Momentos de pánico se vivieron en la autopista entre Bucaramanga y Piedecuesta, luego de que un hombre sacara un arma de fuego de su vehículo durante una discusión originada por un accidente de tránsito con un motociclista.El hecho ocurrió en el sector conocido como El Molino, donde la situación generó tensión entre los conductores que transitaban por esta importante vía del área metropolitana de Bucaramanga.De acuerdo con la información conocida, tras el accidente se produjo una discusión entre los involucrados y, en medio del altercado, uno de los hombres habría extraído una pistola de su vehículo, provocando temor entre quienes se encontraban en el lugar.El episodio es materia de investigación por parte de las autoridades de Santander, que deberán establecer la identidad del hombre, verificar si el arma era de su propiedad y determinar si contaba con los permisos exigidos por la ley para su porte.El caso también reaviva la discusión sobre el control de las armas y la necesidad de evitar que una disputa por un accidente de tránsito termine en una situación de violencia. En Santander, el debate cobra especial relevancia debido a los constantes hechos de violencia y a los operativos de la Policía contra el porte ilegal de armas. Las autoridades han insistido en que estos elementos pueden terminar siendo utilizados en situaciones de intolerancia, incluso durante discusiones que inicialmente se originan por hechos cotidianos, como un accidente de tránsito.La Policía Metropolitana de Bucaramanga ha incautado este año más de 460 armas de fuego ilegales en diferentes operativos en la región.El último caso ocurrió en el norte de la ciudad donde fue capturado un hombre con tres armas, dos revólveres y una pistola. El episodio de la autopista Bucaramanga-Piedecuesta vuelve a poner en el centro de la discusión el riesgo que representa la presencia de armas de fuego durante confrontaciones entre ciudadanos.
Un hombre de 23 años fue capturado en flagrancia en el barrio Minuto de Dios de Bucaramanga, luego de que la Policía Metropolitana le encontrara tres armas de fuego y 11 cartuchos que llevaba dentro de una bolsa.Según las autoridades, los uniformados observaron al ciudadano movilizándose con una bolsa de color gris y decidieron practicarle un registro. En su interior encontraron un revólver calibre 38 con seis cartuchos, una pistola calibre 9 milímetros con tres cartuchos y un revólver artesanal calibre 38 con dos cartuchos.“Los controles permanentes que realizan nuestros uniformados en los diferentes sectores de Bucaramanga permiten detectar oportunamente elementos que pueden ser utilizados para afectar la seguridad de nuestros ciudadanos. Continuaremos fortaleciendo estas acciones para retirar las armas de fuego de las calles”, manifestó el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.El coronel Harvey Augusto Silva Guzmán, subcomandante de la Policía Metropolitana, confirmó que el capturado y las armas incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que deberá presentarlo ante un juez para definir su situación judicial.El caso se conoce en medio del debate nacional sobre el porte de armas de fuego y las medidas de restricción, luego del anuncio mencionado por el usuario sobre el levantamiento de restricciones al porte de armas por parte del presidente Abelardo de la Espriella.En el área metropolitana de Bucaramanga, la Policía Nacional reporta que durante este año han sido incautadas más de 460 armas de fuego, como resultado de operativos y controles adelantados en los diferentes municipios.Las autoridades han insistido en que el retiro de armas de las calles es una de las prioridades para prevenir homicidios, hurtos y otros hechos violentos. La captura en el barrio Minuto de Dios se suma a estos procedimientos de control.
La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de firmar el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia encontró dos nuevos defensores en el Atlántico: se trata del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador Verano.Ante la pregunta de Blu Radio, el mandatario de Barranquilla fue conciso en que él estaba de acuerdo: “Sí estoy de acuerdo, para adelante”.A su turno, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, manifestó que aunque en su tiempo estuvo en contra, ahora no lo ve con malos ojos ya que “hay que buscar las formas para que la gente se sienta protegida”.“Lo que se dice que quienes están armados son las personas que están fuera de la ley y que por lo tanto se debe facilitar para que las personas que están dentro de la legalidad tengan la oportunidad de defenderse, a través del uso de las armas. Fui partidario, en su momento, del no porque en la medida que tú le quitas armas al conflicto, hay menos capacidad de agresión y por lo tanto disminuyen los muertos. Pero ahora lo que están tratando de explicar es que se le da a las personas que están dentro de la ley, la oportunidad de defenderse. Hay que buscar un término que nos permita que realmente la gente se sienta protegida, porque están guardando su patrimonio, sus empresas, su familia, su integridad y hoy evidentemente las armas le dan una tranquilidad y seguridad”, fueron sus palabras.Una posición muy diferente defendió el presidente de Undeco Atlántico, Orlando Jimenez, quien considera que muchas personas no tienen la capacitación suficiente para utilizar un arma y eso podría aumentar la violencia. Como ejemplo, puso años anteriores en los que comerciantes se defendieron en medio de hurto o extorsiones y eso derivó en retaliaciones contra sus familiares o negocios.“No estamos a veces preparados para manejar armas de fuego, nosotros estamos listos para vender arroz, azúcar, aceite y otra serie de productos de la canasta familiar. Las armas deben estar en cabeza del Estado. ¿Cómo me enfrento a una persona que me está extorsionando? Es muy difícil. No sabemos quién nos extorsiona a ciencia cierta, pero ellos sí saben quiénes somos nosotros y dónde estamos. De verdad que hay que tener mucha cautela, mucha prudencia”, acotó.Para Orlando Jimenez tampoco hay garantía total de que las armas legalizadas sean utilizadas como defensa personal.
Desde el Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares se hicieron aclaraciones sobre la aplicación de la nueva norma y se explicaron las pautas que deberán tener en cuenta los ciudadanos.El coronel Héctor Alexánder Juzga León aclaró que todos los ciudadanos que tengan un permiso de porte de arma vigente podrán movilizarse por el territorio nacional portando su arma, siempre y cuando el permiso se encuentre vigente.También explicó que las autoridades militares en todo el territorio nacional serán las encargadas de expedir las resoluciones pertinentes, de acuerdo con sus respectivas áreas de responsabilidad, para permitir la circulación de los ciudadanos que cuenten con un permiso de porte vigente.Asimismo, aclaró que el trámite de permisos nacionales y regionales, que anteriormente tenían un carácter especial, quedó anulado. Según explicó el oficial, ahora el ciudadano que quiera portar su arma en cualquier lugar del territorio nacional únicamente deberá movilizarse con su permiso de porte vigente.El Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos invitó a los ciudadanos que tengan vencido su permiso de porte a realizar la respectiva actualización. El coronel Juzga León señaló que el único canal autorizado para adelantar este trámite es la plataforma CIAEM 2.0, a través de la cual se pueden iniciar los procesos de revalidación.El oficial también detalló que las personas cuyo permiso lleve más de 30 días vencido deberán pagar, al iniciar el trámite en la plataforma, una multa equivalente a un salario mínimo legal vigente.“Posterior a ese pago, podrá iniciar en plataforma los trámites y el Departamento de Control, Comercio de Armas, con las 36 seccionales que tenemos desplegadas en el territorio, podrá efectuar los estudios, validaciones y verificaciones con las autoridades competentes”, explicó el coronel Juzga León.Según indicó, estas verificaciones incluyen consultas ante la Policía Nacional, Interpol, la Fiscalía General de la Nación y el propio Departamento de Control, Comercio de Armas, con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 2535 de 1993 y adelantar la expedición o actualización de los permisos de porte y tenencia de armas.Finalmente, las autoridades recordaron a los ciudadanos que deben recurrir únicamente a los canales oficiales para realizar estos trámites y enfatizaron que no se requieren intermediarios ni terceros para adelantar estos procesos.
El debate sobre el porte de armas vuelve al centro de la discusión constitucional y judicial en Colombia. El Gobierno levantó, mediante el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, la restricción que desde 2015 limitaba esta posibilidad a permisos especiales y excepcionales. Una decisión que, bajo determinados requisitos, vuelve a permitir el porte con el permiso general.La medida modifica una restricción que había sido prorrogada por los gobiernos anteriores y que, hasta ahora, exigía una autorización adicional para portar un arma. Esta decisión estaba reservada principalmente para escoltas, miembros de la Fuerza Pública, personas con un riesgo acreditado o casos excepcionales autorizados por el Ministerio de Defensa. Ahora, el escenario cambia y el alcance podría superar los 700 mil ciudadanos. “El artículo 223 establece que solo el gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos, y que nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente”, indicó Gonzalo Ramírez, abogado constitucionalista, señalando que la Corte Constitucional también ha señalado que la facultad originaria para poseer y portar armas está en cabeza del Estado, a través de la Fuerza Pública.Pero que exista un permiso general no significa que desaparezcan los controles. Para acceder a él se mantienen requisitos como ser mayor de 25 años, aprobar exámenes médicos, psicológicos y psicofísicos, contar con el salvoconducto y permiso vigente expedido por la autoridad militar, no tener antecedentes penales y acreditar capacitación en manejo y teoría de armas.Por todo esto, el debate constitucional está en el equilibrio entre el derecho a la defensa y la seguridad individual, frente a la obligación del Estado de proteger la vida y la integridad de las personas.Y desde el punto de vista judicial aparece una palabra clave: proporcionalidad. El artículo 32 del Código Penal establece que no hay responsabilidad penal cuando una persona actúa para defender un derecho propio o ajeno frente a una agresión injusta, actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional. Es decir, portar legalmente un arma no significa tener una autorización para utilizarla ante cualquier conflicto.En decisiones anteriores, la Corte Suprema de Justicia ha aclarado que esa proporcionalidad no significa enfrentar exactamente el mismo tipo de arma: no es necesariamente golpes contra golpes o arma blanca contra arma blanca. Lo que se analiza es el contexto, el peligro, los medios utilizados y si existían alternativas razonables menos lesivas. Incluso, la ley contempla una legítima defensa privilegiada en determinadas situaciones, como el ingreso arbitrario de un extraño a una vivienda o vehículo.¿Y qué pasa si la persona se excede? La legítima defensa puede perder su justificación cuando se utiliza una fuerza mayor a la necesaria para detener la agresión. El arma puede estar legalmente autorizada, pero su uso siempre estará sujeto al análisis de necesidad y proporcionalidad. “Por ejemplo, si un delincuente ingresa armado con un cuchillo a un establecimiento y se abalanza sobre un propietario para apuñalarlo, si el dueño que porta legalmente un arma la desenfunda y logra que este suelte el cuchillo. Si en ese instante el propietario, dominado por la ira, se acerca y le propina 5 disparos adicionales, incurre en un exceso, por lo que el comerciante enfrentará una imputación por homicidio, perdiendo la protección legal”, explicó el abogado penal, Santiago Ramírez.A este debate se suma otro factor: la salud mental y la capacidad de controlar las reacciones en momentos de tensión. Los expertos advierten que una discusión o un conflicto que antes podía terminar en una confrontación física puede escalar rápidamente cuando hay un arma de fuego de por medio.
El caso judicial del influencer Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt, dio un giro luego de que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo anunciara un sentido de fallo absolutorio a su favor.Arias había sido capturado el pasado 12 de marzo durante un operativo adelantado por autoridades en una finca ubicada en el corregimiento El Totumo en Necoclí, en donde fueron encontrados dos pistolas de diferentes calibres, dos escopetas, una carabina de precisión, 1.926 cartuchos de distintos calibres y 208 millones de pesos en efectivo.La captura puso al influencer en una investigación por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego. Sin embargo, horas después de su detención, quedó en libertad y comenzó un proceso para determinar si realmente tenía responsabilidad sobre el armamento encontrado.Tras conocer la determinación, Arias reaccionó en sus redes sociales y aseguró que quedó libre, agradeciendo a sus seguidores y a quienes confiaron en su inocencia."Ahora sí, libre gracias a dios. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí siempre pendiente, que estuvieron apoyándome, a todos los que siempre confiaron en mí, que criaron en mi inocencia. A mí me toca lidiar con muchas cosas en la vida, con envidia y con de todo. Y ya todo eso me ha me, a todo eso me ha acostumbrado ya", manifestó el creador de contenido.Según se ha podido conocer, uno de los elementos que permitió la libertad del hombre fue que en la finca también se encontraban otras cinco personas, lo que habría generado dudas sobre quién tenía el dominio de las armas.
En medio de la controversia por la expedición del Decreto 1368 sobre la regulación y permisos del porte de armas de fuego en Colombia, el general en retiro Fernando Murillo, exdirector de la Dijin de la Policía Nacional entre 2020 y 2022, defendió la efectividad de la medida al asegurar que la tenencia y el porte legal ejercen un efecto de contención directo sobre la delincuenciaSegún el alto oficial en retiro, el deterioro de la seguridad ciudadana ha llevado a la población a demandar herramientas legítimas para proteger su vida y su patrimonio frente a una criminalidad que “ya no respeta ni la institucionalidad, no respeta la vida, no respeta la integridad”.Disuasión y la necesidad de autoprotecciónPara el general (r) Murillo, la sola probabilidad de que los ciudadanos estén armados legalmente altera el cálculo de los criminales en las calles. “El solo hecho que el delincuente común hoy sepa que hay ciudadanos que tienen un porte legal de armas, es disuasivo para todos los hechos de violencia que estamos viendo”, sostuvo en diálogo con Mañanas Blu.Al ser cuestionado sobre si la protección no debería recaer exclusivamente en las instituciones del Estado, Murillo señaló que existía una realidad ineludible en materia de seguridad: “Ese es el deber ser... Pero también hay que tener en cuenta que en seguridad ciudadana el ciudadano tiene corresponsabilidades y la corresponsabilidad es la autoprotección”.Requisitos rigurosos y diferencia entre porte y tenenciaFrente a las críticas de quienes temen un descontrol de armamento en las calles, Murillo enfatizó que la decisión gubernamental “no es una patente de corso” ni autoriza la comercialización libre. Aclaró que la venta de armas se mantiene bajo el monopolio de las Fuerzas Militares a través de Indumil y requiere la evaluación de un comité especializado tras someterse a exámenes médicos, psicotécnicos, revisión de antecedentes y referencias personales.Asimismo, precisó la diferencia técnica entre las licencias existentes en la legislación colombiana: “La tenencia es cuando usted compra un arma legalmente al estado y la tiene en un lugar, ya sea su residencia, su en su actividad económica, en su finca... no la puede transportar permanentemente”, mientras que “el porte es cuando la persona adquiere un arma precisamente para que lo acompañe a toda a su actividad personal o laboral”. Además, recordó que existen prohibiciones tajantes, como la imposibilidad de portar armamento bajo los efectos del alcohol.Los riesgos de convivencia y el debate sobre las armas ilegalesAl evaluar los posibles riesgos de violencia intrafamiliar o accidentes en los hogares, el exdirector de la Dijin reconoció que “puede haber un riesgo en el mal uso del arma de fuego, pero eso ya es la condición de la persona” . Sin embargo, insistió en que el objetivo principal es permitir la legítima defensa cuando el Estado no puede brindar una respuesta inmediata.Por su parte, el experto en seguridad ciudadana y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, Andrés Nieto, aportó una perspectiva crítica basada en cifras e investigaciones internacionales. Nieto advirtió que la flexibilización suele provocar “un aumento en los primeros 3 años de hasta el 26% de riñas entre familiares, conocidos o amigos que terminan... con estas armas en medio de esas discusiones”.No obstante, Nieto coincidió en que el verdadero problema radica en el mercado negro: “El problema en este país no son las armas legales... sino son las ilegales”, estimando en más de tres millones los dispositivos no regulados en manos de la delincuenciaFinalmente, el experto recordó que el permiso legal no otorga impunidad penal: “Usted puede tener ahora un permiso, un salvoconducto, tanto de tenencia como deporte y eso no lo va a exonerar de responder ante las autoridades por un homicidio”, resaltando la alta complejidad jurídica para demostrar la legítima defensa ante un juez. Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno de Colombia levantó la suspensión general que durante varios años había restringido el porte de armas de fuego, pero la decisión no significa que cualquier persona pueda portar un arma sin autorización. Los ciudadanos que quieran obtener un permiso deben cumplir los requisitos establecidos por las autoridades militares y acreditar la necesidad de contar con el arma.El trámite para una persona natural no se realiza ante Indumil, sino con el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y comienza de manera virtual mediante el Sistema de Información de Armas, Explosivos y Municiones, SIAEM 2.0.Paso a paso para tener permiso de porte de arma de fuegoEl primer paso consiste en registrarse en el SIAEM 2.0, donde el solicitante debe ingresar sus datos personales y explicar y justificar la necesidad de obtener un arma de fuego.Después de que sean validados los antecedentes judiciales, el ciudadano podrá continuar con el proceso en línea y cargar los documentos exigidos.El trámite contempla los siguientes pasos:Registrarse en el SIAEM 2.0, ingresando los datos personales y describiendo y justificando la necesidad del arma.Validación de antecedentes judiciales para poder iniciar el trámite en línea.Cargar la documentación requerida.Presentar la cédula de ciudadanía original.Acreditar actividad laboral e ingresos, mediante Cámara de Comercio, declaración juramentada o constancia laboral, según corresponda.Presentar el certificado médico de aptitud psicofísica, expedido por una institución autorizada por la Dirección General de Sanidad Militar.Presentar el certificado del curso de manejo de armas expedido por una entidad autorizada por el DCCAE o la libreta militar de primera clase, cuando se solicite por primera vez.Aportar la documentación que justifique la necesidad de portar o tener el arma, junto con las evidencias disponibles relacionadas con la condición laboral, económica y/o social.Validación de la documentación y habilitación para agendar la cita en la seccional más cercana.Presentación personal para el enrolamiento, incluida la toma de huellas y fotografías, además de una entrevista si la autoridad militar lo requiere.Pago del permiso.La aprobación no es automática. La autoridad militar competente tiene la potestad de decidir si concede o no el permiso.¿Cuáles son los requisitos para sacar el permiso?Para una persona natural, entre los documentos y condiciones solicitados se encuentran:Cédula de ciudadanía original y tener mínimo 25 años.Certificación que permita acreditar la actividad laboral y los ingresos.Certificado médico de aptitud psicofísica expedido por una institución autorizada por la Dirección General de Sanidad Militar.Certificado del curso de manejo de armas expedido por una entidad autorizada por el DCCAE.Libreta militar de primera clase, cuando se solicita el permiso por primera vez, según las condiciones establecidas.Documentación y evidencias que permitan justificar la necesidad de portar o tener un arma para la defensa y la integridad personal.La acreditación de la actividad laboral depende de la situación del solicitante. Los comerciantes deben presentar el certificado de Cámara de Comercio; los trabajadores independientes, una declaración juramentada sobre su actividad e ingresos mensuales; y los empleados o funcionarios públicos, una constancia laboral que indique el cargo y los ingresos mensuales.¿Cómo tramitar el permiso de porte de armas para una persona jurídica?Para las personas jurídicas, el trámite comienza con la radicación ante el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) de la documentación necesaria para que se estudie la solicitud.La autoridad verifica, entre otros aspectos, la necesidad de adquirir las armas, la relación hombre-arma, los permisos vencidos, las novedades, la Cámara de Comercio, las licencias de funcionamiento y la representación legal. En el caso de empresas vigiladas, también se realiza la consulta correspondiente ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.RequisitosLa documentación indicada para el trámite incluye:Copia de la cédula de ciudadanía del propietario del inmueble o del representante legal de la empresa.Certificado de Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a 60 días.Licencia de funcionamiento vigente o, cuando corresponda, certificado de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que indique que la licencia está en trámite de renovación, con una antigüedad no mayor a 60 días. Este requisito no aplica para empresas no vigiladas.Para inmuebles rurales, certificado de tradición y libertad y/o escritura pública con una vigencia no mayor a 60 días.Concepto de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con una vigencia no mayor a 90 días.Cuando el concepto sea positivo, la empresa queda autorizada para continuar con la digitalización de la documentación y posteriormente generar la cita.¿Cómo se genera la cita para una persona jurídica?El procedimiento suministrado establece dos pasos:Consignar en la entidad bancaria asignada el valor autorizado por la Industria Militar, indicando el NIT y el nombre de la empresa que adquirirá el arma.Solicitar la cita ante el DCCAE 24 horas después de la consignación, mediante el Call Center en Bogotá o a través de la página web del DCCAE. La cita será asignada en la seccional principal.El Call Center indicado en el material es 601 426 1416, con atención de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., en jornada continua.¿Qué debe llevar el representante legal el día de la cita?El representante legal debe presentarse personalmente con:Cédula de ciudadanía.Autorización para la digitalización de la documentación expedida por el jefe del DCCAE.Los demás documentos requeridos que correspondan al caso y que sean solicitados por el DCCAE cuando no estén vigentes o deban ser nuevamente aportados.Además, el representante legal debe presentar la entrevista o entrevistas ante el jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.¿Qué edad se necesita para obtener un permiso de porte?Entre las condiciones señaladas para acceder a un permiso se encuentra tener mínimo 25 años de edad.Además, la información suministrada establece restricciones para la adquisición de armas destinadas a porte o tenencia por parte de personas menores de 25 años, con excepciones para determinados integrantes activos de las Fuerzas Militares y la Policía.En estos casos están contemplados:Oficiales en cualquier grado.Suboficiales desde cabo segundo.Cabos segundos y primeros, con concepto del comandante de la unidad militar.Soldados profesionales y patrulleros con mínimo cinco años de servicio y concepto del comandante de la unidad militar.¿El Gobierno ya permite portar armas sin restricciones?No. El levantamiento de la suspensión general no eliminó la obligación de contar con un permiso vigente.La decisión del Gobierno restablece la eficacia de los permisos individuales que se encuentren vigentes, pero no permite portar armas cuando el permiso esté vencido, suspendido, cancelado o revocado. Tampoco aplica cuando exista una prohibición legal o judicial.El presidente Abelardo De La Espriella señaló que la medida pone fin a la suspensión general que había convertido la prohibición en regla, pero sostuvo que permanecen los controles, requisitos y permisos de las autoridades competentes.El decreto ordena a las autoridades militares adoptar las medidas necesarias para restablecer la eficacia de los permisos individuales vigentes.¿Desde cuándo estaba suspendido el porte de armas en Colombia?La suspensión general comenzó en diciembre de 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. La medida fue inicialmente establecida por un periodo corto y posteriormente prorrogada sucesivamente.Los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro también mantuvieron la suspensión como parte de las medidas relacionadas con la seguridad y la reducción de la violencia con armas de fuego.Durante ese periodo existía la posibilidad de solicitar autorizaciones especiales por razones de urgencia o seguridad. La última prórroga mantenía la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026, pero la decisión del actual Gobierno anticipó su finalización.¿Cuántas armas legales hay en Colombia?Según los datos del Ministerio de Defensa correspondientes a 2025 incluidos en la información oficial suministrada, en Colombia existen cerca de 700.000 armas legales con permiso de tenencia y porte.Alrededor del 40 % de esas armas se encuentran en Bogotá.Por su parte, el presidente De La Espriella informó que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026 las autoridades habían incautado 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con delitos.De acuerdo con las cifras entregadas por el mandatario, entre las armas incautadas había 980 vinculadas a disidencias de las FARC, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN.
La plataforma web de la Industria Militar (Indumil) colapsó este martes luego de que el presidente Abelardo De La Espriella firmara el decreto que levanta la suspensión general para el porte de armas de fuego en el país.Al intentar ingresar a la página oficial de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, el servidor dejó de responder debido al alto flujo de personas que buscaron tramitar, consultar o renovar sus salvoconductos de manera simultánea.Ante la desinformación y el incremento masivo de consultas, el Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares emitió un comunicado oficial aclarando el alcance real de la medida."No es un cheque en blanco"El Ejército Nacional precisó que el levantamiento de la suspensión no constituye una venta libre ni una flexibilización automática para que cualquier ciudadano compre o porte un arma de fuego."Esto no significa que todo el mundo vaya a poder acceder a comprar un arma o a tener un permiso del Estado", precisaron las autoridades militares. La norma elimina únicamente el trámite del permiso especial o adicional que se exigía desde la administración del expresidente Juan Manuel Santos para movilizar el arma en vehículos o en la vía pública.El presidente De La Espriella también se refirió a la medida señalando que la decisión busca permitir la legítima defensa frente a la delincuencia, pero aclaró que la medida no representa un cheque en blanco."No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse", afirmó el mandatario, quien citó cifras oficiales señalando que entre el 1 de enero y el 3 de septiembre la fuerza pública ha incautado 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas a delitos.Requisitos vigentes y estado de los salvoconductosLas Fuerzas Militares explicaron que los ciudadanos que tengan su salvoconducto o permiso de porte vigente podrán movilizar sus armas sin necesidad del salvoconducto especial. Sin embargo, quienes tengan el documento vencido deberán agendar la validación y actualización en las sedes o instalaciones militares autorizadas.Para acceder a un permiso de porte de armas de fuego en Colombia, las autoridades recordaron que se mantienen sin modificación las siguientes exigencias legales:Tener una edad mínima de 25 años.Contar con la aprobación de exámenes de aptitud psicofísica y certificados médicos.Demostrar conocimientos teóricos y prácticos sobre el manejo de armas.Carecer de antecedentes penales o judiciales.Obtener la aprobación final tras la verificación del expediente por parte de las autoridades militares.La expedición del decreto generó de inmediato opiniones divididas en el Congreso de la República entre congresistas que apoyan la medida como un factor disuasivo contra la criminalidad y sectores que advierten sobre los riesgos de trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de la seguridad.
Cerca de 700.000 colombianos desde este 8 de septiembre podrán sacar sus armas de sus casas y llevarlas, esto luego de que el presidente Abelardo De La Espriella flexibilizara el porte legal en el país tras su suspensión en diversas ocasiones por mandatarios que han pasado por la Casa de Nariño.Mediante el decreto 1368, publicado este 8 de septiembre, el Gobierno vuelve a dejar plenamente vigente un sistema con más de 30 años, creado por un Decreto Ley en 1993. Pero esto abrió el debate legal y moral de qué tan correcto es usar un arma para defenderse ante la inseguridad, como lo ha propuesto el presidente De La Espriella.En medio del debate que ha generado el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una de las principales preguntas que surge entre los ciudadanos es qué ocurre jurídicamente cuando una persona utiliza un arma para defenderse durante un atraco o una agresión.¿Cuándo es legítimo usar un arma para defenderse?En diálogo con Recap Blu, el abogado penalista Fabio Mar aseguró que el porte legal no implica que la puedan usar en cualquier situación sin razón alguno, sino que se contempla para la legítima defensa ante un ataque actual o inminente contra una persona, familiar o sobre bienes que se encuentren en peligro.“La legítima defensa requiere, según el Código Penal, y esto pues es una institución milenaria, que la defensa para que sea legítima, es decir, cuando yo estoy impidiendo un ataque a mi ser, al de mi familia, a mis bienes, a mi propiedad, a mi intimidad en general, debe ser proporcional”, explicó Mar.El abogado puso un ejemplo: si una persona es atacada con un elemento contundente, no necesariamente tiene que responder utilizando otro elemento de las mismas características. Lo importante, según su explicación, es que exista una agresión actual o inminente y que la respuesta esté dirigida a detenerla.“Esto no es que uno entre como en EE.UU. a cualquier tienda y le vendan un arma, no. Y de esa manera reconocer que los ciudadanos tienen derecho a la defensa, porque hoy en día los únicos que tienen derecho a la defensa son las personas que cometen delitos, porque ellos el Estado sí debe proteger los derechos fundamentales cuando van a un proceso penal. Pero quien está en un restaurante almorzando y entran a atracarlo, él no tiene derecho a la defensa. Se encuentra con una maraña jurídica infinita, infinita de procesos para lograr con la condena”, puntualizó.El límite sigue siendo la defensa, no la venganzaLa discusión sobre el porte de armas, sin embargo, no elimina la responsabilidad individual frente al uso de estos elementos. La propia explicación del penalista establece una línea entre la defensa ante una agresión y la retaliación contra quien ya dejó de representar una amenaza.Por eso, frente a un caso concreto, no basta con afirmar que una persona estaba siendo víctima de un robo o una agresión. Las circunstancias en las que se produjo la reacción serán determinantes para establecer si la conducta puede considerarse legítima defensa.El debate adquiere especial relevancia en un país donde los atracos y hechos de violencia hacen parte de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. Para Fabio Mar, permitir el porte legal y regulado de armas debe ir acompañado de mayores controles y capacitación, precisamente para evitar que estos elementos terminen siendo utilizados de manera indiscriminada.
Un laboratorio clandestino utilizado para el procesamiento de pasta base de coca fue localizado y destruido por tropas del Ejército Nacional en zona rural de Unguía, Chocó, en medio de operaciones contra las economías ilícitas del Clan del Golfo.La estructura fue ubicada gracias al trabajo de aeronaves remotamente tripuladas, que permitieron identificar el punto exacto en medio de una zona boscosa. El laboratorio había sido construido de manera artesanal y permanecía oculto entre la vegetación.Hasta el lugar llegaron tropas de la Brigada 17, con apoyo de la Policía Nacional, quienes encontraron cerca de 600 litros de insumos líquidos y aproximadamente 200 libras de insumos sólidos utilizados para el procesamiento de la droga.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por el Ejército, el laboratorio estaría bajo control de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo y tendría una capacidad de producción superior a 300 libras de pasta base de coca mensuales.Según la estimación de las autoridades, esta actividad ilegal le representaría a la estructura criminal ingresos superiores a los $320 millones cada mes, por lo que el operativo busca afectar directamente una de sus fuentes de financiación.El Ejército señaló que este resultado hace parte de las operaciones sostenidas que adelanta la Séptima División contra las economías ilícitas en el Urabá antioqueño y chocoano. En lo corrido de 2026, la Brigada 17 ha reportado la ubicación y neutralización de 110 laboratorios destinados a la producción y procesamiento de drogas en esta región.Tras el hallazgo en Unguía, las tropas reforzaron el despliegue por tierra y aire para localizar otros laboratorios y posibles estructuras utilizadas por organizaciones criminales para mantener sus redes de producción y financiación ilegal.
Abelino Palacio Rentería ha dedicado años a transformar metales con sus manos. En el Chocó construyó un taller de orfebrería y filigrana desde el que desarrollaba su oficio y elaboraba las piezas que le permitían sostener su actividad. Sin embargo, el terremoto que golpeó la región el pasado 10 de agosto destruyó por completo ese espacio de trabajo.El desastre afectó una parte fundamental de su vida como artesano, pero no borró los conocimientos que ha construido durante años. Ahora, Abelino se prepara para viajar a Francia, donde tendrá la oportunidad de mostrar parte de su trabajo y representar la tradición artesanal del Chocó.El viaje está previsto para el próximo 27 de septiembre. El artesano llevará algunas piezas elaboradas especialmente para la ocasión, entre ellas trabajos de filigrana que serán incorporados a diferentes elementos de una colección, incluso en detalles como botones. Otras piezas harán parte de una experiencia museográfica que busca poner en primer plano los saberes y las historias detrás de los oficios tradicionales.Su participación se enmarca en Territorios Vivos París 2026, una iniciativa que reunirá en Francia a artesanos, campesinos, diseñadores y creadores colombianos de diferentes regiones del país.Campesinos y artesanos también representarán a ColombiaLa delegación colombiana estará integrada por representantes de distintos territorios y oficios. Campesinos y artesanos de Cundinamarca, por ejemplo, aportarán trabajos relacionados con el cuero y la marroquinería, mientras otros participantes llevarán técnicas y conocimientos vinculados con diferentes materiales y tradiciones.A este grupo se sumarán jóvenes diseñadores y creativos que trabajan en la transformación de estos saberes tradicionales en propuestas contemporáneas. La iniciativa busca generar un encuentro entre el conocimiento ancestral y el diseño actual, teniendo como punto de partida el trabajo de quienes han aprendido y conservado estos oficios a través de generaciones.En este proceso participa LOZANO, el verdadero lujo, casa colombiana fundada por Jorge Lozano, cuya propuesta busca integrar diseño, artesanía y materiales considerados de valor patrimonial, entre ellos cuero, metales nobles y piedras preciosas.La filosofía de la marca está articulada alrededor de cinco conceptos: tierra, manos, patrimonio, transformación y Colombia. “Queremos que esos campesinos y artesanos que durante generaciones han trabajado el cuero, los metales, las piedras y otros oficios puedan tener la oportunidad de mostrar su talento fuera del país. El verdadero lujo también está en sus manos, en su conocimiento y en la historia que existe detrás de cada pieza”, explicó Jorge Lozano, fundador de la compañía.¿Qué es Territorios Vivos París 2026?Territorios Vivos París 2026 es una iniciativa liderada por ASODAMAS Colombia que llevará a Francia expresiones de la artesanía, la moda, los saberes ancestrales y el patrimonio cultural de diferentes regiones colombianas.La delegación partirá de Bogotá el domingo 27 de septiembre y permanecerá en Francia hasta el 5 de octubre. Durante ese periodo se desarrollará una programación que contempla jornadas académicas, encuentros con artesanos franceses, intercambio de técnicas, experiencias museográficas y espacios orientados a fortalecer la comercialización y el acceso de los creadores a mercados internacionales.Los maestros artesanos participantes deberán llevar piezas terminadas o en proceso para presentar directamente sus técnicas y explicar los procesos que existen detrás de cada creación. La programación también contempla actividades de intercambio con representantes del sector artesanal francés, con el propósito de compartir experiencias y conocimientos.Una programación en París durante la Semana de la ModaTerritorios Vivos París 2026 se desarrollará en París en el marco de la Semana de la Moda. La iniciativa, sin embargo, no corresponde a una pasarela oficial de la organización de Paris Fashion Week, sino a una programación colombiana independiente que tendrá lugar en la capital francesa durante ese contexto internacional.Uno de los principales momentos será el 3 de octubre. Ese día, en la Maison de l’Amérique Latine, se desarrollará la experiencia museográfica “Hilos de Territorio”, concebida para mostrar el patrimonio cultural vivo, los saberes ancestrales y las historias de los maestros artesanos.Posteriormente, en el Pavillon Dauphine, se realizará la Pasarela Territorios Vivos ASODAMAS de Colombia, con la participación de diseñadores y maestros artesanos provenientes de distintos territorios del país. La agenda busca mostrar las posibilidades que existen cuando los oficios tradicionales se encuentran con el diseño contemporáneo, pero también poner en primer plano a las personas que mantienen vivos esos conocimientos.El viaje también busca generar oportunidades en ColombiaEl intercambio no terminará cuando la delegación regrese al país. Parte de los conocimientos y experiencias adquiridos durante los encuentros con artesanos franceses pretende ser replicada posteriormente en Colombia.Dentro de la visión planteada por LOZANO, el proyecto contempla además la posibilidad de vincular en el futuro a mujeres de las Casas de la Mujer en la elaboración de algunas piezas de nuevas colecciones. Para Abelino Palacio Rentería, la experiencia tendrá además una dimensión personal. El terremoto del 10 de agosto destruyó el taller en el que desarrollaba su trabajo en el Chocó. A pocas semanas de esa pérdida, viajará a París con algunas de las piezas que logró elaborar y con el conocimiento que conserva de un oficio que ha marcado su trayectoria.Su participación permitirá que la filigrana chocoana forme parte de una muestra internacional junto con otros saberes artesanales de Colombia. Así, mientras enfrenta el proceso de reconstrucción de su taller, sus manos y su trabajo se convertirán en parte de la representación colombiana en París.
La Fiscalía General de la Nación identificó actuaciones que, de acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, evidenciarían un esquema de corrupción judicial en el que se habrían promovido demandas ante despachos que no tenían competencia territorial, con el propósito de obtener embargos sobre mesadas pensionales y posteriormente disponer de los recursos.La investigación señala que en este entramado estarían involucrados notarios, jueces, servidores públicos y particulares, quienes presuntamente habrían creado títulos ejecutivos para impulsar procesos relacionados con rentas vitalicias en ciudades diferentes a aquellas donde residían los demandantes y demandados.Entre los señalados figura Guillermo Hernán Burgos Rodríguez, exjuez de Sasaima, Cundinamarca. Según la Fiscalía, entre 2020 y 2025, el despacho que estaba a su cargo conoció 1.660 procesos relacionados con la modalidad que es objeto de investigación.La Fiscalía sostiene que Burgos Rodríguez, mientras ejercía como juez, habría admitido pretensiones pese a carecer de competencia territorial y habría ordenado retenciones sobre mesadas pensionales, además de adoptar otras decisiones encaminadas a mantener los recursos bajo custodia del juzgado.De los procesos conocidos por ese despacho, en 21 casos las decisiones habrían generado embargos de hasta el 50 por ciento de las pensiones, por lo cual más de 1.150 millones de pesos habrían sido captados.Otro de los hechos incorporados al expediente corresponde al caso de una mujer de 82 años, residente en Valledupar, Cesar, quien atravesaba dificultades económicas. Según la Fiscalía, en 2022 se habrían aprovechado de esa situación para obtener mediante engaños su firma en documentos en blanco, que posteriormente fueron utilizados para promover una demanda ejecutiva.Como consecuencia de ese proceso, a la mujer le habrían retirado 63 millones de pesos, de acuerdo con la investigación.Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Burgos Rodríguez los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, peculado por apropiación y abuso de la condición de inferioridad.
Una tragedia familiar terminó con la vida de un hombre y sus dos hijos pequeños. El padre, identificado como Damien John Shaw, de 56 años, habría atacado a los menores antes de quitarse la vida.El hecho ocurrió el 13 de septiembre en Kuta, una ciudad turística de Bali, Indonesia. Shaw fue encontrado muerto junto a sus hijos, Archie, de 6 años, y Laura, de 4, después de que una llamada telefónica alertara a la madre de los niños sobre lo que estaba sucediendo dentro de la vivienda.La esposa de Shaw, Tesa Yanuar, se encontraba en Yakarta, a unos 900 kilómetros de distancia, luego de haberse separado temporalmente de su esposo. La pareja atravesaba una crisis matrimonial desde hacía varios años y, según personas cercanas, la mujer había abandonado la casa familiar aproximadamente dos semanas antes de la tragedia.Una llamada que terminó en angustiaDurante una comunicación telefónica con Shaw, Yanuar escuchó a su hija gritar: “¡Papá, no!”. La llamada se interrumpió poco después y la mujer, preocupada por sus hijos, pidió a un vecino que se acercara al bungalow para comprobar qué estaba ocurriendo.El vecino llegó acompañado por un trabajador y ambos tuvieron que romper la puerta para ingresar. En el interior encontraron a Shaw muerto y a los dos menores sin vida. Uno de los niños estaba sobre el otro, mientras el televisor continuaba encendido con dibujos animados.La Policía posteriormente analizó las cámaras de seguridad de la zona, que permitieron reconstruir parte de la secuencia previa al hallazgo.Las grabaciones muestran al hijo de la pareja gritando desde el interior de la vivienda. En otro momento, la niña habría intentado escapar, pero su padre la persiguió y la llevó nuevamente hacia una habitación.Leonardo D. Simatupang, jefe de Policía de Denpasar, explicó que las imágenes muestran a la menor pidiendo a su padre que se detuviera y diciéndole “te amo, papá”.Los investigadores creen que Archie ya había sido estrangulado cuando ocurrió esta parte de la secuencia. Posteriormente, según la hipótesis policial, Shaw habría causado también la muerte de su hija mediante estrangulamiento y después se habría ahorcado.El caso también puso bajo la lupa las circunstancias personales que rodeaban a Shaw durante los meses anteriores. El hombre trabajaba como marino mercante, pero llevaba varios meses desempleado.Además, allegados señalaron que había enfrentado varias pérdidas familiares. Su padre murió cuando él tenía 15 años, posteriormente falleció uno de sus hermanos y, más recientemente, perdió a su madre después de que ella padeciera una enfermedad.La Policía informó, además, que Shaw había intentado quitarse la vida aproximadamente un mes antes de la tragedia. En esa ocasión, su esposa consiguió intervenir y evitar que muriera. Sin embargo, después de ese episodio la familia no buscó atención psiquiátrica, según la información conocida por las autoridades.Mientras avanza la investigación, el caso ha generado conmoción tanto en Bali como en Australia. En Perth, ciudad de origen de la familia, vecinos describieron a Shaw como un hombre reservado y tranquilo y recordaron a sus integrantes como personas discretas y amables.
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció este 25 de septiembre de 2026 la declaración de un racionamiento programado de gas natural debido a una condición técnica imprevista presentada en la infraestructura de la planta de regasificación de SPEC LNG en Cartagena.Esta contingencia generó una reducción temporal en la capacidad de entrega de gas importado, lo que obligó a las autoridades del sector a reorganizar de forma inmediata la distribución del combustible en todo el territorio nacional.Medidas preventivas y reorganización del suministroEl racionamiento, calificado por el Gobierno nacional como una medida "preventiva y temporal", fue adoptado con base en las evaluaciones y análisis técnicos efectuados por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio y el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas).Según detalló la cartera ministerial, la decisión "permite administrar de manera ordenada la disponibilidad temporal de gas importado y proteger la continuidad del suministro de los usuarios prioritarios".Para prevenir desabastecimientos críticos en los sectores más vulnerables del país, el Ejecutivo fijó un orden jerárquico claro para la asignación del gas disponible. De acuerdo con el comunicado oficial: "En este escenario, la demanda esencial tendrá la máxima prioridad, seguida de la generación térmica y de las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías".Una vez cubierta dicha atención prioritaria, la oferta se destinará a "los demás usuarios con contratos vigentes, de acuerdo con las condiciones de disponibilidad del gas".Protección a usuarios esenciales y ejecución de reparacionesLa medida gubernamental otorga la máxima importancia a la continuidad del servicio para la comunidad y las instituciones básicas. El Ministerio puntualizó que "la prioridad de la demanda esencial busca garantizar el suministro requerido por hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás usuarios esenciales, mientras se desarrollan las actividades de inspección y corrección necesarias en la infraestructura de regasificación".Las autoridades reafirmaron que esta restricción responde de forma directa a la falla puntual registrada en la terminal marítima y no a una falta de planeación a largo plazo.En palabras expresas del Ministerio de Minas y Energía: "Esta es una medida temporal, necesaria y responsable, que se levantará tan pronto SPEC LNG confirme la superación de la condición técnica" y "se restablezcan las condiciones necesarias para recuperar la capacidad de entrega de gas importado".Seguimiento constante al sector energéticoEl Ministerio confirmó que mantendrá un monitoreo permanente de la contingencia en mesa de trabajo continua junto al CNO Gas y a los agentes del mercado energético. Asimismo, la entidad precisó que expedirá "las instrucciones adicionales que sean necesarias para garantizar la adecuada aplicación de las medidas y la continuidad del servicio".Por último, el Gobierno nacional ratificó su compromiso con la seguridad y confiabilidad del abastecimiento del país, asegurando que continuará "trabajando de manera coordinada con los agentes del sector para proteger a los usuarios esenciales y la continuidad de los servicios fundamentales".
