Revelan nuevas irregularidades en salas de interceptación en la Fiscalía
Un exdirector del CTI habría tenido que ver con la desaparición y manipulación de audios interceptados al expresidente Álvaro Uribe.
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La Revista Semana reveló avances en la investigación del escándalo de chuzadas. Entre ellos, la existencia de una sala de interceptaciones sin control y el papel de un exdirector del CTI en la desaparición y manipulación de los audios interceptados al expresidente Álvaro Uribe.
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De la sala invisible, aseguran que estaría ubicada en el primer piso del edificio T del búnker de la Fiscalía, y dependía de la Sala Granate, desde la que se hace seguimiento a casos criminales. Además, no hay claridad sobre el mecanismo de selección para los funcionarios que operaron los sistemas de interceptación de la Fiscalía.
Primero, afirman que la Sala Granate “solía tener un pequeño espacio de visitantes al que entraban integrantes del Ejército y de la Policía. Ante el acceso que tenían a interceptaciones con reserva legal, en 2017 los coordinadores Rodrigo Alejandro Triana Murcia y Fernando Rodrigo Romero Alvarado elevaron varias quejas. Este último incluso alertó al fiscal general de esta situación mediante un oficio, y en respuesta, la entidad expidió una circular para prohibir la presencia de esos integrantes de la fuerza pública”.
La revista asegura que tiempo después, el fiscal Luis González León, quien entonces era director de nacionales de fiscalías, consiguió que la vetada sala de visitantes se transformara en un misterioso cuarto adaptado al que llaman ‘fantasma’.
También afirmaron que en la coordinación fue designada Yudi Patricia Barrera Saya, una profesional en salud ocupacional que trabajó en la Personería de Bogotá y quien ingresó a la Fiscalía, a la Unidad de Justicia y Paz, para hacer labores de call center en un proyecto de búsqueda de desaparecidos, y quien después resultó en la coordinación de la sala, en un cargo especializado y por el que recibía un pago superior a los cinco millones de pesos.
Pero a los investigadores también les llamó la atención que Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá desde mayo de 2016, estuvo casada con el fiscal Luis González.
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Consultado por Semana, González aseguró que el CTI autorizó crear ese lugar, y este aseguró que “no era una sala de interceptación; que se adaptó una sala de visitantes dentro de la Sala Granate y el CTI decidió darles ese espacio”, de igual manera le dijo a la revista haberlo solicitado con el fin de escuchar en tiempo real casos priorizados.
Por otro lado, respecto a la selección del personal, indicó que buscaron funcionarios que tuvieran “actitud para escuchar” y que fueran de confianza. De hecho, señala que seleccionaron a Barrera porque vieron en ella cualidades diferentes para la coordinación de los analistas.
En el tema de “la misteriosa desaparición de los audios del caso Uribe”, la revista dice que la Fiscalía citó a interrogatorio el próximo 2 de agosto al exdirector del CTI Julián Quintana para explicar por qué una orden suya al parecer impidió conservar los registros de acceso a grabaciones reservadas.
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Se trata de seis grabaciones registradas los días 8, 20, 24 y 30 de marzo de 2015, que contienen llamadas interceptadas a la familia Monsalve y, en por lo menos dos de ellas, conversan con Juan Guillermo Villegas, un ganadero señalado de ser cofundador del grupo paramilitar y cercano al expresidente Uribe.