La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reconoció que persisten las dudas jurídicas sobre la asociación público-privada que se creó para extraer el galeón San José del fondo del mar.
“En particular nos preocupa la posibilidad de que el pago al contratista se realice mediante la entrega de piezas extraídas del galeón San José. Esto significaría que parte de nuestra historia quede dispersa por anticuarios del mundo y resultaría un precedente inaceptable para el rescate de futuros galeones”, dijo durante el lanzamiento de la Especialización en Patrimonio Cultural Sumergido de la Universidad Externado.
Ante esa advertencia recordó que la premisa del Gobierno del presidente Iván Duque es la defensa del patrimonio histórico de la Nación y que la prórroga de la suspensión del proceso de contratación se hizo para identificar “mejores fórmulas legales”.
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“Así mismo, se está consultando con el Consejo de Estado algunas dudas legales surgidas sobre el desarrollo del proceso de contratación adelantado por el gobierno anterior”, agregó.
Desde enero 26 de 2015, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la compañía Maritime Archaeology Consultants Ltd (MAC) iniciaron un proceso de contratación mediante la figura de Asociación Público-Privada, sin desembolso de recursos públicos, para la exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación del galeón.
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Sin embargo, por una acción popular instaurada por un ciudadano, y cuyo fallo no se había dado a conocer por el Tribunal Superior de Cundinamarca, el expresidente suspendió la licitación el 23 de julio de 2018.
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