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Lo que le espera a fiscal de Barranquilla que insultó a policías en retén

El director nacional de Fiscalías Luis González reveló en entrevista con Blu Radio cuáles serán los procedimientos a seguir para investigar la actuación de Karol Cecilia Manotas Ortiz, fiscal de la Unidad de Administración Pública de Barranquilla, luego de ser dado a conocer un video en el que fue grabado como ella insulta a policías de tránsito y los trata de corruptos mientras estos les solicitaban documentos, tras estar involucrada en un accidente de tránsito.

26815_Foto: Blu Radio
Foto: Blu Radio
Foto: Blu Radio

Según el director de Fiscalías, ya hay un rechazo generalizado a la actuación de Manotas, quien ahora se verá involucrada en investigaciones penales y disciplinarias.
 
“La Fiscalía expresa que iniciará de oficio las investigaciones penales para establecer si hay un delito penal en este comportamiento y que igualmente solicitará al Consejo Superior de la Judicatura seccional Barranquilla para que inicie una investigación de carácter disciplinario para establecer si hay una conducta irregular”, explicó González. 
 
“Este comportamiento de esta servidora de la Fiscalía frente a un retén es un comportamiento que rechazamos, que no quisiéramos ver en ningún funcionario”, añadió.
 
Dijo que, por parte de la Fiscalía, la investigación se centrará en evaluar si la mujer incurrió en violencia contra servidor público, lo que se tipificaría en un delito penal. (Vea el video: Investigan a fiscal de Barranquilla por insultar a policías tras conducir ebria)
 
El mayor Gustavo Chaparro, director de la Policía de Tránsito y Transpote de Barranquilla, confirmó que la mujer estaba ebria y registró que tenía grado tres de alcoholemia, lo que le puede generar una suspensión en la licencia de conducción entre cinco y diez años, y una multa de por lo menos 45 SMDLV.
 
Esta no sería la primera investigación abierta a Manotas Ortiz, pues está siendo investigada por la Fiscalía por presuntos casos de corrupción que cometió cuando ejercía como fiscal en la Unidad de Patrimonio Económico y también por ordenar presuntamente de manera irregular una medida de aseguramiento contra un candidato a la Asamblea del Atlántico años atrás.
 
 

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