El Gobierno adelanta una auditoría sobre el manejo de los recursos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, tras identificar posibles irregularidades en la contratación y una baja ejecución física de varios proyectos en las regiones. La directora de la ART, Valerie Lafaurie, aseguró que la revisión encontró un aumento significativo en los gastos administrativos y en los contratos de prestación de servicios, además de diferencias entre los recursos comprometidos y el avance real de las obras y proyectos en los territorios.
Para 2026, la ART cuenta con un presupuesto de inversión de $68.309 millones. De ese monto, el 91 % ya está comprometido, pero los pagos alcanzan apenas el 18 %. Además, actualmente hay 92 proyectos por cerca de $179.000 millones que registran avances físicos inferiores al 30 %. La revisión también encontró que entre 2022 y 2026 se destinaron cerca de $368.000 millones a 7.600 contratos de prestación de servicios entre la ART y la Dirección de Sustitución.
Lafaurie aseguró que más del 95 % de estos recursos provino del Fondo Colombia en Paz, el patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Solo en 2025, la Dirección de Sustitución destinó cerca de $88.000 millones a este tipo de contratos, 9,3 veces más que en 2022. También se detectaron posibles duplicidades en gastos de transporte y arrendamiento de sedes de ambas entidades en 16 subregiones.
En total, entre 2022 y 2026, la ART y la Dirección de Sustitución recibieron cerca de $2,9 billones a través del Fondo Colombia en Paz, de los cuales más del 90 % de esos recursos aparece como comprometido, mientras que la ejecución física reportada no supera el 40 %. En el programa Renacemos, por ejemplo, se asignaron $1,3 billones y el avance llega apenas al 20 %. A esto se suman los convenios de la Dirección de Sustitución con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por más de $760.000 millones, que registran una ejecución inferior al 30 %.
“Es realmente lamentable que una entidad como la ART, que atiende población víctima afectada por el conflicto y está llamada a propender por el desarrollo de los municipios PEDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), sea utilizada con fines burocráticos, sin ningún tipo de planificación”, afirmó Lafaurie.
La funcionaria también señaló que 13 contratos suscritos por la ART desde 2024, mediante contratación directa con organizaciones comunitarias y resguardos indígenas, por cerca de $4.600 millones, tienen una ejecución física del 0 %. Además, 19 convenios y contratos interadministrativos firmados entre 2022 y 2025 permanecen pendientes de liquidación. La auditoría también identificó deficiencias en la publicación de información contractual en el SECOP.
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Lafaurie dijo que la instrucción del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, es que “cada peso destinado a las regiones tenga trazabilidad, ejecución y, sobre todo, resultados concretos para las comunidades”. Por eso, aseguró que la revisión continuará “proyecto por proyecto, contrato por contrato y territorio por territorio”. Según la directora, los casos en los que se identifiquen posibles irregularidades serán remitidos a las autoridades competentes. “Menos burocracia, más ejecución, menos recursos represados, más resultados en el territorio”, concluyó.