Mark Morad podía ver cuando era niño, pero una extraña enfermedad incurable del nervio óptico fue reduciendo progresivamente su capacidad para ver hasta dejarlo completamente ciego. Años después, ese mismo problema terminó impulsándolo a crear una herramienta con inteligencia artificial para ayudar a otras personas con discapacidad visual.La historia, que fue publicada el 18 de agosto por el portal especializado Reuters, tiene al joven egipcio de 20 años creador de ScribeMe como protagonista. Esta aplicación utiliza inteligencia artificial y la cámara de un celular para describir en tiempo real aquello que se encuentra frente al usuario. Sin embargo, también funciona en dispositivos como las gafas inteligentes de Meta, permitiendo recibir las descripciones mediante audio mientras las manos permanecen libres para utilizar, por ejemplo, un bastón.Una dificultad para estudiar terminó dando origen a la aplicaciónMorad perdió completamente la visión hacia finales de 2021. Su hermana Karen, actualmente de 16 años, también quedó ciega debido a la misma condición.Uno de sus mayores problemas apareció durante sus estudios, pues aunque los lectores de pantalla podían ayudarlo con textos, dejaban de ser útiles al enfrentarse a gráficos, diagramas o ecuaciones de materias como física y química.Después de intentar contactar sin éxito a desarrolladores de otras herramientas, Morad decidió aprender programación por su cuenta mediante tutoriales de YouTube. Para 2023 ya tenía una primera versión funcional de ScribeMe.Esta herramienta nació inicialmente para interpretar documentos, imágenes y presentaciones, pero actualmente puede describir fotografías, leer textos, reconocer elementos del entorno y responder preguntas sobre aquello que capta la cámara. Su función Live Assist está diseñada específicamente para ayudar a encontrar objetos, interpretar espacios desconocidos o comprender lo que sucede alrededor en tiempo real.Su hermana pudo “ver” un safari en ÁfricaUna de las demostraciones más particulares y emocionantes ocurrió durante un viaje familiar a Kenia cuando su hermana Karen utilizó ScribeMe mediante unas gafas inteligentes mientras recorría un safari. La aplicación le describía los animales que tenía alrededor, qué estaban haciendo y aproximadamente a qué distancia se encontraban.“Siempre pensé que esto sería imposible, pero ocurrió y realmente pude ver”, contó la joven a Reuters.En su vida cotidiana, Karen también utiliza la herramienta para encontrar su salón de clases, reconocer tiendas, escoger ropa y estudiar.ScribeMe puede utilizarse en iPhone y Android y ya cuenta con usuarios en 140 países. La plataforma soporta 20 idiomas (incluyendo español) para sus funciones de asistencia, mientras su reconocimiento óptico de caracteres puede interpretar textos en más de 50 idiomas.La aplicación puede descargarse gratuitamente, aunque algunas características adicionales requieren suscripción.El proyecto también ha recibido reconocimientos en competencias tecnológicas. En 2024 ganó el Vodafone AI Assistive Tools Hackathon, un concurso enfocado en desarrollar herramientas para personas con discapacidad.Esta historia, que empezó con la necesidad de un estudiante de comprender un gráfico sin depender de otra persona, terminó creciendo hasta convertirse en una herramienta pensada para la accesibilidad del día a día para quienes no pueden utilizar la vista para conocer lo que ocurre a su alrededor.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad dejó de ser únicamente una meta para convertirse en una obligación para muchas empresas del país. Aunque la medida ya había sido contemplada en la reforma laboral, desde finales de junio empezó a ser obligatoria para los empleadores, quienes deberán ajustar sus procesos de contratación y fortalecer sus políticas de diversidad.La disposición hace parte de la Ley 2466 de 2025, conocida como la Reforma Laboral, que en su artículo 15 establece que las empresas con más de 100 trabajadores deben incluir personal con discapacidad en sus equipos de trabajo. Durante el primer año, la medida fue aplicada de manera voluntaria. Sin embargo, desde el pasado 24 de junio de 2026, la normativa pasó a ser de obligatorio cumplimiento.Ley 2466 obliga a empresas a contratar personas con discapacidadLa nueva normativa ha generado inquietudes entre empresarios debido a la forma correcta en la que se deben implementar los procesos de contratación. En esa medida, la organización Humanity & Inclusion (HI), con presencia en más de 60 países, presentó el llamado Sello de Inclusión, una iniciativa que busca acompañar a las empresas en la construcción de entornos laborales más accesibles.Según explicó Hernando Enríquez, director para Colombia de HI, "el acompañamiento ofrecido a las empresas a través del sello parte de la realización de un diagnóstico participativo de la empresa, que sirve como insumo para trazar posteriormente la hoja de ruta que debe transitar la organización en el diseño e implementación de un plan estratégico de inclusión, que refiere a su vez la transformación de la cultura organizacional hacia una versión más humana, innovadora y sostenible".Beneficios por contratar a personas con discapacidadMás allá del cumplimiento de la ley, la organización destaca que avanzar en inclusión también representa ventajas para las empresas.Entre los principales beneficios se encuentran:Mayor productividad en equipos diversos.Mejor percepción de la empresa ante clientes y aliados.Ambientes laborales más respetuosos e incluyentes.Decisiones empresariales más efectivas.Acceso a beneficios tributarios establecidos en la legislación.Según señala el artículo 31 de la Ley 361 de 1997, los empleadores que vinculen personas en condición de discapacidad pueden recibir deducciones en el impuesto de renta equivalentes al 200 % del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año.Inclusión laboral busca cerrar brechasLas cifras reflejan el desafío que enfrenta el mercado laboral. Según datos del Banco Mundial, uno de cada tres hogares en América Latina tiene por lo menos una persona con discapacidad y uno de cada dos no obtiene un empleo formal.En Colombia, se estima que el 52,3 % de esta población se encuentra en edad productiva, pero tan solo el 18,7 % logra acceder a un empleo formal.Por ello, para HI, la implementación de la Ley 2466 de 2025 es una manera de fomentar una cultura empresarial más inclusiva y reducir las barreras del trabajo formal, promoviendo organizaciones más competitivas y sostenibles.
La Personería de Medellín encendió las alarmas por la crisis administrativa que enfrenta el proceso de expedición de certificados de discapacidad en la ciudad, al advertir que las demoras para obtener este documento pueden superar los 12 meses, afectando el acceso de cientos de personas.La alerta institucional fue emitida por el Observatorio de Familias, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Personas con Discapacidad, y está dirigida a la Secretaría de Salud y demás entidades responsables del proceso. Según el organismo de control, las fallas administrativas están limitando el ejercicio de derechos fundamentales como la salud.Entre los hallazgos, la Personería Distrital identificó una drástica reducción en los registros oficiales de personas con discapacidad en Medellín, que pasaron de 78.562 en 2020 a 15.499 en 2026. Adicionalmente, hay una lista de espera de 538 personas y más de 3.000 solicitudes pendientes de atención, mientras que un solo profesional coordina el proceso de certificación para todo el Distrito.Elkin Gallego, personero delegado, recomendó a la administración Distrital implementar un plan de choque que fortalezca el equipo humano encargado de las certificaciones, agilice la atención, reduzca los tiempos de espera."De acuerdo con la información obtenida por la persona distrital, se han encontrado barreras profundas en el acceso a los certificados de discapacidad, lo que restringe el acceso a derechos en materia social, laboral y de afiliación al sistema de seguridad social en salud", advirtió el funcionario.A esto se suma que 3.774 personas no asistieron a las citas programadas para obtener el certificado, una situación que, según la Personería, estaría relacionada con la desconfianza de los ciudadanos y el temor a ser víctimas de estafas durante el trámite.
Aunque en Colombia hay 411.450 personas con discapacidad ocupadas, apenas 107.210 cuentan con un empleo formal. El dato, revelado por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, refleja las dificultades que aún enfrenta esta población para acceder a trabajos estables y con garantías laborales.La situación se ha agravado en los últimos años. Entre 2021 y 2025, la proporción de trabajadores con discapacidad en la informalidad pasó de 70.5 % a 73.9 %, mientras que la formalidad cayó de 29.5 % a 26.1 %. Este panorama llevó al Ministerio del Trabajo y a Avianca a firmar una alianza orientada a ampliar las oportunidades de empleo incluyente en la industria aeronáutica.El acuerdo busca facilitar la vinculación de personas con discapacidad a empleos formales dentro de la aerolínea y promover entornos laborales más accesibles. La iniciativa también pretende convertirse en un referente para que otras empresas del país impulsen estrategias similares de inclusión laboral.Según las cifras del DANE, la mayor concentración de trabajadores con discapacidad se encuentra en actividades de comercio y reparación de vehículos (19 %), seguida por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (17.6 %). También tienen una participación importante las actividades artísticas y de entretenimiento (11.2 %) y la industria manufacturera (11 %).Por ciudades, Bogotá lidera con 63.851 personas con discapacidad ocupadas, seguida por Medellín (35.087) y Cali (20.945). Más atrás aparecen Bucaramanga (14.809) y Cúcuta (12.507), mientras que otras capitales registran cifras menores.Cabe resaltar que, las empresas que contratan personas con discapacidad certificada pueden acceder a beneficios tributarios contemplados en la Ley 361 de 1997, que permite deducir hasta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estos trabajadores.
Volver a correr, montar en bicicleta, hacer entrenamiento funcional o competir en una carrera son metas que ahora son completamente posibles para muchos pacientes amputados en Colombia. El desarrollo de la tecnología en el mercado de prótesis deportivas en el país viene registrando un crecimiento sostenido, concentrando su demanda principalmente en capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.La clave detrás de este avance radica en la alta expectativa funcional de los usuarios, lo que ha impulsado la demanda de componentes dinámicos desarrollados con fibras de carbono de alto rendimiento y sistemas avanzados de absorción de impacto y retorno de energía. Así lo explica Derly Patricia Martínez Barreto, business Development Manager de Ottobock para Latinoamérica, sobre cómo el acceso a estas herramientas no debe considerarse un lujo, ya que la actividad física es parte de la salud integral que fortalece el bienestar emocional, físico y facilita la reintegración social y laboral.Mientras que una prótesis convencional se orienta a actividades de la rutina diaria como caminar o subir escaleras, una variante deportiva está fabricada específicamente para absorber impactos de alta intensidad, soportar cargas repetitivas y responder a exigencias biomecánicas particulares. Por ejemplo, disciplinas como el running, el ciclismo, el crossfit o el fútbol adaptado exigen versatilidad funcional y resistencia para realizar cambios rápidos de dirección.En el panorama nacional y de América Latina, el impacto de estas innovaciones ya cuenta con referentes visibles. Daniela Álvarez, Johanis Menco, Lina Ortiz y Juan Pablo Medina han logrado regresar con éxito al ciclismo, a las carreras atléticas y al entrenamiento funcional de alto nivel.Aunque el país evidencia importantes avances en rehabilitación comparado con naciones como Brasil y México, aún persisten barreras económicas derivadas de los altos costos y las coberturas limitadas.
La organización Colombia anunció un proceso de capacitación en lengua de señas dirigido a voluntarias comunitarias del municipio de Piedecuesta, con el propósito de fortalecer la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en espacios educativos y comunitarios.La iniciativa se desarrollará en articulación con la Secretaría de Desarrollo y la Oficina de Discapacidad del municipio, en medio de las preocupaciones por las barreras de comunicación y acceso que aún enfrentan menores con discapacidad en Santander y el país.De acuerdo con cifras de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de Santander 2023–2032, en el departamento hay al menos 2.908 niñas y niños entre los 6 y 14 años con algún tipo de discapacidad, situación que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias de inclusión desde los territorios.Además, datos recientes del DANE revelan que el 16,2 % de las personas con discapacidad en Colombia no cuenta con ningún nivel educativo, mientras que en la población sin discapacidad esta cifra es de apenas 2,6 %, reflejando las brechas que persisten en el acceso y permanencia educativa.La capacitación en lengua de señas busca fortalecer el liderazgo comunitario y generar herramientas que permitan crear entornos más participativos e incluyentes para menores en condición de discapacidad, especialmente en espacios de formación y convivencia.Actualmente, cerca de 1.400 niñas y niños participan en las Escuelitas de Paz de World Vision en Piedecuesta, programas enfocados en el aprendizaje, la convivencia y el fortalecimiento de habilidades para la vida. De esa población, alrededor de 90 menores presentan algún tipo de discapacidad.“El aprendizaje de la lengua de señas no solo permite comunicarnos mejor, sino reconocer y promover el derecho de niñas y niños a participar plenamente en sus comunidades. Queremos que ningún niño o niña se sienta excluido de estos espacios por barreras de comunicación”, afirmó Wilson Camacho, gerente territorial de World Vision Colombia.La organización explicó que el proceso formativo no solo beneficiará a las voluntarias y participantes de las Escuelitas de Paz, sino que también busca dejar capacidades instaladas en la comunidad para ampliar el acceso de más niñas y niños a espacios seguros, participativos y adaptados a sus necesidades.Con este tipo de iniciativas, World Vision Colombia busca fortalecer acciones orientadas a la protección integral de la niñez y promover comunidades más empáticas e inclusivas en Santander.
La Sala Plena de la Corte dio vía libre, de manera condicionada, a varias disposiciones de la Ley 2418 de 2024, que establece medidas afirmativas para garantizar el acceso de personas con discapacidad a empleos públicos mediante concursos de mérito.El alto tribunal determinó que limitar estos beneficios únicamente al sistema general de carrera administrativa constituía una omisión legislativa relativa, al excluir injustificadamente a personas con discapacidad que aspiran a cargos en otros regímenes especiales del Estado.La Ley 2418 de 2024 creó medidas como la reserva de plazas para personas con discapacidad en concursos públicos, la gratuidad en las inscripciones y la obligación de realizar ajustes para garantizar condiciones reales de igualdad en los procesos de selección.Explicó la Corte Constitucional que, aunque el mérito sigue siendo el eje principal para el acceso al empleo público, el Estado también tiene el deber constitucional de eliminar barreras estructurales que históricamente han dificultado la participación de esta población en concursos de carrera administrativa.Blu Radio consultó a expertos juristas, entre ellos, Sixta Zúñiga Lindao, presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien aseguró que este fallo tiene una fuerza simbólica y jurídica muy importante para el país.“Esta sentencia recordó que la inclusión no es un acto de caridad ni una simple expresión de amabilidad, sino una obligación constitucional. Parte del esfuerzo de la Comisión Nacional del Servicio Civil en la inclusión tiene que ver con la creación de los ajustes razonables, así como con adaptar la plataforma CIMO, volviéndola accesible para las personas con discapacidad, quienes además pueden inscribirse sin pagar derechos de participación”, aseguró la presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil.Con esta decisión de la Corte Constitucional, las medidas de accesibilidad deberán aplicarse en todos los concursos de ingreso y ascenso de los sistemas especiales y específicos de carrera administrativa.
La brutal agresión de la que fue víctima Luis Alberto Ramos Serpa, conocido entre la comunidad como “Beto”, ha generado indignación y rechazo en Barrancabermeja. El joven, quien se encuentra en condición de discapacidad, fue atacado violentamente en un establecimiento público del barrio Uribe Uribe, en hechos ocurridos el pasado fin de semana.De acuerdo con versiones de testigos, Ramos Serpa habría intentado intervenir para defender a una mujer que presuntamente estaba siendo víctima de maltrato verbal, situación que habría desencadenado la reacción violenta del señalado agresor.Tras la golpiza, el caso provocó una ola de rechazo en redes sociales y entre habitantes del distrito petrolero, quienes exigen justicia y castigo para el responsable.Ante la gravedad de lo ocurrido, la Alcaldía de Barrancabermeja anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar, capturar y judicializar al hombre señalado de cometer la agresión.“El agresor, presuntamente, en un acto de intolerancia ha lesionado de manera muy grave a este ciudadano, en hechos que han generado consternación en todo el distrito”, afirmó el secretario de Seguridad, Eduardo Ramírez Alipio.Los familiares de la víctima ya instauraron las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que ayude a esclarecer los hechos y evitar que el caso quede en la impunidad.
En el marco del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, expertos insisten en que el bullying sigue siendo una problemática urgente en los entornos educativos. Cuando afecta a niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual, sus consecuencias pueden ser más profundas, ya que se suman a barreras de movilidad, autonomía y participación social que ya enfrentan en su vida diaria.De acuerdo con la UNESCO, cerca de uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sido víctima de acoso escolar. Además, el organismo advierte que los menores con discapacidad tienen igual o mayor probabilidad de sufrir estas situaciones. En Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional, se registraron 11.161 casos de acoso escolar, ciberacoso y agresión entre 2020 y marzo de 2025, una cifra que evidencia la necesidad de fortalecer la prevención y detección temprana.En estudiantes con discapacidad visual, el acoso puede adoptar formas específicas: burlas por el uso de bastón, gafas o lectores de pantalla; exclusión de actividades escolares; comentarios ofensivos o incluso la manipulación de objetos personales y cambios en el entorno físico que afectan su orientación. Desde el CRAC advierten que muchas veces estas conductas comienzan con “bromas” o actitudes sutiles que terminan afectando la autoestima, la seguridad y la independencia del menor.Frente a este panorama, especialistas recomiendan actuar desde varios frentes. Hablar abiertamente sobre discapacidad desde edades tempranas ayuda a reducir prejuicios; capacitar a docentes permite detectar señales como aislamiento o cambios de comportamiento; y garantizar la participación plena en todas las actividades evita formas de exclusión silenciosa. A esto se suma la necesidad de crear rutas de denuncia claras, confidenciales y con acompañamiento psicológico, así como fortalecer la educación digital para prevenir el ciberacoso.Los expertos coinciden en que la detección temprana es clave para frenar el problema. Un niño que deja de sentirse seguro en el colegio puede ver afectado su desarrollo emocional y social, e incluso limitar su autonomía. Por eso, la prevención del acoso escolar no puede recaer solo en las víctimas: requiere el compromiso conjunto de familias, docentes e instituciones educativas capaces de actuar de manera oportuna y efectiva.
Un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana evidenció que la inclusión educativa de las personas con discapacidad en Colombia mantiene rezagos en distintos niveles del sistema. Según el estudio, basado en datos del Sistema Integrado de Matrícula del Ministerio de Educación Nacional (2023) y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 2 % de la matrícula en educación regular corresponde a estudiantes con discapacidad.El informe señala que, aunque el 5,8 % de la población colombiana presenta algún tipo de discapacidad, su participación en el sistema educativo es considerablemente menor, con cerca de 200.334 estudiantes matriculados frente a un total de 9,8 millones. Esta diferencia refleja barreras en el acceso y la permanencia dentro del sistema educativo.Entre los hallazgos, se identifica que la discapacidad intelectual es la más frecuente entre los estudiantes registrados, seguida de discapacidades psicosociales y múltiples. Además, la presencia de esta población es ligeramente mayor en el sector oficial (2,1%) que en el privado (1,8%).El estudio también evidencia brechas en habilidades básicas. La tasa de analfabetismo en personas con discapacidad alcanza el 18,2 %, frente al 4,4 % en quienes no presentan discapacidad. En población en edad escolar (5 a 16 años), la diferencia es mayor: 34,2 % frente a 9,2 %.En cuanto a la asistencia escolar, el 95,4 % de los estudiantes sin discapacidad asiste a clases, mientras que en la población con discapacidad la cifra es de 72,9 %, lo que representa una brecha de 22,5 puntos porcentuales.Estas diferencias impactan las trayectorias educativas. El informe indica que la mayoría de personas con discapacidad alcanza como máximo el nivel de primaria, con menor participación en educación media y superior.Desde el LEE se plantea la necesidad de fortalecer políticas de inclusión educativa, con énfasis en detección temprana, ampliación de cobertura, reducción del analfabetismo y promoción del acceso a niveles educativos superiores, con el fin de mejorar las condiciones de permanencia y progreso académico de esta población.
El coronel en retiro Carlos Soler aseguró que el Gobierno prepara nueve operaciones rurales focalizadas contra grupos criminales en diferentes regiones del país, de las cuales dos ya están en marcha y otras siete se encuentran en proceso de preparación. El exsecretario de Seguridad de Cali explicó que la estrategia también contempla entre 10 y 12 operaciones en zonas urbanas.Soler señaló que estas acciones buscan responder a las particularidades de cada territorio mediante inteligencia, judicialización y coordinación entre Fuerza Pública y entidades del Estado.¿Cómo serán las nueve operaciones rurales contra grupos criminales?El coronel explicó que las operaciones partirán de una identificación de los fenómenos criminales de cada región, para determinar qué estructuras actúan allí, cómo están organizadas y qué capacidades tienen.“Van a haber nueve operaciones rurales muy fuertes, focalizadas, de las cuales ya se están implementando dos”, afirmó.Según Soler, las otras siete operaciones se encuentran en preparación debido a las capacidades disponibles en hombres, armamento, helicópteros y judicialización.El exsecretario de Seguridad de Cali sostuvo que la intervención deberá combinar las acciones militares con el trabajo de la Policía, la Fiscalía, jueces, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dependiendo de las características de cada territorio.¿Qué estrategia propone para enfrentar a los grupos criminales?Soler explicó que en zonas donde los integrantes de los grupos armados se mezclan con la población civil no sería suficiente una operación militar convencional. En esos casos, planteó la necesidad de identificar a las estructuras mediante inteligencia y avanzar en procesos de judicialización.“Hay que hacer judicialización. La Fiscalía se vuelve importantísima y es microfocalizar luego de que usted sabe quiénes están allí”, señaló.El coronel también mencionó el uso de interceptaciones, análisis de comunicaciones, equipos de radiogoniometría y otras herramientas de inteligencia para ubicar a integrantes de las estructuras criminales.A su juicio, una de las prioridades debe ser afectar a las redes que funcionan como milicias y que realizan actividades como extorsiones y homicidios, pues estas cumplen funciones de apoyo para las estructuras armadas.¿Cuántas operaciones urbanas prepara el Gobierno?Además de las nueve operaciones rurales, Soler aseguró que se proyectan entre 10 y 12 operaciones en zonas urbanas. La estrategia, explicó, busca que las intervenciones no estén limitadas a una sola institución.“Ya no en lo urbano va la Policía, en lo rural va el Ejército. Ambos van”, afirmó.El coronel señaló que estas operaciones incluirían el acompañamiento de la Fiscalía y otras entidades para atender asuntos como el reclutamiento de menores y la presencia de población extranjera vinculada, según su planteamiento, a actividades ilegales.Soler también sostuvo que la estrategia contempla mayor uso de tecnología, drones, helicópteros y recursos de inteligencia.El coronel en retiro concluyó que las operaciones requieren tiempo para recuperar capacidades y coordinar las instituciones. Según su explicación, el objetivo es avanzar de manera focalizada en los territorios donde las estructuras criminales mantienen presencia y control.
La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, anunció recompensas de hasta $150 millones de pesos por información que permita capturar a los autores de los recientes ataques terroristas cometidos en ese departamento con drones, el más reciente en el municipio de Aguachica contra una estación de Policía.La mandataria también le pidió al Ejército y a la Policía no “normalizar” los videos que muestran a hombres armados con capuchas caminando o movilizándose en motocicleta, atemorizando a la población civil.Así las cosas, hasta $150 millones de recompensa recibirán las personas que proporcionen información que permita identificar y capturar a quienes operaron los drones que atacaron a la Fuerza Pública en los municipios de Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní, Tamalameque y La Gloria.El anuncio lo hizo la mandataria desde el Puesto de Mando Unificado permanente de la Gobernación del Cesar, a raíz del ataque que sufrió la estación de Policía de Aguachica con drones cargados con granadas la noche del jueves.La mandataria resaltó la colaboración de la ciudadanía, que captó en videos los drones sobrevolando el municipio antes del ataque, así como a encapuchados en moto que se movilizaban en motocicletas y a pie por diferentes vías del municipio. Sin embargo, le pidió mayor contundencia a las autoridades, Ejército y Policía, para anticiparse a los ataques terroristas, capturar a los delincuentes y no permitir su libre tránsito por la población.“A mí hoy me inquieta la presencia de los hombres armados que vi en el material fílmico, me inquieta la presencia de los hombres encapuchados caminando por las calles de Aguachica. No podemos normalizar que la ciudadanía haga el video o la foto, nos lo presenten, porque nos los han presentado ellos, y nosotros hacer como si no estuviera pasando nada. En eso es en lo que nos tenemos que concentrar”, cuestionó la gobernadora.Sanjuán señaló que este último ataque en Aguachica se dio como retaliación por el despliegue en el sur del Cesar de la Operación Urano, que avanza con operativos de las autoridades contra las estructuras criminales y sus economías ilícitas, especialmente contra el robo de hidrocarburos que utilizaba el poliducto Pozos Colorados-Galán como fuente de financiación para sus actividades delictivas.“La Operación Urano, desplegada en el sur del Cesar, avanza con operativos contra las estructuras criminales y sus economías ilícitas, especialmente contra el robo de hidrocarburos que utilizaba el poliducto como fuente de financiación para sus actividades delictivas”, informó la Gobernación del Cesar en un comunicado.
En internet existen millones de aplicaciones que provienen de desarrolladores diferentes, por lo que es prácticamente imposible ejercer un control total sobre cada una de ellas. Es por eso que, de vez en cuando, un usuario puede terminar instalando, sin saberlo, aplicaciones malintencionadas (malware) que pueden terminar mostrando publicidad sin parar, consumiendo datos en segundo plano o solicitando acceso a fotografías, mensajes y otras funciones que aparentemente no necesita para funcionar. Un análisis de ESET Latinoamérica advierte que estas aplicaciones suelen intentar pasar desapercibidas y que no existe una señal universal que permita confirmar que algo anda mal. “Una sola señal no necesariamente significa que se trate de una aplicación maliciosa, pero la combinación de estos comportamientos extraños es lo que debería levantar sospechas”, explicó Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.¿Qué hacer antes de eliminar una aplicación sospechosa?Si tiene certeza de que su teléfono está infectado, lo primero es dejar de abrir la aplicación y evitar seguir introduciendo contraseñas o información personal en su celular. También es recomendable revisar qué permisos recibió y, si continúa realizando alguna actividad extraña, desconectar temporalmente el teléfono de internet.En Android, normalmente puede intentarse la eliminación desde Ajustes > Aplicaciones > (nombre de la app) > Desinstalar, aunque la ruta puede cambiar según la marca y la versión del sistema.El inconveniente surge cuando una aplicación consigue permisos especiales de administrador y bloquea su propia eliminación. En esos casos es necesario retirar primero esos privilegios para después intentar desinstalarla o, si no lo consigue, puede iniciar su celular en modo seguro, que desactiva temporalmente las aplicaciones descargadas y puede facilitar el proceso.Por su parte, en iPhone una aplicación puede eliminarse manteniendo presionado su ícono y seleccionando "Eliminar app", pero antes debería comprobar qué permisos tenía concedidos. Borrar una aplicación puede no ser suficiente“El hecho de borrar una aplicación maliciosa representa un paso importante del proceso, pero no es el último porque una app pudo haber tenido acceso a nuestra información sensible”, señaló Micucci.El especialista recomienda cambiar las contraseñas de cuentas importantes, especialmente correo electrónico, redes sociales, cuentas de Google y de Apple y servicios financieros, preferiblemente desde otro dispositivo confiable si aún existe la posibilidad de que el teléfono siga comprometido.También es necesario revisar sus sesiones abiertas, dispositivos vinculados y movimientos bancarios que no reconozca, además de activar la autenticación de dos factores en las cuentas que lo permitan.¿Cómo eliminar una aplicación que no se deja borrar?El restablecimiento de fábrica queda como último recurso cuando las alternativas anteriores no funcionan y el teléfono continúa comprometido. El procedimiento elimina aplicaciones, configuraciones y los datos almacenados, por lo que es necesario respaldar antes la información que se quiera conservar.Para reducir el riesgo de repetir el problema, hay que recordar que solo se debe descargar aplicaciones desde tiendas oficiales, comprobar quién las desarrolló, revisar los permisos antes de instalarlas y mantener actualizado el sistema operativo.
Un nuevo temblor fue registrado durante la madrugada de este sábado 26 de septiembre en Colombia. El movimiento tuvo una magnitud de 4,5 y fue localizado en Chaparral, Tolima, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).El sismo ocurrió a la 1:38 a. m. y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros. El reporte actualizado modificó la magnitud inicialmente informada, que había sido de 4,4.El movimiento fue percibido en diferentes municipios del país, de acuerdo con los reportes de ciudadanos que comenzaron a compartir sus experiencias después de la sacudida.¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4,5?Los reportes de ciudadanos señalaron que el sismo se sintió en diferentes zonas del Valle del Cauca, entre ellas Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo y Sevilla.También hubo reportes desde Medellín y municipios de Antioquia como Sabaneta. En el Quindío, algunas personas indicaron haberlo sentido en Armenia, Calarcá y La Tebaida.En Tolima, además de Chaparral, hubo reportes desde Ibagué. La intensidad percibida varió según el lugar: mientras algunos ciudadanos describieron una sacudida fuerte, otros señalaron que fue breve.¿Qué dijo el Servicio Geológico Colombiano sobre el sismo?El SGC informó que el evento correspondió a un sismo de magnitud 4,5 y profundidad superficial, con referencia en Chaparral, Tolima.La actividad sísmica continuó durante la madrugada. A las 5:05 a. m., el SGC reportó otro movimiento de magnitud 3,4, también con profundidad superficial y referencia en Chaparral. Posteriormente, a las 5:39 a. m., registró un tercer evento, esta vez de magnitud 3,1, igualmente asociado con el municipio tolimense.Los ciudadanos que sintieron el primer movimiento describieron diferentes reacciones. Algunos reportaron que la sacudida fue fuerte en Cali, Armenia y La Tebaida, mientras que en Chaparral hubo personas que manifestaron preocupación por la continuidad de los movimientos registrados durante los últimos días.El SGC recordó a la ciudadanía que puede reportar si sintió un sismo a través de su plataforma de Sismos Sentidos, información que ayuda a complementar el seguimiento de los eventos registrados en el país.
Habrá Alumbrados Navideños en Medellín con total normalidad para el próximo mes de diciembre. Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, al despejar las dudas sobre la realización de esta tradicional celebración, pese a las alertas generadas por los efectos del Fenómeno de El Niño en el suministro eléctrico.El mandatario explicó que la decisión se sustenta en el uso de tecnología avanzada en iluminación. Según detalló Empresas Públicas de Medellín (EPM), los alumbrados utilizarán bombillas y mangueras luminosas tipo LED y materiales recuperables, una transición tecnológica que permite disminuir el consumo de energía hasta en un 40 % en comparación con sistemas tradicionales, garantizando un menor impacto sobre la red eléctrica."Vamos a ser responsables de acuerdo al momento que vamos viviendo con la ciudad, pero igual, acuerden que los alumbrados todo el año se construyen y se fabrican, están prácticamente listos, se va a hacer el montaje, iremos viendo cuáles son las realidades del país en ese momento de energía, pero acuérdese que todo el tema del consumo es con luces LED, con luminarias LED, que, básicamente, son de muy bajo consumo", detalló Gutiérrez.EPM reiteró que el uso eficiente de la energía debe ser un compromiso constante en los hogares antioqueños, evitando el encendido innecesario de bombillos y electrodomésticos mientras persistan las condiciones climáticas asociadas al Fenómeno de El Niño.Con el uso de tecnologías de bajo consumo, la ciudad mantendrá su tradicional atractivo decembrino, mientras los operarios y las autoridades insisten en que la corresponsabilidad ciudadana en el ahorro de servicios públicos sigue siendo indispensable para evitar restricciones mayores en la región.