La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresó su preocupación por el panorama de la libertad de prensa en Colombia tras la llegada del nuevo gobierno, al considerar que el historial del presidente electo frente a periodistas y medios de comunicación podría representar un riesgo para el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a recibir información.
En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, Artur Romeu, explicó que la organización, fundada en Francia hace más de cuatro décadas, trabaja en la defensa de un periodismo "libre, plural e independiente" y ha ampliado su misión para poner en el centro el derecho de toda la ciudadanía a estar informada.
"Necesitamos todos de información de calidad para poder tomar decisiones bien informadas sobre nuestra sociedad y nuestro futuro", afirmó Romeu, al insistir en que la libertad de prensa no debe entenderse únicamente como un derecho de periodistas y medios, sino como un pilar esencial para el funcionamiento de la democracia.
Además de documentar casos de asesinatos, amenazas y encarcelamientos de periodistas, RSF monitorea el pluralismo informativo, la sostenibilidad de los medios de comunicación y los efectos que las grandes plataformas tecnológicas tienen sobre el ecosistema mediático. La organización también publica cada año el Índice Mundial de la Libertad de Prensa, una clasificación que evalúa las condiciones para el ejercicio periodístico en 180 países.
Preocupación por el uso de demandas contra periodistas
Durante la conversación, Romeu explicó que la reciente declaración de RSF sobre Colombia responde, principalmente, al historial del presidente electo como abogado, caracterizado —según la organización— por la presentación recurrente de acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación.
"Nos llamó mucho la atención ese patrón... una estrategia de movilizar demandas por calumnia e injuria sistemáticamente contra periodistas y medios", señaló.
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El representante de RSF advirtió que este tipo de actuaciones encajan dentro de una tendencia internacional conocida como SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation), una estrategia mediante la cual se utilizan procesos judiciales para intimidar a periodistas e inhibir investigaciones de interés público.
"No necesariamente buscan ganar los procesos, sino generar una práctica intimidatoria", explicó Romeu al referirse al uso de acciones legales como mecanismo de presión contra la prensa.
Según el director regional de RSF, esta modalidad de acoso judicial se ha convertido en una de las principales amenazas para el periodismo en países democráticos, donde, aunque existen garantías constitucionales para la libertad de expresión, persisten mecanismos indirectos que afectan el ejercicio informativo.
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La estigmatización de la prensa
Consultado sobre las declaraciones del presidente electo, quien durante la campaña aseguró que sus denuncias estaban dirigidas únicamente contra un grupo de personas que calificó como "activistas disfrazados de periodistas", Romeu sostuvo que ese tipo de discursos también constituye una tendencia preocupante observada en distintos países.
"Vemos cada vez más una lógica sistémica en que jefes de Estado y autoridades públicas definen a periodistas y medios como enemigos", manifestó.
A juicio del directivo, este lenguaje contribuye a polarizar el debate público y debilita la confianza ciudadana en los medios de comunicación.
"Genera un ambiente muy difícil para el ejercicio del periodismo cuando uno está identificado como adversario y no como un garante de la democracia", afirmó.
Romeu agregó que este fenómeno no es exclusivo de Colombia y mencionó casos en Estados Unidos y varios países de América Latina, donde algunos líderes políticos han construido discursos que presentan a la prensa como un actor político opositor.
La financiación de Reporteros Sin Fronteras
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Durante la entrevista también surgió el debate sobre la financiación de organizaciones de la sociedad civil, una discusión que suele aparecer cuando algunos sectores cuestionan la independencia de medios y organizaciones internacionales.
Romeu rechazó que ese argumento desvirtúe el trabajo periodístico o de defensa de derechos y aseguró que atacar las fuentes de financiación busca, en muchos casos, evitar responder a las investigaciones o denuncias.
"Cuando uno ataca al mensajero o las fuentes de financiación, al final está bajando el nivel del escrutinio público", sostuvo.
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El director para América Latina explicó que Reporteros Sin Fronteras mantiene una estructura financiera diversificada. Una parte importante de sus recursos proviene de la venta de publicaciones propias en Francia, además de aportes de cooperación internacional, fondos públicos de países europeos, organismos multilaterales, fundaciones filantrópicas y miles de microdonaciones individuales.
"Se mantiene de manera bastante diversa, algo que nos ayuda también a reducir ese tipo de críticas sobre quién financia la organización", concluyó.
Las declaraciones de Romeu se producen en un momento de creciente debate sobre las garantías para el ejercicio del periodismo en Colombia. Mientras RSF insiste en la necesidad de preservar un entorno libre de intimidaciones y estigmatización, la organización reitera que la defensa de la libertad de prensa trasciende a los medios de comunicación y constituye una condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural.
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