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Las sanciones a militares involucrados en homicidio de Dimar Torres

El coronel Pérez Amézquita habría sido quien ordenó el asesinato, fue sancionado y destituido por 20 años, mientras paga una condena en la cárcel.

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Militares // Foto: Referencia AFP

Dimar Torres Arévalo era un excombatiente de las Farc que el 22 de abril de 2019 se encontraba en la vereda Carrizal, en el municipio de Norte de Santander, cuando fue víctima de homicidio.

Militares habían señalado al firmante del acuerdo de paz como responsable de la muerte del soldado Pablo Borja García, pero la historia cambió, cuando tras una serie de denuncias, y resultados de investigaciones, se señaló al teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, quien en ese entonces comandaba el Batallón de Operaciones Terrestres No.11, como el determinador de ese hecho, es decir, que habría ordenado el asesinato de Dimar Torres.

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Pero quien habría sido el responsable de disparar contra el excombatiente fue el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien habría intentado cambiar la escena del crimen con la complicidad de tres soldados profesionales: William Andrés Alarcón Castrillón, Cristian David Casilimas Pulido y Yorman Alexander Buriticá Duarte.

“Sale la ráfaga y lo impacta en la cabeza, y se fueron dos ráfagas, cuando iba en el aire cayendo (…) Se determina que no es posible el hoy occiso, haya recibido los impactos con el selector de disparo en posición de automático”, se detalla en apartes de la lectura de fallo de la Procuraduría.

Tras imputación de cargos por parte de la Fiscalía, un juez dijo que los involucrados podrían obstruir la justicia, o incluso, escapar, y por tal motivo, los envió a un centro de reclusión.

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Se encontraron chats y audios entre el coronel Amézquita y el cabo Gómez Robledo. Más pruebas de los hechos que quisieron hacerse pasar como una muerte donde ningún militar estuvo involucrado, pero mientras pasaba el tiempo, se iba conociendo la verdad. Dimar Torres se dedicaba a actividades agrícolas y ostentaba la calidad de persona protegida.

“Se documentó ampliamente que lo asesinaron en un lugar, y su cuerpo, y pertenencias fueron trasladados a un lugar diferente con la intención de ocultarlos, y que en esa tenebrosa tarea participaron los soldados profesionales”, agrega el fallo.

En marzo de 2020, la Procuraduría General de la Nación, había formulado pliego de cargos contra los cinco implicados y entonces calificó la conducta como gravísima a título de dolo por la posible responsabilidad en el homicidio de persona protegida, además de infringir el Derecho Internacional Humanitario.

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A los hombres, de acuerdo con lo manifestado por el Ministerio Público, les fue difícil controvertir las investigaciones forenses y la cantidad de pruebas y testimonios que se habían recogido, diciendo incluso, que esos hechos, produjeron un enorme daño a la imagen del Ejército.

En la lectura del fallo en primera instancia este martes, se entregaron detalles de cómo habrían sucedido los hechos, cómo, pese a que la defensa de los soldados profesionales manifestara que ellos no tenían responsabilidad, sí fueron cómplices, y sí habrían participado en el homicidio. Para la Procuraduría, hubo intervención de ellos.

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“Si bien, no hay duda probatoria de la autoría material del crimen, que como lo ha señalado el señor defensor, fue reconocido por el cabo Gómez Robledo, con preacuerdo, no menos cierto es que después de la imputación de cargos efectuado por la fiscalía al cabo, el 30 de julio de 2019, se recibió la diligencia testimonial del soldado profesional Mantilla Calzada Andrés, en la cual aportó en la calidad de juramento respecto a las órdenes impartidas por el coronel Pérez Amézquita, Jorge Armando para vengar la muerte del soldado Borja Pablo Emilio, así como lo visto con posterioridad al homicidio de Dimar Torres, la presencia de los soldados realizando actos de colaboración para el ocultamiento del cadáver y la motocicleta, y lavando la sangre y masa encefálica del ya occiso”, agregó.

Tras recoger todos esos detalles, la Procuraduría anunció una sanción e inhabilidad por 20 años al coronel Jorge Andrés Pérez Amézquita, quien habría participado como determinador en el homicidio de Dimar Torres.

Al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, una sanción e inhabilidad por 14 años, por la presunta autoría material.

Tanto a Yorman Alexander Buriticá Duarte, William Andrés Alarcón Castrillón y a Cristian David Casilimas Pulido, se les aplicó una sanción e inhabilidad por 12 años al considerarse cómplices en el homicidio, mientras la defensa de todos ellos, interpusieron recurso de apelación.

 

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