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Por más de siete horas se llevó a cabo la audiencia pública en la Corte Constitucional para definir si los animales de compañía se pueden reconocer jurídicamente como integrantes de una familia.
Esta discusión arrancó en marzo de este año en la Corte Suprema de Justicia, donde se confirmó el embargo y secuestro de dos perros llamados Romeo y Salvador como una medida cautelar en medio de un divorcio.
Pero el caso llegó hasta la Corte Constitucional que citó una audiencia pública para conocer los conceptos de expertos, académicos, animalistas y congresistas alrededor de esta discusión.
Para Anabel Riaño, docente de la Universidad Externado, la dificultad del debate se centra en “decir que los animales eventualmente podrían ser parte de la familia, implicaría ver cómo ajustar esa idea clásica de familia como un grupo de personas”.
Además, agregó que del “concepto de familia surgen obligaciones y derechos, pero en esa relación qué rol tendría el animal y habría una relación filial con el propietario, o una relación de qué tipo”.
Para el representante a la Cámara Juan Carlos Lozada, quien también asistió a la audiencia, aseguró que la Corte Constitucional tiene un deber histórico con las familias del país, teniendo en cuenta que más del 60 % cuentan con un animal de compañía.
“Es increíble que en nuestro país estemos dando una discusión tan avanzada. Hoy la Corte tiene un deber histórico de avanzar en el reconocimiento de los animales como parte de una familia, pero así no se reconozca, se puede evitar que haya medidas jurídicas que embarguen a los animales”, indicó el representante Juan Carlos Lozada.
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Para el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien lideró la sesión técnica, el tema es “novedoso” para el país y se tiene que sentar jurisprudencia teniendo en cuenta la realidad de las familias colombianas que en su mayoría cuentan con un animal de compañía en su núcleo.
El togado indicó: “Es un asunto que no solamente es novedoso en Colombia sino que es novedoso en varias latitudes. En Europa ya hay unas regulaciones muy recientes”.
Por ahora el tema quedó pendiente en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que el alto tribunal tome una decisión teniendo en cuenta los conceptos que se dieron en la audiencia pública.
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