El debate sobre el porte de armas vuelve al centro de la discusión constitucional y judicial en Colombia. El Gobierno levantó, mediante el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, la restricción que desde 2015 limitaba esta posibilidad a permisos especiales y excepcionales. Una decisión que, bajo determinados requisitos, vuelve a permitir el porte con el permiso general.
La medida modifica una restricción que había sido prorrogada por los gobiernos anteriores y que, hasta ahora, exigía una autorización adicional para portar un arma. Esta decisión estaba reservada principalmente para escoltas, miembros de la Fuerza Pública, personas con un riesgo acreditado o casos excepcionales autorizados por el Ministerio de Defensa. Ahora, el escenario cambia y el alcance podría superar los 700 mil ciudadanos.
“El artículo 223 establece que solo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos, y que nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente”, indicó Gonzalo Ramírez, abogado constitucionalista, señalando que la Corte Constitucional también ha señalado que la facultad originaria para poseer y portar armas está en cabeza del Estado, a través de la Fuerza Pública.
Pero que exista un permiso general no significa que desaparezcan los controles. Para acceder a él se mantienen requisitos como ser mayor de 25 años, aprobar exámenes médicos, psicológicos y psicofísicos, contar con el salvoconducto y permiso vigente expedido por la autoridad militar, no tener antecedentes penales y acreditar capacitación en manejo y teoría de armas.
Por todo esto, el debate constitucional está en el equilibrio entre el derecho a la defensa y la seguridad individual, frente a la obligación del Estado de proteger la vida y la integridad de las personas.
Y desde el punto de vista judicial aparece una palabra clave: proporcionalidad. El artículo 32 del Código Penal establece que no hay responsabilidad penal cuando una persona actúa para defender un derecho propio o ajeno frente a una agresión injusta, actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional. Es decir, portar legalmente un arma no significa tener una autorización para utilizarla ante cualquier conflicto.
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En decisiones anteriores, la Corte Suprema de Justicia ha aclarado que esa proporcionalidad no significa enfrentar exactamente el mismo tipo de arma: no es necesariamente golpes contra golpes o arma blanca contra arma blanca. Lo que se analiza es el contexto, el peligro, los medios utilizados y si existían alternativas razonables menos lesivas. Incluso, la ley contempla una legítima defensa privilegiada en determinadas situaciones, como el ingreso arbitrario de un extraño a una vivienda o vehículo.
¿Y qué pasa si la persona se excede? La legítima defensa puede perder su justificación cuando se utiliza una fuerza mayor a la necesaria para detener la agresión. El arma puede estar legalmente autorizada, pero su uso siempre estará sujeto al análisis de necesidad y proporcionalidad.
“Por ejemplo, si un delincuente ingresa armado con un cuchillo a un establecimiento y se abalanza sobre un propietario para apuñalarlo, si el dueño que porta legalmente un arma la desenfunda y logra que este suelte el cuchillo. Si en ese instante el propietario, dominado por la ira, se acerca y le propina 5 disparos adicionales, incurre en un exceso, por lo que el comerciante enfrentará una imputación por homicidio, perdiendo la protección legal”, explicó el abogado penal, Santiago Ramírez.
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A este debate se suma otro factor: la salud mental y la capacidad de controlar las reacciones en momentos de tensión. Los expertos advierten que una discusión o un conflicto que antes podía terminar en una confrontación física puede escalar rápidamente cuando hay un arma de fuego de por medio.