Nuevo capítulo en investigación sobre cartelización de las EPS

En el 2010, la contralora Sandra Morelli inició una investigación sobre un supuesto cartel de las EPS que estaban agrupadas en ACEMI.

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La Contraloría de entonces argumentaba que varias EPS pertenecientes a la Asociación de Medicina Integral estaban cartelizándose para pedirle recobros al Gobierno por medicamentos e insumos que estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, pero que las EPS hacían pasar como no POS para recibir dinero vía el antiguo Fosyga.

Esa investigación fue acompañada por el entonces superintendente de Industria y Comercio, José Miguel De la Calle, pero se tardó en dar resultados. Inicialmente, la Contraloría de Morelli anunció un proceso por responsabilidad fiscal por 1,8 billones de pesos, pero, conforme pasaron los años, esa suma se fue reduciendo radicalmente.

BLU Radio conoció en exclusiva una decisión de la Contraloría General que abre otro capítulo en la historia del supuesto cartel de las EPS. El documento está firmado por el contralor delegado intersectorial de la Unidad de investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría el pasado 7 de septiembre. Allí se ordena como medida cautelar un embargo inmediato de bienes muebles e inmuebles, y cuentas bancarias de personas y aseguradoras del más alto nivel en el sector de la salud.

¿Cuáles son las aseguradoras y las personas implicadas en este presunto cartel de las EPS?

Las EPS involucradas en el escándalo son: Aliansalud, Coomeva EPS, Famisanar, Salud Total, EPS Sura, EPS Saludcoop (ahora en liquidación), EPS Cruz Blanca, EPS Cafesalud, EPS Sanitas, y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia.

Las personas naturales implicadas a quienes se les procede a embargar algunas de sus propiedades son:

Piedad Cecilia Pineda, entonces representante legal de Coomeva; Juan Carlos Fernández Manotas, como representante legal de Famisanar; Claudia María Sterling, como representante legal de Salud Total; Gabriel Mesa Nichools, el actual presidente de la EPS Sura; Carlos Gustavo Palacino, quien hoy se encuentra en la cárcel a la espera de una condena por los presuntos manejos irregulares con los manejos de los recursos públicos para la salud cuando estaba al frente de Saludcoop; María Fernanda Isaacs Cabral, representante legal de Cruz Blanca; Anibal Rodríguez Guerrero, entonces representante legal de Cafesalud; Carlos Alfonso Montoya, representante legal de la EPS Sanitas, y Ricardo Sierra Caro, representante legal de Comfenalco en Antioquia.

El monto total de los bienes embargados asciende a $1.541.757 millones de pesos en una de las investigaciones que afecta a varias de las personas más importantes del sector en el país. Los bienes son apartamentos, cuentas bancarias, y otras propiedades de las EPS, y de estas personas en su condición de representantes de las aseguradoras.

La Contraloría asegura que en el supuesto fenómeno de cartelización se dio para generar utilidades a partir de recobros por medicamentos e insumos al Gobierno que eran autorizados, pero que no estaban incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

Sin embargo, no se entiende por qué la Contraloría disminuyó la cifra inicial de cerca de 1,8 billones de pesos a solo cerca de 1.600 millones.  En ese momento hubo un problema con el Plan Obligatorio de Salud en lo que se conoció como la zona gris. Las EPS, durante un tiempo, no tenían claridad sobre los contenidos del POS, y por eso, el entonces superintendente De La Calle interpretó que se estaba produciendo una cartelización a través de supuestos falsos recobros.

Finalmente, hay que decir que algunos de los implicados cuestionaron a la contralora Morelli por lo que consideraron, una cifra exagerada al inicio de la investigación. Pero la decisión de la Contraloría ya fue fallada y los responsables deberán responder ante el ente de control. Solo hace falta el aval del contralor general Carlos Felipe Córdoba para que también se decida una compulsa de copias a la Fiscalía General por posibles incidencias penales en estos hechos.