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Las empresas ahora tendrán que ajustar sus jornadas laborales para cientos de trabajadores debido a una nueva normativa expedida por el Gobierno nacional en la que se reducirá la jornada a 30 horas semanales.
Y es que, tras la expedición del Decreto 223 de 2026, el Gobierno busca regular ciertas condiciones para estudiantes que se encuentran realizando prácticas y menores de edad vinculados a actividades formativas en empresas. Si bien no es una medida para todo el cuerpo laboral, sí transforma la metodología de las empresas.
En el documento, los estudiantes que realizan prácticas profesionales o monitorias podrán tener jornadas de hasta 30 horas semanales. La medida responde a la necesidad de equilibrar la formación académica con la experiencia laboral, evitando que las actividades interfieran con los estudios.
Según el documento, estas prácticas no constituyen una relación laboral formal, aunque sí deben cumplir con estándares mínimos de bienestar y protección.
Según el documento, los beneficiados son quienes están en etapa de formación. De acuerdo con el decreto, los estudiantes deben cumplir horarios que no afecten sus estudios, y las empresas deben garantizar estas condiciones.
Este enfoque busca que la práctica sea realmente un espacio de aprendizaje y no una carga laboral encubierta.
Eso sí, no todos los practicantes tienen este beneficio. El decreto fija límites para menores de edad que desarrollan actividades laborales o formativas. En estos casos, la norma prioriza el tiempo y bienestar de los menores, por lo tanto la reducción de jornada aplica de esta manera:
Estas disposiciones buscan evitar jornadas extensas y garantizar que los jóvenes no se expongan a riesgos innecesarios.
Si bien no hay un contrato laboral formal, el decreto sí establece obligaciones para las empresas. Entre ellas, se incluye la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales desde el primer día, garantizando cobertura ante cualquier eventualidad.
Además, se contempla un apoyo económico mensual para los practicantes. Este no se considera salario, pero debe ser suficiente para cubrir gastos básicos como transporte y alimentación.
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Otro aspecto relevante es la figura del tutor académico, designado por la institución educativa, quien tendrá la tarea de supervisar que las funciones asignadas estén alineadas con el proceso formativo del estudiante.
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