En medio de la polémica por las denuncias de Deicy Jiménez sobre sus encuentros con el expresidente Gustavo Petro y los presuntos beneficios contractuales que habría recibido, el exmandatario hizo unas declaraciones que generaron controversia durante una reunión en Medellín.En un evento privado denominado ‘Primer Gran Encuentro Somos Resistencia’, realizado en el Club Medellín, ubicado en el centro de laciudad y con presencia de políticos del Pacto Histórico, Petro habló durante cerca de 40 minutos y afirmó que, dependiendo de quién lo dé y en qué momento, un beso puede ser mucho más valioso que una joya.Además, dijo que los colombianos deberían besarse mutuamente y mucho, porque de lo contrario solo llega la tristeza al corazón.Las declaraciones se conocen en medio de la divulgación de un video de Jiménez y de nuevos chats que han salido a la luz pública, como el publicado por Noticias Caracol, en el que Petro habría solicitado a Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, mantener a la mujer en un contrato del Ministerio del Interior.El expresidente ha negado haber utilizado contratos o recursos públicos para obtener favores personales.
El Gobierno nacional emitió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente las intimidaciones registradas en contra del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, y su núcleo familiar. Según informó la Oficina de Prensa del Presidente de la República, estos hechos ocurrieron pocos días después de que el funcionario denunciara públicamente ante el Congreso presuntas irregularidades en la contratación de la entidad durante la administración anterior.¿Qué denunció el director del Dapre?De acuerdo con lo expuesto en el comunicado, el pasado 21 de octubre el director del Dapre denunció ante la Comisión Segunda del Senado la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas a la entidad mediante órdenes de prestación de servicios durante el gobierno anterior. Según el señalamiento público de Ríos Puerta, dichos contratos habrían sido pagados con recursos públicos y sirvieron para que estas personas estuvieran con el expresidente Gustavo Petro en el marco de una relación de poder.El documento oficial señala que la Fiscalía General de la Nación abrió de oficio una indagación preliminar sobre el caso. Dentro de las actuaciones previstas por el ente de control figura la citación a declarar del propio director Ríos Puerta, así como de las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de la orden de realizar inspecciones técnicas en la entidad para revisar la documentación contractual.Según detalló la Presidencia de la República, el pasado 28 de octubre se registraron situaciones irregulares en la vivienda del director Ríos y en el entorno de su familia. En el comunicado se precisa el reporte oficial de las autoridades sobre dos sucesos.Primero, las autoridades de protección hallaron e interceptaron a tres personas dentro de la vivienda del funcionario, situadas en las instalaciones internas de su lugar de residencia. Tras ser puestos a disposición de las autoridades competentes, se identificó que entre los registros de los retenidos figuran antecedentes por homicidio y por ocho hurtos agravados.Posteriormente, cerca del establecimiento educativo donde estudian los hijos del director se detectó la presencia de otra persona, quien se retiró del lugar ante la llegada de la Policía Nacional y es objeto de búsqueda para su identificación.Frente a esta coyuntura, la Presidencia expresó su solidaridad con el funcionario y su familia, exigió celeridad a las autoridades judiciales para determinar si estos actos guardan relación con las denuncias presentadas y ratificó que garantizará las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad del director.
El Gobierno Nacional ha anunciado un plan de austeridad y racionalización del gasto. En medio de la presentación de la ley de rescate al Congreso, se conoció una circular firmada por el director del DAPRE, Carlos Ríos, en la cual les pide a los ministros y directores de departamento, entre otros, abstenerse de utilizar recursos públicos para las celebraciones de Navidad y fin de año."Impartir el lineamiento de racionalizar y restringir la destinación de recursos públicos para la realización de celebraciones navideñas, agasajos, recepciones, banquetes y demás actividades de cierre de año cuya finalidad sea exclusivamente festiva, procurando que las apropiaciones presupuestales se orienten prioritariamente al cumplimiento de las funciones institucionales y a la satisfacción del interés general", dice el documento.Por otro lado, Ríos ordena que los ministerios y entidades no adelanten convenios o contrataciones que tengan como único fin la celebración de este tipo de actividades."Impartir el lineamiento de abstenerse de promover procesos de contratación, celebrar contratos, convenios u órdenes de compra cuyo objeto o finalidad principal consista en financiar celebraciones navideñas o actividades de cierre de año de naturaleza exclusivamente festiva, incluidos servicios de alimentación, bebidas, decoración, espectáculos, alquiler de espacios y logística, cuando no exista una necesidad institucional debidamente justificada ni fundamento jurídico suficiente", señala la circular.Además, solicita que las actividades de celebración navideña se desarrollen bajo criterios de voluntariedad. Esto quiere decir que no se les podrá solicitar plata a los funcionarios para realizar estas celebraciones. Además, tampoco se podrá imponer una asistencia obligatoria.También se solicita un fortalecimiento de los mecanismos de revisión presupuestal, contractual y administrativa para verificar que los recursos públicos no sean destinados a financiar actividades exclusivamente festivas."Impartir el lineamiento de promover, por parte de los representantes legales y ordenadores del gasto, la adopción de medidas administrativas de austeridad para las celebraciones navideñas y actividades de cierre de año, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, procurando prevenir gastos innecesarios y fortalecer la eficiencia en la utilización de los recursos públicos", agrega la circular.
En Barranquilla el presidente Abelardo De La Espriella reunió a su gabinete en la sede presidencial alterna del Batallón Paraíso. El encuentro con los ministros y otros altos funcionarios se concentró, entre otros temas, en coordinar la agenda legislativa de cara a la recta final del año.En sus redes sociales el mandatario dio a conocer la reunión que sostuvo este domingo con sus ministros y otros altos funcionarios del Gobierno en la sede Presidencial alterna, en el norte de la capital del Atlántico.“Domingo de trabajo junto al gabinete de la Patria Milagro. Trabajamos sin descanso, con compromiso y resultados, por el futuro de Colombia”, escribió De La Espriella.Teniendo en cuenta la apretada agenda legislativa en el tramo final del año, el encuentro giró, entre otros temas, en buscar en el Senado y la Cámara de Representantes la aprobación de la Ley de Sometimiento a la Justicia y la Ley de Rescate Económico, que son vitales para el Gobierno.Sobre este último proyecto de ley, Presidencia de la República argumentó en una publicación en la red social X, que la Ley de Rescate Económico propone que el Estado asuma el 70% del ajuste, devolver el IVA a 19 millones de colombianos y reducir el impuesto de renta empresarial al 31% desde 2028.Agregó que también “protege los recursos de salud, pensiones, educación básica y agua potable para recuperar la estabilidad económica del país”.
Por medio de un decreto, el presidente Abelardo De La Espriella delegó algunas funciones presidenciales a ministros y directores de departamento.“Delégase en los ministros y directores de departamentos administrativos las funciones de declarar y proveer las vacancias definitivas de los empleos que se presenten en sus ministerios y departamentos administrativos, con excepción de los empleos de viceministro, subdirector de departamento administrativo, secretario general de ministerio o departamento administrativo, agentes diplomáticos y consulares, y los siguientes empleos de la Presidencia de la República: jefe de despacho presidencial, secretario para la transparencia, secretario para las comunicaciones y prensa, secretario jurídico, consejero presidencial, consejero comisionado de paz, jefe para la protección presidencial y jefe de Casa Militar, cuya facultad continuará en el presidente de la República”, señala el documento.El mandatario va a permitir que el ministro del Interior nombre, en algunos casos, alcaldes y gobernadores ad hoc, de acuerdo con las normas.“Delégase en el ministro del Interior la función de solicitar una terna al partido, movimiento o coalición que inscribió al gobernador o alcalde de distrito, ante las faltas temporales o definitivas de estos, en aquellos eventos en que corresponde al señor presidente de la República designar su reemplazo”, señala el documento.El canciller ahora podrá tramitar ascensos en el escalafón de la carrera diplomática y consular y ejecutar sanciones disciplinarias.“La presentación de credenciales por parte de los señores embajadores de gobiernos o Estados extranjeros. Para efectos de esta delegación, el ministro de Relaciones Exteriores coordinará lo pertinente para que dicha ceremonia se lleve a cabo en la fecha que disponga, la cual se realizará en el Palacio de San Carlos”, señala el documento.El ministro de Defensa podrá conferir grados militares honorarios a ciudadanos colombianos, oficiales, suboficiales y alumnos, así como condecoraciones militares.“Separación absoluta de oficiales de las Fuerzas Militares, con decisión debidamente ejecutoriada. Llamamiento al servicio y llamamiento especial al servicio de oficiales de las Fuerzas Militares. Llamamiento a los oficiales miembros de la reserva de las Fuerzas Militares, para fines de entrenamiento o maniobras o para hacer frente a las exigencias de la seguridad interior y exterior de la Nación”, dice el decreto sobre el sector Defensa.También podrá decidir sobre el retiro del servicio activo hasta el grado de teniente coronel o capitán de fragata.Los ministros podrán resolver algunos recursos contra actos presidenciales que son de su competencia.“Delégase en los ministros y directores de departamento administrativo la función de tramitar y decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa contra los actos administrativos expedidos por el presidente de la República, relacionados con los asuntos a su cargo o de su sector, excepto aquellas relacionadas con las facultades de que tratan los numerales 2, 5, 6, 7 y 8 del artículo 189 de la Constitución Política”, dice el decreto.El ministro del Interior, además, podrá ejecutar sanciones contra exalcaldes y exgobernadores.“Delégase en el ministro del Interior las funciones relacionadas con la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación a los exgobernadores y exalcaldes de distrito”, menciona el documento.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) exigirá la devolución de los recursos públicos que no se ejecutaron en el programa Juntas de Internet y verificará en terreno cuáles instalaciones pueden funcionar bajo condiciones técnicas y financieras viables.La decisión se conoce tras un balance que reportó 353 juntas en operación y 20.143 hogares conectados, con corte al 30 de septiembre de 2026, cifras inferiores a las metas contractuales.Las Juntas de Internet son organizaciones comunitarias que administran redes de internet fijo para sus asociados y cobran una tarifa social para sostener el servicio. El programa fue creado durante el Gobierno de Gustavo Petro para llevar conectividad a zonas rurales y apartadas, donde las familias tienen dificultades para acceder a los servicios de los operadores tradicionales.Según el informe presentado por el Gobierno, los contratos iniciales contemplaban la instalación de 810 juntas y conexiones para 70.864 hogares. Sin embargo, mediante modificaciones contractuales, la meta de hogares se redujo a 45.871, es decir, 24.993 menos, una disminución cercana al 35 %. De esa meta ajustada, solo 20.143 hogares tienen servicio: menos de la mitad de lo previsto.El balance también encontró deficiencias en la calidad de la conexión. Aunque los contratos contemplaban velocidades de descarga de 25 megabits por segundo (Mbps), la mayoría de los proyectos alcanza apenas 8 Mbps, menos de la tercera parte de lo acordado.En Caldas, donde se reportan 20 juntas, se anunció la devolución de 5.189 millones de pesos, una vez concluyan las reuniones y los análisis correspondientes. El Ministerio hará seguimiento para que el reintegro se concrete.La entidad también revisará las instalaciones que puedan operar y exigirá el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Además, se comprometió a informar a las comunidades qué falta en cada proyecto, quién debe responder y qué condiciones se necesitan para garantizar la continuidad del servicio.El Gobierno sostuvo que buscará alternativas viables para las familias que siguen esperando la conexión y precisó que los recursos no ejecutados deberán ser reintegrados.
Más de 3.700 firmas fueron radicadas ante la Presidencia de la República para solicitar al Gobierno Nacional que priorice y gestione los recursos necesarios para avanzar en la doble calzada de la vía La Virgen–La Cemento, un proyecto estratégico para la movilidad del norte de Bucaramanga, el área metropolitana y Santander.La iniciativa fue impulsada por la Veeduría Ciudadana Doble Calzada Vía La Virgen–La Cemento, que llevó a Bogotá la petición de las comunidades para que se destraben los obstáculos que han impedido concretar esta obra, considerada clave para mejorar la conectividad, la seguridad vial y el transporte de productos hacia el interior del país.El proceso también cuenta con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, que realizó una tercera mesa de seguimiento con las entidades vinculadas al Comité Directivo del Convenio 1113 de 2016, representantes de la veeduría y líderes ciudadanos.Uno de los principales pendientes es la gestión de 125 predios necesarios para avanzar en el proyecto. Según explicó el representante a la Cámara por Santander, Diego Fran Ariza Pérez, 32 predios están bajo responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que dispone de cerca de $38.000 millones para adelantar el proceso. Los otros 93 corresponden al Instituto Nacional de Vías (Invías).En las mesas de trabajo también se planteó estudiar la incorporación de Rionegro al comité directivo del convenio, buscar alternativas financieras para actualizar los estudios y diseños de los tramos 6A y 6B y convocar al director nacional del Invías para gestionar la priorización de la obra.El representante Ariza anunció, además, que radicó un debate de control político para que Invías, la ANI, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga expliquen el estado del proyecto y los compromisos para superar los retrasos.Por su parte, Jesús Caucil, representante de la veeduría ciudadana, destacó que la recolección de firmas busca que el Gobierno Nacional viabilice y priorice esta infraestructura, cuyo impacto, afirmó, beneficiaría no solo al norte de Bucaramanga, sino también a la competitividad regional.La movilización ciudadana surgió de la mesa de trabajo “Santander Dialoga: Soluciones para la vía La Virgen–La Cemento”, realizada el 13 de mayo de 2026. En ese encuentro se identificaron tres obstáculos principales: la falta de una fuente de financiación disponible para ejecutar las obras, la necesidad de actualizar los estudios y diseños y los trámites prediales pendientes.La radicación de las firmas representa una nueva presión ciudadana para que las entidades nacionales y territoriales definan una ruta concreta, con responsabilidades y plazos verificables, que permita avanzar en una obra reclamada por las comunidades desde hace décadas.
La economista colombiana Antonella Farah Louis asumió oficialmente el cargo de cónsul general de Colombia en Miami, Estados Unidos, con el objetivo de liderar la atención consular para los connacionales residentes en esa circunscripción. De acuerdo con información del consulado, su administración estará enfocada en optimizar los servicios ciudadanos y fortalecer los lazos comerciales, culturales y comunitarios entre Colombia y el estado de Florida.Farah cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años en los sectores público y privado, especializándose en desarrollo regional, competitividad y relaciones institucionales. A lo largo de su carrera ha encabezado proyectos y estrategias vinculados a entidades como la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación de Bolívar y la Corporación Turismo Cartagena."Asumo esta responsabilidad con agradecimiento a Dios, al presidente por la confianza depositada en mí para esta labor y con un profundo compromiso con Colombia y nuestros connacionales. Queremos un consulado que escuche, oriente y acompañe", declaró la nueva cónsul durante su posicionamiento.La diplomática enfatizó que su modelo de gerencia buscará ir más allá de los trámites tradicionales, conectando a la comunidad migrante con emprendedores, empresarios y actores estratégicos para potenciar el talento colombiano en el exterior.¿Quién es Antonella Farah Louis, la nueva cónsul en Miami?Antonella Farah Louis es una economista colombiana con experiencia en gestión pública, desarrollo económico y turismo. En su hoja de vida destaca el trabajo de articulación público-privada e institucional en las siguientes entidades:• Presidencia de la República: Liderazgo e impulso a proyectos de desarrollo institucional y regional.• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Gestión de iniciativas enfocadas en competitividad y promoción.• Gobernación de Bolívar y Corporación Turismo Cartagena: Dirección de proyectos estratégicos de desarrollo económico y sectorial en la región Caribe.
La Directiva Presidencial 06 enviada a los ministros y directores de entidades pide priorizar los eventos virtuales, teniendo en cuenta la política de austeridad. También señala que las comisiones al exterior deben ser aprobadas vía despacho presidencial.“Se reitera que los viajes aéreos nacionales e internacionales de los servidores públicos deberán hacerse en la condición tarifaria más económica, salvo los debidamente justificados ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, señala el documento.Además, el valor de los pasajes o de los viáticos que no se utilicen deberán ser reembolsado. La directiva también prohíbe el uso de dinero público para autopromoción.“Está prohibido todo gasto en publicidad de naturaleza estatal, que tenga por objeto autopromocionar, enaltecer o denigrar la imagen de funcionarios del Gobierno nacional a través de la promoción de sus cuentas personales en redes sociales, y/o de partido o movimiento político”, se lee en la directiva.Las campañas deben ser normativas, educativas o de temas como la salud y la seguridad vial.“Se prohíbe la contratación o financiación de pauta, publicidad, publirreportajes, testimoniales o cualquier otra pieza de comunicación que tenga por objeto o efecto promover, destacar, exaltar o posicionar la imagen, el nombre, la voz o el retrato de servidores públicos, o la gestión de la entidad o del Gobierno nacional en la atención de emergencias, así como la utilización para tales fines de recursos destinados a la atención del desastre, provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, agrega la directiva.También se conoció una directiva sobre la protección de los recursos públicos.“Los supervisores, o quienes hagan sus veces deberán verificar, de acuerdo con la naturaleza de cada contrato, que las obligaciones, actividades y demás compromisos contractuales se encuentren efectivamente ejecutados y cuenten con evidencia idónea”, se lee en el documento.También se hace referencia a la responsabilidad en el ejercicio de la supervisión.“Los supervisores pueden ser responsables por los daños causados por sus actuaciones u omisiones, debiendo responder civilmente mediante indemnizaciones y ser objeto de acciones de repetición o llamamiento en garantía. Además pueden incurrir en responsabilidad fiscal si su falta de control genera detrimento al patrimonio público, en responsabilidad penal cuando cometen delitos contra la administración pública como peculado, cohecho o prevaricato y en responsabilidad disciplinaria cuando incumplen sus deberes de vigilancia, certifican irregularmente el cumplimiento de contratos o no informan riesgos, posibles incumplimientos o actos de corrupción”, advierte la directiva.
El presidente Abelardo De La Espriella realizó este domingo 27 de septiembre una alocución presidencial de 41 minutos, en la que abordó la situación fiscal del país, las operaciones de seguridad, la extradición de alias Araña, el plan de choque para el sistema de salud y las investigaciones por corrupción.En cuanto a las finanzas públicas, el mandatario aseguró que Colombia atraviesa, según su diagnóstico, la situación fiscal más crítica de su historia y cuestionó el manejo de los recursos durante el gobierno de Gustavo Petro.De La Espriella afirmó que el Estado enfrenta un escenario en el que los ingresos son inferiores a los gastos asociados al pago de la deuda y al funcionamiento, por lo que anunció instrucciones al Ministerio de Hacienda y al equipo económico para iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).“Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, señaló el presidente, quien aseguró que el objetivo es “buscar una salida negociada a la crisis que nos heredaron los corruptos irresponsables que nos antecedieron”.Santa Marta, orden público y extradicionesDurante la alocución, el presidente también dedicó buena parte de su intervención a la política de seguridad y a las operaciones adelantadas en diferentes regiones. Según las cifras presentadas por el mandatario, agosto cerró con una reducción del 79 % en los secuestros, del 62 % en las extorsiones y del 58 % en las masacres, al comparar agosto de 2025 con agosto de 2026.Además sobre la situación de orden público en Santa Marta, calificó los hechos registrados en esa ciudad como el primer gran desafío de seguridad de su gobierno y aseguró que se reforzó la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta, Ciénaga, Riohacha, Dibulla y la Troncal del Caribe.El presidente informó que, en los operativos contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, se han realizado 23 capturas, seis diligencias de registro y allanamiento y 20 patrullajes mixtos, además de la instalación de dispositivos de seguridad y el desbloqueo de cinco puntos que afectaban la vía entre Santa Marta y Riohacha.También se refirió a Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado como cabecilla de esa organización. De La Espriella aseguró que existe una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita su captura.Otro de los puntos centrales fue la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera, quien fue enviado a Estados Unidos el 25 de septiembre. El presidente defendió la decisión y cuestionó el papel que, según su versión, tuvo el gobierno anterior frente a este integrante de esa estructura criminal.“Araña no era un gestor de paz como quiso hacerlo ver el gobierno anterior. Era un criminal al que Gustavo Petro le puso un disfraz”, afirmó. De La Espriella también relacionó al grupo con hechos de narcotráfico, homicidios, desplazamientos y reclutamiento de menores en el Putumayo.El presidente enfatizó que su gobierno no permitirá que el reclutamiento de niños sea utilizado como mecanismo para obtener beneficios frente a la acción del Estado.Beneficios para investigados por corrupciónEn materia de corrupción, el mandatario pidió a la justicia evaluar la posibilidad de establecer negociaciones con personas actualmente investigadas que hayan participado en hechos de corrupción durante el gobierno anterior.La propuesta consiste en que quienes entreguen información y pruebas sobre otros involucrados puedan acceder a beneficios dentro de los mecanismos previstos por la legislación penal.“Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones basadas en las normas del Código Penal para que los actuales investigados que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno colaboren con la justicia a cambio de beneficios”, afirmó.El presidente hizo este planteamiento después de referirse a la decisión del Consejo de Estado sobre el exsenador Iván Name y cuestionar hechos de corrupción que, según sostuvo, deben ser investigados y sancionados.Plan de choque en saludDe La Espriella aseguró que entre enero y julio la Superintendencia de Salud recibió más de 1,2 millones de reclamos y que el 92 % estuvo relacionado con barreras de acceso.Según las cifras presentadas por el presidente, fueron identificados más de 1,6 millones de usuarios con medicamentos o procedimientos pendientes, entre ellos pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y renales, entre otras condiciones.El mandatario explicó que se activó un mecanismo extraordinario de compra de cartera a través de la ADRES, con cero intereses y un año de gracia, además de giro directo a prestadores y proveedores. “No es un cheque en blanco para las EPS, no vamos a pagar dos veces”, afirmó.De La Espriella pidió a la ministra de Salud, Ana María Vesga, entregar informes semanales con el número de medicamentos entregados y procedimientos realizados, así como los departamentos en los que el plan está avanzando y aquellos donde se presentan dificultades.Protestas en universidadesEn materia educativa, el presidente habló de la continuidad de las clases tras la emergencia ocasionada por el terremoto y aseguró que, de más de 1,2 millones de estudiantes cuya matrícula resultó afectada, cerca del 92 % ya había retomado el servicio educativo, según las cifras que presentó con corte al 14 de septiembre.También se refirió a las protestas en las universidades y defendió el derecho a la protesta pacífica, pero rechazó los actos de violencia y vandalismo. “La universidad es territorio del conocimiento, no refugio de la violencia. La protesta pacífica tiene garantías. El terrorismo y el vandalismo urbano, no”, afirmó.En su mensaje a los colombiano, el presidente también habló sobre la participación de su vicepresidente, José Manuel Restrepo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana.Según De La Espriella, la política exterior de su administración estará basada en la soberanía, el pragmatismo, los resultados y la cooperación internacional para enfrentar fenómenos como el narcotráfico y el crimen transnacional.Así fue la alocución del presidente Abelardo De La Espriella
La sultana del Valle se prepara para vivir la mayor fiesta: la 69ª Feria de Cali, que se celebrará del 25 al 30 de diciembre de 2026 y reúne a los más grandes exponentes de la salsa y la música colombiana para recordarle al mundo por qué la sucursal es epicentro de talento.Los caleños poco a poco se van preparando para este evento y se va conociendo la programación de cara a esta fiesta. Ahora, se confirmó uno de los conciertos que se llevará a cabo que tendrá a referentes como Eddie Santiago, Víctor Manuelle, Luis Enrique, Rey Ruiz y Grupo Niche que se reunirán en el Diamante de Béisbol para protagonizar Cali se viste de salsa el sábado, 26 de diciembre.Más de 15.000 personas disfrutarán de los más grandes exponentes de la salsa en el Diamante de Béisbol de uno de los conciertos más importantes en la ciudad durante la feria. Cinco nombres esenciales de la salsa compartirán una misma noche, en un cartel que reúne el romanticismo, el son y la tradición salsera que han acompañado a distintas generaciones.Sin duda la Feria de Cali es uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de Colombia, pues representa la identidad, la tradición y la alegría de la capital del Valle del Cauca. Cada año reúne a miles de visitantes alrededor de la salsa, la música, el baile y las expresiones artísticas de la región.Precios para Cali se viste de salsa 2026Palcos Patrocinador: $9.900.000 (para 10 personas). Precio por persona: $990.000. En etapa 2 sube a $12.100.000.Palcos Alfombra Roja: $8.420.000 (para 10 personas). Precio por persona: $842.000. En etapa 2 sube a $9.900.000.Palcos Diamante: $6.550.000 (para 10 personas). Precio por persona: $655.000. En etapa 2 sube a $7.700.000.Palcos Oro: $4.680.000 (para 10 personas). Precio por persona: $468.000. En etapa 2 sube a $5.500.000.Palcos Plata: $3.740.000 (para 10 personas). Precio por persona: $374.000. En etapa 2 sube a $4.400.000.VIP de pie: $146.000 por persona. En etapa 2 sube a $171.000.Gradería: $146.000 por persona. En etapa 2 sube a $171.000.
La Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, celebró la elección de luz Stella Murgas en la ANDI, quien estuvo al frente de ese gremio durante los últimos cinco años. La organización destacó su papel en el fortalecimiento de la industria del gas natural, así como su capacidad de interlocución con las autoridades y distintos actores de la cadena."Luz Stella ha sido una lider determinante para la industria del gas natural. Con rigor técnico, capacidad de diálogo y una profunda convicción sobre el papel de este energético en el desarrollo del país, logró que la voz del sector fuera escuchada en los momentos más decisivos para el abastecimiento. Su gestión deja un gremio más fuerte, más cohesionado y mejor preparado para los retos que vienen", dijo Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas.Finalmente, Naturgas señaló que la elección de Murgas representa “acontecimiento significativo para las mujeres que ejercen posiciones de liderazgo en la industria energética”.Asimismo, le deseó éxitos en esta nueva etapa y reiteró su compromiso de continuar trabajando por la seguridad energética, la competitividad y el desarrollo sostenible de Colombia.Las reacciones tras la elección de Murgas en la ANDIBruce Mac Master, expresidente de la ANDI, felicitó a Luz Stella Murgas por su elección como nueva presidenta del gremio, cargo que él ocupó hasta el pasado primero de octubre.“Mis más sinceras felicitaciones para Luz Stella Murgas, muy buena amiga y gran profesional”, expresó Mac Master, quien además le deseó éxitos en su gestión y aseguró: “Su éxito será el éxito de todos”.Por su parte, Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería y quien también participó como finalista en la elección, agradeció a los integrantes de la junta directiva que respaldaron su candidatura y le deseó éxitos a Murgas.“Participar en el proceso de selección del nuevo presidente de la ANDI, ha sido un verdadero honor. Gracias a los miembros de junta que respaldaron mi nombre”, manifestó Nariño.Además, se refirió a Murgas como una gran amiga y profesional, le deseó éxitos y expresó su disposición de trabajar conjuntamente por el fortalecimiento del sector empresarial y la construcción de acuerdos que contribuyan al desarrollo del país.Entre tanto, Carlos Suárez Rojas también reaccionó a la designación de la nueva presidenta de la ANDI y la felicitó. “Inteligente, Caribe, mujer con una nueva visión de la relación gremio/gobierno”, escribió Suárez, quien agregó que “La independencia no es incompatible con romper lo de SIEMPRE para construir lo que NUNCA se había intentado: un nuevo orden de la mano del ciudadano”.A estas reacciones se sumó Mauricio Gómez Amín, Ministro de Comercio, destacó el hecho de que, por primera vez, una mujer asuma la dirección del gremio empresarial.“Desde el @MincomercioCo reiteramos nuestra disposición de trabajar articuladamente con el sector empresarial para impulsar la inversión, la competitividad, la generación de empleo y el crecimiento de Colombia”, señaló Gómez Amín.
La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá exigió acciones inmediatas a la EPS Sanitas y al gestor farmacéutico Colsubsidio para solucionar las demoras en la entrega de medicamentos a los usuarios. La solicitud se produjo después de varias denuncias ciudadanas y visitas de inspección que permitieron evidenciar tiempos de espera de hasta seis horas en uno de los puntos de dispensación.Durante las jornadas de inspección, vigilancia y control se identificaron dificultades operativas en dos establecimientos farmacéuticos de Colsubsidio que prestan servicios a los afiliados de Sanitas.Por ejemplo, en uno de los puntos, la situación fue calificada como crítica. Según los hallazgos, los usuarios deben esperar hasta seis horas para reclamar sus medicamentos: cuatro horas en las escaleras, antes de ingresar al establecimiento, y otras dos horas dentro de la sala de espera.La Secretaría también encontró que no estaban funcionando todas las ventanillas disponibles, lo que estaría reduciendo la capacidad de atención y contribuyendo a la congestión. Además, advirtió sobre los riesgos que representan las largas filas en las escaleras para la seguridad de los ciudadanos, especialmente para las personas mayores, mujeres embarazadas y pacientes con movilidad reducida.En el segundo establecimiento inspeccionado se encontraron condiciones similares, debido a que tampoco estaban habilitadas todas las ventanillas disponibles para la operación. Allí, el tiempo promedio de espera para reclamar medicamentos era de aproximadamente tres horas.Frente a este panorama, la Secretaría Distrital de Salud solicitó a Sanitas implementar medidas de contingencia e intervenir de manera inmediata las barreras que están afectando la dispensación de medicamentos.Frente a los requerimientos, Sanitas informó que solicitó a Colsubsidio un informe de trazabilidad operativa y una auditoría del sistema de digiturnos para establecer las causas de las demoras.La EPS también aseguró que inició una revisión de los medicamentos pendientes y de los afiliados afectados, con el propósito de activar una ruta de gestión y despacho prioritario. Entre las medidas anunciadas está la entrega domiciliaria de medicamentos en un plazo máximo de 48 horas, especialmente para personas mayores y pacientes con dificultades de movilidad.Adicionalmente, Sanitas señaló que dará prioridad a los usuarios con enfermedades crónicas, oncológicas, psiquiátricas, VIH, insulinodependencia y trasplantes, considerados población de alto riesgo.La entidad también contempla redistribuir usuarios hacia otros puntos habilitados de su red, acudir a gestores farmacéuticos alternativos o realizar compras directas cuando se presenten situaciones de desabastecimiento.Como parte de las acciones de seguimiento, la EPS solicitó a Colsubsidio un informe técnico detallado, programó una visita de auditoría operativa presencial y exigió la presentación de un Plan de Mejoramiento Institucional.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional por su participación en 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil en los Montes de María y municipios cercanos.La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, en el marco del subcaso Montes de María del Caso 08. La investigación se concentró en hechos ocurridos principalmente entre 1999 y 2001 y estableció que las masacres no fueron episodios aislados, sino parte de un patrón de violencia contra las comunidades campesinas.Por la Armada Nacional, la Sala atribuyó responsabilidad a Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo.Por la Policía Nacional fueron llamados a reconocimiento Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.La Sala examinó sus posiciones de mando, competencias, deberes, conocimiento de los riesgos y las acciones u omisiones relacionadas con los hechos investigados.Según el tribunal, estos crímenes se produjeron en medio de un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, determinados integrantes de la Fuerza Pública y otros actores regionales. La Sala identificó acuerdos, coordinación, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas y tolerancia operacional que habrían favorecido la ejecución o el ocultamiento de los hechos.Además, determinó que en las 32 masacres fueron asesinadas 284 personas: 169 en cuatro hechos ilustrativos y otras 115 en las 28 masacres adicionales documentadas durante la investigación.En 15 de estos hechos, identificó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual y otras agresiones contra mujeres y niñas.La jurisdicción estableció que estas violencias fueron utilizadas para castigar, humillar, someter y generar terror entre las víctimas, sus familias y las comunidades. También determinó la existencia de persecución por razón de género.La investigación encontró que la población campesina fue señalada como supuesta colaboradora de las antiguas Farc. Dicha estigmatización convirtió sus liderazgos, vínculos familiares, actividades productivas y formas de organización comunitaria en motivos de sospecha y selección de víctimas.Además de los homicidios, se documentaron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones a la libertad, desplazamientos forzados y otras conductas que afectaron la permanencia de las comunidades en sus territorios.Entre los hechos examinados por la JEP están las masacres de Capaca, El Salado, Macayepo y Chengue.En Capaca, El Bongal y Campo Alegre, los hechos ocurrieron entre el 16 y el 17 de agosto de 1999 y dejaron 13 personas asesinadas y una desaparecida, además de registros de violencia sexual y basada en género.En El Salado, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra, la incursión paramilitar de febrero de 2000 dejó al menos 60 víctimas mortales, así como desapariciones, torturas, desplazamientos y violencias sexuales.En Macayepo, entre el 9 y el 17 de octubre de 2000, fueron asesinadas 13 personas. En Chengue, en enero de 2001, la incursión paramilitar dejó 28 homicidios, torturas, violencia sexual, quema de viviendas y desplazamiento forzado.Los once comparecientes imputados serán notificados y tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o controvertir la decisión con argumentos y elementos de prueba. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para presentar observaciones.Si reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala podrá emitir una resolución de conclusiones y remitir el caso al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas. De lo contrario, el caso podrá avanzar ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, donde podrían imponerse penas de hasta 20 años de cárcel si se establece su responsabilidad.La JEP también ordenó crear mesas de articulación con la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para revisar el acceso a medidas de reparación, coordinar acciones de búsqueda y avanzar en la identificación y entrega digna de personas desaparecidas.
La bancada del Partido Conservador en el Senado y la Cámara de Representantes, junto a la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, radicó un proyecto de ley que busca garantizar estabilidad jurídica durante 30 años a las empresas que decidan invertir en el país.La iniciativa pretende ofrecer reglas claras y condiciones estables para los inversionistas, especialmente para aquellos que desarrollan proyectos de largo plazo y requieren garantías que trasciendan los periodos de Gobierno.La propuesta también surge como respuesta a las decisiones del Gobierno anterior, al que sus promotores señalan de haberse opuesto a algunos proyectos de inversión que estaban previstos para ejecutarse a largo plazo.El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, afirmó que Colombia necesita competir en igualdad de condiciones con otros países de la región y recuperar la confianza de los empresarios mediante garantías que reduzcan la incertidumbre jurídica.“Colombia compite con la región, por eso aquí se devuelve la seguridad jurídica que terminó en el Gobierno anterior en el año 2022. Buscamos darles garantías, quitar esa incertidumbre que existió y que venga masivamente el sector privado a generar empleo de calidad y recursos para el fisco”, manifestó Cepeda.El dirigente también puso como ejemplo el caso de Argentina, país que recibió en 2025 diez grandes inversiones por un valor de 25.000 millones de dólares.“Argentina dio un paso importante y en el año 2025 le llegaron 10 macroinversiones por 25.000 millones de dólares. Queremos competir en igualdad de condiciones con la región y que los empresarios sepan que, después de la horrible noche del cuatrienio anterior, en el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es bienvenido el capital nacional y extranjero generador de empleo”, señaló Cepeda Sarabia.Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, destacó la importancia de establecer garantías que permitan a las empresas desarrollar sus proyectos sin que las condiciones jurídicas cambien con cada administración.La dirigente gremial explicó que las grandes inversiones requieren periodos de planeación, ejecución y recuperación que, en muchos casos, superan ampliamente los cuatro años de un Gobierno.“Lo que necesitamos son reglas claras a largo plazo. Todos estamos esperanzados con el Gobierno del doctor Abelardo De La Espriella, pero necesitamos seguridad para más de cuatro años. Los grandes proyectos del país se toman 10, 15, 20 y algunos hasta más de 30 años. Por eso ese plazo, 30 años”, afirmó Gutiérrez.También agradeció el respaldo del Partido Conservador para la radicación del proyecto de ley, cuyo propósito es brindar seguridad jurídica durante tres décadas a los inversionistas nacionales y extranjeros.