencia accedió a expedientes reservados y si se los entregó el Gobierno nacional.El director de inteligencia respondió un rotundo “no” y dijo que el actual Gobierno no tiene una política de interceptaciones a miembros de la oposición, pero señaló al Gobierno Duque de haber declarado como “objetivos de inteligencia” a varias embajadas, como la de Rusia, Venezuela y Cuba.
A poco menos de cumplirse 9 años de que la Corte Suprema de Justicia absolviera al coronel Alfonso Plazas Vega en el año 2015, tras haber sido exonerado de los delitos de desaparición forzada a 12 personas durante la toma del Palacio de Justicia en Bogotá.Blu Radio conoció nuevos desarrollos de esta historia y un recurso que fue presentando ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.Se trata de los alegatos de conclusión donde la defensa a cargo del abogado Jaime Granados presentó toda la evolución del caso en 119 páginas argumentando las arbitrariedades que se habría cometido durante la captura del exoficial en el año 2007, pero también de las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación que en ese momento estaba a cargo de Mario Iguarán.Tras exponer el caso a la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la defensa solicitó de manera forma la reparación por todos los daños causados tanto a Plazas Vega como a su familia.Durante 8 años y 5 meses, el coronel (r) estuvo detenido mientras avanzaba la investigación que lo condenó a 30 años de prisión en el año 2010.“Corolario de todo lo anterior, le solicito honorable magistrada declarar la responsabilidad extracontractual de las demandadas Fiscalía General de la Nación y Nación/Rama Judicial por la detención ilegal, injusta, arbitraria y/o desproporcionada que durante 8 años y 5 meses soportó Luis Alfonso Plazas Vega”Hay que decir que en el documento no se especifican los montos de reparación que solicita la defensa; se espera que a medida que avance el trámite se llegue a esa conversación con los magistrados del caso.“En consecuencia, emitir las condenas económicas en los montos, por los rubros y a las personas mencionadas en la subsanación de la demanda y en el acta de audiencia inicial”.Para validar la petición, el abogado Granados expresó las dificultades económicas que habría soportado la familia en medio del proceso, que representó gastos económicos importantes para la familia, pues, asegura que todos los integrantes dependían única y exclusivamente del coronel Vega.“Su familia, soportó su ausencia, disminuyó y casi anuló su patrimonio destinándolo a su subsistencia que para entonces dependía en gran medida de él, dispuso los recursos necesarios para su defensa, sufrió la tristeza, la ansiedad y el estrés inexorablemente derivados de la privación de la libertad de un ser querido”.Blu radio consultó a la defensa, quienes son optimistas en que este asunto se resuelva de manera pronta en el segundo semestre de este año, teniendo en cuenta la edad avanzada que tiene Plazas Vega, 79 años de edad.Escuche audio completo acá:
El Tribunal Superior de Bogotá condenó al excomandante del COICI del Ejército Nacional, general (r) Iván Ramírez Quintero a 31 años de cárcel por la desaparición forzada de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. De acuerdo con el documento, los restos de Irma Franco Pineda permanecen desaparecidos hasta el día de hoy, pues sus cuerpos no fueron encontrados en la edificación ni aparecen en los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal.Según los testimonios de quienes fueron rescatados con vida y el análisis genético realizado por la Universidad Nacional a los cuerpos hallados dentro del recinto, debe concluirse que las precitadas víctimas no murieron al interior del edificio ni tampoco en el 4° piso de la edificación, nivel del que fueron conducidos la mayoría de cadáveres calcinados.Irma Franco Pineda era miembro del M19 y según los testigos, participó en la toma al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, siendo identificada por la mayoría de lo testigos como la subversiva que trasladó a varios rehenes al baño que quedaba ubicado entre el tercer y cuarto piso de la edificación, custodiándolos y colaborando con los demás insurgentes en el suministro. Sin embargo fue vista salir con vida del Palacio de Justicia, “salió viva del Palacio de Justicia, fue llevada a la Casa del Florero, donde fue separada del grupo de rehenes liberados ubicándola en el segundo piso de dicha edificación, lugar en el que permaneció custodiada por un soldado, mientras varios de los rehenes le confirmaban a los encargados de la identificación de personas rescatadas, que dicha mujer en efecto hacía parte del grupo guerrillero que se tomó violentamente el Palacio de Justicia".Y agregó la codena, "también, que fue sacada de ese sitio en las horas de la noche en un vehículo tipo campero, el cual fue ubicado de reverso sobre la puerta principal del inmueble, introduciéndola en el mismo por la parte de atrás, sin que hasta la fecha se conozca su paradero".
En medio de la realización de un nuevo foro sobre autonomías regionales en la ciudad de Neiva (Huila), el presidente del Congreso, Iván Name, se pronunció sobre diferentes temas entre ellos la aprobación en segundo debate de la reforma pensional, el acuerdo entre el Gobierno y las EPS para la construcción de una nueva reforma a la salud, y hasta las versiones de sectores de la coalición de Gobierno y del mismo presidente Gustavo Petro de que se estaría configurando un ‘golpe blando’ o ‘bloqueo institucional’.Sobre esto último, el senador Iván Name dejó claro que no acepta estas versiones ya que hablar de un golpe puede poner en riesgo la estabilidad de las instituciones en el país, y más en un país con un historial de violencia tan presente: “El presidente, él en su Palacio; y nosotros en nuestro Capitolio. Hablar de golpes es irrespetuoso, inconveniente e irresponsable para un país que tiene tantas dificultades. Toda esa terminología se la dejo a quienes toda la vida han estado bajo ese concepto de que las instituciones no funcionan”.Frente a los acuerdos alcanzados por el Gobierno y las EPS agrupadas en Acemi y GestarSalud para que se conviertan en Gestoras de Salud y Vida en el marco de una nueva Reforma a la Salud, el presidente Name aseguró que es conveniente y racional acordar con los actores del sistema la solución y el mejoramiento del modelo de operación de la salud en el país, pero que eso debió hacerse hace tiempo y no haber perdido tanto tiempo.“Las EPS han tenido desbordamiento, dificultades, pero es un modelo que se ha instalado desde hace 30 años y que ha avanzado. A las EPS hay que cortarles las uñas pero no la cabeza. No podemos demoler el modelo, no podemos partir de acabar con lo que hay. La cordura para el Estado y en el Estado es que se pueda construir en lo que se ha avanzado”, sostuvo Name.Finalmente, sobre el debate de la reforma pensional que pasa a discutirse en la Cámara de Representantes, el senador Name dejó claro que espera que se hagan ajustes en el proyecto.“El tema pensional fue decidido por las mayorías del Senado, yo no apoyé esa reforma, pero la democracia no es para cuando a uno le sale gustando de acuerdo a las preferencias, la democracia es para aceptar las decisiones de las mayorías. Esperamos que en la Cámara puedan ajustarse algunos aspectos de la reforma y en la sabiduría de nuestras cámaras puedan ajustar temas que están pendientes”, dijo.
Este martes 19 de marzo, la Fiscalía General de la Nación realizó el acto de entrega digna de los restos de Luis Edilberto Cuervo Torres, una de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en Bogotá, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.Cuervo Torres se dedicaba a oficios varios y mecánica automotriz, que visitaba con frecuencia la Plaza de Bolívar, especialmente el Palacio de Justicia, para predicar la religión que profesaba. Al parecer, en uno de sus recorridos cotidianos quedó envuelto en los trágicos hechos.Sin embargo, no fue sino hasta 1998, durante una diligencia de exhumación que se hizo en el Cementerio del Sur, en Bogotá, que el cuerpo de Luis Edilberto Cuervo fue recuperado junto al de otras víctimas del holocausto. En 2015, la familia denunció formalmente la desaparición ante la Fiscalía y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.“En un comienzo no teníamos la total certeza de que él fuera víctima de los del Palacio de Justicia, aunque sabíamos que él pasaba por ese sector (…) cuando realmente se hizo la denuncia para empezar a buscarlo fue en el 2015”, dijo Luis César Cuervo Galvis durante la diligencia.La diligencia comenzó en la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Bogotá. Inicialmente, una comisión de la Unidad de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que ha liderado la investigación por los sucesos del Palacio de Justicia; representantes de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y el equipo científico que estuvo a cargo del proceso de identificación, explicaron a los familiares el protocolo que se siguió para establecer la identidad de su ser querido. Luego, se cumplió la inhumación en un cementerio de Bogotá, que fue gestionado por la Fiscalía.“Había una frustración, uno necesita saber qué pasó con su familia y pues a quien más le pregunta uno, al Estado, se desapareció aquí o en Bogotá. Uno hubiera querido tener una respuesta antes, pero no sucedió así sucedió hasta ahora. Era una sensación de desasosiego, tristeza(...) Se siente una tranquilidad, ya sabemos que ahí está le vamos a dar una disposición final y da mucha tranquilidad. Se cierra un ciclo que fue largo”, sentenció Luis César Cuervo Galvis, hijo de Luis Edilberto Cuervo, víctima del holocausto al Palacio de Justicia.
Este jueves, 22 de febrero, al interior del Palacio de Justicia en Bogotá se hará un nuevo intento para alcanzar las mayorías en la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Razón por la que la Policía Nacional ya desplegó un esquema de seguridad para evitar hostigamiento en la zona durante este proceso.“En el día de hoy tenemos amanecimos con una calma. Gracias a Dios en el sentido de acciones de protestas o concentraciones. En estos momentos todavía no las hay. Tenemos 2.100 policías, hombres y mujeres con nuestros equipos de drones, helicópteros también con nuestras capacidades logísticas en vehículos en motos para las reacciones, todo para restablecer el orden o también para garantizar tranquilidad y seguridad y movilidad”, explicó el general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá, en diálogo con Mañanas Blu sobre el esquema de seguridad durante la elección del fiscal general.En Bogotá habrá al menos 2.100 policías que contarán con todos los recursos logísticos y equipos necesarios para garantizar la seguridad, o reestablecer el orden en caso de que se vuelvan a presentar desmanes como la última vez que llegaron manifestantes al Palacio de Justica e impidieron la salida de funcionarios.“Garantizamos la movilidad para que el personal administrativo y los magistrados tengan su libre locomoción dentro del Palacio y fuera de ello. En su entorno va a haber paso hacia estas personas y todos los que van hacia la plaza a las concentraciones tienen la séptima. Está abierta para que lleguen allí a la Plaza de Bolívar, donde pueden concentrarse y hacer sus actividades de protesta. Lo que corresponda nosotros, que no le tememos, sino estamos haciendo el tema de la prevención, de que estos espacios de vías públicas no nos impidan el ingreso o salida del personal administrativo o de nuestros magistrados que están desarrollando sus actividades allí”, añadió.Cabe recordar que el pasado 8 de febrero, manifestantes y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes Esmad, se enfrentaron en inmediaciones al Palacio justicia cuando ellos bloquearon los ingresos y salidas de este lugar durante la elección del fiscal general de la Nación, esto, según algunos, para ejercer presión sobre la Corte Suprema para que tomara una decisión entorno a este tema.
Blu Radio conoció que la Policía Nacional dispuso de 1.800 uniformados para blindar el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, durante la tercera jornada de votación para elegir a la nueva fiscal general en la sala plena que desarrollará este jueves 22 de febrero la Corte Suprema de Justicia.En diálogo con el general José Gualdrón, comandante de la Policía de Bogotá, confirmó que, “hemos recibido instrucciones muy claras para generar unas acciones preventivas, generar unos dispositivos de acuerdo a los factores de atención que tenemos, especialmente para el día 22 de febrero, que es la elección de la fiscal general. Vamos a estar a prevención con las capacidades de reacción motorizadas. También tenemos personal de drones y helicópteros para estar monitoreando”.Es importante resaltar que durante el 22 de febrero desde las 5:00 a.m. se van a cerrar varias vías cercanas en el centro de Bogotá, entre ellas, la cr 8, la cl 12 y 12b, la cr 9, y la cr 10, como un control perimetral para evitar el paso de vehículos y motocicletas durante la jornada para elegir a la próxima fiscal.“Si alguna concentración o alguna marcha se va a generar hacia la Plaza Bolívar, tiene habilitada la carrera séptima y vamos a estar allí con todos nuestros gestores, con todos los defensores, todos los entes de derechos humanos, atendiendo cualquier requerimiento que genere la tranquilidad de la libre expresión y la locomoción”, explicó el alto oficial.Desde ya se están desarrollando controles preventivos, requisas y aumento de pie de fuerza alrededor del Palacio de Justicia para prevenir cualquier alteración, después del asedio y el bloqueo que se registró el pasado 8 de febrero.El dispositivo se conoce después de que el Consejo de Estado le ordenó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tomar “acciones necesarias para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores, las que incluirán el reforzamiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia, y la consulta y actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados sobre el tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior”.Con esta instrucción se pretende identificar y vigilar a las personas que se podrían infiltrar en las marchas para desestabilizar y generar alteración este jueves 22 de febrero, cuando la sala plena se vuelve a reunir para votar por tercera ocasión la elección de la nueva fiscal entre Amelia Pérez Parra, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago.
Luego de que un grupo de manifestantes que exigían la elección de la fiscal general terminaron asediando y bloqueando por varias horas el Palacio de Justicia el pasado 8 de febrero, en medio de la votación en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado se pronunció para que la administración distrital garantice la seguridad en la próxima sala plena.Por eso, para este 22 de febrero, el alto tribunal le ordenó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tomar “acciones necesarias para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores"."Las que incluirán el reforzamiento del pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia, y la consulta y actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados sobre el tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior”.Con esta instrucción se pretende identificar y vigilar a las personas que se podrían infiltrar en las marchas para desestabilizar y generar alteración este jueves 22 de febrero, cuando la sala plena se vuelve a reunir para votar por tercera ocasión la elección de la nueva fiscal entre Amelia Pérez Parra, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago.Fuentes de la Policía de Bogotá confirmaron que ya tienen planeado todo el dispositivo de seguridad para la elección de la fiscal, pero el general José Gualdrón, comandante de la institución en la capital del país, tiene pendiente la aprobación de esa estrategia para proteger el Palacio de Justicia.La orden del Consejo de Estado se dio en medio de una demanda que aceptó el tribunal donde un ciudadano pidió protección a los derechos fundamentales y seguridad de las personas que trabajan al interior del Palacio de Justicia, de los ciudadanos que trabajan por la zona y de los niños que estudian en colegios aledaños a las instalaciones judiciales.
Luego de que una menor de tan solo 4 meses de edad resultara herida en un enfrentamiento entre un civil y un policía en las afueras del Palacio de Justicia, en el centro de Medellín. La justicia penal militar y policial decidió abrir una indagación preliminar para esclarecer lo sucedido.Minutos después del incidente, una juez de instrucción Penal Militar y Policial llegó al lugar acompañada por personal de la Policía Judicial para llevar a cabo las actuaciones correspondientes.Con la indagación preliminar bajo radicado No. 2337 para determinar la presunta responsabilidad de los uniformados involucrados. Según videos compartidos en redes sociales, los disparos se produjeron cuando un grupo de policías intentaba reducir a un ciudadano que, aparentemente, había agredido previamente a uno de los agentes con un arma corto punzante.“Tras conocerse los hechos en los que resultó herida una menor de edad por un proyectil de arma de fuego a las afueras del Palacio de Justicia de Medellín, Antioquia, en medio de un aparente caso de violencia contra miembros de la Policía Nacional que intentaban controlar a un ciudadano, una juez de instrucción Penal Militar y Policial se desplazó hasta allí en compañía de personal de Policía Judicial”, indicó la Justicia Penal Militar y Policial.Afortunadamente, el Hospital General de Medellín informó que la pequeña se encuentra estable y no presenta dificultades respiratorias. De acuerdo con el reporte médico, el proyectil no penetró el cuerpo de la niña, sino que simplemente la rozó.Sin embargo, los médicos advierten que este tipo de heridas pueden causar daños menores en los tejidos blandos debido a las expansiones. Por el momento, se desconoce cuándo será dada de alta la menor.
Un aterrador caso fue descubierto por las autoridades de Bucaramanga, luego de hallar muerto con una bolsa en la cabeza a un estudiante de derecho. Óscar Ignacio Torres Rincón, de 39 años, hacia sus prácticas en el Palacio de Justicia de Bucaramanga.La Policía informó que el cadáver fue hallado en una zona boscosa aledaña a la Transversal Metropolitana de Bucaramanga, se trata de la vía que comunica al sector de Real de Minas con la Terminal de Transportes.El cuerpo hallado sin vida tenía una bolsa plástica negra en la cabeza y sujetada al cuello,“En la inspección técnica al cadáver no se manipuló la bolsa, por lo que está por establecer si presenta alguna herida o si la causa de muerte fue por asfixia mecánica”, señaló un informe de la Policía conocido por Blu RadioLas autoridades señalaron que el juzgado donde trabajaba Óscar Ignacio Torres le informó a la familia del estudiante que había dejado su bolso en la oficina. En ese momento comenzaron las dudas sobre su paradero y de forma inmediata reportaron su desaparición.En el transcurso de las horas, se conoció que un taxista le informó a la Policía que era sospechosa una motocicleta que estaba abandonada sobre la vía a la Terminal de Transporte de Bucaramanga.Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y encontraron una motocicleta AKT CR4 de placa VHT-48E, color blanco con negro. Al contactar a su familia confirmaron que era la moto de Óscar Ignacio Torres. Tras inspeccionar el sitio fue hallado un cadáver.“Se encuentra una persona de sexo masculino, vestía pantalón jean de color azul, camisa manga larga y zapatos de color negro. Al cual le observan una bolsa plástica en su cabeza y un lazo y unos cordones de zapato alrededor de su cuello, así mismo se encuentran pertenencias de la víctima como billetera, celular y casco”, indicaron las autoridades de la capital santandereana. Se conoció que Óscar Ignacio Torres pretendía casarse en próximos meses.El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga donde se espera determinar las causas de su muerte, que en la primera hipótesis apunta a un homicidio por asfixia mecánica.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.