Luego de las revelaciones de Semana, en las que se denuncia espionaje a alrededor de 130 personas entre periodistas, organizaciones de derechos, entre otras, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, manifestó que es un “gravísimo escándalo” que afecta al Ejército y a los organismos de inteligencia, y considera que las proporciones afectan no solo la privacidad de quienes estarían en la mira , sino también al sistema democrático.
“Es admisible que se desarrollen labores cuando se trata de conocer inteligencia que afecte la seguridad del Estado, porque estamos hablando de grupos irregulares armados, guerrillas, terrorismo, incluso poderosos carteles de la droga. Tratándose de periodistas nacionales o extranjeros, políticos, es inadmisible, y espero que las autoridades realicen una investigación seria, rigurosa y sancione a los responsables”, manifestó Vivanco.
De otro lado, manifestó que no son suficientes las acciones y los trabajos para identificar a los responsables y sancionar a quienes estarían detrás de las actuaciones irregulares, que nuevamente ponen en tela de juicio el actuar del Ejército, desde las denuncias a Nicacio Martínez, cuando comandaba la institución, y que fueron objeto de rechazo por las acciones ilegales, según lo denunciado en diferentes medios de comunicación.
“Es evidente que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora son ineficaces e insuficientes, desde el momento en que este tipo de abusos y prácticas de espionaje se han normalizado en Colombia, sin prejuicio de que en el pasado se pudo identificar a responsables de otros espionajes similares”, comentó.
“El hecho de que los aparatos de inteligencia del Estado continúen abusando de su poder es una demostración palpable que aquí no se han hecho ni tomado medidas eficaces, serias, para evitar que se vuelvan a reproducir este tipo de abusos, lo que considero realmente grave, y espero que se realicen las investigaciones pertinentes. Es que aparentemente se esté utilizando recursos, instrumentos y programas proporcionados por los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico en Colombia y se estén desviando los recursos que han sido asignados de acuerdo con la legislación norteamericana y a los acuerdos bilaterales única y exclusivamente para la inteligencia que permitan seguir luchando contra el narcotráfico”, agregó.
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Entre tanto, recalcó que cada vez que se denuncia, las autoridades se comprometen a investigar, pero que las respuestas no son suficientes.
“Nos aseguran que se acaban de enterar, que no tienen más información salvo por los medios de comunicación, pero que van a tomar las medidas e identificar y sancionar a los responsables. Es posible que en algunas oportunidades se hayan tomado esas medidas y se haya sancionado a los responsables, pero el hecho de que se haya convertido en una práctica habitual refleja que hay un problema de fondo, un problema mayor que compromete la estructura misma y la disciplina del Ejército. Me cuesta creer que la cúpula militar que dirigía el Ejército durante los tiempos en que se registraron estos espionajes no hubiera estado al tanto de estos hechos”, recalcó.
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A su vez, quienes serían también víctimas de las presuntas interceptaciones han manifestado su rechazo y piden sea esclarecida la situación.
De un lado, la periodista María Alejandra Villamizar escribió en su cuenta de Twitter que los hechos son indignantes y que hay dudas que el Gobierno y Fuerzas Militares deberán responder.
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“Pues, qué les digo. Así estamos. Leyendo @RevistaSemana ¿Qué les parece? Esto es indignante. Ya me pronunciaré. Vendrán muchas preguntas al gob y a las FFMM”, escribió.
En un comunicado, el medio de comunicación Rutas del Conflicto calificó de injustificable el actuar del Ejército, luego de las denuncias en las que consideran ser blanco de inteligencia.
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“La investigación muestra un evidente caso de violación a nuestra intimidad y un grave atentado contra nuestro trabajo como periodistas, contra nuestro derecho a la libertad de expresión. Primero como medio de comunicación que termina perfilado por parte de inteligencia militar, como si se tratara de alguna organización que actuara por fuera de la ley, por el simple hecho de ejercer un periodismo crítico con las instituciones. Segundo, con el derecho de cada uno de los y las colegas que hacen parte de este proyecto de poder expresar sus opiniones personales en redes sociales, sin que por eso sean ‘fichados’ y ligarlos sin ningún tipo de sustento con círculos de relación que solo existen en la paranoia de algunos militares”, escribieron.
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