Paz también es aceptar responsabilidad: Santos pide perdón por retoma de Palacio

El presidente Juan Manuel Santos pidió perdón en nombre del Estado por la toma guerrillera del Palacio de Justicia y la operación militar que siguió, hechos en los que murieron cerca de un centenar de personas y de los que este viernes se cumplen 30 años. (Vea también: Fotos y videos: Así reportaron los medios la toma del Palacio de Justicia). En el acto, realizado en la Plaza de Bolívar, el presidente dijo que la paz es también admitir la responsabilidad. “Por eso es tan simbólico conmemorar estos 30 años en un contexto en que Colombia avanza hacia la paz, pero no una paz cualquiera –como ya dije– sino una paz que reconozca y haga posibles los derechos de las víctimas. La paz es perdón, la paz es reconciliación, la paz es reencuentro, pero la paz también es admitir responsabilidades”, dijo el primer mandatario. (Lea aquí: Nunca conocí a los dos estudiantes supuestamente torturados: general (r) Arias) Santos, en cumplimiento de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidió perdón por los hechos ocurridos durante la retoma: “De conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana, es mi deber reconocer la responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, por el retardo injustificado en la administración de justicia, por las alteraciones a la escena del crimen, por las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, y por los múltiples errores en la identificación y entrega de los cuerpos”. (Lea además: Así fue la toma del Palacio de Justicia, un hecho que aún tiene heridas abiertas) El presidente expresó su solidaridad con las víctimas y resaltó que en el actual proceso de paz con las Farc sean estas las que estén en el centro de la solución del conflicto. (Vea aquí: Betancur no hizo nada para evitar las desapariciones: abogado de las víctimas) Este es el discurso completo del presidente Juan Manuel Santos: Colombia pasa por un momento histórico. La paz, que tanto hemos anhelado, por primera vez se vislumbra como posible, y no solo posible, sino cercana. Pero este proceso de paz –ustedes lo saben– no lo hemos construido como un simple pacto entre Estado y guerrilla para terminar la guerra bajo determinadas condiciones. No. Este proceso de paz tiene una característica muy especial, y es que hemos puesto en el centro de la solución del conflicto a las víctimas, a quienes sufrieron y siguen sufriendo las consecuencias de este enfrentamiento absurdo. Nuestra prioridad en cada acuerdo, en cada paso que damos, es que se garanticen –en la mayor medida posible– sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. De eso se trata –por ejemplo– la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyas bases anunciamos en La Habana el 23 de septiembre. No se trata de una venganza de la sociedad, no se trata de una justicia centrada en el castigo y las penas, sino de una justicia que busca ante todo que se cumplan, que se garanticen, esos derechos fundamentales de las víctimas. Porque entendemos y acompañamos su dolor. Por eso, reparar el daño que la guerra les ha causado y evitar que otros nuevos compatriotas se conviertan en nuevas víctimas es nuestro más firme propósito. Ese es el anhelo de paz y de reconciliación que compartimos, y debe ser un clamor generalizado en nuestro país. Hoy nos reunimos en el Palacio de Justicia, lugar insignia de nuestra institución judicial, con el fin de recordar uno de los capítulos más tristes y dolorosos de nuestra historia. Aquí, hace 30 años, este edificio construido para impartir justicia fue escenario de horrores y atrocidades. En un suceso que vivirá por siempre en la memoria de los colombianos, aquí se vivió la guerra misma… esa guerra de explosiones y ráfagas de fusil que solo parecía ocurrir en los noticieros, en lugares alejados de las ciudades. Confluyeron las balas de la guerrilla del M-19 y la fuerza del Estado –ni más ni menos, el propio conflicto armado–en pleno centro de Bogotá. Aquí se sacrificó a la Justicia y a sus más altos magistrados, además de abogados, funcionarios y visitantes ocasionales del Palacio, y comenzó la tragedia de otros tantos que hasta este momento se sigue descubriendo en todos sus detalles. Hoy –en primer lugar– quiero expresar mi solidaridad, mi afecto, a los familiares de quienes perdieron a sus seres queridos aquellos 6 y 7 de noviembre en los hechos del Palacio de Justicia. Usted, ministro Yesid –que ahora lidera desde el gobierno la tarea permanente de mejorar nuestra justicia y acercarla al ciudadano– es una de esas víctimas. Y hoy tenemos un pensamiento especial para su padre, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y para los demás magistrados, funcionarios y personas que fallecieron, que se encuentran desaparecidas o que fueron afectadas en su integridad personal. Han pasado 30 años y los recuerdos siguen vivos en todos nosotros: la angustia, las llamas, la operación de rescate, la zozobra institucional… Por eso es tan simbólico conmemorar estos 30 años en un contexto en que Colombia avanza hacia la paz, pero no una paz cualquiera –como ya dije– sino una paz que reconozca y haga posibles los derechos de las víctimas. La paz es perdón, la paz es reconciliación, la paz es reencuentro, pero la paz también es admitir responsabilidades. Por eso hoy, como Presidente de la República y Jefe de Estado, quiero cumplir –en este día y este lugar, frente a muchas de las víctimas de aquel suceso infausto– con una de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como Rodríguez Vera y otros, sobre desaparecidos del Palacio de Justicia. Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por: • Las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda. • Por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. Con estos hechos el Estado violó el deber de respeto y garantía a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. • Por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por 16 años, y de Norma Constanza Esguerra Forero hasta la actualidad, lo que generó la violación del derecho a la vida en relación del deber de respeto y garantía de la Convención Americana. • Por la detención y tortura de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal. En perjuicio del señor Rubiano, el Estado también violó su derecho a la vida privada. La Corte consideró que algunos de los maltratos a los que fue sometida Yolanda Santodomingo Albericci fueron agravados en su condición de mujer y en razón de su género. • Por la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal. Adicionalmente, quiero manifestarles a los padres, a las madres, a las esposas y esposos, a los y las compañeras permanentes, a los hijos, a los hermanos de las víctimas, que lamentamos profundamente lo ocurrido con sus familiares. Algunos padres, abuelos, familiares, murieron con la angustia de no haber conocido la suerte de sus seres queridos, y eso también nos duele. Por eso es tan simbólico conmemorar estos 30 años en un contexto en que Colombia avanza hacia la paz, pero no una paz cualquiera –como ya dije– sino una paz que reconozca y haga posibles los derechos de las víctimas. La paz es perdón, la paz es reconciliación, la paz es reencuentro, pero la paz también es admitir responsabilidades. Por eso hoy, como Presidente de la República y Jefe de Estado, quiero cumplir –en este día y este lugar, frente a muchas de las víctimas de aquel suceso infausto– con una de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso conocido como Rodríguez Vera y otros, sobre desaparecidos del Palacio de Justicia. Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por: • Las desapariciones forzadas de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda. • Por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. Con estos hechos el Estado violó el deber de respeto y garantía a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. • Por la falta de determinación del paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por 16 años, y de Norma Constanza Esguerra Forero hasta la actualidad, lo que generó la violación del derecho a la vida en relación del deber de respeto y garantía de la Convención Americana. • Por la detención y tortura de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal. En perjuicio del señor Rubiano, el Estado también violó su derecho a la vida privada. La Corte consideró que algunos de los maltratos a los que fue sometida Yolanda Santodomingo Albericci fueron agravados en su condición de mujer y en razón de su género. • Por la detención y los tratos crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, lo que generó una violación a sus derechos a la integridad y libertad personal. Adicionalmente, quiero manifestarles a los padres, a las madres, a las esposas y esposos, a los y las compañeras permanentes, a los hijos, a los hermanos de las víctimas, que lamentamos profundamente lo ocurrido con sus familiares. Algunos padres, abuelos, familiares, murieron con la angustia de no haber conocido la suerte de sus seres queridos, y eso también nos duele. Por eso –en nombre del Estado– pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo primero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura. Y lo hago de corazón, no solo para cumplir una orden. Porque ningún colombiano –ninguno– puede verse expuesto a la vulneración de sus derechos por parte de agentes del Estado –que están para protegerlos– ni de cualquier otra persona. Aquí se presentó una acción lamentable, absolutamente condenable, del M-19, pero, si hubo fallas en la conducta y procedimientos de los agentes del Estado, así debe reconocerse. Por supuesto, a estas alturas, lo más importante, lo que todavía imploran muchos familiares, es que se conozca la verdad, la verdad sobre sus seres queridos. Así ocurre en este caso, y así pasa también con tantos hechos de violencia que se han presentado en el país durante las últimas décadas. Todavía persiste una deuda moral con las víctimas y familiares del Palacio de Justicia que deberá ser saldada con avances significativos en las investigaciones penales, la condena de los responsables, el establecimiento del paradero de los desaparecidos, la adecuada reparación a las víctimas y sus familiares y –sobre todo– el esclarecimiento de la verdad. De conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana, es mi deber reconocer la responsabilidad del Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos, por el retardo injustificado en la administración de justicia, por las alteraciones a la escena del crimen, por las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, y por los múltiples errores en la identificación y entrega de los cuerpos. En días pasados –dentro de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación– se logró la identificación de los restos de… … Cristina del Pilar Guarín Cortés, Luz Mary Portela León y Lucy Amparo Oviedo, víctimas de desaparición reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana. Hay que destacar este avance importante, pero también hacer un llamado a que se avance prontamente en la búsqueda de la verdad y la ubicación de los otros desaparecidos. Hace dos semanas estaba hablando con Luis Fernando Ramos, un campesino que ha sido golpeado por la violencia en cuatro ocasiones… Óigase bien: cuatro veces víctima –como si una sola experiencia de estas no fuera suficientemente traumática–. Y en cada una de esas ocasiones, el golpe recibido por Luis Fernando ha sido directo, cruel y despiadado: Primero –en Calamar, Guaviare– la guerrilla mató a su padre y a su hermano; después, otro de sus hermanos fue a reclamarle a la guerrilla –por esas muertes– y desapareció desde aquel día. Años más tarde, Luis Fernando cayó en una mina antipersonal de la guerrilla –en Cumaribo, Vichada–, y finalmente –cuando se estaba recuperando– lo amenazaron y obligaron a desplazarse. Lo primero que uno se pregunta es: qué siente una persona como él frente a quienes le hicieron tanto daño, tantas veces, como con tanta saña… Permítanme compartir con ustedes lo que me dijo Luis Fernando: “En el corazón de mi familia ya no hay rencor. Ahora estamos construyendo paz… Y si yo me encontrara a esta persona (responsable de la muerte de sus seres queridos), sí me gustaría que me dijera la verdad de mi hermano (el desaparecido)”. Por eso insisto: nuestro compromiso con la paz también lo es con la verdad, con la reconciliación y con el perdón. Nuestro compromiso también es con los miles de desaparecidos que reportan las cifras oficiales. La razón de ser del acuerdo suscrito hace pocos días entre el Gobierno y las FARC es, precisamente, procurarles a los familiares la satisfacción de su derecho a saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos. Ya se están ejecutando las primeras acciones para elaborar un plan de recomendaciones –que debe estar listo en menos de cuatro meses– para fortalecer las capacidades institucionales y la participación de las víctimas en la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas como desaparecidas. Nos duele, nos acongoja, saber que tantos compatriotas aún son esperados en sus hogares, sin respuestas todavía para sus familiares. ¡No queremos más desapariciones! Por eso hoy –ante los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia– les digo que no vamos a descansar ni vamos a ahorrar ningún esfuerzo para encontrarlos. Y esto se extiende a todos los desaparecidos en Colombia. No me puedo imaginar mayor tragedia, mayor desolación, que no saber nada sobre la suerte y el paradero de un ser querido. La tarea es ardua pero necesaria, y fundamental si queremos paz en nuestros territorios. Necesitamos sanar las heridas, y la cicatriz sólo se irá borrando en la medida en que haya respuestas, verdad, y compromiso por encontrar a los desaparecidos. El Estado colombiano –respetuoso de sus compromisos internacionales, y de las decisiones proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos– continuará con la implementación de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia, las cuales han sido lideradas directamente desde la Presidencia de la República, a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. No me queda más que reiterar nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, y –aunque sabemos que nada podrá reparar el vacío y el dolor que ha dejado cada uno de sus seres queridos– espero que este acto contribuya con su reparación integral y permita forjar un camino de reconciliación. Han pasado 30 años –es mucho tiempo– y quisiera que retorne su confianza en las instituciones, porque éstas hoy trabajan –hoy trabajamos– por un país en paz, sin violencia y respetuoso de los derechos humanos. La Justicia ardió en Bogotá entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Hoy, 6 de noviembre de 2015, queremos que la Justicia y la Verdad brillen de nuevo. Y queremos hacer realidad, apreciado Yesid, pero en otro contexto –un contexto más amplio–, esa frase angustiosa de su padre, que todavía taladra nuestros oídos: ¡QUE CESE EL FUEGO! ¡Que cese el fuego, SÍ¡