La inclusión laboral de las personas con discapacidad dejó de ser únicamente una meta para convertirse en una obligación para muchas empresas del país. Aunque la medida ya había sido contemplada en la reforma laboral, desde finales de junio empezó a ser obligatoria para los empleadores, quienes deberán ajustar sus procesos de contratación y fortalecer sus políticas de diversidad.
La disposición hace parte de la Ley 2466 de 2025, conocida como la Reforma Laboral, que en su artículo 15 establece que las empresas con más de 100 trabajadores deben incluir personal con discapacidad en sus equipos de trabajo. Durante el primer año, la medida fue aplicada de manera voluntaria. Sin embargo, desde el pasado 24 de junio de 2026, la normativa pasó a ser de obligatorio cumplimiento.
Ley 2466 obliga a empresas a contratar personas con discapacidad
La nueva normativa ha generado inquietudes entre empresarios debido a la forma correcta en la que se deben implementar los procesos de contratación. En esa medida, la organización Humanity & Inclusion (HI), con presencia en más de 60 países, presentó el llamado Sello de Inclusión, una iniciativa que busca acompañar a las empresas en la construcción de entornos laborales más accesibles.
Según explicó Hernando Enríquez, director para Colombia de HI, "el acompañamiento ofrecido a las empresas a través del sello parte de la realización de un diagnóstico participativo de la empresa, que sirve como insumo para trazar posteriormente la hoja de ruta que debe transitar la organización en el diseño e implementación de un plan estratégico de inclusión, que refiere a su vez la transformación de la cultura organizacional hacia una versión más humana, innovadora y sostenible".
Beneficios por contratar a personas con discapacidad
Más allá del cumplimiento de la ley, la organización destaca que avanzar en inclusión también representa ventajas para las empresas.
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Entre los principales beneficios se encuentran:
- Mayor productividad en equipos diversos.
- Mejor percepción de la empresa ante clientes y aliados.
- Ambientes laborales más respetuosos e incluyentes.
- Decisiones empresariales más efectivas.
- Acceso a beneficios tributarios establecidos en la legislación.
Según señala el artículo 31 de la Ley 361 de 1997, los empleadores que vinculen personas en condición de discapacidad pueden recibir deducciones en el impuesto de renta equivalentes al 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año.
Inclusión laboral busca cerrar brechas
Las cifras reflejan el desafío que enfrenta el mercado laboral. Según datos del Banco Mundial, uno de cada tres hogares en América Latina tiene por lo menos una persona con discapacidad y uno de cada dos no obtiene un empleo formal.
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En Colombia, se estima que el 52,3 % de esta población se encuentra en edad productiva, pero tan solo el 18,7 % logra acceder a un empleo formal.
Por ello, para HI, la implementación de la Ley 2466 de 2025 es una manera de fomentar una cultura empresarial más inclusiva y reducir las barreras del trabajo formal, promoviendo organizaciones más competitivas y sostenibles.
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