El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta el 14 de diciembre de 2026 la urgencia manifiesta declarada tras el sismo del 10 de agosto, con el fin de reparar las sedes de la Rama Judicial afectadas. La medida permitirá agilizar la contratación de obras, bienes y servicios, realizar diagnósticos estructurales, adecuar instalaciones y reubicar despachos y equipos tecnológicos. El objetivo es garantizar la seguridad de funcionarios y ciudadanos, así como mantener la prestación del servicio de justicia.
Según la entidad, 34 sedes judiciales de Risaralda, Quindío y Chocó presentan afectaciones. Además, de los 5.170 servidores judiciales incluidos en el reporte, más de 2.400 manifestaron haber sufrido algún tipo de afectación por el sismo.
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Aunque la atención presencial se ha restablecido en la mayoría de los despachos, algunas sedes continúan operando bajo esquemas de trabajo en casa y alternancia, mientras avanzan las reparaciones y reubicaciones. Por esta razón, el Consejo Superior de la Judicatura también extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la autorización temporal para el trabajo en casa en las zonas afectadas.
¿Cuál es el panorama de las sedes judiciales en las regiones afectadas tras dos meses del terremoto?
En Risaralda, el Palacio de Justicia de Pereira sufrió daños severos que lo dejaron inoperable. Esta sede concentra el 86 % de los despachos del distrito judicial y cuenta con 447 servidores, quienes pasaron a la modalidad de teletrabajo.
Para mantener la presencia institucional en el territorio, se implementó la estrategia de Justicia Móvil. Además, entre octubre y diciembre de 2026 se contempla el traslado de 519 puestos de trabajo: 332 al Complejo Judicial de la Calle 39, 130 a un inmueble arrendado para el sistema penal acusatorio, la Oficina Judicial y el archivo central, y 57 al Edificio Kronos, donde funcionarán los juzgados de familia y especializados.
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En Quindío, las sedes judiciales de Montenegro, Génova y Buenavista permanecen inhabitables, mientras que los edificios IBG y San Martín, en Armenia, requieren reparaciones. Allí se implementó el plan Pico y Despacho, que combina trabajo en casa, restricciones de acceso e ingresos escalonados, de acuerdo con las condiciones de seguridad.
También se habilitó gradualmente la operación judicial en Salento, Córdoba, Pijao, Circasia, Filandia y Calarcá, así como en algunas áreas de la Torre Central del Palacio de Justicia Fabio Calderón Botero y en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial. Adicionalmente, se han brindado 834 atenciones directas a través de las oficinas y los centros de servicios judiciales de Armenia.
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En Caldas, la presencialidad se restableció progresivamente en 23 de los 29 municipios del distrito judicial de Manizales a partir del 24 de agosto, con base en evaluaciones técnicas de infraestructura, conectividad y servicios. Asimismo, se habilitaron un Punto de Atención al Usuario de la Justicia y una Oficina de Atención en Salud frente al Complejo Judicial San José, además de puntos de atención itinerantes.
En Chocó, la entidad reportó daños en 12 sedes judiciales. Entre las estructuras más afectadas está el Edificio Adán Arriaga, donde laboran 184 servidores. Por su parte, la sede judicial de Alto Baudó presenta daños graves y está a la espera de reparaciones. Actualmente, se adelantan obras de recuperación en las sedes de Miraflores y Silencio, mientras que las intervenciones en el Juzgado de Infancia y Adolescencia ya concluyeron.
Finalmente, en el Valle del Cauca se reanudó la atención presencial en las sedes judiciales de 29 municipios, luego de recibir conceptos técnicos favorables. En Cali y en los municipios de Roldanillo, Bolívar, Sevilla, Caicedonia, La Victoria, Ansermanuevo, Buenaventura y Tuluá se adelantan gestiones para disponer de inmuebles temporales. Además, requieren reubicación el Palacio Nacional de Cali, donde funcionan el Tribunal Superior, el Tribunal Administrativo y el Consejo Seccional de la Judicatura, y la Casa de Justicia de Los Mangos.