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De acuerdo con las conclusiones preliminares del grupo de trabajo de la ONU DDHH, “podría haber más de 10.000 colombianos reclutados en el extranjero, muchos de ellos en situaciones de conflicto armado”.
Según explicó la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo, Michelle Small, este fenómeno ha venido en aumento en los últimos años y responde, en gran medida, a factores estructurales del país. “En los últimos 11 años, en particular, se ha producido un aumento de la demanda mundial de personal colombiano para desempeñar funciones militares y de seguridad”, señaló.
Colombianos han sido reclutados para participar en conflictos o prestar servicios de seguridad en países como República Democrática del Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen, así como en regiones del Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. También se han identificado operaciones en América Latina, especialmente en México y Brasil, además de servicios de seguridad en países como Ecuador, Perú y Haití.
Además, advierten que el reclutamiento ocurre a través de múltiples mecanismos. Entre ellos, el uso de plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok, Telegram y WhatsApp. A esto se suma el voz a voz entre exmilitares, contactos personales y la intermediación de empresas de seguridad privada, agencias de viajes y agencias de contratación.
En muchos casos, estas ofertas incluyen altos incentivos económicos. “A muchos se les ofrecen entre 2.000 y 6.000 dólares estadounidenses mensuales, una cantidad muy superior a lo que ganarían en su país”, señaló Small.
El Grupo de Trabajo documentó casos de “reclutamiento predatorio en los que los reclutadores prometen salarios elevados y puestos de trabajo que resultan ser falsos”, lo que puede derivar en situaciones de explotación.
En estos contextos, “a las personas reclutadas se les confiscan los documentos y las pertenencias personales y se las somete a condiciones inhumanas”, además de ser enviadas a funciones de combate peligroso.
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El Grupo de Trabajo advirtió que “hay más de 60.000 armas sin licencia circulan en Colombia, al alcance de las empresas de seguridad privada y los actores armados”, lo que plantea graves riesgos en materia de derechos humanos.
En ese sentido, alertó sobre la falta de control y supervisión efectiva sobre algunas empresas de seguridad privada, que podrían estar facilitando, directa o indirectamente, procesos de reclutamiento o participación en operaciones en el exterior. Además, señaló el uso creciente de tecnologías como herramientas de vigilancia y drones en este tipo de operaciones.
El impacto también se refleja en las familias. Según informan, alrededor de 300 familias en Colombia han buscado apoyo para obtener información y asistencia, mientras que más de 600 continúan buscando noticias de sus familiares desaparecidos, fallecidos o retenidos en el exterior.
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Frente a esta situación, el Grupo de Trabajo destacó algunas acciones del Estado colombiano. No obstante, Naciones Unidas advierte que persisten importantes desafíos. Entre ellos, las lagunas normativas, las dificultades de supervisión y el control limitado sobre las empresas de seguridad privada, así como la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar un fenómeno de carácter transnacional.
Finalmente, subrayaron que este problema no puede abordarse únicamente desde el control o la sanción. “La principal motivación para el reclutamiento en el extranjero es, ante todo, el beneficio económico”, por lo que insiste en la urgencia de generar oportunidades laborales y fortalecer los procesos de reintegración.
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