Un hombre de 54 años fue capturado en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, luego de que la comunidad alertara a la Policía sobre disparos realizados desde la ventana de una vivienda.Al llegar al lugar, los uniformados observaron al hombre fuera del inmueble con el arma en la mano. Al notar la presencia policial, intentó ingresar nuevamente a la vivienda para huir y evadir el procedimiento, pero fue interceptado y capturado en flagrancia.Durante la verificación, el ciudadano manifestó no contar con permiso para la tenencia de armas de fuego. En el procedimiento fueron incautadas dos escopetas y 13 cartuchos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades.La teniente coronel Paula Guiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, explicó que la captura fue posible gracias al aviso oportuno de la comunidad, que permitió a los uniformados reaccionar de manera inmediata frente a una situación que estaba alterando la tranquilidad del sector.
La 13 Brigada del Ejército Nacional nuevamente hizo efectiva la suspensión de la vigencia de múltiples permisos de porte de armas de fuego y traumáticas a personas naturales y jurídicas, esto por medio de la expedición 00000248 de 2026, con efecto retroactivo desde la medianoche del 1 de enero del presente año hasta la medianoche del 31 de diciembre.La aplicación de esta expedición está vigente en Bogotá y en Cundinamarca, con excepción de las poblaciones de Medina y Paratebueno, y en los municipios de San Juanito y Calvario, del departamento del Meta.Dicha medida tiene algunas exclusiones contempladas en la ley, entre las que se encuentran los permisos expedidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Inpec, Migración Colombia, la UNP, la Dirección Nacional de Inteligencia, empresas de vigilancia y seguridad privada y misiones diplomáticas en el país.Adicionalmente, también estarán exentos de esta medida personal activo y veteranos de la Fuerza Pública, así como profesionales oficiales de la reserva, conforme a lo establecido en la Directiva 002 de 2026.
El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025, mediante el cual se prorrogan las medidas para la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional.La decisión quedó consignada en uno de los varios decretos que tradicionalmente se expiden al cierre del año y fue publicada por el Ministerio de Defensa.El documento, fechado el 31 de diciembre de 2025, extiende la vigencia de la suspensión desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, en los mismos términos y condiciones establecidos en normas anteriores.En particular, hace referencia a lo dispuesto en el Decreto 2362 de 2018 y a las facultades conferidas al presidente por la Constitución y la ley para preservar el orden público.El decreto establece que su vigencia comienza a partir de la fecha de publicación y ordena su cumplimiento en todo el país. La norma fue firmada por el presidente y por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Cabe mencionar que en Colombia se ha debatido el porte de armas durante muchos años. Hay un proyecto que propone eliminar la figura del porte especial y fue planteado por los representantes José Jaime Uscátegui y Heráclito Landinez.Implica que personas sin antecedentes ni penales ni psiquiátricos puedan acceder a un arma para su defensa; sin embargo, este tipo de iniciativas no han prosperado en el legislativo.
Cansados de los frecuentes casos de hurtos a sus viviendas y la ausencia de las autoridades habitantes del barrio Altos de San Juan en el municipio de Caucasia acordaron tras una reunión polémicas acciones que ya empiezan a generar reacciones en el departamento.Siete hechos delictivos solo en el mes de noviembre, donde incluso han amordazado a los habitantes de las casas para robarles dinero, joyas y otro objetos de valor llevaron a que decidieran iniciar la compra de armas legales para hacer frente a los delincuentes e incluso contratar una empresa de vigilancia.Aunque destacaron que la presencia de la policía en la zona es casi nula, desde la institución en el departamento defendieron que constantemente están en articulación con las autoridades de gobierno de esta localidad del Bajo Cauca antioqueño para prevenir cualquier tipo de delito.El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, destacó que decisiones como las anunciadas contra la población civil favorecen a la generación de una percepción de inseguridad del que solo se benefician los criminales."Genera una percepción de inseguridad que va a llevar a cabo también temas que van a afectar la seguridad ciudadana. Aquí no se va a permitir, vuelvo a insistir, el Código Penal colombiano es claro y la persona que esté armada de manera ilegal será capturada", manifestó.Rico destacó que según el Artículo 365 del Código Penal el porte, tenencia, tráfico o fabricación de armas de fuego sin permiso podría derivar en sanciones como prisión de 9 a 12 años y podría agravarse si se trata de armas de uso restringido o privativo de las fuerzas armadas o cuando se oponga resistencia violenta o haya ocultamiento de identidad tras requerimientos de las autoridades frente a estos artefactos.
Los acusados por intentar asesinar a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) el 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel y su entonces pareja, Brenda Uliarte, fueron condenados este miércoles a diez y ocho años de prisión, respectivamente.Sabag Montiel, de 37 años, fue condenado a diez años de prisión por considerarlo "autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado tentativa, y con concurso ideal con el delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización legal", según expresó la jueza Sabrina Namer, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, compuesto también por los magistrados Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.Uliarte, acusada por haber prestado colaboración a quien entonces fuera su pareja, fue condenada a ocho años de prisión por considerarla "partícipe necesaria penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego, en grado tentativa".Nicolás Carrizo, considerado inicialmente como el presunto líder del grupo y liberado de su prisión preventiva en agosto de 2024 por falta de pruebas, fue absuelto por el tribunal.Sabag Montiel activó aquel día el gatillo de un arma cargada y apta para el disparo a escasos centímetros del rostro de Fernández, sin que el disparo se efectuara por una falla mecánica.Tras haber admitido en la audiencia inicial del juicio, el 26 de junio de 2024, que "quería matar a Cristina", el principal acusado denunció este miércoles en su declaración final que la causa en su contra "estuvo armada".Uliarte, por su parte, decidió no hablar ante el tribunal y Carrizo criticó la demora de la Justicia: "Los tres años que pasé preso nadie me los va a devolver", expresó.La Fiscalía había solicitado 15 años de prisión para Sabag Montiel y 14 años para Uliarte, mientras los abogados de Fernández habían solicitado 15 años para cada uno.El intento de asesinado ocurrió frente al domicilio de la entonces vicepresidenta en Buenos Aires, mientras simpatizantes le expresaban su apoyo durante un juicio por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.En esa causa, Fernández fue finalmente condenada en junio de este año a seis años de prisión -que cumple en su domicilio- e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.La audiencia se celebró sin simpatizantes de Fernández en las inmediaciones del tribunal.Tampoco acudió la exmandataria, quien decidió no solicitar a la Justicia el permiso pertinente para asistir a la audiencia.Los diez años de condena para Sabag Montiel se suman a una pena a cuatro años y tres meses de prisión que cursa desde mayo de este año por tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores de 13 años. Le puede interesar :
La Policía capturó a un hombre que disparó al aire en medio de unas honras fúnebres en el barrio Molinos, al sur de Bogotá. El hecho ocurrió mientras un grupo de personas acompañaba un sepelio en la vía pública, con música a alto volumen, consumo de licor y bloqueo de una calle, lo que generó inconformidad entre los vecinos.Las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones registraron en tiempo real lo que sucedía, cuando uno de los asistentes comenzó a accionar un arma de fuego en repetidas ocasiones, causando pánico en el sector. De inmediato, un operador mantuvo el seguimiento del delincuente, guiando a las patrullas de la Policía que se dirigían a la zona.En su intento de fuga, el sospechoso ingresó a una vivienda y abandonó allí el arma, que fue recuperada por los policías. Posteriormente, se mezcló entre la multitud, pero nunca dejó de estar bajo la vigilancia de las cámaras. Más tarde, intentó escapar en un vehículo, cuya ruta y características fueron reportadas en tiempo real a la Policía.El carro apenas avanzó una cuadra debido a la congestión provocada por la caravana fúnebre. Esa situación fue aprovechada por los uniformados de la Policía, quienes siguiendo las indicaciones del C4 lograron interceptar y capturar al sujeto. El capturado deberá responder por el delito de porte ilegal de armas de fuego.“Este es un ejemplo de cómo la tecnología, sumada a la rápida reacción de la Policía, nos permite actuar con precisión y garantizar que quienes atenten contra la convivencia y la tranquilidad de los barrios sean llevados ante la justicia”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, radicó un proyecto de ley que busca reformar el decreto 2535 de 1993, norma que por más de tres décadas ha regulado el porte, tenencia y comercialización de armas y explosivos en el país.Entre los cambios más relevantes se encuentra la decisión de reconocer las armas traumáticas como armas de fuego, lo que implica que su porte y uso quedarán sometidos a la misma vigilancia y requisitos legales que las armas convencionales. Con ello, se busca cerrar vacíos normativos que habían permitido su circulación sin control efectivo.El proyecto también endurece las condiciones para la tenencia y porte de armas deportivas, al establecer que solo podrán ser usadas en competencias oficiales y bajo estricta supervisión. En paralelo, se actualiza el listado de armas prohibidas, incorporando nuevas categorías que no estaban contempladas en la legislación vigente:Armas prohibidas si se aprueba el proyecto de leyArmas, sistemas, municiones, explosivos, accesorios, partes y componentes de uso privativo de la Fuerza Pública, salvo las de colección o las debidamente autorizadas.Armas de fuego modificadas en su funcionamiento o características de fabricación que aumenten la letalidad.Armas hechizas, artesanales o improvisadas, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales.Armas sin permiso expedido por autoridad competente.Armas que el Gobierno Nacional clasifique como prohibidas teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico.Artefactos fabricados con gases venenosos o sustancias corrosivas, o aquellos que produzcan esquirlas metálicas, así como los dispositivos destinados a su lanzamiento o activación.Además, se prohíben accesorios y componentes específicos, como silenciadores o supresores de sonido, miras infrarrojas, térmicas o de visión nocturna y partes esenciales de armas (cañones, receptores, cerrojos, etc.) que no provengan de la Industria Militar.Otro eje central de la propuesta es el refuerzo de los controles sobre explosivos, incluyendo mayores exigencias para su producción, transporte y almacenamiento, con el fin de reducir riesgos de desvío hacia actividades ilegales.La iniciativa introduce además una medida de impacto social: la eliminación de la cacería deportiva como práctica permitida en Colombia, una decisión que marca un cambio en la concepción de la relación del Estado con la fauna silvestre.Con este proyecto, el Gobierno busca modernizar la regulación en materia de armas y explosivos, cerrando vacíos legales, ajustando la normatividad a los estándares internacionales y respondiendo a la coyuntura de seguridad y convivencia ciudadana.
En audios recopilados por la Policía y entregados a la Fiscalía, se evidenció que los integrantes del grupo armado llamaban a las empresas para pedir una cantidad específica de acreditaciones como escoltas y salvo conductos para las armas.“¿Cuánto necesita?”, pregunta alguien de la empresa de vigilancia. “Por ahí unos cinco”, responde el integrante del grupo armado. “¿Para usted?”, le pregunta la persona de la empresa. “Sí, para mí y para mi empresa (fachada del grupo armado)”, responde. “Déjeme mañana tipo nueve de la mañana a ver si me los consigo”, contesta el contacto de la empresa de vigilancia.El subintendente Jefferson Suárez, investigador de la Dirección de investigación Criminal de la Interpol contó que la indagación comenzó a partir de la captura de Edgar Elisio, alias 'El caballista', quien se identificaba con un carné de escolta y portaba armas con salvoconductos falsos.El fiscal de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales (DECOC), Juan Pablo Fajardo, afirmó que a través de diferentes técnicas investigativas lograron evidenciar que estas personas se dedicaban a actividades delictivas, de tráfico de armas y homicidio relacionados al Clan del Golfo. “Logramos asociar los casos, lo que nos permitió identificar a diferentes integrantes de grupos armados organizados que operaban en las regiones del Meta, Magdalena medio y en la ciudad de Bogotá”, informó Fajardo.Durante las operaciones realizadas por la Policía se realizaron ocho allanamientos en los que se incautaron armas de fuego, municiones y más de 198 millones de pesos. El trabajo articulado entre Fiscalía, Policía de Colombia e Interpol se realizó con la dirección de Extinción de Dominio y otras entidades externas como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.Como parte de las pruebas, hay unos audios en los que se escucha a alguno de los integrantes del Clan del Golfo llamando a una de estas empresas para pedir una certificación laboral que los vinculara con las empresas de vigilancia, con el fin de evitar a las autoridades. “Es que me decomisaron un arma en Medellín y entonces necesitan una carta como si él (integrante del grupo ilegal) fuera miembro de la empresa”, se escucha en los audios.Los principales implicados en el caso son los representantes legales de las empresas que prestaban este servicio, identificados como Pedro Ruíz, José Castaño y Pedro Urrego. A los tres se les imputó por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Solo uno de ellos aceptó los cargos.Por último, Juan Pablo Fajardo, fiscal del caso, hizo una mención en memoria especial a Héctor Andrés Daza Castellanos, fiscal de la Unidad de Crimen Organizado, quien tuvo un rol fundamental para destapar esta red criminal.
Esta propuesta, aprobada en primer debate, es impulsada por el representante Juan Carlos Wills. Tiene como objetivo permitir que los ciudadanos calificados puedan portar armas como medida para combatir la creciente inseguridad en el país.El proyecto no contempla la posibilidad de que todos los ciudadanos adquieran un arma, sino que propone facilitar el proceso para que quienes ya poseen un arma puedan renovar sus permisos de porte con mayor facilidad. Según Wills, esta iniciativa busca dotar a los colombianos de una herramienta para defenderse de la delincuencia, desalentando a los criminales mediante la presencia de ciudadanos armados en las calles.Sin embargo, esta propuesta no ha estado exenta de controversia. Varios congresistas se han opuesto abiertamente a la iniciativa, argumentando que la flexibilización del porte de armas puede poner en riesgo la seguridad de los colombianos. El representante Heráclito Ladinez, por ejemplo, considera que “armarse no es un derecho fundamental” y sostiene que el proyecto de ley representa una amenaza para la protección de los derechos humanos. Ladinez, quien forma parte del grupo que considera que esta medida puede desbordar las garantías constitucionales, hace un llamado a seguir las decisiones ya emitidas por la Corte Constitucional sobre el tema.Por su parte, el representante Pedro Suárez, también contrario al proyecto, remarca que las propuestas de flexibilizar la tenencia y el porte de armas pueden poner en peligro la seguridad colectiva. “Desde el @PactoCol hemos sostenido que debe acogerse a las decisiones que ya ha proferido la Corte Constitucional sobre el tema”, añadió Suárez. A lo largo de las discusiones en la Comisión Primera, Suárez y su bancada lograron modificar algunos artículos del proyecto para garantizar que la ley no infrinja los derechos humanos, la seguridad y la vida de los colombianos. El representante reafirma su oposición al proyecto, destacando que es necesario buscar una regulación responsable que no ponga en peligro la vida de la ciudadanía.Esta iniciativa ha encontrado un firme respaldo en ciertos sectores de la política, particularmente entre los partidos de derecha. La senadora María Fernanda Cabal, por ejemplo, ha sido una de las defensoras más visibles del porte legal de armas. Cabal argumenta que los ciudadanos tienen el derecho fundamental de defenderse de los criminales que los atacan. Según la senadora, los países más seguros del mundo permiten el porte legal de armas, siempre bajo condiciones estrictas que incluyen exámenes y requisitos previos para obtener el permiso. “El porte de armas legal es disuasivo frente a delincuentes y aumenta la seguridad ciudadana”, asegura Cabal, quien ve en esta medida una forma de devolver el control a la población frente a la violencia.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al subintendente de la Policía Nacional Daniel Isaías Villamil, al patrullero Jackson Zapata y al particular Giovanni Atehortúa, presuntamente implicados en el delito de concusión, que se determina cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución que no le corresponde, con el objetivo de beneficiarse de esto.Al parecer, los uniformados habrían presionado a un comerciante de Medellín, para que este les pagara una suma de 10 millones de pesos, a cambio de no ser judicializado por porte ilegal de armas de defensa personal, a pesar de que el hombre tenía permiso para su tenencia. Los hechos ocurrieron en la avenida Las Palmas, luego de que los policías interceptaran a la víctima, quien iba en compañía de su pareja sentimental en un vehículo de alta gama. Los uniformados encontraron en el bolso de la mujer, una pistola calibre 9 milímetros, arma que contaba con los documentos que avalaban su permiso de tenencia, pero que los policías presuntamente decidieron ignorar y exigir a la víctima el pago de esa suma de dinero. Las autoridades señalaron que el comerciante estaba siendo intimidado por los tres uniformados.Para que este les diera esta alta suma de dinero, los uniformados se habrían llevado el arma, dos celulares y varias joyas de la pareja. Horas después de lo sucedido, la víctima habría entregado ocho millones de pesos al patrullero Jackson Zapata, con el objetivo de recuperar los bienes. El uniformado, una vez entregada la millonaria suma, le devolvió los bienes retenidos.Debido a esto, y a la denuncia interpuesta, los uniformados fueron capturados por la Policía Nacional. Sin embargo, ninguno de los tres policías aceptó los cargos imputados por el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aceptó la renuncia irrevocable de Pedro Fabián Acosta a su cargo como asesor de esa cartera mientras que en materia penal se adelantan las investigaciones en su contra por su presunta responsabilidad por la presunta comisión del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.La Fiscalía General de la Nación imputó en 2024 a Pedro Fabián Acosta por la presunta comisión del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, según el ente acusador, las víctimas serían las dos hijastras menores de edad del funcionario.La investigación incluye los testimonios de las niñas y varios registros audiovisuales que, presuntamente, habría realizado el exasesor del MinTic mientras las menores dormían o en espacios privados, como el baño o su habitación.“El señor Pedro Fabián Acosta se le metía al cuarto y se acostaba al lado de ella y le hacía tocamientos por encima de la ropa, cuando ella quería levantarse la agarraba fuerte de los brazos y no la dejaba salir y qué pasó en muchas ocasiones”, narró la Fiscalía durante la audiencia de imputación contra el exasesor de MinTic.De acuerdo con la denuncia, la madre de las menores y las presuntas víctimas aseguran estar enfrentando un escenario de amenazas e intimidaciones durante el desarrollo del proceso judicial. También aseguran que el funcionario habría mencionado supuestas influencias políticas por su participación activa en la campaña del actual gobierno.Las denunciantes además aseguran haber sido señaladas en procesos por presunta extorsión, hechos que consideran una forma de presión y revictimización en medio de la investigación penal.
El procedimiento hizo parte de una serie de intervenciones que la Alcaldía viene adelantando en distintos puntos de Bogotá para frenar la invasión del espacio público y mejorar la movilidad en sectores con alta congestión.Una de las localidad intervenidas fue Kennedy, en donde varias grúas retirando motocicletas que ocupaban andenes y zonas peatonales. En total, 21 motos fueron inmovilizadas durante el operativo de control.Durante la jornada, agentes de tránsito verificaron motos estacionadas sobre andenes, ciclorrutas y espacios destinados al paso de peatones. Algunos conductores reaccionaron con molestia ante las sanciones, mientras residentes del sector apoyaron los controles y aseguraron que el problema se ha vuelto frecuente.El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que este tipo de operativos continuarán en diferentes localidades de la ciudad y afirmó que el objetivo es recuperar zonas peatonales y reducir riesgos para ciclistas y transeúntes.“Lo que buscamos es que el espacio público pueda ser usado por todos y que haya respeto por las normas”, señaló el mandatario.La administración distrital también indicó que las acciones se mantendrán de manera conjunta entre autoridades de tránsito y seguridad, especialmente en puntos donde las quejas ciudadanas por invasión del espacio público han aumentado en los últimos meses.
Desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Bogotá, Néstor Lorenzo entregó la prelista de 55 convocados a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El argentino dio detalles de los nombres elegidos, al igual de algunos ausentes en donde resaltó el nombre de Radamel Falcao García si merecía un "último baile" o no con la Tricolor."Falcao es jugador de fútbol todavía, o sea, sería una falta de respeto. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso, es decir, si hubiera tenido un nivel de competitivo con el resto de los compañeros que están en la lista, él estaría, porque lo que representa para el fútbol. Lo que pasa que acá el criterio también es el rendimiento deportivo y bueno, y la competencia que tiene con los compañeros. Pero yo lo adoro, lo quiero tener siempre al lado mío. Y me gustaría tenerlo en el área rival, ¿no? Pero bueno, esto es así. Hay que elegir, y yo sé que es duro. A mí me pasó, yo fui también jugador de selección, y cuando quedaba afuera te quiere matar. Yo entiendo a los muchachos", fueron las palabras de Lorenzo sobre por qué no llamó al '9' de Millonarios.Sin embargo, pese a que no será tenido en cuenta para el Mundial 2026, para Javier Hernández Bonnet, director de Gol Caracol y Blog Deportivo de Blu Radio, la Selección Colombia sí le debe algo al 'Tigre': un homenaje, que, para él, debe ser pronto y no esperar hasta que se retire y le pidió a Lorenzo tenerlo presente para una próxima convocatoria."Sí y es cierto, pero la campaña no termina. La Selección Colombia le debe un homenaje a Falcao García. Totalmente. Le debe un homenaje a Falcao García. No sé cuándo se lo van a hacer, que no sea cuando, cuando, cuando Falcao esté por ahí de 55, 60. No, no, nada. Ahorita que será ahorita, claro", fueron las palabras del director del Gol Caracol.Lo cierto es que en este momento el 'Tigre' no está sumando minutos en el fútbol colombiano por una lesión y, este semestre, no ha sido protagonista con Millonarios ante el gran nivel que ha mostrado Rodrigo Contreras en partidos determinantes. En total, Radamel ha disputado 104 partidos con la camiseta de Tricolor en donde anotó 36 goles en donde se volvió en uno de los máximos goleadores del equipo, por lo que esta petición es apenas lógica por la importancia e influencia del 'Tigre' en la historia de la selección.
La tensión alrededor del América de Cali sigue creciendo. En redes sociales se viralizaron unos videos sobre una presunta pelea entre jugadores e integrantes de barras del club en la sede deportiva, situación que habría ocurrido en medio del complejo ambiente que atraviesa el equipo tras su eliminación en cuartos de la Liga BetPlay y antes de su próximo compromiso frente a Tigre en la Copa Sudamericana.El periodista Juan Carlos Cortés contó en Blog Deportivo que, al principio, se habría pactado una reunión entre algunos futbolistas del América y representantes de barras populares. Según las versiones conocidas hasta ahora, el encuentro comenzó con reclamos e insultos hacia varios integrantes del plantel, especialmente contra Dylan Borrero y Rafael Carrascal.De acuerdo con lo relatado por Cortés, el ambiente habría escalado rápidamente y pasado de los reclamos verbales a empujones y agresiones físicas. Incluso, en redes sociales empezó a circular un video en el que se observa a varias personas persiguiendo a un jugador dentro de la sede del club, mientras otros intentan intervenir para evitar que la situación pase a mayores.El arquero Joel Graterol habría intervenido para proteger a algunos de sus compañeros. ¿Qué dicen desde el América?Desde el entorno directivo del América negaron inicialmente que se hubiera presentado una pelea. El periodista Pepe Garzón contó que se comunicó con Tulio Gómez, máximo accionista del club, quien respondió que la información era “falsa”. Aun así, el comunicador aseguró haberle enviado parte del video que circula en redes sociales y quedó a la espera de una nueva respuesta oficial.Mientras tanto, el ambiente alrededor del club se mantiene cada vez más hostil. En redes sociales, algunas barras ya comenzaron a pedir la salida de varios integrantes del equipo y del cuerpo directivo, entre ellos Alex Escobar, David González, Iván Vélez, Carrascal y otros futbolistas del plantel.
El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU., John Ratcliffe, mantuvo este jueves una reunión en La Habana con representantes del Ministerio del Interior de la isla, informaron las autoridades cubanas.En un comunicado difundido en medios oficiales, el Gobierno cubano que "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual".La nota explicó que la "dirección de la revolución", una denominación que incluye al expresidente Raúl Castro y otros líderes que no obligatoriamente ocupan cargos en el Gobierno, "aprobó la realización de esta visita", que apuntan que fue solicitada por representantes de la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump.Las autoridades cubanas indicaron que sus representantes en el encuentro aportaron elementos que "permitieron demostrar categóricamente" que la isla "no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo"."Una vez más se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE. UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación", subraya el texto.El comunicado concluye diciendo que en el encuentro ambas partes mostraron su interés "en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional".Las relaciones bilaterales se encuentran en uno de los momentos de mayor tensión en décadas, con las amenazas de agresión militar de EE. UU. a la isla, un escenario posible tras lo sucedido en Venezuela e Irán. Trump habló recientemente de "tomar" Cuba "casi de inmediato".Washington lleva desde enero presionando al Gobierno cubano para que implemente reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político, a lo que La Habana se niega alegando que esos ámbitos quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.Para aumentar la presión sobre la isla, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero que está ahondando la crisis energética que ya sufría Cuba, y ha publicado una Orden Ejecutiva que amplía aún más la maraña de décadas de sanciones económicas, financieras y comerciales sobre la isla, incluyendo las medidas extraterritoriales.Ambos países han iniciado un diálogo, con al menos una reunión física el 10 de abril en La Habana, pero del que hasta ahora no han trascendido avances ni detalles.