La propuesta del Gobierno nacional de reducir las tarifas del peaje en las Autopistas del Café de 17.800 a 700 pesos generó incertidumbre en el sector de infraestructura. Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa, concesionario mayoritario de la vía, advirtió que el Estado colombiano deberá asumir el costo de esta diferencia económica con cargo al presupuesto nacional.
En entrevista con Mañanas Blu, Serani explicó que el contrato de Autopistas del Café corresponde a una concesión de primera generación que cuenta con la figura jurídica de ingreso mínimo garantizado. Debido a este diseño contractual, cualquier reducción unilateral de las tarifas obliga a la Nación a compensar el diferencial en el recaudo.
“Paga la nación porque esto es un contrato con ingreso mínimo garantizado. Al final, como ya está en etapa de reversión, se va a calcular y los diferenciales que haya lo deberá pagar la nación acogiéndose al contrato”, precisó el directivo. Además, Serani manifestó que la empresa no ha sido incluida en las mesas de discusión del Gobierno y que, a la fecha, se desconoce la existencia de una partida presupuestal aprobada para soportar dicho gasto emergente.
¿Qué pasará con las obras de infraestructura vial y el proyecto Conexión Centro?
El contrato actual se encuentra en etapa de reversión para devolver la infraestructura a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Ante el fin de esta concesión, Odinsa estructuró durante los últimos ocho años una nueva iniciativa privada denominada Conexión Centro, que proyecta inversiones por 7 billones de pesos para ampliar el corredor vial a 334 kilómetros y construir 70 kilómetros de doble calzada.
Frente a los rumores políticos sobre un posible rechazo gubernamental a este nuevo proyecto por financiarse mediante peajes, Serani aclaró que no han recibido notificación oficial. La compañía planteó a la ANI escenarios alternativos que contemplan tarifas diferenciales y la reducción en el número de casetas.
El presidente de Odinsa solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría y la Contraloría General para asegurar que el proceso de evaluación se ciña estrictamente a criterios técnicos, jurídicos y financieros, alejados de presiones políticas en la actual época electoral.
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