El Museo Nacional de Colombia reinstaló este viernes, por orden judicial, las 63 piezas artísticas e históricas que habían sido retiradas de varias de sus salas el pasado 15 de octubre, en medio de la "batalla cultural" impulsada por el Gobierno.Entre las piezas que volvieron a sus lugares de exhibición hay afiches de las campañas presidenciales de los dirigentes Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, ambos asesinados en 1990.Durante un recorrido por el museo, EFE pudo constatar este viernes que estas obras se encuentran nuevamente expuestos en paneles y vitrinas, junto con documentos, publicaciones y elementos audiovisuales relacionados con la historia política colombiana.La reinstalación responde a una decisión del juez 24 de Familia de Bogotá, César Enrique Osorio Ortiz, quien el pasado miércoles ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional devolver las 63 piezas a las salas y lugares donde se encontraban exhibidas, en un plazo de 48 horas.El fallo, que resolvió una acción de tutela presentada por el congresista Gabriel Becerra, también ordenó a ambas entidades abstenerse de retirar obras por razones relacionadas con su contenido o el punto de vista que expresan.La controversia comenzó después de que se conociera que el Gobierno había ordenado retirar más de 60 elementos relacionados principalmente con los movimientos feministas y LGTBI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.Entre las piezas retiradas figuraban una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo y el llamado 'Balígrafo', una pluma elaborada a partir de una bala y utilizada para firmar el acuerdo de paz.La decisión de retirar las obras se enmarcó en la "contrarrevolución cultural" anunciada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien cuestiona el 'wokismo' y considera que determinadas representaciones en espacios públicos constituyen una "apología del terrorismo".La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió entonces la medida al afirmar que los museos públicos "no deben servir como instrumentos de adoctrinamiento político ni difundir versiones sesgadas de la historia".
Con eventos de disfraces como epicentro, Medellín lidera la agenda cultural en el departamento para este fin de semana, en el que se tendrá la celebración de Halloween.Planes de Halloween en Medellín 2026Para quienes disfrutan disfrazarse, la capital antioqueña tendrá, en la Biblioteca Pública de Belén, durante todo el fin de semana, el Festival Distrito Otaku, evento con entrada libre."Tendremos una gran variedad y oferta cultural, gastronómica, artística y cultural en este gran escenario dirigido a todo el público", señaló Juan Rafael Fernández, coordinador de bibliotecas de Comfenalco Antioquia.También con ambiente de disfraces, el programa 'Caiga Pues' llegará con su programación al nororiente de Medellín, puntualmente en la UVA La Armonía de la Comuna 3, Manrique.Otro plan de Halloween en Medellín es, hasta el sábado, en Plaza Palmas de El Tesoro Parque Comercial, donde 'Dragones, universo legendario' tiene abierta una experiencia que combina juego, imaginación y aventura alrededor de cinco linajes de dragones: Fuego, Agua, Aire, Tierra y Trueno.Para quienes buscan otros planes, la oferta será de gastronomía y en el Suroeste del departamento, con el Cafestival en Andes."Allí podemos notar cómo ha ido mejorando la calidad de los cafés para llegar a los mercados internacionales, los mercados más exigentes que hay en el mundo. Esto es lo que nos gusta mostrar de Antioquia para el mundo", indicó el secretario de Desarrollo Económico de la gobernación, Camilo Tamayo."Los invitamos a vivir una experiencia llena de tradición, de gastronomía, de emprendimiento, innovación, cultura y, por supuesto, el mejor café de Antioquia. Los invitamos para que se acerquen con sus familias, con amigos a disfrutar de esta gran fiesta", dijo, por su parte, Silvia Natalia Restre Pochoa, gerente regional de Confenalco para el Suroeste.Medellín también tendrá durante este fin de semana el Festival de Aves, donde se podrá disfrutar actividades de avistamiento, además de ciencia y encuentros académicos en lugares como los cerros El Volador, Nutibara y El Picacho.La programación de este espacio invita a la ciudadanía a descubrir las especies que habitan la ciudad y las aves migratorias que atraviesan el territorio en busca de alimento, refugio y descanso.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del magistrado de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, Raúl Eduardo Sánchez, emitió un requerimiento formal dirigido al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional para solicitar información detallada sobre el reciente desmonte y retiro de diversas piezas y exposiciones de sus salas. La decisión judicial busca determinar si dichos elementos guardan relación con el conflicto armado colombiano y si su retiro afecta el derecho fundamental a la memoria y la no revictimización de las víctimas.Orden judicial de la JEPEl pronunciamiento se da en el marco de la preocupación surgida por el retiro de varias obras y afiches históricos, entre los cuales figuran afiches promocionales de las campañas políticas de los líderes asesinados en 1990, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, así como elementos simbólicos de la extinta guerrilla del M-19.En diálogo con Mañanas Blu, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez aclaró que la JEP busca primero verificar el vínculo técnico de los elementos con la conflagración antes de adoptar cualquier medida de fondo. En palabras del magistrado: “En el caso concreto, estamos tratando de indagar justamente sobre las exposiciones que reposaban en el Museo Nacional, si tienen o no algún tipo de vínculo o relación con el conflicto armado colombiano”. Asimismo, enfatizó el propósito central de la actuación al señalar que “el derecho a la memoria implica justamente eso, que lo ocurrido, que lo narrado refleje lo que pasó efectivamente en la realidad”.El derecho a la memoria y las medidas cautelaresEl magistrado explicó que la solicitud tramitada se apoya en los instrumentos de la Ley 1922 y la Ley 1957, normativas que facultan a la jurisdicción para decretar medidas cautelares solicitadas prioritariamente por las organizaciones de víctimas. Estos procedimientos no solo buscan la protección física o la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, sino también la salvaguarda de los archivos e interpretaciones sobre la historia del conflicto.Sobre la sensibilidad en torno a la narrativa histórica del país, el magistrado Sánchez afirmó: “Las medidas cautelares son impulsadas por las víctimas especialmente... buscan una serie de protección a sus derechos... derecho a la protección de la memoria, que es tan importante porque desafortunadamente la memoria bien se ha convertido en un campo digámoslo así, de batalla en la narración”.En el caso particular del Museo Nacional, la instrucción se emite dentro del expediente de la “medida cautelar nacional de memoria por un lado, pero también de búsqueda y articulación en lo que tiene que ver con la desaparición forzada de personas”. Sánchez argumentó que, si se comprueba la vinculación con el conflicto, será indispensable escuchar la voz de los afectados, pues las percepciones pueden ser diversas: “Las exposiciones que puedan ser históricas... pueden decirnos: esas exposiciones podrán ser muy históricas, pero nos están revictimizando. Necesitamos que si se va a hacer algo histórico tenga un contexto mayor”.Independencia de la decisión y antecedentes de la JEPAnte las inquietudes periodísticas sobre si este requerimiento al Gobierno responde a tensiones políticas recientes o al debate sobre recortes presupuestales a la justicia transicional, el magistrado negó categóricamente cualquier interferencia o motivación externa. Al respecto aseveró: “No, en lo absoluto... esto no tiene ningún tipo de relación ni vínculo, no, es simplemente el trabajo normal y cotidiano”.Finalmente, el funcionario recordó que la JEP ha proferido más de 80 medidas cautelares en todo el territorio nacional, entre ellas intervenciones sobre exposiciones del Centro Nacional de Memoria Histórica en administraciones anteriores a raíz de reclamos de comunidades indígenas y de víctimas. La jurisdicción esperará el informe oficial del Ministerio de Cultura para evaluar las eventuales implicaciones jurídicas e invitar a las partes a pronunciarse. Escuche aquí la entrevista:
Música y literatura, con epicentro en el Valle de Aburrá, hacen parte de la programación cultural para este fin de semana en el departamento.Quienes disfrutan de planes musicales podrán asistir este sábado, en Rionegro, a un concierto filarmónico de Arelis Henao, que invita a la presentación con la filarmónica de Medellín."Estaré cantando con la orquesta filarmónica de Medellín. Un sueño más en mi carrera. Se imaginan, señor prohibido, Mujeres y despecho, con más de 40 músicos en escena, más mi agrupación. Estoy muy feliz celebrando estos 30 años de carrera", dijo la artista.Rock filarmónicoOtro plan musical tendrán los amantes de rock en el teatro de El Tesoro. Allí, este viernes en la noche, la Filarmónica Metropolitana y Rock Nation Army se unen en Crazy Night, un concierto que llevará al formato sinfónico algunos de los grandes clásicos del rock de los años 80.En literatura el espacio estará hoy y mañana en Sabaneta con la sexta Fiesta de las Letras y las Palabras. Mónica Palacio, subdirectora de patrimonio, memorias y bibliotecas del municipio, adelanta detalles de la programación."Conversatorios, ferias y talleres que nos invitarán a pensar en aquellos mundos imaginarios que parecen perfectos y como autores invitados tendremos a Will Pulgarín y a David Betancur", señaló la funcionaria.Salón del Inmueble 2026En Medellín también se vivirá una nueva edición del Salón del Inmueble. Este lugar reunirá 178 proyectos de 33 constructoras y promotoras, con oferta en Medellín, el Oriente antioqueño y otras ciudades del país, para quienes buscan generar ingresos por arrendamiento, construir patrimonio o encontrar una vivienda que responda a sus necesidades de comodidad y calidad de vida."Antioquia sigue consolidándose como un destino atractivo para la inversión inmobiliaria. Entre enero y agosto del 2026, el 15.5% de las ventas de vivienda no bis en el departamento correspondieron a colombianos residentes en el exterior, mientras que el 3.4% de las ventas a extranjeros no residentes y el 18.5% de las ventas a colombianos residentes en otras regiones del país", detalló Tatiana Castaño Agudelo, directora de ferias.Evento de motoresFinalmente, durante estos tres días, -desde hoy hasta el domingo- la capital antioqueña será sede de la feria Autoshow en Plaza Mayor. En ese espacio, entre otras cosas, los asistentes podrán disfrutar de más de 50 marcas participantes y actividades destacadas como Latin Wrapper, la pasarela de vehículos icónicos y el tuning en vivo.
La retirada de decenas de obras del Museo Nacional por parte del Gobierno ha desatado una disputa sobre la memoria histórica, la autonomía cultural y la representación de luchas sociales, en medio de la "batalla cultural" auspiciada por el presidente Abelardo De La Espriella y de las protestas contra una medida que algunos sectores tachan de "censura".De acuerdo con María Paz Gaviria, exdirectora de ARTBO y activista cultural, dijo en diálogo con Mañanas Blu, el procedimiento se llevó a cabo el pasado jueves cuando el secretario general del Ministerio de Cultura acudió a las instalaciones del museo para retirar las obras directamente de los muros. Gaviria enfatizó la falta total de rigor técnico e institucional en el operativo, señalando que la medida se dio "sin ningún tipo de planeación, sin ningún tipo de discusión, sin una revisión o motivaciones profundas".Gaviria remarcó que las guiones curatoriales afectados correspondían a procesos independientes construidos durante más de una década ,incluso bajo la administración del expresidente Iván Duque, y que no existió ningún acto administrativo ni comité técnico que respaldara la decisión. Ante este escenario, la experta fue enfática al declarar: "El punto es que esto debe hacerse con rigor, con procedimientos y no puede llegar el gobierno de turno a imponer su ideología". Calificó la acción de forma tajante afirmando que "hubo un acto de censura en el Museo Nacional de Colombia".Por su parte, representante a la Cámara por Bogotá, Gabriel Becerra, sobreviviente del exterminio de la Unión Patriótica (UP), interpuso una acción de tutela en compañía de los colectivos del movimiento LGBTIQ+ León Zuleta y Revolución en Rosa. La acción legal busca la amparo inmediato de los derechos fundamentales a la verdad, la memoria histórica, la libertad de expresión y la reparación simbólica de las víctimas, logrando que un juez otorgara medidas provisionales a favor de los accionantes.El juez recordó que el marco constitucional protege las expresiones artísticas y de memoria como instrumentos indispensables para la garantía de derechos. Becerra rechazó la postura del Gobierno nacional, que ha calificado las obras retiradas como supuesta "apología al terrorismo", señalando que dicha afirmación refleja una irresponsabilidad jurídica y una profunda ignorancia histórica. Becerra citó además los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2023 que condenaron al Estado colombiano por el exterminio de la UP, subrayando que borrar estos símbolos contradice las obligaciones internacionales del país."La construcción de la memoria no le pertenece a ningún gobierno ni le pertenece exclusivamente a un sector", aseveró el congresista, agregando que pretendió aplicarse una orden política ideologizada para acallar relatos incómodos. Según Becerra, "pretender borrar lo que pasó (...) lo que hace es sencillamente alimentar una lógica negacionista que pretende de manera autoritaria sesgar la visión de lo que ha pasado en Colombia".1. Los elementos retiradosLa medida alcanzó tres salas del museo, el mayor de Colombia y uno de los más antiguos de América, y dejó fuera de exhibición afiches, fotografías y objetos que documentaban las reivindicaciones feministas y LGBTI; episodios de violencia política; y el proceso de paz con la guerrilla de las Farc, cuyo acuerdo se firmó en 2016.Entre los elementos están una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado "Balígrafo", una pluma elaborada a partir de una bala y utilizada para firmar el acuerdo de paz.La decisión ha abierto interrogantes sobre los criterios para seleccionar las representaciones de la historia nacional y el papel de las instituciones culturales en la conservación de memorias que siguen siendo objeto de controversia política. 2. "Contrarrevolución cultural"La medida se enmarca en la "contrarrevolución cultural" anunciada por De La Espriella, quien cuestiona el "wokismo" y considera que determinadas representaciones públicas constituyen una "apología del terrorismo".El Gobierno ordenó retirar de los espacios públicos toda referencia a Carlos Pizarro, antiguo comandante de la guerrilla del M-19 que dejó las armas y fue asesinado en 1990, cuando era candidato a la presidencia del país.La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió el polémico retiro al afirmar que los museos públicos "no deben servir como instrumentos de adoctrinamiento político ni difundir versiones sesgadas de la historia".El Gobierno sostiene que busca evitar la glorificación de la violencia y la revictimización, mientras sus críticos cuestionan que esa revisión termine excluyendo episodios relevantes de la historia del país. 3. Los cuestionamientosLa polémica ha trascendido la confrontación entre el Gobierno y la oposición, y ha suscitado críticas de profesionales de la cultura y responsables de instituciones museísticas, que cuestionan la falta de claridad sobre los criterios aplicados para retirar las piezas.Museos de arte moderno y representantes del Consejo Internacional de Museos en Colombia también han puesto en duda la intervención y han advertido sobre sus posibles consecuencias para la autonomía institucional.A las críticas del sector cultural se sumó el exprocurador Fernando Carrillo, quien criticó la retirada de referencias a la Séptima Papeleta, una iniciativa ciudadana de 1990 que impulsó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y abrió el camino a la Constitución de 1991."La intención de invisibilizar la Séptima Papeleta y la Constitución del 91 es un acto torpe que pretende desconocer el consenso ciudadano, político y social más relevante de la historia reciente de Colombia", afirmó.4. Las protestasLa retirada de las piezas provocó manifestaciones frente al Museo Nacional durante este fin de semana, protestas en las que los participantes cargaron con carteles, banderas y megáfonos contra lo que tildan de "censura" y defendieron el derecho a la memoria.A las concentraciones acudieron los exministros de Cultura Juan David Correa y Patricia Ariza, así como la líder de izquierdas, María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, quien defendió el legado de paz de su padre.El domingo, jóvenes reprodujeron algunas de las obras retiradas en el exterior del museo, en un gesto simbólico para mantenerlas visibles pese a su desaparición de las salas.Este lunes se han iniciado además unas jornadas que incluyen clases de arte dictadas por profesores de varias universidades de Bogotá frente al museo.Las protestas del fin de semana concluyeron con enfrentamientos entre grupos de manifestantes y agentes de la Fuerza Pública, lo que amplió la controversia más allá del contenido de las exposiciones.5. ¿Qué historia debe representar Colombia?Organizaciones como Colombia Diversa y Caribe Afirmativo han advertido que retirar referencias a las luchas sociales y a la población LGBTIQ+ puede invisibilizar experiencias que también forman parte de la historia nacional.La ministra de Cultura, Holguín, por su parte, afirmó que el Gobierno garantizará que el Museo Nacional divulgue una "cultura que represente a toda la nación y no sólo a un sector" y se arrogó el derecho a revisar la curaduría de todos los museos estatales.Escuche aquí la entrevista:
El juzgado 24 de familia de Bogotá ordenó al Museo Nacional de Colombia conservar la totalidad de las piezas que fueron retiradas de sus exposiciones en medio de la controversia por la decisión del Gobierno de sacar elementos relacionados con el feminismo, las comunidades LGBTQ+ y el conflicto armado. La medida provisional estará vigente mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.La decisión, firmada por el juez César Enrique Osorio, también prohíbe destruir, alterar, trasladar fuera de las instalaciones o devolver a terceros las piezas retiradas. Además, el despacho ordenó preservar los documentos relacionados con el retiro y entregar un informe detallado sobre los elementos afectados en un plazo de 24 horas desde la notificación de la providencia.¿Qué ordenó el juez sobre las piezas retiradas del Museo Nacional?La medida busca preservar los elementos que fueron retirados de las salas de exposición mientras avanza el estudio de la tutela. En el documento, el juzgado considera que es necesario adoptar medidas urgentes para evitar daños que puedan afectar los derechos relacionados con la memoria histórica, la verdad, la reparación simbólica y la libertad de expresión artística.Por esa razón, el Museo Nacional deberá mantener las piezas en condiciones técnicas adecuadas de custodia y conservación. La institución tampoco podrá retirar, desmontar o intervenir otras piezas de las exposiciones por razón de su contenido sin que existan actos administrativos que justifiquen esas decisiones.El despacho también dispuso preservar los inventarios, registros de movimiento, guiones museográficos, actas, correos electrónicos, comunicaciones y demás documentos relacionados con el retiro de las piezas.Museo Nacional deberá informar cuáles piezas fueron retiradasDentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la decisión, el Museo Nacional deberá remitir al juzgado un informe detallado con el listado completo de las piezas retiradas de las exposiciones y del jardín en memoria de Miguel Ángel Díaz.El documento deberá precisar la ubicación actual de cada elemento, su estado de conservación y la autoridad o dependencia que ordenó su retiro.Además, el juzgado admitió la acción de tutela presentada por Gabriel Becerra Yáñez, secretario general de la Unión Patriótica; Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta, y Kevyn Muñoz Torres, integrante del colectivo Revolución en Rosa.La acción fue admitida contra el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Museo Nacional de Colombia. Ambas entidades tienen un día hábil, contado desde la notificación efectiva, para pronunciarse y aportar las pruebas y documentos correspondientes.El juzgado también solicitó información sobre los actos administrativos que autorizaron la exhibición de las piezas y aquellos que sustentaron su retiro. Asimismo, vinculó al trámite a otras entidades y organizaciones, y al presidente Abelardo De La Espriella, para que puedan pronunciarse sobre la tutela.
Crece la polémica a nivel nacional tras el retiro de varias imágenes del Museo Nacional, en Bogotá, por petición del Ministerio de Cultura, entre esas, las de Carlos Pizarro y varios objetos personales que posaban en este recinto tras un mandato directo del presidente Abelardo De La Espriella porque “promovía el terrorismo”.“A mí me parece que la apología al terrorismo es cuando ves en campaña a Abelardo De La Espriella diciendo que él sí habría sido un paramilitar de verdad. Eso es apología al terrorismo, no reivindicar a quienes firmaron la paz y a quienes le abrieron una opción de paz a Colombia (…) La persona que había allanado ese camino, que en ese momento era Carlos Pizarro, fue asesinado 48 días después de firmar la paz, sí, siendo candidato presidencial”, criticó María José Pizarro, en diálogo con Recap de Blu Radio, cuestionando la expresión a “la historia del país”.Según explicó, el sombrero de Carlos Pizarro fue utilizado como símbolo de paz y hace parte de la memoria de un proceso político que transformó la historia contemporánea colombiana. Pizarro expresó preocupación por su seguridad y la de sus familiares, al recordar el asesinato de su padre, antiguo comandante del M-19 y candidato presidencial, ocurrido en 1990, después de la firma de un acuerdo de paz.“Vuelvo y repito, ¿qué es lo que van a seguir haciendo? Porque es que, vuelvo y te repito, para mí apología al terrorismo es caminar entre los cadáveres. (…) Mira, yo me fui al exilio muchos años, regresé hace 16 años a este país y con el compromiso de contribuir a la democracia, a la construcción de paz y a la reconciliación de Colombia. Voy, ¿puedo seguir en Colombia o me van a asesinar como a mi padre? Por defender mis ideas, por defender mis principios, por defender la memoria de mi padre”, puntualizó.Pizarro anunció su participación en un plantón frente al Museo Nacional para rechazar las decisiones relacionadas con la exposición. Además, afirmó que la imagen de su padre continuará circulando en las calles y en las redes sociales. También insistió en que Colombia necesita fortalecer sus espacios de memoria y avanzar en el esclarecimiento del asesinato de su padre.“Porque es a mí a la que le han dado la orden de desaparecer junto a la memoria y a la figura de mi padre. ¿Quiénes son los que tienen que— quiénes son los terroristas? ¿Los miles de personas que salieron a la calle a movilizarse el pasado miércoles? ¿Esos son los terroristas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué viene justo después de la decisión que ha tomado?”, añadió.
La ministra de cultura, Paola Holguín, confirmó que actualmente el ministerio adelanta una evaluación de los espacios a cargo de la cartera con el fin de determinar si estarían sirviendo como espacios de memoria, identidad y transformación social.“La museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio, están siendo evaluados y rediseñados para cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación, sirviendo como espacios para la memoria, la identidad y la transformación social”, dijo Holguín.Al referirse al Museo Nacional la ministra Holguín agregó que no puede ser un espacio de apología al delito.“El Museo Nacional no puede ser un espacio de apología al delito o revictimización, tiene que observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, dijo Holguín.Además dijo que la vocación principal del Museo no es servir como instrumento de adoctrinamiento político o como un foco de difusión de versiones sesgadas sobre la historia.Es importante recordar que este pronunciamiento se da después de una polémica que se desató tras un comentario que hizo el concejal del Centro Democrático Andrés Barrios tras una visita al Museo.“Hoy traje a mis hijas al Museo Nacional para enseñarles la historia de Colombia y me encontré con una sala llena de afiches de campaña de Carlos Pizarro, de relatos donde se atribuye el crecimiento de las guerrillas del ELN, las FARC y el M-19 a los ‘gobiernos represivos’. A los terroristas les buscan justificación; a sus víctimas, un rincón”, dijo Barrios.
El presidente Abelardo De La Espriella visitó este jueves en la mañana los ministerios de cultura, hacienda e interior. Durante su visita al ministerio de cultura dio algunas instrucciones a la ministra, Paola Holguín.“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro, y demás terroristas, sean desaparecidos de todos los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que vinimos a enfrentar, no acepto la apología al terrorismo”, dijo De La Espriella.En el gobierno anterior el expresidente Gustavo Petro tuvo un tiempo en la Casa de Nariño el sombrero de Carlos Pizarro, exlider del M-19.En el mismo sentido señaló que esa cartera debe volver a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es importante recordar que durante el gobierno anterior esa cartera cambió su nombre al Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes.“Quiero ser claro en esto, vamos a acometer una lucha abierta, decidida y patriótica contra el wokismo, que no es más que una corriente ideológica que apunta a transformar los fundamentos morales, culturales y sociales en occidente, pervirtiendo los valores, la tradición familiar y la identidad nacional. Por eso es tan importante que este ministerio se llame como debe ser: Cultura y Patrimonio”, agregó De La Espriella.
La controversia sobre la idoneidad y la meritocracia en el gabinete ejecutivo volvió al centro del debate político tras las declaraciones de la senadora Jennifer Pedraza. La congresista reveló que la ministra de Cultura, Paola Holguín, presenta públicamente un título de maestría en Estudios Políticos que no ha obtenido formalmente.A través de un derecho de petición tramitado por la senadora, la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) emitió un comunicado oficial confirmando que la funcionaria cursó las materias, pero no se ha graduado de dicho programa académico."No se puede normalizar inflar las hojas de vida"En entrevista con Recap Blu, la senadora explicó que, aunque para ocupar un ministerio en Colombia la ley solo exige tener 25 años y ser ciudadano colombiano, no se justifica engañar a la opinión pública sobre las credenciales académicas. Asimismo, aclaró que no se configura un delito de falsedad en documento público, debido a que Holguín no registró el título en el sistema oficial CIGEP, pero sí ha sostenido esa información en sus redes sociales y canales de difusión."Lo que nosotros estamos señalando en este momento es que no hay necesidad de inflar, de mentir en el perfil de la ministra. ¿cuál es la necesidad de mentir y de inflar este perfil?, porque además la ministra, cuando la presentaban como una persona graduada con esta maestría, nunca ha corregido en los medios de comunicación".Pedraza enfatizó que su denuncia busca evitar que los favores políticos sustituyan la preparación técnica en los altos cargos del Estado:"El punto central es que la palanca no esté por encima del mérito, es que pagar favores de campaña política no termine siendo la norma, mucho menos en una cartera tan importante como el Ministerio de la Cultura. Puedo firmar con toda la certeza que la ministra Paola Holguín no es magíster en estudios políticos como ella lo afirma en todas sus redes sociales y como ella nunca ha corregido cuando la entrevistan en medios", afirmó. Cuestionamientos en la Biblioteca Nacional y la respuesta de la ministraLa investigación de la senadora también salpicó el nombramiento de Julia Daza como directora de la Biblioteca Nacional. Según Pedraza, a Daza le habrían convalidado experiencia en comunicaciones de campañas políticas para simular el cumplimiento de los 72 meses de experiencia relacionada exigidos por el manual de funciones:"Le convalidan una experiencia como comunicadora de la campaña presidencial, cuando aquí estamos hablando de una experiencia que tendría que ser la protección y el cuidado del patrimonio cultural de Colombia, de las bibliotecas y la creación de políticas públicas".Por su parte, la ministra Paola Holguín respondió en sus redes sociales que en sus documentos públicos es claro que únicamente cursó las asignaturas y aprobó el trabajo de grado sin graduarse, agregando que su gestión está enfocada en sortear un "desorden administrativo y una planta duplicada".Ante esta réplica, la senadora Pedraza concluyó que la funcionaria debería admitir la imprecisión y corregir sus perfiles oficiales:"Le diría a la ministra que más bien hubiera podido responder: 'Tiene razón, senadora, voy a corregir en mis publicaciones porque ese título aún no lo he conseguido' y ya, suficiente", puntualizó.Escuche la entrevista aquí:
La cuenta regresiva para que el estadio Metropolitano reabra sus puertas en la final de la Copa Sudamericana 2026 está en marcha. Desde la Alcaldía Distrital no solo se pensó en la renovación del escenario para aumentar su capacidad, sino también para mejorar su sistema de videovigilancia. Por tanto, en las últimas horas se conoció que serán instaladas más de 300 cámaras de última generación.Las cámaras serán de 61 megapíxeles, lo que permitirá hacer zoom hasta el último rincón de la tribuna más lejana y ver un rostro o una acción con nitidez. El sistema está equipado con cámaras de tipo profesional, domos y domos duales, balas de 5 MP, multisensores panorámicos, minidomos, ojos de pez de 360 grados, entre otros elementos de videovigilancia.No siendo suficiente, el sistema incluirá un procesador con inteligencia artificial generativa, en el que se identificarán posibles alteraciones para así dar pronto aviso a las autoridades. De hecho, incluye una función de identificación fisonómica capaz de rastrear a una persona entre miles en cuestión de minutos."Estamos poniendo tecnología de punta, con inteligencia artificial generativa, equipos muy modernos y que ningún otro estadio de Colombia tiene. Falta poco para que volvamos abrir las puertas del Supermetro, para que recibamos el fútbol sudamericano. Este estadio está al nivel de los mejores del mundo. Nos infla el pecho a los barranquilleros de orgullo y pronto estará abierto para todos", afirmó el alcalde Alejandro Char.La gerente TIC de Barranquilla, Natali Escorcia, explicó que en estos momentos se trabaja en la instalación de los nuevos canales de internet y antenas 4G y 5G, para que el escenario deportivo cumpla con los estándares internacionales.En la parte superior del escenario, se instalarán nuevas antenas de última tecnología para mejorar la capacidad de conexión cuando se esté frente a la alta demanda de usuarios, lo cual era una de las principales necesidades del estadio.Finalmente, la intervención también contempla cambios en la infraestructura de red interna, en la que se dispondrá de canales de internet, backup de 2,5 gigas cada uno y puntos de acceso distribuidos en diferentes áreas del escenario. Su objetivo será garantizar el funcionamiento de los sistemas tecnológicos del ‘Supermetro’.
Momentos de tensión se registraron en horas de la tarde de este domingo por un nuevo atentado, en este caso, en el peaje de Villa Rica en el norte del Departamento del Cauca. De acuerdo con información preliminar, el ataque se realizó mediante el uso de drones contra la infraestructura del peaje. Las autoridades adelantaron las verificaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido, mientras se recomendó a los conductores evitar transitar por este sector.Otro hecho similar ocurrió en la madrugada del sábado 7 de noviembre donde también fue atacado con explosivos el peaje de Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, sobre la vía Panamericana. Según los primeros reportes, los responsables habrían utilizado drones para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones, ocasionando daños materiales en la infraestructura.Después de la detonación, unidades de la Fuerza Pública adelantaron labores de verificación y seguridad en el corredor vial para descartar nuevas amenazas. Fabián Alonso Romero España, secretario de Gobierno del Cauca, solicitó reforzar la presencia permanente del Ejército en las estaciones de peaje, teniendo en cuenta los riesgos que estas acciones representan para los trabajadores, las comunidades cercanas, los viajeros, y el sector productivo.“Solicitamos de manera reiterativa para que el gobierno haga presencia del departamento del Cauca, protegiendo sectores estratégicos de la economía nacional, en dos ocasiones, desde el 8 de agosto se han reiterado los ataques al peaje con explosivos, lo que pone permanentemente en riesgo la estabilidad económica de nuestro departamento “, expresó el funcionario.A estos hechos se sumó otra acción violenta en el municipio de Suárez, también en el norte del Cauca. Allí, fueron detonados explosivos para atacar un tramo de la carretera que comunica la cabecera municipal con el sector de La Betulia. La detonación se registró en la vereda Playa Rica y ocasionó afectaciones en la infraestructura vial. El alcalde César Lizardo Cerón informó que, de manera preliminar, no se reportaron personas heridas ni fallecidas.Mientras avanzan las verificaciones por el reporte de Villa Rica y las investigaciones por los demás hechos, las autoridades buscan mejorar las condiciones de seguridad de las vías que están siendo atacadas constantemente con el uso de drones que representan una amenaza para la población civil y quienes transitan por las carreteras del sur occidente colombiano.
Las autoridades intensificaron los controles en Cuadra Play, uno de los sectores de rumba de Bucaramanga, donde un operativo de la Alcaldía, con apoyo de la Policía Nacional, Tránsito y el Cuerpo de Bomberos, dejó como resultado la inmovilización de vehículos y el cierre de dos establecimientos comerciales por incumplir los requisitos para su funcionamiento.Durante las intervenciones se llevaron a cabo requisas, verificación de antecedentes y controles a vehículos. Como resultado, fueron inmovilizados varios automotores que se encontraban estacionados en andenes y zonas de espacio público, obstruyendo estos lugares.Asimismo, las autoridades detectaron la presencia de menores de edad en inmediaciones de los establecimientos nocturnos y ordenaron el cierre de dos negocios que no cumplían con los requisitos exigidos para su funcionamiento.De acuerdo con la Administración Municipal, durante los procedimientos algunos conductores se opusieron a los controles, por lo que fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía para garantizar el desarrollo de los operativos.Las autoridades señalaron que estas acciones buscan mantener el orden, recuperar el espacio público y verificar que los establecimientos nocturnos cumplan con las normas para operar en este sector de la ciudad.
El Contralor General Jorge Laverde , ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que suman cerca de $20.783 millones. La decisión, anunciada este 9 de noviembre de 2026 en Bogotá, responde a las denuncias de Noticias Caracol sobre presuntas irregularidades en la compra de bienes, el cumplimiento de obligaciones contractuales y el uso de recursos públicos.Según la Contraloría General de la República, las denuncias señalan posibles fallas técnicas, incumplimientos, deficiencias de calidad y sobrecostos. La revisión buscará establecer si los recursos se administraron conforme a la ley y si hubo afectación al patrimonio del Estado.Los cinco contratos de la DNI bajo revisiónHelicóptero no tripulado por $9.000 millonesEl contrato de mayor valor corresponde a la adquisición de un helicóptero no tripulado por aproximadamente $9.000 millones. El ente de control verificará las condiciones de compra, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las presuntas fallas de funcionamiento y las circunstancias del siniestro ocurrido en marzo de 2026. También revisará la aplicación de las garantías contractuales.Tres sistemas antidrones por $8.340 millonesLa Contraloría examinará las condiciones de contratación, las características técnicas, la entrega y el funcionamiento de tres sistemas antidrones, así como su uso efectivo y su correspondencia con las necesidades de la entidad.Computadores y sistema biométricoEl contrato 043 de 2024, por cerca de $1.314 millones, para la compra de 595 computadores, será revisado por denuncias sobre deficiencias de calidad, fallas e incumplimiento de especificaciones técnicas, además de las condiciones de entrega, recibo y pago.En el caso del contrato 053 de 2022, por unos $580 millones, destinado a un sistema de identificación biométrica, el organismo buscará establecer por qué el sistema no habría entrado en funcionamiento, su compatibilidad con la infraestructura tecnológica de la DNI y las condiciones de planeación y ejecución.Mobiliario para la sede de FunzaLa quinta contratación, por aproximadamente $1.549 millones, corresponde a mobiliario y dotación para las instalaciones de la DNI en Funza (Cundinamarca). Se verificarán los estudios de mercado, los precios de adquisición y la entrega de los bienes, con atención a los posibles sobrecostos denunciados.Revisión al Sistema Integrado de Inteligencia y ContrainteligenciaAdemás, la Contraloría verificará el estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC, versión 2), el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el destino de los recursos comprometidos en su desarrollo.Para estas actuaciones se solicitarán estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías. Si se identifica un presunto detrimento patrimonial, la entidad adelantará las actuaciones fiscales correspondientes. Los hechos con posible relevancia penal o disciplinaria serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la Nación.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción”El contralor Laverde Vargas recordó que los recursos de seguridad e inteligencia del Estado también están sujetos a control fiscal, el cual se ejercerá respetando la reserva de la información y la protección de la seguridad nacional.“La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables. La Contraloría actuará con rigor técnico, independencia y responsabilidad para establecer si existió algún daño al patrimonio de los colombianos”, afirmó.
Después de un par de meses de esperar, Hidroituango por fin llegó a la cota 420, medida con la que Empresas Públicas de Medellín espera hacerle frente al Fenómeno de El Niño, que tendría en los primeros meses de 2027 su temporada más extrema.El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que la represa había llegado al nivel estimado, “aunque no es suficiente frente a los riesgos qué significa el Fenómeno de El Niño”. Hay que recordar que este proceso de llenado se hizo más rápido de lo esperado, debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas.Habían sido las autoridades antioqueñas las que en su momento reconocieron que solo hasta inicios del próximo año se llegaría a la meta propuesta, no obstante, las condiciones climáticas en el Norte del departamento permitieron hacer el proceso más rápido aunque el gerente de EPM, Jhon Maya, explicó que no se hizo de manera inmediata."Que subir como a 40-50 centímetros diario, parar y esperar a hacer unas mediciones a ver cómo responde la presa, cómo responden todos esos indicadores y si no hay ningún problema vuelve y se sube. Entonces tiene que ser muy lento porque eso es un bloque de agua de 12 metros más, que es un volumen de agua muy importante que hace una presión muy fuerte a una presa y a todo lo que eso implica. Entonces eso hay que subirlo muy gradualmente y en eso es lo que vamos muy bien", indicó el funcionario.Sobre la cota 420 y las implicaciones que esto podría tener para la energía de Colombia, hay que recordar que fue la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, quien le dio permiso a EPM para remover la cobertura vegetal y así subir el nivel el embalse y estar preparados para la temporada más seca.Durante el transcurso del día, autoridades departamentales y nacional como los ministros de Minas y Energía y Medio Ambiente estarán en las instalaciones de Hidroituango, recorriendo el megaproyecto y se espera que se entreguen nuevos detalles sobre el aporte de la hidroeléctrica para la estabilidad energética del país en los próximos meses.