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JEP ordena medidas de urgencia al Gobierno para proteger vida de exguerrilleros

Por el asesinato de más de 200 excombatientes, el Gobierno tendrá que convocar a la instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política.

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Farc / Foto / Referencia AFP

Luego de la audiencia virtual sobre la seguridad de los exguerrilleros de las Farc, en Antioquia, la sección de ausencia de reconocimiento de la JEP ordenó medidas cautelares colectivas al Gobierno Nacional para proteger la vida de los excombatientes que están sometidos a la jurisdicción.

La medida fue tomada luego de que la JEP constatara que, “pese a las labores realizadas por diversas autoridades, persiste una grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales (más de 200 comparecientes han sido asesinados), fenómeno que ha sido suficientemente documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc”.

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Las órdenes de la sección comprometen al alto comisionado para la Paz, al consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, y a la Unidad Nacional de Protección para llevar a cabo acciones que garanticen la seguridad y vida de los reincorporados a la sociedad civil.

En las audiencias realizada virtualmente, la JEP evaluó la grave condición de seguridad y las razones que llevaron a efectuar el traslado de las familias de excombatientes asentados en Ituango hacia el municipio de Mutatá, en el departamento de Antioquia.

Órdenes

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-En un plazo no mayor a 10 días, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, deberá convocar a la instancia de alto nivel del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política (Sisep) y en un plazo no mayor a 60 días, realizar todas las gestiones que garanticen la reglamentación y el pleno funcionamiento del programa de protección integral a los integrantes del partido Farc.

-El alto comisionado deberá remitir los lineamientos y el plan de acción de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales.

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-El consejero para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, deberá convocar a una mesa técnica de seguridad y protección, para definir las medidas de protección que correspondan a las solicitudes que se encuentran con estudio de análisis de riesgo, pendientes de aprobación, en el término de veinte días.

-El consejero Archila deberá remitir a la JEP los diagnósticos realizados sobre los Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación y de las nuevas áreas de reincorporación.

-La Unidad Nacional de Protección debe impulsar la adopción e implementación del plan estratégico de seguridad y protección e implementar de manera inmediata y en un término no superior a veinte 20 días, las medidas de protección aprobadas (esquemas de protección) que se encuentran pendientes de entregar total o parcialmente.

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-El Ministerio de Hacienda deberá informar en el término de 12 días, “los rubros presupuestarios y los planes aprobados a las instituciones encargadas de implementar el sistema integral de seguridad para la vigencia, así como las disposiciones legales que lo vinculan con la implementación del PMI y los respectivos CONPES”.

 

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