La inclusión laboral de las personas con discapacidad dejó de ser únicamente una meta para convertirse en una obligación para muchas empresas del país. Aunque la medida ya había sido contemplada en la reforma laboral, desde finales de junio empezó a ser obligatoria para los empleadores, quienes deberán ajustar sus procesos de contratación y fortalecer sus políticas de diversidad.La disposición hace parte de la Ley 2466 de 2025, conocida como la Reforma Laboral, que en su artículo 15 establece que las empresas con más de 100 trabajadores deben incluir personal con discapacidad en sus equipos de trabajo. Durante el primer año, la medida fue aplicada de manera voluntaria. Sin embargo, desde el pasado 24 de junio de 2026, la normativa pasó a ser de obligatorio cumplimiento.Ley 2466 obliga a empresas a contratar personas con discapacidadLa nueva normativa ha generado inquietudes entre empresarios debido a la forma correcta en la que se deben implementar los procesos de contratación. En esa medida, la organización Humanity & Inclusion (HI), con presencia en más de 60 países, presentó el llamado Sello de Inclusión, una iniciativa que busca acompañar a las empresas en la construcción de entornos laborales más accesibles.Según explicó Hernando Enríquez, director para Colombia de HI, "el acompañamiento ofrecido a las empresas a través del sello parte de la realización de un diagnóstico participativo de la empresa, que sirve como insumo para trazar posteriormente la hoja de ruta que debe transitar la organización en el diseño e implementación de un plan estratégico de inclusión, que refiere a su vez la transformación de la cultura organizacional hacia una versión más humana, innovadora y sostenible".Beneficios por contratar a personas con discapacidadMás allá del cumplimiento de la ley, la organización destaca que avanzar en inclusión también representa ventajas para las empresas.Entre los principales beneficios se encuentran:Mayor productividad en equipos diversos.Mejor percepción de la empresa ante clientes y aliados.Ambientes laborales más respetuosos e incluyentes.Decisiones empresariales más efectivas.Acceso a beneficios tributarios establecidos en la legislación.Según señala el artículo 31 de la Ley 361 de 1997, los empleadores que vinculen personas en condición de discapacidad pueden recibir deducciones en el impuesto de renta equivalentes al 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año.Inclusión laboral busca cerrar brechasLas cifras reflejan el desafío que enfrenta el mercado laboral. Según datos del Banco Mundial, uno de cada tres hogares en América Latina tiene por lo menos una persona con discapacidad y uno de cada dos no obtiene un empleo formal.En Colombia, se estima que el 52,3 % de esta población se encuentra en edad productiva, pero tan solo el 18,7 % logra acceder a un empleo formal.Por ello, para HI, la implementación de la Ley 2466 de 2025 es una manera de fomentar una cultura empresarial más inclusiva y reducir las barreras del trabajo formal, promoviendo organizaciones más competitivas y sostenibles.
La Personería de Medellín encendió las alarmas por la crisis administrativa que enfrenta el proceso de expedición de certificados de discapacidad en la ciudad, al advertir que las demoras para obtener este documento pueden superar los 12 meses, afectando el acceso de cientos de personas.La alerta institucional fue emitida por el Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad, y está dirigida a la Secretaría de Salud y demás entidades responsables del proceso. Según el organismo de control, las fallas administrativas están limitando el ejercicio de derechos fundamentales como la salud.Entre los hallazgos, la Personería Distrital identificó una drástica reducción en los registros oficiales de personas con discapacidad en Medellín, que pasaron de 78.562 en 2020 a 15.499 en 2026. Adicionalmente, hay una lista de espera de 538 personas y más de 3.000 solicitudes pendientes de atención, mientras que un solo profesional coordina el proceso de certificación para todo el Distrito.Elkin Gallego, personero delegado, recomendó a la administración Distrital implementar un plan de choque que fortalezca el equipo humano encargado de las certificaciones, agilice la atención, reduzca los tiempos de espera."De acuerdo con la información obtenida por la persona distrital, se han encontrado barreras profundas en el acceso a los certificados de discapacidad, lo que restringe el acceso a derechos en materia social, laboral y de afiliación al sistema de seguridad social en salud", advirtió el funcionario.A esto se suma que 3.774 personas no asistieron a las citas programadas para obtener el certificado, una situación que, según la Personería, estaría relacionada con la desconfianza de los ciudadanos y el temor a ser víctimas de estafas durante el trámite.
Aunque en Colombia hay 411.450 personas con discapacidad ocupadas, apenas 107.210 cuentan con un empleo formal. El dato, revelado por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, refleja las dificultades que aún enfrenta esta población para acceder a trabajos estables y con garantías laborales.La situación se ha agravado en los últimos años. Entre 2021 y 2025, la proporción de trabajadores con discapacidad en la informalidad pasó de 70.5 % a 73.9 %, mientras que la formalidad cayó de 29.5 % a 26.1 %. Este panorama llevó al Ministerio del Trabajo y a Avianca a firmar una alianza orientada a ampliar las oportunidades de empleo incluyente en la industria aeronáutica.El acuerdo busca facilitar la vinculación de personas con discapacidad a empleos formales dentro de la aerolínea y promover entornos laborales más accesibles. La iniciativa también pretende convertirse en un referente para que otras empresas del país impulsen estrategias similares de inclusión laboral.Según las cifras del DANE, la mayor concentración de trabajadores con discapacidad se encuentra en actividades de comercio y reparación de vehículos (19 %), seguida por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (17.6 %). También tienen una participación importante las actividades artísticas y de entretenimiento (11.2 %) y la industria manufacturera (11 %).Por ciudades, Bogotá lidera con 63.851 personas con discapacidad ocupadas, seguida por Medellín (35.087) y Cali (20.945). Más atrás aparecen Bucaramanga (14.809) y Cúcuta (12.507), mientras que otras capitales registran cifras menores.Cabe resaltar que, las empresas que contratan personas con discapacidad certificada pueden acceder a beneficios tributarios contemplados en la Ley 361 de 1997, que permite deducir hasta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estos trabajadores.
Volver a correr, montar en bicicleta, hacer entrenamiento funcional o competir en una carrera son metas que ahora son completamente posibles para muchos pacientes amputados en Colombia. El desarrollo de la tecnología en el mercado de prótesis deportivas en el país viene registrando un crecimiento sostenido, concentrando su demanda principalmente en capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.La clave detrás de este avance radica en la alta expectativa funcional de los usuarios, lo que ha impulsado la demanda de componentes dinámicos desarrollados con fibras de carbono de alto rendimiento y sistemas avanzados de absorción de impacto y retorno de energía. Así lo explica Derly Patricia Martínez Barreto, business Development Manager de Ottobock para Latinoamérica, sobre cómo el acceso a estas herramientas no debe considerarse un lujo, ya que la actividad física es parte de la salud integral que fortalece el bienestar emocional, físico y facilita la reintegración social y laboral.Mientras que una prótesis convencional se orienta a actividades de la rutina diaria como caminar o subir escaleras, una variante deportiva está fabricada específicamente para absorber impactos de alta intensidad, soportar cargas repetitivas y responder a exigencias biomecánicas particulares. Por ejemplo, disciplinas como el running, el ciclismo, el crossfit o el fútbol adaptado exigen versatilidad funcional y resistencia para realizar cambios rápidos de dirección.En el panorama nacional y de América Latina, el impacto de estas innovaciones ya cuenta con referentes visibles. Daniela Álvarez, Johanis Menco, Lina Ortiz y Juan Pablo Medina han logrado regresar con éxito al ciclismo, a las carreras atléticas y al entrenamiento funcional de alto nivel.Aunque el país evidencia importantes avances en rehabilitación comparado con naciones como Brasil y México, aún persisten barreras económicas derivadas de los altos costos y las coberturas limitadas.
La organización Colombia anunció un proceso de capacitación en lengua de señas dirigido a voluntarias comunitarias del municipio de Piedecuesta, con el propósito de fortalecer la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en espacios educativos y comunitarios.La iniciativa se desarrollará en articulación con la Secretaría de Desarrollo y la Oficina de Discapacidad del municipio, en medio de las preocupaciones por las barreras de comunicación y acceso que aún enfrentan menores con discapacidad en Santander y el país.De acuerdo con cifras de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Santander 2023–2032, en el departamento hay al menos 2.908 niñas y niños entre los 6 y 14 años con algún tipo de discapacidad, situación que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias de inclusión desde los territorios.Además, datos recientes del DANE revelan que el 16,2 % de las personas con discapacidad en Colombia no cuenta con ningún nivel educativo, mientras que en la población sin discapacidad esta cifra es de apenas 2,6 %, reflejando las brechas que persisten en el acceso y permanencia educativa.La capacitación en lengua de señas busca fortalecer el liderazgo comunitario y generar herramientas que permitan crear entornos más participativos e incluyentes para menores en condición de discapacidad, especialmente en espacios de formación y convivencia.Actualmente, cerca de 1.400 niñas y niños participan en las Escuelitas de Paz de World Vision en Piedecuesta, programas enfocados en el aprendizaje, la convivencia y el fortalecimiento de habilidades para la vida. De esa población, alrededor de 90 menores presentan algún tipo de discapacidad.“El aprendizaje de la lengua de señas no solo permite comunicarnos mejor, sino reconocer y promover el derecho de niñas y niños a participar plenamente en sus comunidades. Queremos que ningún niño o niña se sienta excluido de estos espacios por barreras de comunicación”, afirmó Wilson Camacho, gerente territorial de World Vision Colombia.La organización explicó que el proceso formativo no solo beneficiará a las voluntarias y participantes de las Escuelitas de Paz, sino que también busca dejar capacidades instaladas en la comunidad para ampliar el acceso de más niñas y niños a espacios seguros, participativos y adaptados a sus necesidades.Con este tipo de iniciativas, World Vision Colombia busca fortalecer acciones orientadas a la protección integral de la niñez y promover comunidades más empáticas e inclusivas en Santander.
La Sala Plena de la Corte dio vía libre, de manera condicionada, a varias disposiciones de la Ley 2418 de 2024, que establece medidas afirmativas para garantizar el acceso de personas con discapacidad a empleos públicos mediante concursos de mérito.El alto tribunal determinó que limitar estos beneficios únicamente al sistema general de carrera administrativa constituía una omisión legislativa relativa, al excluir injustificadamente a personas con discapacidad que aspiran a cargos en otros regímenes especiales del Estado.La Ley 2418 de 2024 creó medidas como la reserva de plazas para personas con discapacidad en concursos públicos, la gratuidad en las inscripciones y la obligación de realizar ajustes para garantizar condiciones reales de igualdad en los procesos de selección.Explicó la Corte Constitucional que, aunque el mérito sigue siendo el eje principal para el acceso al empleo público, el Estado también tiene el deber constitucional de eliminar barreras estructurales que históricamente han dificultado la participación de esta población en concursos de carrera administrativa.Blu Radio consultó a expertos juristas, entre ellos, Sixta Zúñiga Lindao, presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien aseguró que este fallo tiene una fuerza simbólica y jurídica muy importante para el país.“Esta sentencia recordó que la inclusión no es un acto de caridad ni una simple expresión de amabilidad, sino una obligación constitucional. Parte del esfuerzo de la Comisión Nacional del Servicio Civil en la inclusión tiene que ver con la creación de los ajustes razonables, así como con adaptar la plataforma CIMO, volviéndola accesible para las personas con discapacidad, quienes además pueden inscribirse sin pagar derechos de participación”, aseguró la presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil.Con esta decisión de la Corte Constitucional, las medidas de accesibilidad deberán aplicarse en todos los concursos de ingreso y ascenso de los sistemas especiales y específicos de carrera administrativa.
La brutal agresión de la que fue víctima Luis Alberto Ramos Serpa, conocido entre la comunidad como “Beto”, ha generado indignación y rechazo en Barrancabermeja. El joven, quien se encuentra en condición de discapacidad, fue atacado violentamente en un establecimiento público del barrio Uribe Uribe, en hechos ocurridos el pasado fin de semana.De acuerdo con versiones de testigos, Ramos Serpa habría intentado intervenir para defender a una mujer que presuntamente estaba siendo víctima de maltrato verbal, situación que habría desencadenado la reacción violenta del señalado agresor.Tras la golpiza, el caso provocó una ola de rechazo en redes sociales y entre habitantes del distrito petrolero, quienes exigen justicia y castigo para el responsable.Ante la gravedad de lo ocurrido, la Alcaldía de Barrancabermeja anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar, capturar y judicializar al hombre señalado de cometer la agresión.“El agresor, presuntamente, en un acto de intolerancia ha lesionado de manera muy grave a este ciudadano, en hechos que han generado consternación en todo el distrito”, afirmó el secretario de Seguridad, Eduardo Ramírez Alipio.Los familiares de la víctima ya instauraron las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que ayude a esclarecer los hechos y evitar que el caso quede en la impunidad.
En el marco del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, expertos insisten en que el bullying sigue siendo una problemática urgente en los entornos educativos. Cuando afecta a niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual, sus consecuencias pueden ser más profundas, ya que se suman a barreras de movilidad, autonomía y participación social que ya enfrentan en su vida diaria.De acuerdo con la UNESCO, cerca de uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sido víctima de acoso escolar. Además, el organismo advierte que los menores con discapacidad tienen igual o mayor probabilidad de sufrir estas situaciones. En Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional, se registraron 11.161 casos de acoso escolar, ciberacoso y agresión entre 2020 y marzo de 2025, una cifra que evidencia la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana.En estudiantes con discapacidad visual, el acoso puede adoptar formas específicas: burlas por el uso de bastón, gafas o lectores de pantalla; exclusión de actividades escolares; comentarios ofensivos o incluso la manipulación de objetos personales y cambios en el entorno físico que afectan su orientación. Desde el CRAC advierten que muchas veces estas conductas comienzan con “bromas” o actitudes sutiles que terminan afectando la autoestima, la seguridad y la independencia del menor.Frente a este panorama, especialistas recomiendan actuar desde varios frentes. Hablar abiertamente sobre discapacidad desde edades tempranas ayuda a reducir prejuicios; capacitar a docentes permite detectar señales como aislamiento o cambios de comportamiento; y garantizar la participación plena en todas las actividades evita formas de exclusión silenciosa. A esto se suma la necesidad de crear rutas de denuncia claras, confidenciales y con acompañamiento psicológico, así como fortalecer la educación digital para prevenir el ciberacoso.Los expertos coinciden en que la detección temprana es clave para frenar el problema. Un niño que deja de sentirse seguro en el colegio puede ver afectado su desarrollo emocional y social, e incluso limitar su autonomía. Por eso, la prevención del acoso escolar no puede recaer solo en las víctimas: requiere el compromiso conjunto de familias, docentes e instituciones educativas capaces de actuar de manera oportuna y efectiva.
Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana evidenció que la inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia mantiene rezagos en distintos niveles del sistema. Según el estudio, basado en datos del Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional (2023) y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 2 % de la matrícula en educación regular corresponde a estudiantes con discapacidad.El informe señala que, aunque el 5,8 % de la población colombiana presenta algún tipo de discapacidad, su participación en el sistema educativo es considerablemente menor, con cerca de 200.334 estudiantes matriculados frente a un total de 9,8 millones. Esta diferencia refleja barreras en el acceso y la permanencia dentro del sistema educativo.Entre los hallazgos, se identifica que la discapacidad intelectual es la más frecuente entre los estudiantes registrados, seguida de discapacidades psicosociales y múltiples. Además, la presencia de esta población es ligeramente mayor en el sector oficial (2,1%) que en el privado (1,8%).El estudio también evidencia brechas en habilidades básicas. La tasa de analfabetismo en personas con discapacidad alcanza el 18,2 %, frente al 4,4 % en quienes no presentan discapacidad. En población en edad escolar (5 a 16 años), la diferencia es mayor: 34,2 % frente a 9,2 %.En cuanto a la asistencia escolar, el 95,4 % de los estudiantes sin discapacidad asiste a clases, mientras que en la población con discapacidad la cifra es de 72,9 %, lo que representa una brecha de 22,5 puntos porcentuales.Estas diferencias impactan las trayectorias educativas. El informe indica que la mayoría de personas con discapacidad alcanza como máximo el nivel de primaria, con menor participación en educación media y superior.Desde el LEE se plantea la necesidad de fortalecer políticas de inclusión educativa, con énfasis en detección temprana, ampliación de cobertura, reducción del analfabetismo y promoción del acceso a niveles educativos superiores, con el fin de mejorar las condiciones de permanencia y progreso académico de esta población.
Para quien ha perdido movilidad, la meta no es simplemente recibir una prótesis, sino volver a caminar con seguridad, sostener objetos con firmeza o desplazarse sin depender de otros. En Colombia, más de 2,6 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, muchas de ellas con barreras para acceder a procesos de rehabilitación integrales. En ese contexto, la innovación tecnológica —desde rodillas mecatrónicas hasta manos con sensores— se abre paso como una alternativa que busca devolver funcionalidad real y autonomía cotidiana.Por eso, Ottobock plantea un modelo en el que el paciente encuentra en un solo lugar evaluación médica especializada, adaptación personalizada de prótesis u órtesis y acompañamiento clínico continuo. Uno de los diferenciales es la posibilidad de ajustar la tecnología según la evolución del paciente. Por ejemplo, pasar de caminar trayectos cortos a retomar una jornada laboral completa.En términos tecnológicos, las opciones van desde pies de fibra de carbono que aportan mayor impulso y resistencia, hasta rodillas mecatrónicas que interpretan el movimiento en tiempo real para ofrecer estabilidad en diferentes superficies. En miembros superiores, los codos mioeléctricos y las manos con sensores permiten movimientos más precisos y naturales, facilitando acciones como subir escaleras, sostener objetos o manipular herramientas con mayor control y menor esfuerzo.Además, en el campo de la neurorehabilitación, soluciones como el traje de neuromodulación Exopulse Mollii ofrecen alternativas no invasivas para personas con espasticidad u alteraciones del tono muscular. Según explicó Derly Patricia Martínez Barreto, Business Development Manager para Latinoamérica de Ottobock, el propósito es que la tecnología sea un medio y no un fin: apoyar el trabajo clínico, prevenir complicaciones y mejorar la participación activa del paciente en su vida diaria.
Luego del terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia, Bancolombia activó sus protocolos de atención para verificar el estado de sus trabajadores, clientes, instalaciones y servicios en las regiones afectadas por el sismo de magnitud 7,4.Ante ello, la entidad decidió que, de las 563 sucursales que tiene en el país, 46 permanecerán cerradas temporalmente, principalmente al sur de Colombia, donde se concentraron varias de las afectaciones. La decisión responde a las revisiones realizadas sobre la infraestructura de las oficinas, con el propósito de garantizar condiciones seguras antes de retomar la atención presencial a sus clientes.¿Qué oficinas de Bancolombia estarán cerradas por el terremoto?La mayor parte de las sucursales que suspendieron sus servicios temporalmente están ubicadas en Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó. Entre ellas se encuentran oficinas en Cali, Pereira, Manizales, Armenia y otros municipios afectados.Adicionalmente, en Antioquia también fueron cerradas las sucursales de Jardín y El Peñol. En Chocó, por su parte, las oficinas de Quibdó e Istmina suspendieron sus servicios mientras se evalúan las condiciones para definir su reapertura.El banco explicó que las demás oficinas continuarán operando con normalidad. Sin embargo, recomendó que, para mantenerse al tanto sobre sucursales abiertas y horarios, se valide la información en su sucursal telefónica.¿Cómo hacer operaciones de Bancolombia si una oficina está cerrada?Para los clientes que necesiten realizar movimientos bancarios durante la emergencia, Bancolombia informó que sus canales digitales continúan funcionando con normalidad y están disponibles las 24 horas.Entre las opciones habilitadas están:App Mi Bancolombia.App Negocios.Sucursal Virtual Personas.Sucursal Virtual Negocios.Botón de Pagos Bancolombia.Cajeros automáticos.Corresponsales bancarios.Sucursal Telefónica.Tarjetas Bancolombia para pagos.La recomendación para quienes se encuentren en las zonas afectadas es revisar primero los canales oficiales antes de desplazarse hasta una oficina.Bancolombia abrió canales de donaciones por terremotoLa Fundación Bancolombia habilitó una cuenta de ahorros para recibir donaciones destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia.La cuenta habilitada para este fin es el número 24542391932. De acuerdo con la entidad, los recursos serán utilizados en acciones de atención y apoyo en los territorios impactados, en articulación con autoridades, organizaciones aliadas y actores locales.Bancolombia indicó que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier actualización relacionada con sus oficinas y servicios a través de sus canales oficiales.
La cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 6.301, mientras familiares siguen buscando desaparecidos entre las ruinas de edificios colapsados, según un balance divulgado el lunes por el jefe parlamentario Jorge Rodríguez.A la fecha el gobierno no ha publicado una cifra oficial sobre los desaparecidos luego de los sismos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de unos 190 edificios ubicados en su mayoría en el costero estado La Guaira, a unos 40 km de Caracas. Muchos venezolanos revivieron escenas de los terremotos que sacudieron el país caribeño, tras sentirse este lunes en varias regiones un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia, que deja un saldo de al menos 111 muertos y decenas de heridos.El balance anterior publicado el 3 de agosto por autoridades venezolanas cifraba el número de muertos en 6.125. Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedaban cerca de 1.400 desaparecidos hace poco más de una semana.Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 9.567 han sido catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo". El número de "viviendas restringidas" se ubica en 12.411. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el estado La Guaira, un popular balneario cuya vida giraba en torno al turismo prácticamente inexistente luego de los terremotos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió de Turquía en secreto el pasado 8 de julio y utilizó un avión militar más pequeño para continuar su viaje hacia Reino Unido, en una operación destinada a ocultar su ubicación ante una posible amenaza de asesinato procedente de Irán, según una investigación publicada por The Washington Post. (The Washington Post)El episodio ocurrió después de la participación de Trump en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara. Aunque públicamente se informó que el mandatario había abandonado Turquía a bordo de un antiguo Boeing 747 utilizado como Air Force One, en realidad habría sido trasladado de manera discreta a un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense.De acuerdo con la información publicada por el diario estadounidense, la operación buscaba impedir que posibles adversarios conocieran cuál era el avión que transportaba realmente al presidente.Trump utilizó un avión como señueloTrump había llegado a Turquía a bordo del nuevo Boeing 747-8 que fue entregado a Estados Unidos por Catar. Sin embargo, para el regreso, el mandatario apareció públicamente abordando el antiguo Air Force One.En ese momento, Trump explicó que el cambio obedecía a una razón logística: el nuevo avión sería trasladado previamente a la base aérea de Mildenhall, en Reino Unido, para que militares estadounidenses pudieran conocerlo y recorrer sus instalaciones. (The Washington Post)La versión pública hizo que periodistas y parte del personal de la Casa Blanca creyeran que Trump viajaba en el Boeing 747 más antiguo. Sin embargo, según The Washington Post, el avión que aparentemente transportaba al presidente funcionó en realidad como un señuelo. Trump habría sido trasladado desde la zona del aeropuerto hasta el C-32A, una aeronave de menor tamaño utilizada habitualmente para transportar a altos funcionarios estadounidenses. El objetivo era mantener en secreto la ubicación del presidente durante una parte del trayecto.Una amenaza iraní habría motivado el operativoLa decisión de cambiar de aeronave estuvo relacionada con preocupaciones de seguridad vinculadas a Irán, según las fuentes citadas por el diario.La posibilidad de que Trump fuera objetivo de un ataque iraní ya había sido mencionada durante su salida de Turquía. El propio presidente reconoció entonces que existían amenazas contra él y afirmó que era considerado por Irán como uno de sus principales objetivos.Durante ese viaje, los periodistas que permanecieron a bordo del avión que salió de Ankara recibieron instrucciones de mantener cerradas las persianas de las ventanillas. La medida llamó la atención de los reporteros y alimentó las dudas sobre las verdaderas razones del cambio de aeronave. (The Washington Post)La nueva información publicada ahora apunta a que las medidas de seguridad fueron mucho más amplias de lo que se conoció inicialmente.El avión regalado por Catar también quedó bajo escrutinioEl episodio volvió a poner el foco en el nuevo avión presidencial entregado por Catar a Estados Unidos.El Boeing 747-8 fue donado por la familia real catarí después de que Trump cuestionara durante meses el estado de los dos aviones Boeing 747 utilizados como Air Force One desde la década de 1990.La aeronave fue sometida a modificaciones para adaptarla a las necesidades del Gobierno estadounidense. No obstante, desde que comenzó a utilizarse surgieron interrogantes sobre si contaba con todas las capacidades de protección disponibles en los aviones presidenciales más antiguos.Entre las diferencias señaladas se encuentran determinados sistemas de seguridad y defensa frente a posibles amenazas externas. Informaciones previas habían indicado que el nuevo avión no disponía inicialmente de algunas de las capacidades de detección y contramedidas que sí poseen las aeronaves presidenciales tradicionales. (The Washington Post)El cambio de avión durante el viaje de Trump a Estados Unidos incrementó esas dudas y abrió nuevamente el debate sobre la seguridad del aparato.La Casa Blanca defiende la seguridad del nuevo Air Force OneAnte la publicación de The Washington Post, la Casa Blanca defendió las condiciones de seguridad del nuevo avión.El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que la aeronave cuenta con sistemas y protocolos destinados a proteger al presidente y a los integrantes de su equipo.La administración de Trump no confirmó públicamente todos los detalles de la operación descrita por el periódico, incluida la forma exacta en la que el mandatario fue trasladado desde el avión que utilizó como señuelo hasta el C-32A. La información sobre la salida secreta se conoce semanas después de la cumbre de la OTAN y en un contexto de fuerte tensión entre Estados Unidos e Irán. Durante la reunión en Ankara, Trump había reiterado sus advertencias contra Teherán y, posteriormente, Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos iraníes. (The Washington Post)
Una alerta técnica fue presentada ante la Gobernación de Santander por el estado de dos puentes metálicos considerados estratégicos para la conectividad del departamento: el puente Baraya, ubicado sobre el río Fonce en la Ruta del Petróleo, y el puente sobre el río Suárez que comunica con los municipios de El Hato y Palmar.La advertencia fue realizada por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, cuyos integrantes, durante un recorrido reciente por la Ruta del Petróleo, identificaron varias afectaciones que, según advierten, requieren una intervención prioritaria para evitar riesgos en la seguridad vial y en la estabilidad de las estructuras.Uno de los puntos que genera mayor preocupación está en el puente Baraya. La sociedad señala que el estribo norte de la estructura estaría en riesgo de perder estabilidad debido a la socavación que ha sufrido el lecho del río.De acuerdo con la alerta, “a pocos metros aguas abajo del puente funciona una concesión minera dedicada a la extracción de material pétreo. Los ingenieros advierten que, según lo manifestado por habitantes de la zona, antes de que comenzara esta explotación el nivel del río coincidía con la base de la pila, mientras que actualmente el cauce habría descendido cerca de tres metros”.La Sociedad Santandereana de Ingenieros pidió que la autoridad ambiental revise el impacto de esta actividad y ejerza los controles correspondientes sobre la explotación minera y sobre otras operaciones similares ubicadas en puntos considerados críticos para la infraestructura vial de Santander.El segundo llamado de atención corresponde al puente sobre el río Suárez, ubicado en el ramal que conduce hacia El Hato y Palmar. Allí, los ingenieros encontraron un deterioro aún mayor de la pintura anticorrosiva y una afectación en uno de los elementos de la estructura metálica.Según el documento, la primera diagonal de la cercha norte, en el costado occidental, fue golpeada por un vehículo y permanece doblada. La Sociedad Santandereana de Ingenieros advierte que esta deformación afecta las condiciones de trabajo de la estructura y genera riesgos para su estabilidad. Aunque aparentemente la baranda fue reparada, el elemento estructural no habría recibido la misma intervención.La organización recordó que ambos puentes tienen cerca de un siglo de construcción. Fueron levantados en 1938 y, pese a su antigüedad, continúan prestando servicio y hacen parte de la red vial del departamento, con importancia para la movilidad, la actividad económica y el turismo.Ante este panorama, la Sociedad Santandereana de Ingenieros solicitó al gobernador Juvenal Díaz Mateus instruir a la Secretaría de Infraestructura para que realice una inspección técnica prioritaria, determine el alcance de los daños y establezca las intervenciones necesarias.También pidió coordinar con las autoridades ambientales la revisión de la licencia y de la operación de la concesión minera ubicada cerca del puente Baraya, debido a la preocupación por la posible relación entre la extracción de material y la acelerada socavación del lecho del río.
Las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) dieron un nuevo paso en su proceso de fortalecimiento institucional al convertirse en una institución universitaria, cambio que abre la posibilidad de ampliar su oferta académica y ofrecer programas de formación de posgrado.La transformación se concretó después de ocho años de proceso y representa un cambio que va más allá del nombre de la institución, pues permitirá a las UTS ampliar sus niveles de formación y avanzar en una oferta académica que incluya programas de posgrado.Uno de los primeros proyectos será la Maestría en Administración de Empresas, cuyo proceso avanza ante el Ministerio de Educación Nacional y que, de acuerdo con las proyecciones de la institución, podría comenzar a ofrecerse el próximo año.El rector de las UTS, Omar Lengerke, destacó que esta transformación permitirá ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes de Santander y anunció que la institución proyecta nuevos programas en diferentes áreas del conocimiento.“Ingresan a una nueva institución. Se matricularon en las Unidades y hoy ingresan a la Universitaria Tecnológica de Santander, una universidad acreditada en alta calidad. Vamos a tener programas en el área de la salud, posgrados, maestrías y doctorados. Con orgullo, de aquí en adelante van a decir: estudian en la Universitaria Tecnológica de Santander”, afirmó Lengerke.De acuerdo con el rector, entre las áreas que se busca fortalecer están salud, comunicación y humanidades, con nuevos programas que respondan a las necesidades de formación de la región.Otro de los aspectos destacados es el acceso a la educación superior. Según Lengerke, actualmente el 98 % de los estudiantes de las UTS cuenta con gratuidad, una condición que, aseguró, hace parte del compromiso de la institución de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.Con este cambio, las UTS buscan ampliar progresivamente su oferta académica y consolidarse como una institución con nuevos niveles de formación para estudiantes y profesionales de Santander.