Los hallazgos de la Contraloría en 44 contratos de Alcaldía de Medellín en pandemia

La auditoría especial que adelantó la Contraloría de Medellín en 44 de los 197 contratos firmados por la Alcaldía y sus entidades para atender la pandemia, arrojó 11 hallazgos de carácter administrativo, disciplinario y fiscal.La Unidad de Reacción Inmediata analizó una muestra de 78.191 millones contratados en la ciudad, que representan un 59% del total comprometido entre marzo y julio: $132.529 millones. De esos contratos, seis tuvieron montos superiores a $7.000 millones, y uno de ellos llamó especialmente la atención en la investigación.La Contralora General de Medellín, Diana Carolina Torres, explicó que “el informe arroja 11 observaciones, de las cuales la mayoría son de carácter administrativo, 2 disciplinario, y 1 fiscal. Para el tema disciplinario se hace traslado a Personería o Procuraduría según sea el caso”.Uno de los contratos por $7.096.896.154 arrojó “un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria (hallazgo N° 10”), contenido en el siguiente informe:Lea aquí: Así se reactivarán los taxis que viajan de San Diego al aeropuerto de Rionegro El informe mencionó que para el contrato de adecuación y puesta en funcionamiento de la Clínica de la 80 (número 3302-78), el contratista Luis Óscar Vargas Obandono “no tenía la idoneidad suficiente para ejecutar un contrato de esta magnitud” con la EDU.Este contrato tuvo al menos 3 subcontrataciones más, en las que se habrían comprometido recursos públicos 4 días antes de firmar el contrato inicial.El contratista suscribió un contrato de entendimiento con la empresa “Construcciones al Día” el 9 de abril; pero el contrato de la obra de la Clínica, que le da sentido al acuerdo, fue suscrito el 13 de abril.A su vez la empresa “Construcciones al Día” suscribió dos subcontratos: uno para la “puesta en funcionamiento sistema de aire acondicionado en la Clínica", por $4.301.500329; con Sistaire S.A.S.Y otro para la “puesta en funcionamiento de equipos de gases medicinales", y compra de equipos, por $4.761.786.524, con Alberto Sánchez Lemus.La contraloría concluyó que el contrato de entendimiento es prácticamente un subcontrato del que se firmó con la EDU, “de lo cual se concluye que el señor Luis Óscar Vargas Abondano, carecía de capacidad administrativa y técnica para ejecutar el contrato que suscribió”.Concluyó la contralora que “por haber casos de subcontratación lo trasladaremos a la Personería para que ellos revisen la legalidad, revisarán si era jurídica y técnicamente viable la contratación de varios operadores en esta gestión”.Lea el documento completo aquí: