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La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta al Sena por las posibles irregularidades en los procesos de contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada cuyo valor supera los 192.000 millones de pesos. El Ministerio Público identificó riesgos en 5 procesos licitatorios que se adelantan en distintas regiones del país al encontrar posibles restricciones a la libre competencia.
Según el ente de control, los pliegos de condiciones incluyen requisitos excesivos y altamente específicos para el personal, como formación militar obligatoria, múltiples títulos académicos, certificaciones técnicas y largos años de experiencia acumulada.
Estas exigencias, advierte la Procuraduría, podrían generar perfiles “cerrados” y poco comunes en el mercado laboral, lo que limitaría la participación de empresas idóneas y afectaría principios clave de la contratación estatal como la selección objetiva, la transparencia y la igualdad.
Lo que señaló el Ministerio Público es que algunos requisitos considerados esenciales para ejecutar el contrato estén siendo evaluados como factores de puntaje y no como condiciones mínimas habilitantes, lo que podría permitir la adjudicación a oferentes sin la capacidad técnica necesaria.
Frente a este panorama, la Procuraduría recordó que, aunque el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) delegó la contratación en direcciones regionales, el director general mantiene la responsabilidad de supervisar y garantizar la legalidad de los procesos.
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