Luego del terremoto que azotó a gran parte de Colombia este lunes 10 de agosto, el presidente Abelardo De La Espriella declaró la situación como desastre nacional, una decisión que tomó tras el balance presentado, en el que ya son más de 160 muertos y más de 600 heridos, además de los más de 60 edificios colapsados y los seis aeropuertos dañados.
La medida busca facilitar la coordinación y respuesta del Estado frente a la emergencia, que ya supera la capacidad de las autoridades en las zonas afectadas. De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, el presidente puede declarar mediante decreto una situación de desastre cuando sus efectos sean de gran magnitud y requieran una respuesta coordinada.
Luego de que el primer mandatario ajustara su agenda y viajara a los principales lugares afectados, entre ellos Quibdó y Cali, De La Espriella anunció desde un Puesto de Mando Unificado las medidas correspondientes para atender la emergencia.
¿Qué facultades tiene De La Espriella con esta declaratoria?
La declaratoria de desastre no quiere decir que ahora el presidente pueda gobernar sin límites o suspender las normativas habituales que tiene el Estado, pero lo que sí hace es activar un régimen especial que permita responder a la emergencia.
De acuerdo con la Ley 1523, una vez declarada la situación de desastre, el decreto puede establecer medidas especiales relacionadas con:
- Contratación estatal para atender la emergencia.
- Obtención de recursos mediante empréstitos.
- Administración y destinación de donaciones.
- Créditos y alivios para personas afectadas.
- Rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas.
Adicionalmente, el primer mandatario puede modificar los términos de la declaratoria y las normas especiales aplicables mientras continúen las labores de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
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¿Qué ayudas activa el Gobierno para damnificados?
Una de las situaciones que más ha generado preocupación es la de los damnificados. Ante ello, la declaratoria también permite organizar un plan de acción específico para atender a las comunidades afectadas y establecer qué entidades podrán participar en la recuperación de los sectores golpeados por el sismo.
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Ante ese panorama, el Gobierno ya anunció que para las familias damnificadas en Quibdó habrá un subsidio de arriendo para quienes tengan viviendas afectadas y necesiten un lugar temporal mientras se llevan a cabo las reparaciones.
La situación de desastre también permite acelerar la coordinación entre entidades nacionales y territoriales para atender daños en viviendas, infraestructura y servicios esenciales.
Por lo tanto, y según lo establecido por la Ley 1523, las medidas especiales deben estar relacionadas con la respuesta, rehabilitación y reconstrucción derivadas del desastre. La declaratoria, por tanto, no constituye un cheque en blanco, sino un mecanismo legal para concentrar recursos, coordinar entidades y facilitar las acciones necesarias frente a una emergencia de alcance nacional.
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