Las pruebas de negocios sucios del ‘Ñeñe’ Hernández con el capo ‘Marquitos’ Figueroa

BLU Radio conoció en exclusiva la demanda de extinción del dominio que radicó la Fiscalía el pasado 25 de febrero ante un juez especializado de Bogotá, en contra de los bienes de José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el ‘Ñeñe’ Hernández, y de otras 27 personas que, según las autoridades, los habrían adquirido o le habrían “inyectado” dineros de la organización del narcotraficante y exparamilitar Marcos de Jesús Figueroa o ‘Marquitos’ Figueroa.

Según el documento de 154 páginas, mediante resolución del 2 de mayo del 2019, la entonces directora de Extinción del Dominio le asignó el proceso a la fiscal 43 de esa unidad, quien pudo establecer que, de acuerdo a la información obtenida matrículas y escrituras públicas, los muebles e inmuebles pertenecen a una misma persona, al mismo núcleo familiar y/o al mismo grupo societario relacionado con ‘Marquitos’ Figueroa. “La mayoría de los aquí afectados tiene más de un bien y en algunos casos pertenecen a grupos familiares empresariales o societarios, por ejemplo, el caso del señor José Guillermo Hernández, quien tiene grupos familiares y societarios afectados”, dice.

Este proceso de extinción tiene su génesis en un oficio del 29 de abril de 2019 realizado por un grupo investigativo de extinción de dominio de la Dijin, donde dan a conocer una entrevista a José Carlos García Cataño, alias ‘La Penca’, quien manifestó ser exintegrante de la organización delincuencial denominada ‘Marquitos’ Figueroa, con injerencia en La Guajira, Atlántico, Cesar y Magdalena.

Alias ‘La Penca’ es quien le dice a la Fiscalía que el ‘Ñeñe’ Hernández es el financiador de la organización de ‘Marquitos’ y que mezcla en sus sociedades dineros del narcotráfico.

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“Esta persona dice que existe un grupo de delincuencia común organizada investigado por la comisión de múltiples delitos como extorsión, contrabando, narcotráfico, hurtos, homicidios y parapolítica, organización liderada por Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’ Figueroa”, dice la demanda de extinción del dominio.

Con base a esa declaración y a partir de otras técnicas de investigación como lo son las interceptaciones telefónicas, la Fiscalía logra dar con los integrantes de la organización delincuencial.

Dice el documento que el dinero de la organización ‘Marquitos Figueroa’ sale de las extorsiones a contrabandistas de combustible desde Venezuela, de secuestros, hurtos, microtráfico y tráfico de armas, dinero con el que, posteriormente, la organización corrompe a funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública para seguir cometiendo los ilícitos. Según la investigación de las autoridades, las víctimas no se atreven a denunciar por temor a ser asesinados.

“Esto surge de las diferentes interceptaciones de comunicación con que cuenta el proceso penal, además los informes de Policía Judicial donde se consigna en todos y cada una de las actividades como resultados obtenidos de las interceptaciones”, dice el documento.

El mismo grupo de la DIJIN adelantó actividades investigativas sobre los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las siguientes personas naturales o jurídicas que tienen vínculo directo e indirecto con la organización denominada ‘Marquitos’ Figueroa, con injerencia en La Guajira, César, Atlántico y Magdalena, quienes vienen realizando actividades ilícitas desde 1990 a la fecha, es por esto que se relacionan las siguientes personas inmersas en la investigación. Aquí aparece por primera vez el nombre del ‘Ñeñe’ Hernández.

Dicen las autoridades que ‘Marquitos’ es tan poderoso que en la Dirección del Crimen Organizado de la Fiscalía tienen evidencia de que sigue impartiendo órdenes desde la cárcel a ocho personas que estarían delinquiendo bajo su mando en Valledupar y en La Guajira.

Según el organigrama de las autoridades, el ‘Ñeñe’ Hernández hacía parte del brazo financiero de ‘Marquitos’ Figueroa. En otras palabras, según investigadores, ayudaba a mover y lavar los dineros del narcotraficante.

La relación del ‘Ñeñe’ con la organización de ‘Marquitos’ queda evidenciada, según la investigación, por el homicidio de Óscar Rodríguez, hijo del ganadero y del reconocido sastre en Barranquilla Carlos Rodríguez. Homicidio por el cual empieza a ser interceptado el teléfono del ‘Ñeñe’.

El documento dice: “sobre Hernández Aponte encontramos en su contra el proceso por la muerte de Rodríguez, el cual fue perpetrado por la organización denominada ‘Marquitos’ Figueroa, mencionado por José Carlos García Cataño alias ‘La Penca’, como uno de los financiadores de la organización, quien, además, mandó a matar a Carlos Rodríguez, pero se equivocaron y mataron fue al hijo, por lo cual se presume algunos de los bienes fueron adquiridos con dineros producto de actividad ilícita, igualmente en las sociedades y establecimientos de comercio que representa fueron mezclados dineros de ilícita procedencia”, dice el documento.

En la demanda, también se menciona a José Miguel Hernández López, hijo del ‘Ñeñe’ Hernández y, además, socio comanditario de Inversiones Hernández López, sociedad dueña del establecimiento de comercio de La Gloria Ganadería.

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“Respecto esta persona debe tenerse en cuenta, como ya se ha venido haciendo referencia, que se encuentra como socio comanditario de la sociedad Inversiones Hernández López S en C, para la fecha de la constitución de la sociedad era menor de edad, siendo, además, la sociedad a la cual hemos venido haciendo referencia a la cual pertenece como accionista, socia capitalista de La Gloria Ganadería y de acuerdo al estudio contable, dicha persona no tenía capacidad económica financiera y crediticia para haber realizado los aportes a capital que aparece realizando a la sociedad”, puntualiza la demanda.

Por esa relación con la estructura de ‘Marquitos’ es que la Fiscalía solicita a un juez que permita hacerle extinción del dominio a los siguientes bienes del ‘Ñeñe’: Un predio para la cría de ganado bovino y bufalino, por un valor de 2.437 millones de pesos; la sociedad Inversiones Hernández López, de la cual su hijo es socio y tiene activos por 2.437 millones de pesos; la empresa La Gloria Ganadería en Valledupar, que se dedica a la cría de ganado y que tiene activos por 4.114 millones de pesos; el predio ubicado en Valledupar de nombre Rancho Pancho, del cual es dueño Inversiones Hernández López y contaba con 106 animales entre ovinos, búfalos y equinos; otros 360 animales de los que era dueño directamente José Guillermo Hernández; el predio Casa Nueva, en Valledupar, en el que fueron incautados 254 animales; el predio Sábanas Nuevas, en Valledupar, en el que le fueron incautados otros 776 animales; el predio Venecia, en el que fueron incautados otros 31 animales; fueron incautados otros 4.136 equinos en la Gloria Ganadería en Cartagena y, finalmente, el predio del Triunfo, donde fueron incautados 777 animales que eran de propiedad de Inversiones Hernández López.

Finalmente, dice el documento que la demanda para iniciar el trámite de extinción del dominio está soportada en varios documentos: en el oficio del 29 de abril de 2019 del grupo de la DIJIN, anexos donde se relaciona la estructura criminal de ‘Marquitos’ Figueroa y los roles que ejercían dentro de la misma organización, información de medios abiertos sobre la actividad delictiva ejercida por miembros de esta organización delincuencial.

Asimismo, los bienes muebles e inmuebles susceptibles de materialización pertenecientes a integrantes de la organización delincuencial como familiares de los mismos; en la inspección judicial practicada al proceso que se adelanta en contra de José Guillermo Hernández Aponte como presunto autor del crimen del hijo de Carlos Rodríguez, reconocido sastre de la ciudad de Barranquilla, al parecer, por una deuda económica que Hernández Aponte tenía con Carlos Rodríguez, propietario de la sastrería G.Q.; en los antecedentes y anotaciones de las personas afectadas mediante la presente acción, y en la declaración del 16 de mayo de 2019 de José Carlos García Cataño, alias ‘Penca’, exintegrante de la organización delincuencial denominada ‘Marquitos’.

Esta demanda será asumida por un juez especializado en extinción del dominio, quien tendrá la última palabra sobre si los bienes fueron adquiridos con dineros del narcotráfico o si sirvieron para lavar dineros de Marquitos.

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