La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto favorable que fue remitido al tribunal administrativo de Cundinamarca sobre la solicitud que que fue elevada por la defensa del coronel Alfonso Plazas Vega de ser reparado económicamente por los 8 años y medio que estuvo detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición de 12 personas, durante el 6 y 7 de noviembre de 1985 en hechos que rodean la retoma del Palacio de Justicia.“Se cumplen los presupuestos de configuración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad bajo el título de imputación de falla en el servicio, por cuanto encuentra probado que la medida de privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada y arbitraria, con lo cual se configura el daño antijurídico, han de despacharse favorablemente las pretensiones de la demanda tendientes a declarar responsables a las demandadas por la privación injusta de la libertad”, dice la Procuraduría.Blu Radio había revelado los alegatos finales en donde la defensa a cargo del abogado Jaime Granados explicaba al tribunal y a la magistrada María Cristina Quintero las irregularidades que se habrían presentado en la captura en el año 2007 durante la administración del fiscal Mario Iguarán, sin embargo, en dicho documento no se especifica de cuánto debería ser la reparación.En este concepto de la Procuraduría se habla de por lo menos 10.800 millones de pesos por los daños morales, materiales, salud entre otros, no solo Plazas Vega sino a toda su familia “Daño emergente: La suma de $1.677.600.000 provenientes de la venta de progresiva de todo su patrimonio para la subsistencia de su familia mientras estuvo privado de la libertad y (-) lucro cesante: $1.711.180.954 correspondiente a los ingresos dejados de percibir mientras estuvo privado de la libertad”.En el documento se menciona también las dificultades económicas que habría pasado la familia durante ese tiempo que dependían del coronel Alfonso Plazas Vega, así como las pérdidas familiares (dos nietos y su padre) en las que el exoficial no pudo estar presente con sus parientes por estar cumpliendo su sanción.
Han pasado más de tres décadas, desde que el 6 noviembre de 1985 la guerrilla del M19 se apoderó del Palacio de Justicia. El operativo de la retoma por parte del Ejército nacional, estuvo a cargo del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien es demandando en una corte del estado de La Florida, EE.UU. por parte de la hija del fallecido magistrado Carlos Urán.En Mañanas BLU, se consultó a la hija del fallecido magistrado, Helena Urán, quien explicó que la demanda se produce "ante la falta de justicia en Colombia", y que buscan que sea una corte en Estados Unidos, la que les ayude a que, por medidas legales, los culpables del fallecimiento de su padre paguen por sus hechos.De igual forma, señala que la jurisdicción de la corte de La Florida se da porque Plazas Vega está radicado en ese estado, lo que le da viabilidad a la demanda en su contra.Fuera de una indemnización, lo que busca la hija del fallecido magistrado es que se reconozca a Plazas Vega como responsable de los actos que se cometieron el 6 de noviembre del año 85."Lo importante es señalar que este señor (Plazas Vega) es responsable de torturas, desapariciones y ejecuciones. Eso lo hace a él rendir cuentas por esos actos, tiene que rendir cuentas como cualquier persona, como cualquier guerrillero o cualquier oficial del Ejército o ciudadano que cometa un delito. (...) El cometió delitos, como lo hicieron muchos en la retoma del Palacio de Justicia", declaró la hija del fallecido magistrado.Pese a que en Colombia Plazas Vega fue absuelto, Helena señala que eso no significa que realmente sea inocente, ya que él tomó la decisión de entrar con un tanque de guerra a disparar a guerrilleros e inocentes.Además, declara que hay evidencias contundentes que demuestran que su papá salió vivo del Palacio de Justicia, pero luego de esto, lo volvieron a meter a la institución para hacer creer que habría fallecido allí."La billetera de mi papá, con toda su identificación apareciera en una bóveda secreta en las caballerizas, a pesar que siempre habían dicho que mi papá había muerto por el cruce de bala. (...) El salió vivo, porque las imágenes lo mostraron, y después lo meten dentro del Palacio de Justicia para hacer creer que había muerto ahí. Después aparecen estas evidencias de las que acabo de hablar, su billetera", señaló la hija del magistrado.Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
Ante el Tribunal Federal de Distrito del Sur de Florida fue interpuesta la demanda por la familia del magistrado Urán Rojas, asesinado en noviembre de 1985 durante la retoma del Palacio de Justicia.La demanda se interpuso a través de una organización internacional de derechos humanos, con sede en San Francisco, teniendo en cuenta que Plazas Vega reside en Weston, Florida.En tal sentido, la familia de Urán Rojas considera que luego de 37 años de ocurridos los hechos, la justicia colombiana no ha proferido condena pese a las pruebas que demuestran que el magistrado salió con vida del edificio.Las demandantes buscan que la justicia norteamericana establezca la presunta responsabilidad del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, entonces teniente coronel y comandante de la Escuela de Caballería de la Brigada XIII del Ejército, por haber participado de manera activa en un procedimiento ilegal “para identificar, interrogar, torturar y matar o desaparecer por la fuerza a los rehenes rescatados sospechosos por los militares de tener alguna afiliación con la guerrilla”.Las hijas de Urán Rojas ven en esta demanda una oportunidad para buscar justicia pues consideran que las autoridades colombianas han obstaculizado la búsqueda de la verdad.Hay que recordar que, en diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia absolvió al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en las desapariciones del administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y de la guerrillera Irma Franco durante la retoma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
"Santos todavía se puede salvar de pasar a la historia como el presidente del gobierno más desafortunado de la historia de Colombia", señaló en una entrevista con Efe en Miami (EE.UU.). (Lea acá también: Gobierno exige fecha fija, precisa y clara para terminar desarme de las Farc). Plazas Vega, que desde su absolución en diciembre pasado reside fuera de Colombia, participará el viernes 1 de abril en un "plantón" frente al consulado colombiano en Miami, una de las protestas convocadas fuera de Colombia para acompañar las programadas para el 2 de abril dentro del país. Organizadas por el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, las protestas son para decir "No+" (No más) a la corrupción, el narcotráfico, la subida de impuestos, el desempleo y a "arrasar con las instituciones y normas en nombre de la paz", entre otras muchas cosas. A una pregunta de Efe sobre si hay un paralelismo entre estas marchas y las que la oposición al Gobierno de Dilma Rousseff realiza en Brasil, Plazas Vega, que fue director nacional de Estupefacientes en el primer Gobierno de Uribe, subrayó que la situación en Colombia es "peor" que la del gigante suramericano. "Ellos (los brasileños) no tienen un ejército revolucionario criminal con un pasado tortuoso como las Farc", indicó. Por eso, aunque en la convocatoria no se mencione expresamente, Plazas Vega asegura que los colombianos residentes en Miami, Atlanta, Houston, Washington y Nueva York, en EE.UU., y los de las otras ciudades donde habrá protestas el viernes o el sábado próximos también van a decir "No+" a las Farc. Para él, esa organización guerrillera es "el centro de gravedad" de todo lo que es negativo para Colombia y el Gobierno de Santos con las negociaciones de La Habana le está abriendo la puerta del país al totalitarismo. "No es un proceso de paz es un proceso de entrega de Colombia para acabar con el sistema democrático e imponer un sistema totalitario", dice convencido de que, siguiendo las directrices de Cuba, el "comunismo internacional quiere abrir sucursal" en su país. A una pregunta de Efe, el coronel que se retiró del Ejército en 1992 porque se le excluyó de la posibilidad de ascenso a general, opinó que después de la caída del bloque soviético, el comunismo ha seguido intentando mantener influencia y captar países de una manera "más suave", "más torticera", que antes. En América Latina ha tomado la forma del "socialismo del siglo XXI", pero "van a fracasar" en su intento de crear una especie de "bloque", aunque eso no significa que el peligro vaya a desaparecer para Colombia, señala. A su juicio, las Farc buscan llegar al Congreso para desde allí lograr lo que no han podido por la fuerza de las armas en medio siglo. Su táctica es obtener concesión tras concesión del Gobierno de Santos a cambio de una supuesta renuncia a la lucha armada, dice. Esa es la razón, a su juicio, de que el acuerdo de paz no se haya firmado el 23 de marzo como ambas partes se habían propuesto. "Las Farc no van a firmar, seguirán exigiendo y les seguirán cumpliendo, siempre habrá algo mas que pidan", indicó sobre un proceso de paz que a su juicio está en estado "agónico", mientras en Colombia "hay un total desgobierno". "El presidente Santos debería levantarse de la mesa de negociación y dedicarse a atender los problemas de los colombianos. Yo le recomendaría que deje de funcionar como un comisionado de paz y se dedique a cumplir algunas de las cosas que prometió cuando fue elegido", subrayó. El coronel, que afirma que no puede residir en Colombia porque nadie le garantiza su seguridad ni sus derechos, anunció a Efe que está escribiendo un libro, que piensa publicar este año, donde cuenta todo lo que sabe sobre el asalto al Palacio de Justicia de Bogotá en 1985 por parte del Movimiento 19 de Abril y la operación militar para recuperar el edificio y liberar a los rehenes. Plazas Vega recordó que ha entablado acciones legales en contra de los jueces que en primera y segunda instancia, en 2010 y 2012, le condenaron a 30 años de cárcel como responsable de desapariciones de algunas personas tras la recuperación del Palacio, condenas desestimadas en 2015 por la Corte Suprema, que consideró que no había pruebas que lo vinculasen con los delitos que se le imputaban. En el libro contará lo que él presenció de aquel sangriento capítulo de la historia de Colombia, lo que investigó por su cuenta después y el trasfondo del proceso judicial por el que estuvo privado de libertad desde 2007. "Van a descubrir realidades ocultas, van a poder hilar cosas que no habían hilado", subrayó. Escuche las siguientes noticias en este audio: -El vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, anunció que se postulará a la convocatoria pública que fue abierta ayer e irá hasta el 3 de abril para integrar la terna con la que se elegirá Fiscal General. -El ministro de vivienda, Luis Felipe Henao, resaltó la disminución de la tasa de crecimiento en los precios de la vivienda en el país. -El presidente Santos asistirá al acto de inauguración del Sistema Integrado de Transporte Masivo, Transcaribe, en Cartagena. -El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, propuso hoy al Tribunal Supremo que se mantenga el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro, pero sin el fuero privilegiado que le blinda ante los tribunales comunes.
“Detrás de todo esto hay un enemigo muy poderoso que es un colectivo de abogados que conjuntamente con algunos fiscales y jueces de la Rama Judicial han venido haciendo este tipo de montajes dentro de una habilidosa concepción que tiene que ver con la guerra política y jurídica”, manifestó. Por otro lado, mostró sus reparos al acuerdo de justicia alcanzado con la guerrilla de las Farc. “Quiénes y cómo se va a organizar el tema de los magistrados para el tribunal que se va a encargar de manejar esa parte del proceso”, comentó. Escuche la crítica que hizo el general Barrera al acuerdo de justicia entre el Gobierno y las Farc que, según él, es necesario que se le aplique a las FF.MM. y de Policía pero de manera diferenciada.
Dijo que un grupo de falsos testigos “está perfectamente demostrado, determinado, las sentencias tanto del Tribunal Superior de Bogotá en la segunda instancia como la que en este momento está profiriendo la Corte Suprema están determinando con claridad que esa investigación estuvo mal hecha”. (Lea aquí: También nosotros nos podemos equivocar: jueza que condenó a Plazas Vega). Por otro lado, durante la entrevista con Blu Radio, el coronel en retiro aseguró que es en las agencias de inteligencia del Ejército, la Policía y el extinto DAS donde están los responsables por las desapariciones del Palacio de Justicia. (Lea también: Paz también es aceptar responsabilidad: Santos pide perdón por retoma de Palacio). “Al mirar con cuidado la condena a Colombia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encuentra que ahí se le carga una responsabilidad al sistema de inteligencia nacional, compuesto por miembros de inteligencia del DAS, del Ejército y de la Policía. Por ahí es que hay que mirar y buscar las responsabilidades”, manifestó. Entre tanto, el coronel aseguró que la útlima década sintió que estaba “muerto en vida”. “Cuando uno está privado de la libertad se siente como un muerto en vida”, agregó. (Lea también: A Irma Franco la desaparecieron integrantes del Ejército: Plazas Vega). Incluso, aseguró que la esposa de uno de sus hijos perdió un bebé por el trato que le dieron cuando iba a ser trasladado a la cárcel La Picota. “Llegó mi nuera con un retrato que decía ‘abuelo, pronto me conocerás’ (…) lo que no me imaginé que esa misma noche iba a llegar el Inpec en un acto criminal y me iban a sacar como el peor de los delincuentes atropellándome y golpeándome para llevarme a La Picota. Los medios de comunicación mostraron esa barbaridad y cuando mi nuera vio eso perdió el niño, se murió mi nieto, no conocí a ese nieto”, relató. (Aquí: Absolución de Plazas Vega es desafortunada: hija de desaparecido en Palacio) Finalmente, hizo énfasis en que estar separado de su familia fue lo que más le afectó, por lo que lo primero que hará al quedar en libertad será reunirse con ellos. “Lo más duro es que todos mis nietos nacieron estando yo en cautiverio (…) no se imagina la falta que me han hecho, es lo más duro que uno vive en estos 8 años y medio separado de mi familia”, finalizó.
Debate: Absolución de Alfonso Plazas Vega, ¿acertada?
Alejandra calificó como “desafortunada” la decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver y ordenar la libertad del coronel en retiro Plazas Vega asegurando que es “una opinión no solo de mi familia sino en general de los familiares de los desaparecidos del Palacio”. (Lea aquí: También nosotros nos podemos equivocar: jueza que condenó a Plazas Vega). Afirmó que “más que fallar en derecho, todo esto fue un fallo político” pues asegura que el alto tribunal no tuvo en cuenta las pruebas “que actualmente existen en el caso de las desapariciones” del Palacio. Dijo que le “causa consternación la descalificación” de la Corte Suprema de Justicia de “algunos de los testigos como Yolanda Santodomingo que está comprobado que fue víctima de torturas”. La hija del administrador de la cafetería aseveró que el acto de reconciliación del presidente Santos del pasado 6 de noviembre, cuando se conmemoraron los 30 años de la toma y la retoma del Palacio, simplemente queda como “un saludo a la bandera”. (Lea también: Paz también es aceptar responsabilidad: Santos pide perdón por retoma de Palacio). “Con esto se ve que no hay una intención real del Estado de investigar la responsabilidad de las personas que cometieron estos actos”, dijo. Rodríguez afirmó que la Corte Suprema se encuentra politizada y que la decisión que se tomó en el caso del coronel Plazas Vega “tiene una relación directa con el tema de favores políticos que los magistrados le deben a personas que los ayudaron a llegar al cargo en el que están”. “La Corte hace 30 años era jurídica y fallaba en derecho pero hemos visto que se ha degradado con el tiempo. No solamente en el fallo del Palacio sino en otros, la Corte ha tomado decisiones por influencias políticas”, aseguró. Declaró que apoya el proceso de paz pues considera es “necesario” para el país, sin embargo afirmó que “la paz solamente podrá ser real en el momento en el que todos los responsables de los delitos reconozcan los mismos”. “Las heridas siguen abiertas mientras los militares responsables de la desaparición de mi papá y sus compañeros no reconozcan que cometieron los delitos y cuenten la verdad sobre lo que realmente sucedió en el Palacio”, dijo Rodríguez. (Lea también: A Irma Franco la desaparecieron integrantes del Ejército: Plazas Vega).
Esa oración, pronunciada con agitación el 6 de noviembre de 1985, fue la que le dijo entre balas y gritos el coronel Plazas Vega al periodista que hace 25 años trató de entrevistarlo mientras dirigía la retoma del Palacio de Justicia, tomado por el M-19. Plaza Vega fue condenado por estos hechos por el Tribunal Superior de Bogotá a 30 años de cárcel y desde 2008 está detenido en una unidad militar en Bogotá. (Lea además: Ojalá que absolución a Plazas Vega reoriente injusticias contra FF.MM: Uribe) Desde su sitio de reclusión, Plazas Vega dijo a periodistas que "la Corte Suprema reivindicó a la justicia colombiana" y señaló que "hubo una pésima investigación y unas decisiones equivocadas por parte de la primera y segunda instancia". “El M-19 es el responsable y deben determinar si hay desapariciones. Yo creo que el M-19 no es responsable de unas desapariciones, sino de unos homicidios. Quiero ser claro en eso, la única desaparecida aquí es la guerrillera Irma Franco”, señaló el coronel Plazas Vega. El Palacio de Justicia fue tomado por el Movimiento 19 de Abril (M-19) el 6 de noviembre de 1985 y recuperado al día siguiente, después de 28 horas de enfrentamientos, por el Ejército, en una operación que dejó cerca de un centenar de muertos y once desaparecidos. En la época de los hechos, el entonces teniente coronel Plazas Vega era el comandante de la Escuela de Caballería, que lideró la operación militar y se hizo célebre porque cuando se le preguntó por qué los tanques del Ejército entraron al Palacio de Justicia respondió que la intención era "mantener la democracia, maestro". Inicialmente el militar retirado fue condenado por la desaparición "forzada agravada" de siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera del M-19. Sin embargo, en 2012 el mismo Tribunal ratificó la pena pero disminuyó a dos el número de desaparecidos luego de considerar que había pruebas de que el administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez, y la guerrillera Irma Franco salieron con vida luego de la retoma del Palacio por parte del Ejército. La Corte explicó en un comunicado que la decisión adoptada "se contrajo exclusivamente a la desaparición de los aludidos en precedencia, no a la acción militar llevada a cabo para la recuperación del Palacio de Justicia" por cuanto eso no fue materia de investigación y juzgamiento. Asimismo agregó que la decisión se adoptó después de prolongados debates en los cuales se analizaron las pruebas "concluyendo la mayoría de los miembros de la Sala que ellas no ofrecen el grado de certeza suficiente sobre la responsabilidad penal del acusado que permita mantener la condena impuesta". Según los magistrados, las declaraciones de Édgar Villamizar Espinel, César Sánchez Cuesta, Tirso Sáenz Acero y Yolanda Santodomingo "consideradas por el Tribunal para proferir la condena, no brindan credibilidad para fundar en ellas una decisión de tal carácter, dadas las inconsistencias de su testimonio". Destacan en particular el caso de Villamizar porque, además de la "fragilidad" de sus relatos, el tiempo transcurrido desde la toma y el momento de la declaración, agosto de 2007, "suscitó gran inquietud" pues no hay "ninguna explicación (...) para que hubiese permanecido en silencio por espacio de tan prolongado lapso (22 años), y luego concurra a rendir un testimonio plagado de inexactitudes". El militar en retiro dijo también que en su caso "se ha cometido un terrible atropello, se han violado los derechos humanos, los derechos fundamentales, el debido proceso. La Corte reivindicó la rama de los errores cometidos por quienes estuvieron a cargo de la investigación". De otro lado, dijo que de momento no ha pensado en presentar una demanda contra el Estado por el tiempo que estuvo preso pues "no es lo que está en las prioridades de mis actividades por llevar a cabo a continuación".
La Sala Penal del alto tribunal podría ratificar o absolver al coronel retirado, condenado por el Tribunal Nacional de Bogotá a 30 años de cárcel por la desaparición de esas dos personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. (Lea aquí: Plazas Vega le pide al fiscal no 'equipararlo con la guerrilla'). El alto tribunal analiza la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero desde hace un año, luego de que el coronel en retiro presentara una casación para que fuera revisada su sentencia condenatoria. (Vea también: Militares y almirantes en retiro piden libertad del coronel Plazas Vega) Estos son los puntos que tuvo en cuenta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para tomar la decisión: 1. Casó el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a través del cual condenó al coronel Luis Alfonso Plazas Vega a la pena de treinta (30) años de prisión por el delito de desaparición forzada en Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda, y en su lugar lo absolvió de tal conducta en las personas mencionadas. 2. El presente asunto y por ende la decisión adoptada, se contrajo exclusivamente a la desaparición de los aludidos en precedencia, no a la acción militar llevada a cabo para la recuperación del Palacio de Justicia, con ocasión de la incursión ejecutada los días 6 y 7 de noviembre de 1985 por un comando del grupo subversivo M.19., por cuanto eso no fue materia de investigación y juzgamiento y por ende escapaba de su competencia emitir algún tipo de pronunciamiento sobre el particular. 3. A la decisión adoptada en el proceso adelantado al coronel (r) ALFONSO PLAZAS VEGA, se llegó después de prolongados debates en los cuales se examinó y analizó detenidamente la prueba legal, regular y oportunamente allegada a la actuación, concluyendo la mayoría de los miembros de la Sala que ella no ofrece el grado de certeza suficiente sobre la responsabilidad penal del acusado que permita mantener la condena impuesta. En particular las declaraciones de Edgar Villamizar Espinel, Cesar Sánchez Cuesta, Tirso Sáenz Acero y Yolanda Santodomingo, consideradas por el Tribunal para proferir la condena, no brindan credibilidad para fundar en ellas una decisión de tal carácter, dadas las inconsistencias de su testimonio. Especialmente en el caso de Edgar Villamizar Espinel, además de la fragilidad de sus asertos, el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos (5 y 6 de noviembre de 1985) al momento de la declaración (1 de agosto de 2007) esto es, 21 años, 8 meses y 25 días después, suscitó gran inquietud, en cuanto ninguna explicación atendible surge para que hubiese permanecido en silencio por espacio de tan prolongado lapso, y luego concurra a rendir un testimonio plagado de inexactitudes. 4. Plazas Vega no cumplió labores de inteligencia en la Casa del Florero, lugar a donde fueron trasladados los liberados del Palacio de Justicia, quienes quedaron a disposición del B 2 de la Brigada Trece, de modo que la identificación de las personas, su calificación de especiales (guerrilleros) y la remisión a otras unidades no era labor del procesado. 5. Los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaran el compromiso del Estado en la desaparición de personas sin señalamientos en particular. El organismo internacional acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado Colombiano y declara que es responsable por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda entre otras personas, pero no hace ningún juicio respecto de alguien determinado, puesto que según lo manifestara “la protección internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de acción penal”. 6. La sentencia emitida no impide la continuación de los procesos penales seguidos a miembros de las fuerzas militares por el mismo hecho, o de aquellos que la Fiscalía haya iniciado o en el futuro inicie por la operación militar de retoma del Palacio de Justicia. 7. Como consecuencia de lo anterior, se dispuso la libertad inmediata del coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
Luis Felipe Henao, representante de los accionistas minoritarios de Ecopetrol, acaba de denunciar por injuria y calumnia al exjefe de Ética de Ecopetrol, Alberto José Vergara, quien reapareció esta semana en una entrevista insinuando que la junta directiva se confabuló con el auditor para sacarlo de la empresa con un informe ‘ilegal’ y que, según él, hoy se están denunciando hechos que él mismo denunció cuando aún estaba en Ecopetrol.Vergara salió de la petrolera a mediados de 2025, en medio del escándalo ocasionado por un informe interno de auditoría que lo señalaba de haber solicitado a sus subalternos, en "diversas ocasiones", que utilizaran herramientas de auditoría forense como e-Discovery para obtener información sobre personas que no estaban siendo investigadas por casos éticos y sin tener autorización de la Junta Directiva. Esas ‘chuzadas’ se habrían dado contra tres miembros de la Junta Directiva, nueve diferentes ejecutivos del Grupo Ecopetrol, cuatro directivos sindicales y tres personas no vinculadas con la organización, según el informe de auditoría.Esas peticiones de Vergara se sumaron a la polémica por la ampliación del contrato con Covington & Burling, que pasó de 875 mil dólares a 5,8 millones de dólares en diciembre de 2024 y que, según la propia Junta Directiva de Ecopetrol, no contaba con su aval.En la denuncia, que ya está radicada en la Fiscalía, Henao argumenta que Vergara lo incluye como parte de hechos que ocurrieron mucho antes de su nombramiento como representante de los accionistas minoritarios de Ecopetrol y que, en el camino, está lesionando su derecho al buen nombre y su credibilidad profesional.Henao está dispuesto a que Vergara se retracte en el mismo medio y con el mismo espacio de difusión sobre sus acusaciones. Sin embargo, la pelea podría ir incluso más allá del ámbito penal:"Me reservo el derecho de perseguir, por la vía civil, la indemnización de la totalidad de los daños y perjuicios —patrimoniales y extrapatrimoniales— causados con las imputaciones, contra el querellado Alberto José Vergara Monterrosa, como autor de las afirmaciones, sea mediante el incidente de reparación integral (artículos 102 y siguientes de la Ley 906 de 2004) o mediante la acción de responsabilidad civil independiente, a elección del querellante", señala el documento de denuncia.
La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, aseguró que no existe un paro armado en el departamento, luego de los bloqueos y la quema de dos buses registrados en la Troncal del Caribe tras una operación de la Policía de Antinarcóticos contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en la que murió alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como jefe militar de esa estructura.En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria explicó que durante la noche se adelantó un consejo de gobierno con presencia del presidente de la República y la cúpula militar para evaluar la situación de orden público y coordinar el restablecimiento de las vías.“En estos momentos no hay paro armado”, afirmó Guerra, quien agregó que las instrucciones impartidas por el Gobierno nacional fueron restablecer el tránsito y evitar que los grupos ilegales impusieran restricciones a la movilidad de la población.La gobernadora indicó que el último vehículo que permanecía sobre la vía fue retirado hacia las 5:00 de la mañana, con apoyo de maquinaria de la Gobernación, grúas y otros recursos destinados al despeje de la carretera.Bloqueos y quema de buses en la Troncal del CaribeLos hechos se concentraron en sectores del corredor que comunica Santa Marta con zonas del norte del departamento y que se extiende hacia los límites con La Guajira. De acuerdo con la gobernadora, los bloqueos se produjeron después del operativo contra integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Guerra señaló que dos buses fueron quemados durante los disturbios. Según su relato, no hubo personas heridas como consecuencia de la quema de los vehículos y posteriormente se desplegaron acciones para retirar los automotores y demás obstáculos que impedían la circulación. “A las 5 de la mañana estábamos moviendo ya el último vehículo que estaba sobre el lado de Buritaca para desbloquear 100% la vía”, sostuvo la mandataria.La Troncal del Caribe es un corredor estratégico para la movilidad entre Santa Marta, las poblaciones del norte del Magdalena y La Guajira, además de ser fundamental para actividades económicas y turísticas de la región.Operativo contra alias ‘Cholo’ deja cuerpos pendientes por identificarUno de los puntos que permanecían bajo verificación al momento de la entrevista era el número total de personas muertas durante la operación policial. La gobernadora confirmó que siete personas fallecidas habían sido trasladadas, entre ellas alias ‘Cholo’, pero explicó que existían otros cuerpos cuya identidad y número definitivo de bajas todavía debían ser establecidos por las autoridades competentes.“Podría ser”, respondió Guerra al ser consultada sobre la posibilidad de que hubiera otras seis personas muertas en el lugar del operativo. La mandataria insistió en que esa información todavía estaba en proceso de verificación.“Esa información está por confirmar”, precisó, al señalar que Medicina Legal y la Policía debían avanzar en la identificación y confirmación oficial de los cuerpos. La precisión resulta relevante en medio de las versiones que circularon después del operativo, pues la Gobernación evitó dar por confirmado un número de víctimas superior al que había sido establecido oficialmente hasta ese momento.Clases y actividades en Santa Marta: medidas preventivasLa situación de seguridad también generó preguntas sobre el funcionamiento de colegios y universidades en las zonas de influencia. Guerra explicó que se plantearon medidas preventivas, especialmente para sectores rurales de Santa Marta, Zona Bananera y Ciénaga.Según la gobernadora, la posibilidad de desarrollar jornadas alternas de clases correspondía a decisiones de las autoridades distritales y municipales. La medida, explicó, respondía a la necesidad de prevenir eventuales retaliaciones después del operativo y no a la existencia de un paro armado confirmado: “Es un tema más preventivo que realmente porque esté, haya un paro armado”, afirmó.La Gobernación también indicó que, pese a la tensión generada por los bloqueos y las amenazas que comenzaron a circular, no se había registrado un nuevo reporte negativo al momento de la entrevista.Santa Marta mantiene sus eventos programadosLa gobernadora aseguró además que los eventos previstos en Santa Marta continuarían desarrollándose con normalidad. Entre ellos se encontraba un encuentro de la justicia penal organizado por la Corte Suprema de Justicia.Guerra sostuvo que la instrucción institucional era mantener la actividad del departamento y evitar que los grupos ilegales determinaran las condiciones de movilidad o funcionamiento de las ciudades y municipios.“Todo sigue con total normalidad”, manifestó la mandataria, al reiterar que las autoridades permanecerían coordinadas frente a cualquier eventual intento de retaliación.Extorsión, turismo y narcotráfico: la influencia de las Autodefensas ConquistadorasMás allá de los hechos ocurridos después de la operación, la gobernadora se refirió a la influencia que, según las autoridades locales, mantiene esta estructura armada en sectores rurales del Magdalena y áreas cercanas a La Guajira y Cesar.Guerra afirmó que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tienen incidencia sobre diferentes actividades económicas mediante prácticas de extorsión y señaló afectaciones para comerciantes, operadores turísticos y productores: “Tiene azotado el comercio, al turismo, al pequeño, al grande productor con todo el tema de extorsión”, afirmó la gobernadora.La mandataria agregó que el grupo también estaría relacionado con actividades de narcotráfico y con disputas por territorios y rutas utilizadas para ese negocio ilegal. En su descripción, la presencia de la organización se concentra especialmente en zonas de la Sierra y corredores de movilidad ubicados en áreas rurales de Ciénaga y Zona Bananera.
El actual fenómeno meteorológico de El Niño, que se está intensificando, ya igualó el nivel del episodio más intenso registrado hasta ahora, dijo el lunes a la AFP un reconocido científico.Las consecuencias son visibles en varias regiones. En Centroamérica, animales y cultivos están muriendo a causa de la sequía. La falta de agua también plantea problemas para el canal de Panamá.Zeke Hausfather, climatólogo de Berkeley Earth y coautor de informes sobre el cambio climático para las Naciones Unidas, señaló que la anomalía de la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico tropical se sitúa ahora en 3,07ºC, lo cual la iguala con la de El Niño de 2015-2016."Es muy probable que este mes (septiembre) tenga las anomalías mensuales más altas de las que se tiene registro, salvo que ocurra algo bastante inesperado en la próxima semana", señaló en un correo electrónico.Las cifras, publicadas en el panel Climate Brink, se basan en registros de temperatura de la superficie del mar obtenidos mediante satélites y boyas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).El indicador mide cuánto superan las temperaturas diarias de la superficie del mar en la región Niño 3.4, una zona del Pacífico tropical, el promedio de los últimos 30 años.La NOAA utiliza actualmente otro método, denominado Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), que compara el calentamiento de la región Niño 3.4 con el del conjunto del cinturón tropical para reflejar mejor el calentamiento global. Con ese indicador, el actual episodio de El Niño sigue por debajo del récord, aunque se espera que termine superándolo.El Niño es la fase cálida de un ciclo natural del Pacífico tropical conocido como Oscilación del Sur-El Niño (ENSO).Se produce cuando los vientos alisios se debilitan temporalmente y permiten que aguas cálidas acumuladas en el oeste del Pacífico se desplacen hacia el este y afloren a la superficie.Si esas temperaturas superiores a lo normal persisten durante varios meses, favorecen la formación de más tormentas y nubosidad, con repercusiones en la atmósfera mundial. El resultado son condiciones más cálidas y secas en algunas regiones y más frescas y húmedas en otras.Los científicos no coinciden plenamente sobre si el cambio climático intensifica los propios episodios de El Niño. Sin embargo, un estudio reciente basado en esqueletos de coral concluyó que ha habido una "llamativa amplificación" del fenómeno en los últimos 40 años en comparación con el período preindustrial.
Las transferencias digitales hacen parte de las operaciones que utilizan a diario miles de personas en el país. Sin embargo, esta modalidad también ha sido aprovechada por delincuentes que intentan engañar a usuarios y comerciantes con comprobantes falsos, lo que puede generar desconfianza en estos servicios.Una de las formas de fraude consiste en utilizar una captura de pantalla o un recibo alterado para hacer creer que la transferencia fue realizada, aunque el dinero nunca haya ingresado a la cuenta del destinatario.Ante este panorama, Nequi cuenta con una función dentro de su aplicación que permite comprobar si un comprobante corresponde a una transacción real. La herramienta muestra información del movimiento para que el usuario pueda comparar los datos antes de entregar un producto o dar por terminada una venta.¿Cuál es el botón de Nequi para comprobar si el pago es real?La verificación puede realizarse directamente desde la aplicación. Para hacerlo desde Nequi, el usuario debe seleccionar el botón con el signo de pesos ($) y luego ingresar a la opción “Comprobar un pago”.Al seleccionar esta función, la cámara del teléfono debe estar activa para escanear el código QR que aparece en el comprobante de la otra persona. Si el documento fue recibido como una imagen y está almacenado en la galería, también puede cargarse mediante la opción “Imagen”.Una vez realizado el proceso, la aplicación muestra el mensaje “Pago confirmado” cuando la operación corresponde a una transacción registrada.La herramienta también permite consultar información asociada al movimiento, como la fecha, la hora, el valor del pago, el destinatario y el número de referencia. Estos datos pueden compararse con la operación que se está verificando.¿Cuánto tiempo tiene para verificar un comprobante de Nequi?La función tiene una condición que debe tenerse en cuenta: el código QR del comprobante puede escanearse durante los cinco minutos siguientes a su generación.Por tal motivo, la herramienta está pensada para verificar pagos recientes, especialmente cuando la transacción ocurre de manera presencial y se necesita confirmar en ese momento si el dinero fue enviado.Recibir una imagen de un comprobante no significa que la transferencia se haya completado. Una captura puede ser modificada o utilizada para intentar engañar al destinatario.¿Cómo evitar estafas con comprobantes falsos?Antes de entregar un producto o finalizar una venta, se recomienda comprobar que el pago aparezca efectivamente reflejado en la cuenta. También se puede utilizar la función de Nequi para revisar la información asociada al comprobante.Si los datos del documento no coinciden con los que muestra la aplicación, el pago debe ser revisado antes de continuar con la operación.De esta manera, la comprobación ofrece una alternativa adicional para verificar las transferencias y reducir el riesgo de aceptar como válido un comprobante que no corresponde a un pago realizado.
En un operativo desarrollado en el municipio de Suárez, Cauca, las autoridades capturaron a alias ‘Bladimir’ o ‘Morcilla’, señalado de integrar una red de apoyo a la estructura Jaime Martínez, vinculada a las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.La captura se produjo durante una operación adelantada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5, a través del Batallón de Despliegue Rápido N.° 15, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional.Según información de inteligencia militar, el hombre figuraba entre los ocho más buscados del Cauca por delitos ambientales. Las autoridades habían establecido una recompensa de hasta $100 millones para quien entregara información que permitiera localizarlo y facilitar su captura.Las investigaciones señalan que ‘Morcilla’ habría tenido un papel de liderazgo en actividades de explotación ilícita de recursos naturales entre 2019 y 2023, particularmente en el sector de Minas del Socorro, dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.De acuerdo con las autoridades, estas actividades habrían generado afectaciones sobre fuentes hídricas y otros recursos naturales, además de representar una fuente de financiación para la estructura Jaime Martínez.Para el Ejército, la captura afecta la capacidad de esta organización para coordinar economías ilícitas, mantener redes de apoyo y obtener recursos para el desarrollo de sus actividades criminales en el norte del Cauca.El capturado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar su responsabilidad dentro del proceso.
