La Fiscalía ordenó el archivo de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el presunto delito de soborno en la actuación penal, al concluir que no encontró pruebas que permitieran establecer la existencia de los supuestos pagos a exparamilitares para que modificaran sus declaraciones judiciales.
La decisión fue adoptada por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Sandra Helena Portilla Constain.
Publicidad
Uno de los principales elementos analizados fue la declaración de Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, quien aseguró que los exparamilitares Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, y Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias ‘Simón’, habrían recibido sumas de dinero que alcanzarían los $300 millonesa cambio de modificar sus versiones judiciales.
Sin embargo, según la resolución, Sierra García no aportó documentos ni elementos de juicio que respaldaran sus afirmaciones. La Fiscalía concluyó que sus señalamientos correspondían a “rumores del patio o de una mera percepción respecto de la cual no se encontró fundamento”.
Para verificar la información, el despacho adelantó un rastreo patrimonial y financiero con apoyo de la DIAN, Cifin, el Banco de la República y la Superintendencia de Notariado y Registro, examinando operaciones inmobiliarias de predios ubicados en Cimitarra, Santander, relacionados con Gabriel Muñoz Ramírez, así como el origen de los recursos utilizados para cancelar hipotecas bancarias.
Tras revisar escrituras públicas, títulos de propiedad, transacciones e interrogar a compradores y propietarios, la Fiscalía determinó que las operaciones correspondían a negocios legítimos entre particulares y no tenían relación con los presuntos sobornos.
Publicidad
El análisis también descartó que existiera un origen ficticio o financiación encubierta en los pagos. Además, estableció que las fechas de las transacciones inmobiliarias y los giros de dinero no coincidían ni guardaban relación causal con las declaraciones rendidas por los testigos ante la justicia.
En la misma resolución, la Fiscalía se refirió a los señalamientos de fraude procesal relacionados con alias Castañeda, alias Simón y Óscar Antonio Monsalve Correa.
Publicidad
Sobre estos hechos, el despacho señaló que existía una imposibilidad legal de emitir un nuevo pronunciamiento, debido a que ya habían sido objeto de debate y valoración probatoria en el juicio oral adelantado ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
La investigación tuvo su origen en febrero de 2018, cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigar al senador Iván Cepeda Castro y ordenó compulsar copias para que se indagara al entonces senador Álvaro Uribe Vélez por una presunta manipulación de testigos.
El expediente se originó en las denuncias formuladas por Cepeda y en las actuaciones relacionadas con los testimonios de antiguos integrantes de grupos paramilitares.
Publicidad
Posteriormente, tras la renuncia de Uribe a su curul en el Senado de la República, la competencia del proceso pasó a la Fiscalía General de la Nación, que continuó con las diligencias de investigación.