Al menos 100 personas que invadieron predios de EPM y la Gobernación de Antioquia, cerca al proyecto Hidroituango, podrían ser desalojadas forzosamente. Con perifoneos en la zona, autoridades advierten que el tiempo para salir de los predios de manera voluntaria se acabó.
El Movimiento Ríos Vivos alertó que, pese a la pandemia, la Gobernación de Antioquia notificó a varias comunidades de Briceño, Ituango y Liborina, de que venció el plazo de 3 días para abandonar varios predios ocupados por damnificados de las fallas en Hidroituango, por lo que anunciaron a través de la Secretaría de Gobierno departamental que en cualquier momento se procederá con el desalojo forzoso.
Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos, explicó que son cerca de 100 personas las que podrían ser desalojadas. “Hay en trámite dos desalojos: uno al lado de Briceño y cerca de Ituango y otro en Liborina. En Briceño son entre 30 a 40 personas, en Ituango 30 personas y en Liborina 20 personas las que están en riesgo con esa orden de desalojo”, dijo Zuleta.
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"Estamos en medio de la incertidumbre. Sabemos sí que la administración de Briceño le negó a EPM la orden de desalojo. Por eso creemos que es un desalojo ilegal. La orden está dada, pero no han procedido con ella", agregó Zuleta sobre el debate jurídico alrededor de la orden de desalojo.
Las personas que invadieron los terrenos, víctimas del conflicto armado, aseguran ser damnificadas por las fallas en la hidroeléctrica a comienzos del 2018, cuando el corregimiento Puerto Valdivia y otras poblaciones sufrieron graves inundaciones. Los pobladores piden que se respeten los protocolos humanitarios en medio de la pandemia.
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