La retirada de decenas de obras del Museo Nacional por parte del Gobierno ha desatado una disputa sobre la memoria histórica, la autonomía cultural y la representación de luchas sociales, en medio de la "batalla cultural" auspiciada por el presidente Abelardo De La Espriella y de las protestas contra una medida que algunos sectores tachan de "censura".
De acuerdo con María Paz Gaviria, exdirectora de ARTBO y activista cultural, dijo en diálogo con Mañanas Blu, el procedimiento se llevó a cabo el pasado jueves cuando el secretario general del Ministerio de Cultura acudió a las instalaciones del museo para retirar las obras directamente de los muros. Gaviria enfatizó la falta total de rigor técnico e institucional en el operativo, señalando que la medida se dio "sin ningún tipo de planeación, sin ningún tipo de discusión, sin una revisión o motivaciones profundas".
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Gaviria remarcó que las guiones curatoriales afectados correspondían a procesos independientes construidos durante más de una década ,incluso bajo la administración del expresidente Iván Duque, y que no existió ningún acto administrativo ni comité técnico que respaldara la decisión. Ante este escenario, la experta fue enfática al declarar: "El punto es que esto debe hacerse con rigor, con procedimientos y no puede llegar el gobierno de turno a imponer su ideología".
Calificó la acción de forma tajante afirmando que "hubo un acto de censura en el Museo Nacional de Colombia".
Por su parte, representante a la Cámara por Bogotá, Gabriel Becerra, sobreviviente del exterminio de la Unión Patriótica (UP), interpuso una acción de tutela en compañía de los colectivos del movimiento LGBTIQ+ León Zuleta y Revolución en Rosa. La acción legal busca la amparo inmediato de los derechos fundamentales a la verdad, la memoria histórica, la libertad de expresión y la reparación simbólica de las víctimas, logrando que un juez otorgara medidas provisionales a favor de los accionantes.
El juez recordó que el marco constitucional protege las expresiones artísticas y de memoria como instrumentos indispensables para la garantía de derechos. Becerra rechazó la postura del Gobierno nacional, que ha calificado las obras retiradas como supuesta "apología al terrorismo", señalando que dicha afirmación refleja una irresponsabilidad jurídica y una profunda ignorancia histórica.
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Becerra citó además los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2023 que condenaron al Estado colombiano por el exterminio de la UP, subrayando que borrar estos símbolos contradice las obligaciones internacionales del país.
"La construcción de la memoria no le pertenece a ningún gobierno ni le pertenece exclusivamente a un sector", aseveró el congresista, agregando que pretendió aplicarse una orden política ideologizada para acallar relatos incómodos. Según Becerra, "pretender borrar lo que pasó (...) lo que hace es sencillamente alimentar una lógica negacionista que pretende de manera autoritaria sesgar la visión de lo que ha pasado en Colombia".
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1. Los elementos retirados
La medida alcanzó tres salas del museo, el mayor de Colombia y uno de los más antiguos de América, y dejó fuera de exhibición afiches, fotografías y objetos que documentaban las reivindicaciones feministas y LGBTI; episodios de violencia política; y el proceso de paz con la guerrilla de las Farc, cuyo acuerdo se firmó en 2016.
Entre los elementos están una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado "Balígrafo", una pluma elaborada a partir de una bala y utilizada para firmar el acuerdo de paz.
La decisión ha abierto interrogantes sobre los criterios para seleccionar las representaciones de la historia nacional y el papel de las instituciones culturales en la conservación de memorias que siguen siendo objeto de controversia política.
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2. "Contrarrevolución cultural"
La medida se enmarca en la "contrarrevolución cultural" anunciada por De La Espriella, quien cuestiona el "wokismo" y considera que determinadas representaciones públicas constituyen una "apología del terrorismo".
El Gobierno ordenó retirar de los espacios públicos toda referencia a Carlos Pizarro, antiguo comandante de la guerrilla del M-19 que dejó las armas y fue asesinado en 1990, cuando era candidato a la presidencia del país.
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La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió el polémico retiro al afirmar que los museos públicos "no deben servir como instrumentos de adoctrinamiento político ni difundir versiones sesgadas de la historia".
El Gobierno sostiene que busca evitar la glorificación de la violencia y la revictimización, mientras sus críticos cuestionan que esa revisión termine excluyendo episodios relevantes de la historia del país.
3. Los cuestionamientos
La polémica ha trascendido la confrontación entre el Gobierno y la oposición, y ha suscitado críticas de profesionales de la cultura y responsables de instituciones museísticas, que cuestionan la falta de claridad sobre los criterios aplicados para retirar las piezas.
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Museos de arte moderno y representantes del Consejo Internacional de Museos en Colombia también han puesto en duda la intervención y han advertido sobre sus posibles consecuencias para la autonomía institucional.
A las críticas del sector cultural se sumó el exprocurador Fernando Carrillo, quien criticó la retirada de referencias a la Séptima Papeleta, una iniciativa ciudadana de 1990 que impulsó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y abrió el camino a la Constitución de 1991.
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"La intención de invisibilizar la Séptima Papeleta y la Constitución del 91 es un acto torpe que pretende desconocer el consenso ciudadano, político y social más relevante de la historia reciente de Colombia", afirmó.
4. Las protestas
La retirada de las piezas provocó manifestaciones frente al Museo Nacional durante este fin de semana, protestas en las que los participantes cargaron con carteles, banderas y megáfonos contra lo que tildan de "censura" y defendieron el derecho a la memoria.
A las concentraciones acudieron los exministros de Cultura Juan David Correa y Patricia Ariza, así como la líder de izquierdas, María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, quien defendió el legado de paz de su padre.
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El domingo, jóvenes reprodujeron algunas de las obras retiradas en el exterior del museo, en un gesto simbólico para mantenerlas visibles pese a su desaparición de las salas.
Este lunes se han iniciado además unas jornadas que incluyen clases de arte dictadas por profesores de varias universidades de Bogotá frente al museo.
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Las protestas del fin de semana concluyeron con enfrentamientos entre grupos de manifestantes y agentes de la Fuerza Pública, lo que amplió la controversia más allá del contenido de las exposiciones.
5. ¿Qué historia debe representar Colombia?
Organizaciones como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo han advertido que retirar referencias a las luchas sociales y a la población LGBTIQ+ puede invisibilizar experiencias que también forman parte de la historia nacional.
La ministra de Cultura, Holguín, por su parte, afirmó que el Gobierno garantizará que el Museo Nacional divulgue una "cultura que represente a toda la nación y no sólo a un sector" y se arrogó el derecho a revisar la curaduría de todos los museos estatales.
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Escuche aquí la entrevista: