La inclusión laboral de las personas con discapacidad dejó de ser únicamente una meta para convertirse en una obligación para muchas empresas del país. Aunque la medida ya había sido contemplada en la reforma laboral, desde finales de junio empezó a ser obligatoria para los empleadores, quienes deberán ajustar sus procesos de contratación y fortalecer sus políticas de diversidad.La disposición hace parte de la Ley 2466 de 2025, conocida como la Reforma Laboral, que en su artículo 15 establece que las empresas con más de 100 trabajadores deben incluir personal con discapacidad en sus equipos de trabajo. Durante el primer año, la medida fue aplicada de manera voluntaria. Sin embargo, desde el pasado 24 de junio de 2026, la normativa pasó a ser de obligatorio cumplimiento.Ley 2466 obliga a empresas a contratar personas con discapacidadLa nueva normativa ha generado inquietudes entre empresarios debido a la forma correcta en la que se deben implementar los procesos de contratación. En esa medida, la organización Humanity & Inclusion (HI), con presencia en más de 60 países, presentó el llamado Sello de Inclusión, una iniciativa que busca acompañar a las empresas en la construcción de entornos laborales más accesibles.Según explicó Hernando Enríquez, director para Colombia de HI, "el acompañamiento ofrecido a las empresas a través del sello parte de la realización de un diagnóstico participativo de la empresa, que sirve como insumo para trazar posteriormente la hoja de ruta que debe transitar la organización en el diseño e implementación de un plan estratégico de inclusión, que refiere a su vez la transformación de la cultura organizacional hacia una versión más humana, innovadora y sostenible".Beneficios por contratar a personas con discapacidadMás allá del cumplimiento de la ley, la organización destaca que avanzar en inclusión también representa ventajas para las empresas.Entre los principales beneficios se encuentran:Mayor productividad en equipos diversos.Mejor percepción de la empresa ante clientes y aliados.Ambientes laborales más respetuosos e incluyentes.Decisiones empresariales más efectivas.Acceso a beneficios tributarios establecidos en la legislación.Según señala el artículo 31 de la Ley 361 de 1997, los empleadores que vinculen personas en condición de discapacidad pueden recibir deducciones en el impuesto de renta equivalentes al 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año.Inclusión laboral busca cerrar brechasLas cifras reflejan el desafío que enfrenta el mercado laboral. Según datos del Banco Mundial, uno de cada tres hogares en América Latina tiene por lo menos una persona con discapacidad y uno de cada dos no obtiene un empleo formal.En Colombia, se estima que el 52,3 % de esta población se encuentra en edad productiva, pero tan solo el 18,7 % logra acceder a un empleo formal.Por ello, para HI, la implementación de la Ley 2466 de 2025 es una manera de fomentar una cultura empresarial más inclusiva y reducir las barreras del trabajo formal, promoviendo organizaciones más competitivas y sostenibles.
La Personería de Medellín encendió las alarmas por la crisis administrativa que enfrenta el proceso de expedición de certificados de discapacidad en la ciudad, al advertir que las demoras para obtener este documento pueden superar los 12 meses, afectando el acceso de cientos de personas.La alerta institucional fue emitida por el Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad, y está dirigida a la Secretaría de Salud y demás entidades responsables del proceso. Según el organismo de control, las fallas administrativas están limitando el ejercicio de derechos fundamentales como la salud.Entre los hallazgos, la Personería Distrital identificó una drástica reducción en los registros oficiales de personas con discapacidad en Medellín, que pasaron de 78.562 en 2020 a 15.499 en 2026. Adicionalmente, hay una lista de espera de 538 personas y más de 3.000 solicitudes pendientes de atención, mientras que un solo profesional coordina el proceso de certificación para todo el Distrito.Elkin Gallego, personero delegado, recomendó a la administración Distrital implementar un plan de choque que fortalezca el equipo humano encargado de las certificaciones, agilice la atención, reduzca los tiempos de espera."De acuerdo con la información obtenida por la persona distrital, se han encontrado barreras profundas en el acceso a los certificados de discapacidad, lo que restringe el acceso a derechos en materia social, laboral y de afiliación al sistema de seguridad social en salud", advirtió el funcionario.A esto se suma que 3.774 personas no asistieron a las citas programadas para obtener el certificado, una situación que, según la Personería, estaría relacionada con la desconfianza de los ciudadanos y el temor a ser víctimas de estafas durante el trámite.
Aunque en Colombia hay 411.450 personas con discapacidad ocupadas, apenas 107.210 cuentan con un empleo formal. El dato, revelado por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, refleja las dificultades que aún enfrenta esta población para acceder a trabajos estables y con garantías laborales.La situación se ha agravado en los últimos años. Entre 2021 y 2025, la proporción de trabajadores con discapacidad en la informalidad pasó de 70.5 % a 73.9 %, mientras que la formalidad cayó de 29.5 % a 26.1 %. Este panorama llevó al Ministerio del Trabajo y a Avianca a firmar una alianza orientada a ampliar las oportunidades de empleo incluyente en la industria aeronáutica.El acuerdo busca facilitar la vinculación de personas con discapacidad a empleos formales dentro de la aerolínea y promover entornos laborales más accesibles. La iniciativa también pretende convertirse en un referente para que otras empresas del país impulsen estrategias similares de inclusión laboral.Según las cifras del DANE, la mayor concentración de trabajadores con discapacidad se encuentra en actividades de comercio y reparación de vehículos (19 %), seguida por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (17.6 %). También tienen una participación importante las actividades artísticas y de entretenimiento (11.2 %) y la industria manufacturera (11 %).Por ciudades, Bogotá lidera con 63.851 personas con discapacidad ocupadas, seguida por Medellín (35.087) y Cali (20.945). Más atrás aparecen Bucaramanga (14.809) y Cúcuta (12.507), mientras que otras capitales registran cifras menores.Cabe resaltar que, las empresas que contratan personas con discapacidad certificada pueden acceder a beneficios tributarios contemplados en la Ley 361 de 1997, que permite deducir hasta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estos trabajadores.
Volver a correr, montar en bicicleta, hacer entrenamiento funcional o competir en una carrera son metas que ahora son completamente posibles para muchos pacientes amputados en Colombia. El desarrollo de la tecnología en el mercado de prótesis deportivas en el país viene registrando un crecimiento sostenido, concentrando su demanda principalmente en capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.La clave detrás de este avance radica en la alta expectativa funcional de los usuarios, lo que ha impulsado la demanda de componentes dinámicos desarrollados con fibras de carbono de alto rendimiento y sistemas avanzados de absorción de impacto y retorno de energía. Así lo explica Derly Patricia Martínez Barreto, business Development Manager de Ottobock para Latinoamérica, sobre cómo el acceso a estas herramientas no debe considerarse un lujo, ya que la actividad física es parte de la salud integral que fortalece el bienestar emocional, físico y facilita la reintegración social y laboral.Mientras que una prótesis convencional se orienta a actividades de la rutina diaria como caminar o subir escaleras, una variante deportiva está fabricada específicamente para absorber impactos de alta intensidad, soportar cargas repetitivas y responder a exigencias biomecánicas particulares. Por ejemplo, disciplinas como el running, el ciclismo, el crossfit o el fútbol adaptado exigen versatilidad funcional y resistencia para realizar cambios rápidos de dirección.En el panorama nacional y de América Latina, el impacto de estas innovaciones ya cuenta con referentes visibles. Daniela Álvarez, Johanis Menco, Lina Ortiz y Juan Pablo Medina han logrado regresar con éxito al ciclismo, a las carreras atléticas y al entrenamiento funcional de alto nivel.Aunque el país evidencia importantes avances en rehabilitación comparado con naciones como Brasil y México, aún persisten barreras económicas derivadas de los altos costos y las coberturas limitadas.
La organización Colombia anunció un proceso de capacitación en lengua de señas dirigido a voluntarias comunitarias del municipio de Piedecuesta, con el propósito de fortalecer la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en espacios educativos y comunitarios.La iniciativa se desarrollará en articulación con la Secretaría de Desarrollo y la Oficina de Discapacidad del municipio, en medio de las preocupaciones por las barreras de comunicación y acceso que aún enfrentan menores con discapacidad en Santander y el país.De acuerdo con cifras de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Santander 2023–2032, en el departamento hay al menos 2.908 niñas y niños entre los 6 y 14 años con algún tipo de discapacidad, situación que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias de inclusión desde los territorios.Además, datos recientes del DANE revelan que el 16,2 % de las personas con discapacidad en Colombia no cuenta con ningún nivel educativo, mientras que en la población sin discapacidad esta cifra es de apenas 2,6 %, reflejando las brechas que persisten en el acceso y permanencia educativa.La capacitación en lengua de señas busca fortalecer el liderazgo comunitario y generar herramientas que permitan crear entornos más participativos e incluyentes para menores en condición de discapacidad, especialmente en espacios de formación y convivencia.Actualmente, cerca de 1.400 niñas y niños participan en las Escuelitas de Paz de World Vision en Piedecuesta, programas enfocados en el aprendizaje, la convivencia y el fortalecimiento de habilidades para la vida. De esa población, alrededor de 90 menores presentan algún tipo de discapacidad.“El aprendizaje de la lengua de señas no solo permite comunicarnos mejor, sino reconocer y promover el derecho de niñas y niños a participar plenamente en sus comunidades. Queremos que ningún niño o niña se sienta excluido de estos espacios por barreras de comunicación”, afirmó Wilson Camacho, gerente territorial de World Vision Colombia.La organización explicó que el proceso formativo no solo beneficiará a las voluntarias y participantes de las Escuelitas de Paz, sino que también busca dejar capacidades instaladas en la comunidad para ampliar el acceso de más niñas y niños a espacios seguros, participativos y adaptados a sus necesidades.Con este tipo de iniciativas, World Vision Colombia busca fortalecer acciones orientadas a la protección integral de la niñez y promover comunidades más empáticas e inclusivas en Santander.
La Sala Plena de la Corte dio vía libre, de manera condicionada, a varias disposiciones de la Ley 2418 de 2024, que establece medidas afirmativas para garantizar el acceso de personas con discapacidad a empleos públicos mediante concursos de mérito.El alto tribunal determinó que limitar estos beneficios únicamente al sistema general de carrera administrativa constituía una omisión legislativa relativa, al excluir injustificadamente a personas con discapacidad que aspiran a cargos en otros regímenes especiales del Estado.La Ley 2418 de 2024 creó medidas como la reserva de plazas para personas con discapacidad en concursos públicos, la gratuidad en las inscripciones y la obligación de realizar ajustes para garantizar condiciones reales de igualdad en los procesos de selección.Explicó la Corte Constitucional que, aunque el mérito sigue siendo el eje principal para el acceso al empleo público, el Estado también tiene el deber constitucional de eliminar barreras estructurales que históricamente han dificultado la participación de esta población en concursos de carrera administrativa.Blu Radio consultó a expertos juristas, entre ellos, Sixta Zúñiga Lindao, presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien aseguró que este fallo tiene una fuerza simbólica y jurídica muy importante para el país.“Esta sentencia recordó que la inclusión no es un acto de caridad ni una simple expresión de amabilidad, sino una obligación constitucional. Parte del esfuerzo de la Comisión Nacional del Servicio Civil en la inclusión tiene que ver con la creación de los ajustes razonables, así como con adaptar la plataforma CIMO, volviéndola accesible para las personas con discapacidad, quienes además pueden inscribirse sin pagar derechos de participación”, aseguró la presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil.Con esta decisión de la Corte Constitucional, las medidas de accesibilidad deberán aplicarse en todos los concursos de ingreso y ascenso de los sistemas especiales y específicos de carrera administrativa.
La brutal agresión de la que fue víctima Luis Alberto Ramos Serpa, conocido entre la comunidad como “Beto”, ha generado indignación y rechazo en Barrancabermeja. El joven, quien se encuentra en condición de discapacidad, fue atacado violentamente en un establecimiento público del barrio Uribe Uribe, en hechos ocurridos el pasado fin de semana.De acuerdo con versiones de testigos, Ramos Serpa habría intentado intervenir para defender a una mujer que presuntamente estaba siendo víctima de maltrato verbal, situación que habría desencadenado la reacción violenta del señalado agresor.Tras la golpiza, el caso provocó una ola de rechazo en redes sociales y entre habitantes del distrito petrolero, quienes exigen justicia y castigo para el responsable.Ante la gravedad de lo ocurrido, la Alcaldía de Barrancabermeja anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar, capturar y judicializar al hombre señalado de cometer la agresión.“El agresor, presuntamente, en un acto de intolerancia ha lesionado de manera muy grave a este ciudadano, en hechos que han generado consternación en todo el distrito”, afirmó el secretario de Seguridad, Eduardo Ramírez Alipio.Los familiares de la víctima ya instauraron las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que ayude a esclarecer los hechos y evitar que el caso quede en la impunidad.
En el marco del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, expertos insisten en que el bullying sigue siendo una problemática urgente en los entornos educativos. Cuando afecta a niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual, sus consecuencias pueden ser más profundas, ya que se suman a barreras de movilidad, autonomía y participación social que ya enfrentan en su vida diaria.De acuerdo con la UNESCO, cerca de uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sido víctima de acoso escolar. Además, el organismo advierte que los menores con discapacidad tienen igual o mayor probabilidad de sufrir estas situaciones. En Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional, se registraron 11.161 casos de acoso escolar, ciberacoso y agresión entre 2020 y marzo de 2025, una cifra que evidencia la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana.En estudiantes con discapacidad visual, el acoso puede adoptar formas específicas: burlas por el uso de bastón, gafas o lectores de pantalla; exclusión de actividades escolares; comentarios ofensivos o incluso la manipulación de objetos personales y cambios en el entorno físico que afectan su orientación. Desde el CRAC advierten que muchas veces estas conductas comienzan con “bromas” o actitudes sutiles que terminan afectando la autoestima, la seguridad y la independencia del menor.Frente a este panorama, especialistas recomiendan actuar desde varios frentes. Hablar abiertamente sobre discapacidad desde edades tempranas ayuda a reducir prejuicios; capacitar a docentes permite detectar señales como aislamiento o cambios de comportamiento; y garantizar la participación plena en todas las actividades evita formas de exclusión silenciosa. A esto se suma la necesidad de crear rutas de denuncia claras, confidenciales y con acompañamiento psicológico, así como fortalecer la educación digital para prevenir el ciberacoso.Los expertos coinciden en que la detección temprana es clave para frenar el problema. Un niño que deja de sentirse seguro en el colegio puede ver afectado su desarrollo emocional y social, e incluso limitar su autonomía. Por eso, la prevención del acoso escolar no puede recaer solo en las víctimas: requiere el compromiso conjunto de familias, docentes e instituciones educativas capaces de actuar de manera oportuna y efectiva.
Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana evidenció que la inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia mantiene rezagos en distintos niveles del sistema. Según el estudio, basado en datos del Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional (2023) y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 2 % de la matrícula en educación regular corresponde a estudiantes con discapacidad.El informe señala que, aunque el 5,8 % de la población colombiana presenta algún tipo de discapacidad, su participación en el sistema educativo es considerablemente menor, con cerca de 200.334 estudiantes matriculados frente a un total de 9,8 millones. Esta diferencia refleja barreras en el acceso y la permanencia dentro del sistema educativo.Entre los hallazgos, se identifica que la discapacidad intelectual es la más frecuente entre los estudiantes registrados, seguida de discapacidades psicosociales y múltiples. Además, la presencia de esta población es ligeramente mayor en el sector oficial (2,1%) que en el privado (1,8%).El estudio también evidencia brechas en habilidades básicas. La tasa de analfabetismo en personas con discapacidad alcanza el 18,2 %, frente al 4,4 % en quienes no presentan discapacidad. En población en edad escolar (5 a 16 años), la diferencia es mayor: 34,2 % frente a 9,2 %.En cuanto a la asistencia escolar, el 95,4 % de los estudiantes sin discapacidad asiste a clases, mientras que en la población con discapacidad la cifra es de 72,9 %, lo que representa una brecha de 22,5 puntos porcentuales.Estas diferencias impactan las trayectorias educativas. El informe indica que la mayoría de personas con discapacidad alcanza como máximo el nivel de primaria, con menor participación en educación media y superior.Desde el LEE se plantea la necesidad de fortalecer políticas de inclusión educativa, con énfasis en detección temprana, ampliación de cobertura, reducción del analfabetismo y promoción del acceso a niveles educativos superiores, con el fin de mejorar las condiciones de permanencia y progreso académico de esta población.
Para quien ha perdido movilidad, la meta no es simplemente recibir una prótesis, sino volver a caminar con seguridad, sostener objetos con firmeza o desplazarse sin depender de otros. En Colombia, más de 2,6 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, muchas de ellas con barreras para acceder a procesos de rehabilitación integrales. En ese contexto, la innovación tecnológica —desde rodillas mecatrónicas hasta manos con sensores— se abre paso como una alternativa que busca devolver funcionalidad real y autonomía cotidiana.Por eso, Ottobock plantea un modelo en el que el paciente encuentra en un solo lugar evaluación médica especializada, adaptación personalizada de prótesis u órtesis y acompañamiento clínico continuo. Uno de los diferenciales es la posibilidad de ajustar la tecnología según la evolución del paciente. Por ejemplo, pasar de caminar trayectos cortos a retomar una jornada laboral completa.En términos tecnológicos, las opciones van desde pies de fibra de carbono que aportan mayor impulso y resistencia, hasta rodillas mecatrónicas que interpretan el movimiento en tiempo real para ofrecer estabilidad en diferentes superficies. En miembros superiores, los codos mioeléctricos y las manos con sensores permiten movimientos más precisos y naturales, facilitando acciones como subir escaleras, sostener objetos o manipular herramientas con mayor control y menor esfuerzo.Además, en el campo de la neurorehabilitación, soluciones como el traje de neuromodulación Exopulse Mollii ofrecen alternativas no invasivas para personas con espasticidad u alteraciones del tono muscular. Según explicó Derly Patricia Martínez Barreto, Business Development Manager para Latinoamérica de Ottobock, el propósito es que la tecnología sea un medio y no un fin: apoyar el trabajo clínico, prevenir complicaciones y mejorar la participación activa del paciente en su vida diaria.
Tras una reunión estratégica con el presidente Gustavo Petro, la bancada del Pacto Histórico ha definido su hoja de ruta frente a la instalación del nuevo Congreso este 20 de julio. El representante a la Cámara, Alejandro Toro, confirmó en Recap Blu que la colectividad no se siente obligada a elegir "entre las facciones de la derecha" y que, por el contrario, la opción de presentar un nombre propio para liderar el Legislativo está sobre la mesa.A la pregunta de si la bancada se inclinaría por figuras como Honorio Enríquez para frenar otras aspiraciones, Toro fue enfático en que la decisión no está tomada. “Nuestra decisión no es si tomamos la decisión entre el uribismo y el abelardismo, podría ser posible postular a alguien del Pacto Histórico o de otra bancada”, reveló, insistiendo en que el objetivo es encontrar a alguien que brinde garantías reales para el proceso legislativo.Le puede interesar: "A voto limpio; si perdemos, perdemos": Centro Democrático sobre la presidencia del SenadoPara el congresista Toro, la disputa actual por el control del Senado y la Cámara es un enfrentamiento ajeno a los intereses del proyecto del cambio. “El juego que hoy se está dando casi es un juego de poderes, de tronos, es entre la derecha y la ultraderecha, entre el Centro Democrático y el grupo de los abelardistas”, señaló el representante, calificando la situación como una “pelea de gamonales” motivada por burocracia e intereses particulares.La prioridad: Defensa de las reformasEl enfoque del Pacto Histórico, ahora en su rol de oposición, se centrará en blindar los avances logrados durante el gobierno de Gustavo Petro. El representante explicó que la prioridad es elegir a un presidente del Senado que, al menos, otorgue garantías para debatir proyectos bandera como las reformas laboral, pensional y de salud, además de la nueva reforma tributaria y la prohibición del fracking.“La pregunta es: ¿qué tipo de presidente al Senado queremos? El que respalde esos proyectos, el que nos dé al menos garantía”, cuestionó Toro, subrayando que no permitirán que la discusión se reduzca a egos o cuotas de poder.El nuevo mapa de la derechaToro también analizó la fractura interna que vive la oposición tradicional, señalando que existe una intención clara de la "ultraderecha" por desplazar al Centro Democrático. Según su visión, figuras emergentes buscan consolidarse como nuevos líderes a costa de las estructuras existentes. “Abelardo de la Espriella quiere ser el nuevo líder de la derecha o la ultraderecha en Colombia y si para eso tiene que acabar con el Centro Democrático o acabar con Álvaro Uribe, pues lo va a hacer”, sentenció el congresista.Petro como líder de la oposiciónFinalmente, el representante se refirió al futuro político del mandatario después del 7 de agosto, expresando su deseo personal de que Gustavo Petro asuma las riendas del partido y de la resistencia constitucional. “Me gustaría que el presidente Gustavo Petro fuera líder de la oposición y presidente después del 7 de agosto de nuestro partido”, concluyó, aclarando que esta y otras decisiones se definirán formalmente en la Asamblea Fundacional del Pacto Histórico.Escuche la entrevista aquí:
Durante el encuentro se analizaron los desafíos que enfrenta Colombia tras la parálisis de proyectos estratégicos en los últimos años y se planteó la necesidad de avanzar hacia una transición energética responsable, capaz de garantizar un suministro suficiente, asequible y sostenible para los hogares, las empresas y el desarrollo económico del país.Como resultado de la reunión, el Gobierno entrante manifestó su intención de impulsar proyectos que fortalezcan la seguridad energética nacional, reactiven la exploración de gas, permitan enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y atraigan inversión estadounidense para respaldar el crecimiento del sector.La agenda continuó con un encuentro en la sede de Google, donde el vicepresidente electo se reunió con Karan Bhatia, Global Head of Government Affairs & Public Policy, y su equipo directivo. Allí se iniciaron conversaciones para construir una hoja de ruta conjunta que permita fortalecer la transformación digital del país y ampliar la cooperación en inteligencia artificial, ciencia de datos, innovación y formación de talento joven.La compañía tecnológica también destacó el potencial de Colombia para convertirse en un referente regional en desarrollo digital y, ante esto, el gobierno entrante aseguró que busca aprovechar las capacidades del sector privado para cerrar brechas tecnológicas, aumentar la productividad y generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en las diferentes regiones del país.Mientras tanto, en Bogotá, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond Baquero, sostuvo su primer encuentro con la Federación Nacional de Cacaoteros, Fedecacao, con el propósito de definir una estrategia para fortalecer la cadena productiva del cacao.Esto contempla la siembra de 50.000 nuevas hectáreas en zonas afectadas por cultivos ilícitos, la renovación de áreas improductivas y el mejoramiento técnico de más de 150.000 hectáreas, beneficiando a más de 100.000 familias productoras.En la reunión con Fedecacao también se abordó la problemática del contrabando de cacao hacia Ecuador, una situación que afecta la comercialización y los ingresos de miles de productores colombianos. El Gobierno entrante y el gremio acordaron trabajar de manera conjunta para enfrentar este fenómeno y fortalecer la competitividad del sector, promoviendo un modelo de desarrollo rural basado en la productividad, la legalidad y el acompañamiento permanente a los agricultores.
La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud presentada por la representante a la Cámara Karen Manrique con la que buscaba un permiso para ser trasladada, bajo custodia, al Capitolio Nacional el próximo 20 de julio y posesionarse para el periodo constitucional 2026-2030.Manrique, quien permanece privada de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, había solicitado una autorización temporal para asistir a la ceremonia de posesión alegando que debe prevalecer su presunción de inocencia y sus derechos políticos, al no existir una sentencia condenatoria en su contra.Sin embargo, la Corte respondió que debe prevalecer el cumplimiento de la medida de aseguramiento vigente pues, cuando esta se impuso, se consideró que la libertad de la congresista representaba un riesgo para la comunidad, para la integridad de la investigación y para el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas.Además, le recordó a Manrique su rol como congresista está relacionado con las razones que motivaron la medida de aseguramiento y por ello, autorizar su traslado para asumir nuevamente una curul podría resultar contraproducente.“Así las cosas, aunque el pedimento se circunscribe a una autorización temporal de salida del centro de reclusión para asistir al acto de posesión, las circunstancias derivadas de la medida de aseguramiento a la que se encuentra sometida la aforada permiten advertir que dicha autorización podría comprometer los fines constitucionales que justifican la limitación de su libertad ambulatoria, los cuales han de prevalecer sobre el interés de la procesada de tomar posesión del cargo para el cual fue elegida, argumentó la Corte.En la decisión, la Corte explicó además que la legislación penitenciaria solo contempla permisos excepcionales de salida para casos específicos, como diligencias judiciales, atención médica o situaciones graves relacionadas con familiares cercanos.Con esta decisión, Karen Astrith Manrique Olarte no podrá asistir a la instalación del nuevo Congreso el próximo 20 de julio para tomar posesión como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento de Arauca.
El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, rechazó los señalamientos sobre una supuesta alianza con el Pacto Histórico para lograr la elección de Honorio Enríquez como presidente del Senado. En entrevista con Recap Blu, el dirigente aseguró que su partido únicamente busca ejercer el derecho que, según afirmó, le otorgan la tradición del Congreso, el llamado código de honor y la Ley Quinta para aspirar a esa dignidad.Vallejo sostuvo que la colectividad no está buscando acuerdos con el oficialismo y, por el contrario, cuestionó las gestiones que, según dijo, estaría adelantando el Gobierno con otras bancadas.“El partido Centro Democrático no está buscando al Pacto Histórico para el tema de la Presidencia del Senado (...) No es cierto que el Centro Democrático se esté aliando con el Pacto Histórico para lograr y buscar la Presidencia del Senado”, afirmó.Cuestionamientos al Gobierno por la elección del SenadoDurante la entrevista, el director del Centro Democrático manifestó que le preocupa una eventual intervención del Gobierno en la elección de la mesa directiva del Senado y aseguró que esa decisión debe recaer exclusivamente en el Congreso.“Sería muy grave para el precedente de la democracia colombiana que el presidente del Congreso lo elija el presidente de la República (...) Yo creo que eso le hace daño a la democracia”, expresó.Vallejo insistió en que la aspiración de Honorio Enríquez responde a un “derecho legítimo” del partido y no a un interés personal o político. Además, aseguró que, según él, otras colectividades han reconocido esa posibilidad.“El Centro Democrático no está pidiendo nada extraordinario (...) Estamos ejerciendo un derecho legítimo que entre otras cosas lo reconocen todos los partidos”, señaló.Ratifican respaldo al Gobierno de Abelardo de la EspriellaPese a las diferencias alrededor de la Presidencia del Senado, Vallejo afirmó que el respaldo del Centro Democrático al gobierno de Abelardo de la Espriella no está condicionado al resultado de la elección del próximo 20 de julio.“Nosotros vamos a acompañar y apoyar al doctor Abelardo de la Espriella, independientemente del resultado de lo que ocurra el 20 de julio”, sostuvo.Asimismo, reiteró que la colectividad no ha buscado la Presidencia de la Cámara de Representantes y que su única aspiración ha sido la del Senado, en línea con lo que, según explicó, establece la tradición del Congreso.Finalmente, el dirigente señaló que las conversaciones con el Gobierno y las demás bancadas continúan, por lo que evitó anticipar un resultado sobre la elección de la Presidencia del Senado. Explicó que en política los acuerdos pueden cambiar en cuestión de horas y aseguró que el Centro Democrático seguirá defendiendo su aspiración hasta la votación prevista para el 20 de julio. No obstante, afirmó que, cualquiera que sea el desenlace, la colectividad respetará la decisión del Congreso y mantendrá su respaldo al gobierno de Abelardo de la Espriella.“Si esto es a voto limpio, pues a voto limpio. Y si salimos derrotados, salimos derrotados (...) este partido está ejerciendo un derecho legítimo”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
Este jueves se adelantó una nueva diligencia en el caso Lili Pink, en la que la Fiscalía imputa cargos contra ocho personas que harían parte de una red de contrabando y lavado de activos. Durante la audiencia, la fiscal expuso cómo, según la investigación, habrían sido creadas empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales.Allí se presentó Max Abadi, empresario colombo-panameño y cofundador de Lili Pink. La Fiscalía sostuvo que durante años habría funcionado una estructura con empresas en Colombia y Panamá que realizaban operaciones comerciales que hoy son objeto de investigación.“Podemos afirmar la estructuración de una organización delictiva desde el año 2013 a la fecha, con el fin de cometer delitos indeterminados o determinables para este caso de contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos”, dijo la fiscal.Uno de los puntos que llamó la atención de la fiscalía fue la forma en la que, según su investigación, algunas personas habrían aparecido formalmente como representantes legales de compañías, aunque sus funciones dentro de la organización serían distintas.Detalló, por ejemplo, el caso del conductor de Max Abadi, quien habría figurado como representante legal de una de las sociedades.“Realizaron, además, reportes inconsistentes ante la DIAN, entre estas con las comercializadoras, y cuentan con direcciones registradas que corresponden a lotes baldíos, casas o locales desocupados. Los constituyentes, representantes legales, socios y accionistas fueron y son empleados de las sociedades”, agregó la fiscal.Según la fiscalía, la mercancía habría ingresado al país aparentando legalidad y, posteriormente, habría sido comercializada, mientras los recursos obtenidos habrían sido enviados al exterior y utilizados para la adquisición de bienes.La audiencia se retomará este martes a las 9:00 a.m.