el arriendo, representan la cara más amarga de la crisis económica en España.
La presión de la calle y la actuación de las plataformas sociales hicieron que en noviembre, tras el suicidio de una mujer en Barakaldo cuando iba a ser desalojada de su piso, el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE se sentaran a negociar para acelerar la búsqueda de una solución a un problema para el que los ciudadanos exigían y siguen exigiendo un punto final.
En 2011 se realizaron 77.854 ejecuciones hipotecarias, en 2010 otras 93.636 y desde 2007 ha habido en España casi 400.000 casos.
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La mayoría de los afectados han sido trabajadores que se habían quedado sin empleo y no podían hacer frente a los préstamos contraídos con los bancos para adquirir una casa.
Pueden acogerse una nueva ley de protección y a la suspensión de una ejecución hipotecaria los colectivos sociales desfavorecidos que tengan unos niveles de renta determinados.
La medida, sin efectos retroactivos, beneficiará a familias numerosas, monoparentales con hijos, con menores de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 % o en situación de dependencia o enfermedad que impida trabajar, o que hayan sufrido violencia de género.
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También podrán acogerse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, y los casos en los que convivan con el deudor personas con discapacidad, dependencia, o enfermedad grave. Con Efe.